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Cuartoscuro

ONG exigen que Sedena y FGR cumplan recomendación de CNDH por asesinato del activista Antonio Vivar

Centros de derechos humanos de la montaña guerrerense pidieron que continúe la investigación por la muerte del activista en 2015 y que los deudos reciban atención tanatológica.
Cuartoscuro
22 de enero, 2019
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El 7 de junio de 2015, la Policía Federal realizó un operativo en la ciudad de Tlapa, Guerrero, para liberar a otros elementos que habían sido retenidos por manifestantes durante una protesta. Durante ese operativo fueron detenidos y torturados varios activistas y resultó muerto uno de ellos, Antonio Vivar Díaz, integrante del Movimiento Popular Guerrerense.

El 27 de diciembre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por los elementos federales durante el operativo mencionado, quienes “hicieron uso de gases lacrimógenos y armas de fuego” dejando 13 personas lesionadas y un muerto: Antonio Vivar.

La recomendación está dirigida al secretario de la Defensa, Luis Sandoval; al entonces suplente del Fiscal general, Alejandro Gertz –hoy designado ya formalmente como Fiscal-; al secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo; al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo y al fiscal de ese estado, Jorge de los Santos; a quienes la Comisión pide colaborar en las investigaciones del asesinato de Vivar, “esclarecer la verdad de los hechos y en su caso, se determine la responsabilidad penal que pudiera existir”.

Este martes, los centros de Derechos Humanos Tlachinollan y José María Morelos y Pavón se pronunciaron por el cumplimiento de esta recomendación y exigieron a las autoridades involucradas iniciar las investigaciones penales y administrativas contra policías estatales y federales, contra la cadena de mando así como contra miembros del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina implicados en la detención arbitraria de ocho activistas.

“Nos preocupa que pese a la existencia de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que condenan el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales y la tortura como método de investigación y de castigo, continúe siendo un patrón de conducta de los cuerpos de seguridad pública. Lo más grave es que las autoridades se hagan cómplice de estas actuaciones al mantener intacto el pacto de impunidad con los perpetradores”, señala un comunicado conjunto de las organizaciones publicado esta mañana.

De acuerdo con la relatoría de hechos del Tlachinollan, las detenciones y el asesinato de Vivar ocurrieron en el marco de las elecciones estatales de 2015, en las que varias organizaciones sociales y magisteriales de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) se sumaron a la protesta general por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos unos meses.

En este contexto, los manifestantes llamaban a boicotear los comicios, por lo que comenzó una serie de operativos en los que ocho personas resultaron detenidas y fueron conducidas al 93 Batallón de Infantería de Tlapa para trasladarlos al puerto de Acapulco “sin motivo legal alguno”.

De acuerdo con la cronología de los centros de Derechos Humanos, basada en la recomendación de la CNDH, esa noche la policía federal “arremetió violentamente contra los colonos del Tepeyac” que previamente habían retenido a 35 policías para exigir la liberación de los ocho detenidos. “Con el apoyo del ejército se abrieron paso golpeando a las personas que bloqueaban las calles y uno de los policías detenidos accionó su arma contra Antonio Vivar Díaz”, refiere el comunicado.

La recomendación indica que la Fiscalía estatal no procesó evidencia relevante, como los casquillos encontrados en la escena del crimen de Antonio Vivar ni las remitió a la fiscalía general, la cual a su vez tampoco investigó esa omisión y se negó a iniciar la investigación por tortura en agravio de los manifestantes.

Por ello, la Comisión emitió la recomendación cuyo cumplimiento exigen las organizaciones, quienes además piden al secretario Durazo y al gobernador Astudillo la reparación del daño para los detenidos, lesionados y torturados; así como para los familiares de Antonio Vivar, que incluya atención psicológica y tanatológica.

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Reuters

Paro nacional en Colombia: 3 factores inéditos que hicieron del 21 de noviembre un día histórico

La huelga del jueves puede ser recordada como el día demostró que Colombia, para bien o para mal, ya no es el país de antes. Pese a los disturbios y destrozos usuales, el paro nacional mostró facetas inéditas en un país sin tradición de protesta.
Reuters
23 de noviembre, 2019
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En un país sin tradición de protesta como Colombia, el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 fue histórico.

La huelga estuvo originalmente convocada por las centrales obreras, pero se convirtió en una protesta en contra de las reformas pensional, laboral y educativa y a favor del acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En suma, la población se movilizó en contra del poder establecido, hoy materializado en el presidente, Iván Duque, un aliado del expresidente Álvaro Uribe que en un intento de ser moderado ha generado rechazo entre la izquierda y la derecha.

A medida que las manifestaciones en Ecuador, Chile y Bolivia aumentaron, dejaron decenas de muertos y generaron cambios políticos importantes, la expectativa ante el paro en Colombia se tomó la agenda nacional durante días.

El gobierno militarizó partes del país, acuarteló el ejército, cerró las fronteras y otorgó facultades extraordinarias a gobiernos locales para “mantener el orden”; se produjeron allanamientos; el partido de gobierno, el derechista Centro Democrático, alertó de la supuesta injerencia de gobiernos chavistas.

Y, como suele pasar en jornadas de protesta en América Latina y el mundo, en el paro hubo —según reportaron medios locales— disturbios, saqueos, daños a la infraestructura pública y abusos de fuerza por parte de las autoridades.

Dicho eso, es probable que la historia recuerde al paro nacional del 21 de noviembre en Colombia como el día en que los colombianos, una población traumatizada por un conflicto armado de 60 años, mostraron su disposición a salir a la calle. Pese a la lluvia. Pese a la represión.

Este paro tuvo una magnitud que ninguna protesta tuvo en 60 años“, le dice a BBC Mundo el reconocido historiador y columnista Jorge Orlando Melo.

“La protesta en Colombia siempre fue localizada, y siempre recibió una respuesta negativa del Estado, que la convertía en peligro”.

“Pero esta salida (al paro) de tanta gente no organizada en todo el país, que buscan una política social más clara y un cumplimento genuino del proceso de paz, puede ser la oportunidad de una alternativa no tradicional sin antecedentes en el país”, concluye Melo.

Tres cosas inéditas demuestran el carácter histórico de la jornada.

Protesta en Colombia

AFP
Cuando parecía que las protestas habían terminado tras la represión policial, miles de colombianos volvieron a salir para reiterar su grito de protestas contra, entre otras cosas, el neoliberalismo.

1. El paro en sí mismo

Colombia no ha tenido la tradición de protesta de países como Chile, Argentina o México por varias razones, pero se destacan la baja tasa de representatividad sindical, de menos del 5%, y la vigencia de un conflicto armado que distorsionó el escenario político clásico de izquierdas y derechas y laceró la viabilidad política de la izquierda democrática, que nunca ha llegado al poder en el país.

El último gran paro nacional se produjo en 1977. Convocado por los sindicatos, el paro fue asumido por profesores, trabajadores y estudiantes y puso contras las cuerdas al gobierno del liberal Alfonso López Michelsen, que enfrenaba una dura crisis económica y una disputa con los militares.

Durante los últimos años, por supuesto, han habido huelgas importantes, como el paro de corteros e indígenas contra el gobierno de Uribe en 2008 y el paro agrario contra Juan Manuel Santos en 2013.

También hubo grandes manifestaciones, como la marcha contras las FARC en 2008 y la que pedía la implementación del acuerdo de paz un día después de que fuera rechazado en un plebiscito en 2016.

Pero al menos desde 1977, y guardando las diferencias de carácter histórico, Colombia no había vivido una jornada de huelga cívica como la del 21 de noviembre.

Prácticamente todos los gremios acataron el paro; en cada rincón del país hubo protestas; la mayoría de quienes no protestaron vivieron una suerte de día feriado; el país estuvo paralizado por un día.

Solo el comercio, por ejemplo, se vio paralizado en un 50%, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), lo que equivale a pérdidas de US$60 millones.

En un país históricamente institucionalista, el shock político, económico y cultural que significó el paro del 21 es inédito.

Protesta en Colombia

EPA
Marchas masivas ha habido antes en Colombia, pero esta es la primera vez que un paro es acatado por prácticamente todos los sectores de la economía.

2. El cacerolazo

Al final de la tarde del jueves, cuando las marchas parecían ya haberse apaciguado tras la dispersión policial, miles de colombianos volvieron a las calles.

De noche, muchos en piyama, con el ambiente festivo y musical que marcó el inicio de la jornada, muchos salieron a la calle a reanudar su grito de protesta.

Y con un detalle que es usual en Venezuela, Argentina o Chile, pero que en Colombia no se había visto —o escuchado— en historia reciente: la cacerola.

Desde la calle o desde sus casas, en Bogotá y en otras ciudades del país, un inédito cacerolazo se tomó al país al cabo del día, justo cuando Duque daba un mensaje televisado de 4 minutos en el que criticó los actos “vandálicos”, apoyó a las fuerzas de seguridad y llamó al “diálogo social”.

El cacerolazo se escuchó en barrios de diferentes sectores socioeconómicos y se espera que se reactive en los próximos días.

Protesta en Colombia

AFP
Aunque en Bogotá se vieron las protestas más grandes, en ciudades como Medellín (foto) protestas se vieron en casi todo el país.

3. Protesta en ciudades uribistas

Si los colombianos, en general, históricamente han preferido gobiernos de centro-derecha o derecha, hay ciudades donde esa afiliación política parecía inamovible.

Y una de esas es Medellín, la segunda ciudad más importante del país, tierra del hoy senador y líder del partido de gobierno, Álvaro Uribe, el político más popular de la historia reciente del país gracias a su política de mano duro contra las guerrillas.

Las imágenes de la masiva marcha del jueves en Medellín terminaron de demostrar que la capital de Antioquia se ha diversificado políticamente.

Hace un mes, en unas elecciones regionales en las que el uribismo fue el gran derrotado a nivel nacional, los paisas eligieron como alcalde a un ingeniero de 39 años que apoya el proceso de paz, no hace parte de las maquinarias políticas y marchó el jueves: Daniel Quintero.

La marcha del jueves dejó claro que Medellín ya no es tierra sagrada del uribismo.

Y no fue la única: ciudades tradicionalmente uribistas como Montería, Neiva y Pereira también vieron sus calles tomaras por el paro nacional.

Otra razón para pensar que Colombia, para bien o para mal, ya no es el mismo país del pasado.


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