ONG exigen que Sedena y FGR cumplan recomendación de CNDH por asesinato del activista Antonio Vivar

Centros de derechos humanos de la montaña guerrerense pidieron que continúe la investigación por la muerte del activista en 2015 y que los deudos reciban atención tanatológica.

Tlapa
Antonio Vivar Díaz, fue asesinado por policías federales en 2015. Cuartoscuro
Mexico Desigual

El 7 de junio de 2015, la Policía Federal realizó un operativo en la ciudad de Tlapa, Guerrero, para liberar a otros elementos que habían sido retenidos por manifestantes durante una protesta. Durante ese operativo fueron detenidos y torturados varios activistas y resultó muerto uno de ellos, Antonio Vivar Díaz, integrante del Movimiento Popular Guerrerense.

El 27 de diciembre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por los elementos federales durante el operativo mencionado, quienes “hicieron uso de gases lacrimógenos y armas de fuego” dejando 13 personas lesionadas y un muerto: Antonio Vivar.

La recomendación está dirigida al secretario de la Defensa, Luis Sandoval; al entonces suplente del Fiscal general, Alejandro Gertz –hoy designado ya formalmente como Fiscal-; al secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo; al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo y al fiscal de ese estado, Jorge de los Santos; a quienes la Comisión pide colaborar en las investigaciones del asesinato de Vivar, “esclarecer la verdad de los hechos y en su caso, se determine la responsabilidad penal que pudiera existir”.

Este martes, los centros de Derechos Humanos Tlachinollan y José María Morelos y Pavón se pronunciaron por el cumplimiento de esta recomendación y exigieron a las autoridades involucradas iniciar las investigaciones penales y administrativas contra policías estatales y federales, contra la cadena de mando así como contra miembros del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina implicados en la detención arbitraria de ocho activistas.

“Nos preocupa que pese a la existencia de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que condenan el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales y la tortura como método de investigación y de castigo, continúe siendo un patrón de conducta de los cuerpos de seguridad pública. Lo más grave es que las autoridades se hagan cómplice de estas actuaciones al mantener intacto el pacto de impunidad con los perpetradores”, señala un comunicado conjunto de las organizaciones publicado esta mañana.

De acuerdo con la relatoría de hechos del Tlachinollan, las detenciones y el asesinato de Vivar ocurrieron en el marco de las elecciones estatales de 2015, en las que varias organizaciones sociales y magisteriales de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) se sumaron a la protesta general por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos unos meses.

En este contexto, los manifestantes llamaban a boicotear los comicios, por lo que comenzó una serie de operativos en los que ocho personas resultaron detenidas y fueron conducidas al 93 Batallón de Infantería de Tlapa para trasladarlos al puerto de Acapulco “sin motivo legal alguno”.

De acuerdo con la cronología de los centros de Derechos Humanos, basada en la recomendación de la CNDH, esa noche la policía federal “arremetió violentamente contra los colonos del Tepeyac” que previamente habían retenido a 35 policías para exigir la liberación de los ocho detenidos. “Con el apoyo del ejército se abrieron paso golpeando a las personas que bloqueaban las calles y uno de los policías detenidos accionó su arma contra Antonio Vivar Díaz”, refiere el comunicado.

La recomendación indica que la Fiscalía estatal no procesó evidencia relevante, como los casquillos encontrados en la escena del crimen de Antonio Vivar ni las remitió a la fiscalía general, la cual a su vez tampoco investigó esa omisión y se negó a iniciar la investigación por tortura en agravio de los manifestantes.

Por ello, la Comisión emitió la recomendación cuyo cumplimiento exigen las organizaciones, quienes además piden al secretario Durazo y al gobernador Astudillo la reparación del daño para los detenidos, lesionados y torturados; así como para los familiares de Antonio Vivar, que incluya atención psicológica y tanatológica.

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