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Cuartoscuro

El Inegi cancela o suspende 14 encuestas al no obtener los recursos que pidió para 2019

Diputados no aprobaron los 17 mil millones solicitados por el instituto; entre los estudios afectados y/o cancelados están: el Censo Agropecuario y la Encuesta Nacional de los Hogares. El organismo no descarta presentar una controversia constitucional ante la SCJN.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
24 de enero, 2019
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizó ajustes en proyectos de información, prestaciones y salario de personal, informó su presidente, Julio Santaella Castell, tras no obtener los recursos presupuestales que solicitó para este año.

El Inegi solicitó para este año un presupuesto de 17 mil millones de pesos, pero la Cámara de Diputados le asignó 12 mil millones, monto menor al que proyectaron para su operación en 2019.

Lo aprobado por la Cámara de Diputados significa un ajuste de 5 mil millones de pesos, lo que le obligará a cancelar o suspender una decena de proyectos y hacer ajustes en los paquetes de remuneración de los servidores públicos del organismo.

Santaella Castell señaló que del presupuesto aprobado por 12 mil 129 millones de pesos del Inegi para este año, su Junta de Gobierno asignó 5 mil 447.7 millones a los Censos Económicos 2019 (2 mil 634.6 millones de pesos) y al Censo de Población y Vivienda 2020 (2 mil 813.1 millones de pesos), pero canceló el levantamiento de otros estudios como el Censo Agropecuario.

Apuntó que para el programa regular del organismo quedaron 6 mil 682 millones de pesos, lo que obligó a cancelar o suspender más de una decena de proyectos y programas.

Si bien el monto total asignado en este 2019 para el Inegi —12 mil millones— es un monto superior a lo que recibieron el año pasado —7 mil 778 millones—, el organismo público autónomo tiene este año a su cargo los censos, por lo que su solicitud de presupuesto fue de 17 mil millones de pesos para cumplir con esas funciones que implican más recursos.

En conferencia de prensa, Santaella Castell no descartó la posibilidad de que el organismo autónomo presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por este este ajuste presupuestal; “nos reservamos el derecho a hacerlo”.

Informó que como parte de las medidas de austeridad de la nueva administración y la promulgación de la nueva la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, a 68 altos funcionarios del Inegi se les redujo el salario, más de ocho mil perdieron su seguro de separación individualizada y más de 12 mil se quedaron sin seguros de gasto médicos mayores.

Con estas medidas, expuso, ahora la curva salarial de los 15 mil 950 empleados del organismo va de los 10 mil a los 106 mil pesos mensuales, sobre lo cual opinó que no es el mejor instrumento para una política de recursos humanos que permita reclutar, desarrollar, retener y hacer crecer al personal.

“Esta serie de decisiones, si bien en el corto plazo suenan razonables, y nosotros ya las hemos asumido, cuando las vemos con una perspectiva de largo plazo, creo que pueden ser consideradas relativamente miopes”, argumentó Santaella Castell.

Para lograr un verdadero servicio civil de carrera, dijo, los servidores públicos tienen que ser evaluados a lo largo de 15 o 20 años, de lo contrario habrá una alta rotación y solo quedarán funcionarios sin las mejores competencias, “el servicio público puede tener problemas de incompetencia y la evidencia nos dice que también generamos incentivos para la corrupción”.

Los proyectos con financiamiento externo que resultaron afectados y/o cancelados con el recorte presupuestal son:

  • La Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED).
  • La Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTIH).
  • La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo.
  • La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID).
  • La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE).
  • El Censo Agropecuario.
  • La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA).
  • La Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares (ENGASTO).
  • La Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (ECOSUP).
  • La Encuesta Nacional de los Hogares (ENH).
  • La Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN).
  • La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL).
  • La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil.
  • La Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO).

Santaella Castell dijo que a pesar del recorte, el INEGI mantiene el compromiso de autonomía técnica y de gestión, “es decir, de hacer nuestro trabajo libre de presiones políticas y apegándonos a los principios fundamentales de la estadística y al espíritu de lo que nuestra Constitución nos está mandando”.

No descarta que ante esta situación, funcionarios del INEGI presenten una controversia constitucional ante la SCJN por la nueva la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que prohíbe que los servidores públicos ganen más de los 108 mil pesos mensuales que percibe el presidente.

“No descartamos hacerlo (…) estamos revisando el sustento jurídico que tenemos y estamos revisando las comunicaciones que los ministros de la SCJN han notificado en las distintas manifestaciones que se han presentado”, expresó.

Aclaró que el Inegi no discrepa con las medidas de austeridad, honestidad y honradez, promovidas por la actual administración, no obstante consideran que debe haber una valoración de costo beneficio para la asignación de los presupuestos, para darle prioridad a los programas que tienen más beneficio social.

Santaella Castell estimó que, a la larga, las medidas que afectan el paquete de remuneraciones de los servidores públicos pudieran ser contraproducentes para tener un servicio público de calidad y competente.

Con información de Notimex

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BBC

Guadalajara, la ciudad en México donde "puedes sentir el miedo" en el ambiente

Una de las tácticas de los grupos criminales en Jalisco para ocultar sus asesinatos provoca miedo en los suburbios de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México.
BBC
5 de septiembre, 2019
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La señal de que algo anda mal en La Estancia, un arbolado suburbio de la ciudad mexicana de Guadalajara, son las decenas de carteles colocados afuera de las casas que dicen “en venta”.

La gente comenzó a irse de ahí en mayo, cuando la policía encontró un cuerpo en descomposición en el interior de una casa de ese tranquilo barrio.

El mes pasado, una víctima de secuestro pudo escapar a sus captores y pidió a la policía entrar a otro domicilio en la misma calle. En el interior fue hallado un cadáver y tres cabezas decapitadas.

En lo que va de año, se han ubicado más de 15 sitios de asesinatos y entierros clandestinos, algunos con docenas de cadáveres, dentro de casas en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco.

Este es un acontecimiento aterrador en un país donde más de 40,000 personas han sido reportadas como desaparecidas desde 2006.

Cuando los delincuentes entierran a las víctimas en propiedades privadas, se benefician de barreras legales que impiden a las autoridades llegar hasta donde están los cadáveres.

“Puedes sentir el miedo”

Los grupos de búsqueda en Guadalajara ya no pueden valerse solo de las palas; ahora necesitan excavadoras y taladros para perforar el hormigón.

Una cinta de "prohibido el paso" en una calle de Guadalajara

BBC
Los habitantes de los alrededores de Guadalajara no reportan los crímenes por temor a las represalias.

El silencio de los vecinos alimenta la impunidad. Aunque algunos llegan a escuchar gritos o perciben un olor a carne en descomposición, pocos se atreven a llamar a la policía.

“Nadie reporta lo que sabe”, dijo un habitante de La Estancia que por seguridad pidió no ser identificado.

Puedes sentir el miedo… es palpable”, dice.

Desde que el gobierno de México desplegó tropas para luchar contra los carteles de la droga en 2006, se han descubierto fosas comunes con una frecuencia asombrosa.

Un estudio dirigido por los periodistas Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati encontró que al menos 1,978 fosas clandestinas fueron halladas entre 2006 y 2016.

Las autoridades han hecho poco por encontrar esas tumbas.

Campo exterminio Tamaulipas

Mónica González/Pie de Página
Organizaciones civiles han creado grupos para la búsqueda e identificación de víctimas de fosas clandestinas.

En cambio, los políticos han retratado rutinariamente a los desaparecidos como criminales, a pesar de la abrumadora evidencia de que hay muchos civiles inocentes entre ellos.

Cavando por los muertos

En todo México, muchos padres desesperados han emprendido la tarea de buscar los restos de sus hijos desaparecidos. Estas investigaciones informales han llevado a descubrimientos impactantes.

En 2016, una llamada anónima condujo a un colectivo a una zona boscosa en el estado de Veracruz, en el este de México. Allí fueron desenterrados al menos 298 cuerpos y miles de fragmentos óseos.

Pero los obstáculos para encontrar personas desaparecidas en Guadalajara se han multiplicado en los últimos años, según cuenta Guadalupe Aguilar, miembro fundador de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco.

Guadalupe Aguilar sostiene una foto de su hijo José Luis

BBC
Guadalupe Aguilar ha pasado 8 años buscando a su hijo desaparecido, José Luis,

Ella ha estado buscando a su hijo, José Luis Arana, desde que desapareció en las afueras de Guadalajara en 2011.

“En otras regiones, los delincuentes están más cerca de zonas rurales”, indica Aguilar.

Explica que como en la ciudad es mucho más riesgoso transportar un cadáver, los criminales utilizan casas para esconder los cuerpos de sus víctimas.

“Siempre es más difícil buscar en una propiedad privada, porque se necesita una orden judicial para ingresar”, dice.

Una ciudad en guerra

Un funcionario de la policía que habló con la BBC bajo condición de anonimato dice que dos organizaciones criminales están detrás de las fosas clandestinas en las casas de los alrededores de Guadalajara.

El primero es el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que el gobierno considera la organización criminal más violenta del país en la actualidad.

El segundo es Cartel Nueva Plaza, un grupo rival que se separó del CJNG en 2017, una ruptura que ha provocado la violencia en toda la ciudad.

Una puerta con una cadena

BBC
Las autoridades deben obtener órdenes judiciales para inspeccionar viviendas privadas, lo que beneficia a los criminales.

“Estos grupos rentan (casas) a propietarios que no tienen idea de para qué se utiliza su propiedad“, dijo el funcionario.

“También hemos documentado casos en los que simplemente las invaden. Encuentran propiedades deshabitadas y las convierten en casas de tortura o sitios de entierro”, afirma.

Esta estrategia no se había visto en esta escala en México desde 2011, después de una serie de asesinatos masivos en el estado de Durango, ubicado en el norte del país.

Pero el funcionario de la policía advirtió que la táctica del entierro podría extenderse pronto a otras ciudades, ya que los delincuentes de Jalisco, particularmente los del CJNG, están ampliando su control en todo el país.

Las áreas pobres y poco pobladas son particularmente vulnerables a las invasiones de carteles.

Desaparecidos en México

AFP
Las familias de los desaparecidos encabezan las búsquedas en México.

El problema es tan grave en Chulavista, una zona de viviendas en las afueras de Guadalajara, que los lugareños tapan las puertas de las casas abandonadas para evitar que los delincuentes las tomen.

“Nadie está buscando”

La crisis de seguridad de Jalisco fue noticia internacional en septiembre del año pasado, cuando las autoridades dejaron en una calle un tráiler refrigerado con 273 cuerpos de personas no identificadas en los suburbios de Guadalajara.

El gobierno del estado había alquilado el contenedor después de un aumento de la violencia que saturó las instalaciones forenses.

Los políticos atribuyeron el escándalo al mal manejo del entonces jefe de los forenses de Jalisco, Octavio Cotero. Pero Cotero acusó al estado de ignorar sus alertas de destinar fondos para el manejo de cadáveres.

También reveló que había un segundo tráiler que contenía más cuerpos no identificados.

En 2018, hubo cambio de gobernantes tanto en el estado de Jalisco como en el gobierno federal. Pero Cotero dice que estos nuevos liderazgos tampoco están solucionando la crisis de los desaparecidos.

Octavio Cotero junto a una foto de su hija

BBC
Octavio Cotero también busca a su hija desaparecida en 2018.

Según Cotero, el número de cuerpos encontrados en fosas clandestinas en viviendas de los alrededores de Guadalajara excede la capacidad oficial para identificarlos.

“Necesitamos invertir en capacitación (forense)”, argumenta.

Para el exfuncionario, la crisis de seguridad de México también es una tragedia personal.

En julio del año pasado, su hija, Indira Cotero, desapareció sin dejar rastro.

La policía anunció que estaban buscando identificar un domicilio en Guadalajara como parte de la investigación, pero Cotero asegura que no se ha hecho nada desde entonces.

“Lo peor es no saber dónde está. Y el hecho de que nadie está buscando“, se lamenta.


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