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Cuartoscuro

La justicia alternativa, una puerta giratoria para evadir la ley en Chihuahua

El sistema de justicia busca dar una salida alterna a la prisión preventiva, pero ha sido utilizado por los detenidos para cometer delitos sin recibir castigo.
Cuartoscuro
2 de enero, 2019
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En 2007, Chihuahua fue el primer estado en implementar el nuevo sistema de justicia penal. A 10 años, abogados y jueces señalan que el sistema aún carece de muchas cosas y persisten errores y deficiencias.

Una de éstas es la llamada ‘puerta giratoria’. Con el nuevo sistema penal se buscaba darle prioridad a salidas alternas o a medidas cautelares que no fueran la prisión preventiva, para que una persona pudiera continuar su proceso en libertad.

Si el crimen no fue cometido con violencia o no se trata de un homicidio, existe la posibilidad de ejercer la justicia restaurativa, con medidas distintas a la prisión, según el sistema penal.

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Sin embargo, esto permitía que una persona cometiera – en un periodo corto de tiempo – varios crímenes sin ser detenido: alguien roba un local comercial, y meses después robara vehículos o viviendas. Esto sucedía porque el sistema de justicia permitía que el imputado escogiera la reparación del daño, lo que le permitía entrar y salir de la cárcel.

“Fue un sistema garantista que inició dentro de una crisis de seguridad nacional y local importante, que derivó a que los imputados y los posibles criminales entraran y salieran del sistema a través de la ‘puerta giratoria’, la crítica principal del sistema penal”, explica Fernando Rodríguez Pérez, presidente del Asociación Chihuahuense de Abogados.

“Llegó un momento en el que los delitos eran muchos y el juzgador ya no podía hacer nada. Luego, con el cambio al Código Nacional Penal se vuelve más benéfico -el robo de vehículo ya no se contempla como prisión oficiosa- situación alarmante que se vivió en 2008 o 2009. Una persona que sea acusada de ese delito, puede llevar su proceso en libertad”, explica el defensor particular y especialista en derecho penal, Said Martínez.

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“Somos partidarios del sistema, no hay regreso, pero tenemos que hacer asequible, de tal manera que no haya oportunidad para los presuntos delincuentes o abogados para evitar las consecuencias de la ley”, expresó el Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel

Explicó que el Código Penal de todas las entidades federativas establece la aplicación de una sanción como consecuencia de una conducta, sin embargo, el código de procedimientos  busca siempre abrir una ventana para que el delincuente no pise la cárcel.

“Soy partidario de la reducción de penas, pero tiene que darse el principio de la pena efectiva, para que la población sienta que hay una consecuencia a una conducta”, añadió.

Señaló que una de las fallas en el sistema es la falta de un registro de medidas cautelares y acuerdos reparatorios, lo que provoca que personas que son presentadas ante los jueces por un delito alcancen su libertad condicional con mucha facilidad.

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Añadió que el sistema penal retiró delitos que merecen encarcelamiento, como la portación de arma de fuego para uso exclusivo del ejército.

“Hemos visto decisiones de jueces que han dejado ir a personas con cuernos de chivos. De esa manera los portadores de armas entraban a un sistema de reclusión y ahora no, al poco tiempo los volvemos a ver operando”, finalizó.

Los vicios de la puerta giratoria

Uno de los problemas de la ‘puerta giratoria’ es que la persona enfrenta el proceso en libertad y luego no hay forma de someterla al proceso porque se fuga, explica el Magistrado Presidente del Poder Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua y del Poder de la Judicatura, Pablo Héctor González Villalobos.

“El tema es garantizar que personas que no representan escenas de riesgo puedan estar sujetas al proceso y responder por su conducta sin la necesidad de que antes de sentenciarlo esté detenido”, añadió.

Para que esto no ocurra, debe de haber una generación de información sobre niveles de riesgo de los imputados que se genere oportunamente y que sea fiable para que los jueces puedan tener oportunidades razonables sobre los temas, según el jurista.

El defensor Said Martínez coincide en que deben ser los jueces los que estudien, en cada caso, cuáles deben ser las medidas cautelares, y si es necesaria la prisión preventiva para evitar una fuga.

González Villalobos considera que si bien ya no es válido que se tomen en cuenta los antecedentes penales – para dar o no prisión preventiva – porque ya se sancionaron los delitos anteriores, si se puede tomar la reincidencia como un elemento relevante para la medición del riesgo. “Cuando un juez dicta sentencia, no le interesa saber quién es, sino qué hizo y al revés cuando se impone una medida cautelar”, añade.

Una de las soluciones para esto puede ser el Instituto de Servicios Previos al Juicio, que inició su funcionamiento hace un par de meses, encargado de supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares aplicadas a los imputados de un delito.

Si dicho organismo evalúa correctamente los factores, se tendrán elementos de calidad para que el juez decida – según lo que expongan las partes y derivado del informe que emite – cuáles son los riesgos y la manera correcta que no genere entorpecimiento en la justicia, emitiendo decisiones de gran calidad, explica la juez de control Alejandra Ramos.

El segundo vicio, señala el Magistrado Presidente, es la programación de las audiencias intermedias, mismas que se estaban suspendiendo. “No había coordinación con fiscalía ni defensoría, los conversatorios no estaban funcionando, porque se agendaba pero no se cuidaba, por parte de nuestro sistema de gestión, que hubiera condiciones que garantizaran que estuvieran todos los presentes en un momento oportuno”, añadió.

El tercer vicio es que el defensor pedía que se abriera un espacio para una negociación con la Fiscalía del estado para un acuerdo reparatorio y el juez en lugar de abrir un espacio de algunos minutos para que se pusieran de acuerdo, difiere la audiencia, lo que le da cierta ventaja a la defensa en su caso.

La reinserción, otra falla

Muchas de las personas que cometen un delito quedan libres sin que hayan sido juzgados de manera correcta y sin una reinserción que lo puede volver a llevar a cometer delitos, coinciden los especialistas consultados.

“Tratamos de llegar al siglo XXI en cuanto al garantismo en el sistema y llegar a una aplicación de derechos humanos. Pasamos por una crisis de seguridad que nos hizo creer que el problema era del sistema penal, cuando realmente la crisis de seguridad y descomposición social venían de otros factores distintos”, dice el presidente del Asociación Chihuahuense de Abogados, Colegio de Abogados, A.C., Fernando Rodríguez Pérez.

Dijo que se deben atacar las razones que llevaron a la persona a cometer un delito. Por ello se debería de tener una base de datos de personas que son propensas a cometer un ilícito.

“El tema de la reincidencia debe de ser propositivo, no para que a los 3-5 delitos de bajo impacto ahora sí le queden 10 años en la cárcel. Lo que debemos de atacar es el tema de recomposición social y hacer un hincapié en la sociedad, en que ese trabajo es de todos, no únicamente del sistema penitenciario”, explicó.

Sin embargo lo que hacen los juzgaddores es imponer una pena sin que tenga impacto al tejido social, señaló la juez de control.

“Hay cosas que pueden parecer tan básicas pero si los operadores de justicia no tienen consciencia de resultados en base a una justicia restaurativa y “palomean” requisitos para quitarse un caso más, hacen que el imputado regrese en unos años a los tribunales, pero con delitos más graves por la puerta giratoria, ya que no se atendió lo que genera que el imputado vuelva con hechos cada vez más de mayor gravedad”, expresó Alejandra Ramos.

Por ello, dice, es importante la capacitación a los operadores de justicia, para que no se contemplen únicamente los derechos del imputado, sino que también se visibilicen los derechos de las víctimas.

Proteger sólo los derechos del imputado es lo que abona a la puerta giratoria. “Cuando dejamos de ver que la víctima tiene derecho a protección, vamos a tener decisiones más justas con una defensa que sepa cuáles son sus límites y con jueces que emanan decisiones mucho más racionales y satisfactorias para la sociedad”, finalizó.

Aunque no todo es malo. Algunas de los puntos positivos que tiene el sistema de justicia penal actual es que antes se apilaban los expedientes y no avanzaban los casos con carpetas de investigación que ni siquiera tenían espacio en la FGE. Eran papeles y la cara de un imputado la que estaba esperando a su procedimiento, dijo el presidente del Asociación Chihuahuense de Abogados, Colegio de Abogados.

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Getty Images

Los 3 países de América Latina que cobran impuesto a la riqueza y qué resultados han tenido

Mientras en Estados Unidos se discute la propuesta de imponer un gravamen a la riqueza de los multimillonarios, en la región hay tres países que lo han implementado, con fórmulas muy distintas.
Getty Images
17 de enero, 2020
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Es uno de los temas que provoca profundas divisiones en Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales en noviembre de este año.

Candidatos demócratas como Elizabeth Warren o Bernie Sanders proponen la creación de un impuesto a la riqueza de los multimillonarios para disminuir la desigualdad que existe en el país y aumentar con ello el gasto social en sectores como la salud o la educación.

Los detractores, en cambio, argumentan que la iniciativa tendría consecuencias económicas negativas, incluidos graves efectos en la inversión y el empleo.

“Una de las confusiones entre algunos políticos de izquierda es que piensan que los ricos estadounidenses tiene su riqueza escondida en lingotes de oro bajo el colchón“, le dijo a la BBC Chris Edwards, director de Estudios de Políticas Tributarias del Instituto Cato en Estados Unidos, con sede en Washington D.C.

“Pero la mayor parte de sus activos están invertidos en negocios. Jeff Bezos, (el fundador y director ejecutivo) de Amazon, por ejemplo, genera crecimiento económico y miles de trabajos”.

Wall Street

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El impuesto a la riqueza es uno de los temas debatidos de cara a la elecciones presidenciales en EE.UU.

Esa idea no convence a Emmanuel Sáez, profesor de Economía de la Universidad de California, Berkeley, y parte del equipo que trabaja junto al economista francés Thomas Piketty.

“Es la herramienta más poderosa para aumentar el pago de impuestos de los que están en la cima”, dijo en el programa de radio de la BBC Business Daily.

Aunque para que funcione, debe ser aplicado con regulaciones internacionales que permitan evitar la fuga de capitales de un país a otro y controlar efectivamente los problemas de elusión y evasión tributaria.

Y esa es una de las razones que explicaría por qué en Europa varias países lo han eliminado y actualmente solo lo aplican cuatro: España, Noruega, Suiza y Bélgica.

Colombia, Uruguay y Argentina

En América Latina hay tres países que utilizan un impuesto a la riqueza: Colombia, Uruguay y Argentina.

Hay expertos que prefieren hablar de impuesto al patrimonio, porque desde el punto de vista técnico se trata de un gravamen a los activos menos las deudas.

Y en el caso de Argentina el nombre del tributo es “impuesto a los bienes personales”.

Pesos argentinos

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El impuesto a la riqueza o el patrimonio es distinto al impuesto a la renta de las personas.

Más allá de las características específicas en cada país, se trata de un impuesto que se aplica a la fortuna de las personas más ricas.

Es distinto al impuesto sobre la renta, el cual se cobra según los ingresos de una personay no por su riqueza acumulada.

Pero es más difícil de calcular y, como suele ocurrir en temas tributarios, hay muchas maneras de evitarlo, lo cual juega en contra del objetivo básico, que es aumentar la recaudación fiscal.

¿Es una buena solución?

“La desigualdad de riqueza o de patrimonio en América Latina es mucho más grande que la desigualdad medida por ingresos”, le dice a BBC Mundo Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Es por eso que Titelman considera que el impuesto a la riqueza “es una alternativa válida, un instrumento muy útil”, dado que los países de América Latina necesitan aumentar la carga tributaria de una manera más progresiva.

“La recaudación que ha alcanzado este impuesto en Argentina, Colombia y Uruguay no es trivial en ninguno de los casos”.

Bogotá, Colombia

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El impuesto al patrimonio grava todos los activos financieros y no financieros menos las deudas.

Hay países donde se está discutiendo una forma puntual de gravar el patrimonio, como es el caso de Chile, donde el debate está centrado en crear un impuesto a las propiedades a partir de un determinado valor.

De hecho, las propiedades son una de las formas más visibles de la riqueza, pero lo cierto es que el concepto de patrimonio es tan amplio que incluye desde obras de arte, joyas, barcos y autos, hasta cuentas bancarias y activos financieros.

Por lo mismo es difícil de detectarlo y valorizarlo.

“Para asegurar su efectividad es muy importante el intercambio de información fiscal y financiera entre las autoridades tributarias de los países”, apunta Titelman.

“Es un impuesto que tiene un potencial recaudatorio, pero su implementación no es trivial”.

“Para una región que le cuesta recaudar, este puede ser un impuesto muy bueno e importante”.

El desafío, explica, es que exista un intercambio de información entre los países para evitar problemas como la fuga de capitales más allá de las fronteras.

Impuesto a la riqueza en Latinoamérica. Recaudación como porcentaje del PIB. .

Una visión distinta tiene Alberto Barreix, economista Líder Principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo a sus investigaciones, el impuesto al patrimonio tiene varias desventajas en relación a otros.

“En el mundo los impuestos al patrimonio no recaudan prácticamente nada, mientras que los impuestos a la rente sí lo hacen”, dice en conversación con BBC Mundo.

“Es muy poco en relación a las presiones fiscales que tienen los países en América Latina”.

Y en muchas ocasiones, “el impuesto al patrimonio no recauda, porque no se quiere gravar un patrimonio que está invertido”.

Dólares

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Hay dudas sobre la verdadera capacidad de recaudación del impuesto a la riqueza.

Por otro lado, explica, está el tema de la valuación del patrimonio. “Es muy difícil valuar las empresas”.

Pero además, agrega, es muy complejo aplicarlo cuando no hay colaboración internacional. Desde esa perspectiva, Barreix argumenta que existe una mejor solución tributaria.

“Una fórmula razonable para aumentar la recaudación es aplicar un impuesto a la renta, bien cobrado, junto a un impuesto a la herencia”.

¿Cómo funciona el impuesto en cada país?

Según un estudio de la Cepal, estas son las características de los impuestos al patrimonio o a la riqueza -según la definición que prefiera utilizarse- en los países latinoamericanos.

1. URUGUAY

Llamado Impuesto al Patrimonio (IPAT), grava el patrimonio neto de personas naturales y jurídicas localizadas en Uruguay.

Incluye activos como dinero en efectivo, metales preciosos, créditos a favor del contribuyente, vehículos, inmuebles, casa habitación y muebles.

Para personas físicas y núcleos familiares residentes en Uruguay va del 0,4% al 0,7%.

Pantalla con cifras

Getty Images
En Uruguay el gravamen se llama Impuesto al Patrimonio (IPAT).

Para personas físicas no residentes va de 0,7% a 1,5%.

Entre los bienes exentos están los activos en el exterior, las áreas forestadas con determinados tipos de bosques, los títulos de deuda pública, las acciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo y bienes inmuebles rurales afectados a explotaciones agropecuarias.

2. COLOMBIA

Se grava el patrimonio neto localizado en Colombia de personas naturales y jurídicas.

Se calcula tomando el patrimonio total bruto menos las deudas. Incluye los bienes en el exterior y la versión actual de la ley aplica desde 2019 a 2021.

Tiene una tasa única de 1% para los patrimonios netos superiores a US$1,5 millones (aproximadamente).

El bien exento es la primera vivienda del contribuyente por un valor de hasta US$140.500 (aprox.).

3. ARGENTINA

Personas en Buenos Aires

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En Argentina se grava el patrimonio bruto de personas naturales y jurídicas.

Con el nombre de “Impuesto a los bienes personales”, grava el patrimonio bruto de personas naturales y jurídicas localizadas en Argentina.

Eso incluye inmuebles, automóviles, billetes (en peso y moneda extranjera), cuentas corrientes bancarias, saldos de fondos comunes y otras inversiones no exentas, obras de arte, antigüedades, objetos del hogar y bienes en el exterior.

Para los bienes en el país la tasa impositiva va desde 0,5% hasta 1,25%.

Para los bienes en el exterior varía entre el 0,7% y el 2,25%.

Incluye entre los bienes exentos la vivienda del contribuyente por un valor de hasta US$300.000 aproximado, los saldos de plazos fijos y cajas de ahorro, los títulos de deuda emitidos por el Estado y los bienes inmateriales como marcas y patentes.

(Los valores son aproximados porque dependen de la variación de la moneda local respecto al dólar).


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