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Cuartoscuro

ONG exigen que Sedena y FGR cumplan recomendación de CNDH por asesinato del activista Antonio Vivar

Centros de derechos humanos de la montaña guerrerense pidieron que continúe la investigación por la muerte del activista en 2015 y que los deudos reciban atención tanatológica.
Cuartoscuro
22 de enero, 2019
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El 7 de junio de 2015, la Policía Federal realizó un operativo en la ciudad de Tlapa, Guerrero, para liberar a otros elementos que habían sido retenidos por manifestantes durante una protesta. Durante ese operativo fueron detenidos y torturados varios activistas y resultó muerto uno de ellos, Antonio Vivar Díaz, integrante del Movimiento Popular Guerrerense.

El 27 de diciembre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por los elementos federales durante el operativo mencionado, quienes “hicieron uso de gases lacrimógenos y armas de fuego” dejando 13 personas lesionadas y un muerto: Antonio Vivar.

La recomendación está dirigida al secretario de la Defensa, Luis Sandoval; al entonces suplente del Fiscal general, Alejandro Gertz –hoy designado ya formalmente como Fiscal-; al secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo; al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo y al fiscal de ese estado, Jorge de los Santos; a quienes la Comisión pide colaborar en las investigaciones del asesinato de Vivar, “esclarecer la verdad de los hechos y en su caso, se determine la responsabilidad penal que pudiera existir”.

Este martes, los centros de Derechos Humanos Tlachinollan y José María Morelos y Pavón se pronunciaron por el cumplimiento de esta recomendación y exigieron a las autoridades involucradas iniciar las investigaciones penales y administrativas contra policías estatales y federales, contra la cadena de mando así como contra miembros del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina implicados en la detención arbitraria de ocho activistas.

“Nos preocupa que pese a la existencia de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que condenan el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales y la tortura como método de investigación y de castigo, continúe siendo un patrón de conducta de los cuerpos de seguridad pública. Lo más grave es que las autoridades se hagan cómplice de estas actuaciones al mantener intacto el pacto de impunidad con los perpetradores”, señala un comunicado conjunto de las organizaciones publicado esta mañana.

De acuerdo con la relatoría de hechos del Tlachinollan, las detenciones y el asesinato de Vivar ocurrieron en el marco de las elecciones estatales de 2015, en las que varias organizaciones sociales y magisteriales de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) se sumaron a la protesta general por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos unos meses.

En este contexto, los manifestantes llamaban a boicotear los comicios, por lo que comenzó una serie de operativos en los que ocho personas resultaron detenidas y fueron conducidas al 93 Batallón de Infantería de Tlapa para trasladarlos al puerto de Acapulco “sin motivo legal alguno”.

De acuerdo con la cronología de los centros de Derechos Humanos, basada en la recomendación de la CNDH, esa noche la policía federal “arremetió violentamente contra los colonos del Tepeyac” que previamente habían retenido a 35 policías para exigir la liberación de los ocho detenidos. “Con el apoyo del ejército se abrieron paso golpeando a las personas que bloqueaban las calles y uno de los policías detenidos accionó su arma contra Antonio Vivar Díaz”, refiere el comunicado.

La recomendación indica que la Fiscalía estatal no procesó evidencia relevante, como los casquillos encontrados en la escena del crimen de Antonio Vivar ni las remitió a la fiscalía general, la cual a su vez tampoco investigó esa omisión y se negó a iniciar la investigación por tortura en agravio de los manifestantes.

Por ello, la Comisión emitió la recomendación cuyo cumplimiento exigen las organizaciones, quienes además piden al secretario Durazo y al gobernador Astudillo la reparación del daño para los detenidos, lesionados y torturados; así como para los familiares de Antonio Vivar, que incluya atención psicológica y tanatológica.

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'Gaschicol', el nuevo y productivo negocio de los cárteles en México

El robo de gas LP es el negocio más reciente de los carteles de narcotráfico en México, al que se suman bandas de delincuencia organizada. Las ganancias superan los US$600 millones, pero el riesgo de accidentes es elevado.
12 de octubre, 2019
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Le dicen “gaschicol” o “huachigas”. Es la forma como se conoce en México al robo de gas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se trata de uno de los negocios recientes de las bandas de delincuencia organizada y carteles de narcotráfico.

Hasta ahora, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas), el robo de este combustible suma 13.000 millones de pesos, unos US$670 millones.

Según datos de consultoras como Etellekt en lo que va de este año se han detectado 516 tomas clandestinas para extraer gas licuado de petróleo (LP). El año pasado el número de sitios de extracción irregular fue de 215 en todo el país.

El delito afecta a instalaciones de Pemex pero también a los empresarios que distribuyen el hidrocarburo, insiste Amexgas.

Es un problema en aumento reconocen las autoridades. “Últimamente se nos está presentando lo del robo en gas, que es muy riesgoso“, dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Robo de gas

SSPyPC
El robo de gas causó pérdidas por más de US$600 millones este año.

“Todo lo que es robo de combustible es delito grave, no se alcanza fianza. ¿Por qué digo esto? Porque se sigue deteniendo a personas”, señala.

BBC Mundo solicitó a Pemex información oficial sobre la cantidad de tomas clandestinas de gas, así como las pérdidas por el delito en este año. No hubo respuesta.

De “huachicol” al “gaschicol”

Según especialistas, detrás del aumento del “huachigas” existen algunos carteles de narcotráfico, así como bandas dedicadas al robo de gasolina, conocido como “huachicoleo”.

Se trata de organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cartel del Noreste que opera en Tamaulipas.

Desde el año pasado participa también el Cartel de Santa Rosa de Lima, ubicado en Guanajuato y Michoacán.

Es un grupo especializado en el robo de gasolina y diésel que, como otros, cambiaron su actividad en los últimos meses debido a la estrategia que desde enero pasado aplica el gobierno para combatir el delito.

Robo de gas

AFP
Miles de soldados combaten el robo de combustibles en México.

En las operaciones participan más de 4.000 soldados, marinos y policías federales.

Así, las bandas pasaron del “huachicol” al “gaschicol”, como señalaron algunos medios locales recientemente.

No es un asunto menor, advierte Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.

“Es un problema muy serio porque se trata de un combustible que implica mayor riesgo su extracción ilegal, a diferencia de la gasolina o diésel”, le dice a BBC Mundo.

“Es un combustible mucho más volátil por las técnicas que emplean y que son cada vez más rudimentarias”.

Peligro inminente

Las autoridades han detectado que las bandas suelen robar “infinidad de pipas de agua”, dice el especialista, para usarlas en el transporte de gas.

Una práctica arriesgada porque esos vehículos no están diseñados para llevar ese combustible.

Otro problema es que los grupos suelen almacenar el gas en lugares cercanos a zonas densamente pobladas, en ocasiones con escasas medidas de protección.

De allí distribuyen la mercancía en cilindros para vender casa por casa, o para vehículos y autobuses que usan ese combustible.

El robo de este combustible creó un mercado negro, según denuncian organizaciones como Conciencia Ciudadana y la Asociación de Distribuidores de Gas LP (Adigas).

Por ejemplo, en municipios conurbados a Ciudad de México, en Puebla o Hidalgo las bandas suelen disfrazar sus pipas o camiones repartidores con letreros de compañías reales.

“Hay una racionalidad económica en esto”, dice el director de Etellekt. “Se camuflan con marcas legalmente establecidas, y así operan en el mercado”.

“Muchas veces roban las pipas a las empresas o construyen las suyas de una manera irregular, lo cual implica riesgos importantes”

Los accidentes

La extracción clandestina también es peligrosa. A diferencia de la gasolina o diésel, que se pueden tomar con los ductos en funcionamiento, para sacar el gas es necesario detener la operación del tubo.

De acuerdo con especialistas, generalmente se consigue de dos formas: las bandas reciben información del momento en que los ductos están vacíos y los perforan.

Explosión de gas

AFP
Los accidentes por el “gaschicol” aumentaron este año.

O provocan accidentes para obligar a suspender el envío de combustible e instalar válvulas para extraer el gas cuando el ducto vuelve a funcionar.

La estrategia del “gaschicol” ya deja consecuencias. En los últimos meses se han registrado explosiones y fugas en poblaciones de Puebla, Hidalgo o el estado de México.

En esta entidad, en el municipio de Nextlalpan, la fuga por una toma clandestina provocó la evacuación de más de 3.000 personas.

El accidente ocurrió en la madrugada del 3 de agosto pasado. En el estado de México, según datos de Pemex, desde enero han ocurrido más de 100 incidentes vinculados al robo de gas LP.

El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, insiste en el alto riesgo de extraer clandestinamente este combustible.

“El gas LP tiene un manejo muy complejo, dentro del ducto corre a alta presión y es líquido”, explica.

Explosión de gas

Pemex
Una fuga de gas como ésta en Puebla tarda horas en controlarse.

“Pero en el momento que sale del ducto se convierte en gas y multiplica su volumen más de 200 veces. Eso genera por supuesto que su manejo sea muy complejo”.

Una de los mayores peligros, coinciden autoridades y especialistas, es que ante las grandes ganancias por el negocio, en algunas comunidades cercanas a los ductos surgieron grupos pequeños que tratan de extraer el gas.

De ahí las explosiones y fugas provocadas por un mal manejo en el robo del combustible.


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