Más desigualdad: Un solo hombre concentró en 2018 el equivalente a lo que tenían 60 millones de mexicanos
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Más desigualdad: Un solo hombre concentró en 2018 el equivalente a lo que tenían 60 millones de mexicanos

La desigualdad aumentó incluso entre los millonarios, de acuerdo con un análisis de Oxfam México proporcionado a Animal Político.
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Durante 2017, los magnates mexicanos Carlos Slim y Germán Larrea poseían el equivalente a la riqueza de 60 millones de personas en el país. Para 2018, Slim rebasó de tal forma a Larrea en la lista de billonarios de Forbes, que llegó a concentrar él solo la misma fortuna que la mitad más pobre de la población, según la organización internacional Oxfam.

El presidente de Grupo Carso posee, de acuerdo con la lista de Forbes, 67 mil millones de dólares, 12 mil millones más que en 2017. Sus activos financieros y no financieros crecieron en tal magnitud, que para 2018 se ubicó en una posición dominante respecto al resto de los millonarios de México: es cuatro veces más rico que Larrea, que es el segundo mexicano más rico en la lista. En contraste, la mitad de los mexicanos posee 66 mil millones de dólares.

En ese sentido, la desigualdad aumentó incluso entre los millonarios, de acuerdo con un análisis de Oxfam México proporcionado a Animal Político.

Slim tiene una gran parte de la riqueza del selecto grupo y todos sus competidores quedaron muy atrás en 2018: le siguen los magnates mineros Germán Larrea -quien posee 17 mil millones de dólares- y Alberto Bailleres, que posee 10 mil millones. Después de ellos aparecen Eva Gonda (viuda del magnate refresquero Eugenio Garza Lagüera) y el dueño de Televisión Azteca Ricardo Salinas Pliego, con 7 mil millones de dólares cada uno. En tanto, los activos de los 60 millones de personas más pobres no registraron ningún aumento.

“La conclusión es que la concentración de la riqueza aumentó y México se hizo más desigual”, sentenció el autor del análisis, Diego Vázquez, gerente de Investigación de Oxfam México. Puntualizó que un año antes la riqueza de esa mitad de la población era equivalente a la de dos personas, mientras que en el último año eso se convirtió en la riqueza de un solo hombre.

La organización, que promueve el combate a la desigualdad en el mundo, publicó recientemente un informe previo a la realización del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza; en el que revela que mientras que el 1% de los mexicanos más ricos (1.3 millones) tienen 40 de cada 100 pesos de riqueza en el país, el 50% más pobre (65 millones) sólo accede a 3.5 pesos. El análisis de Diego Vázquez especifica que esa fortuna se concentró, durante 2018, en un solo hombre: Carlos Slim Helú.

El investigador apuntó que Oxfam mide la pobreza por activos y no por ingreso, debido a que este último indicador es más inestable que las posesiones. “Lo que medimos nosotros es el valor de lo que tienen: sus activos financieros menos su deuda, lo que resulta en una concentración mucho más grande que cuando hablamos de ingresos, porque hablamos de cosas como lo que se tiene en la Bolsa de Valores”, indicó Vázquez. En el caso de las personas pobres, se mide sobre sus activos físicos, como vehículos, propiedades y actividad bancaria. “Aunque esta población también es pobre por ingresos, porque si los tuviera podría adquirir más activos”.

En el caso de los multimillonarios, la medición de Oxfam se basa en la lista de Forbes, mientras que para el resto de la población usan la base de datos de Credit Suisse, calificada por el investigador como la estimación más completa que se tiene sobre la riqueza. “No es cuánto ganas sino qué tienes”, puntualizó en entrevista.

Se privatizan los beneficios, se socializan los costos

La crisis financiera de los años 2008-2009, que amenazaba con una catástrofe similar a la Gran Depresión de los años 20, es un tema superado para los multimillonarios, que según Oxfam lejos de perder aumentaron su riqueza en 900 mil millones de dólares. Por su parte, la riqueza -entendida como activos y posesiones- de los pobres se redujo 11% en esta última década.

“Una de las lecciones a 10 años de esa crisis es que mientras la riqueza se recuperó, los que pagaron las consecuencias de largo plazo en economía real fueron los trabajadores: personas comunes y corrientes que vieron mermados sus ingresos y un aumento en el desempleo. Vivimos en un modelo económico en que los costos recaen en los trabajadores, que tenían deudas o hipotecas mientras a los ricos ya se les olvidó la crisis”, dijo el activista.

Explicó que los multimillonarios tienen capacidad económica pero también poder político, en México y a nivel global, lo que les da una posición preferente que los vuelve invulnerables a las consecuencias de las crisis económicas.

Una década después del inicio de la crisis los multimillonarios se han duplicado, lo que habla de capacidad de la clase dominante para recuperarse a largo plazo; en cambio la mitad más pobre se ha mantenido estancada y en el último año su riqueza incluso decreció 11%, “lo que indica el contraste que vivimos”, refirió Vázquez Pimentel.

En el caso específico de México, la fuente de la riqueza de los tres más ricos (Slim, Larrea y Bailleres) son sectores productivos altamente regulados (minería y telecomunicaciones), lo cual indica que tienen un poder no solo económico sino político de gran relevancia, de acuerdo con el investigador.

Adicional a estos privilegios, en las crisis económicas algunos gobiernos emprenden rescates financieros que salvan a los grandes actores, mientras a los de clases más bajas nadie los rescata aunque aumenten sus hipotecas, sus deudas y la inflación. “Además los rescatan con impuestos que pagan todos. Se privatizan los beneficios pero se socializan los costos”, sentenció el experto de Oxfam México.

En tanto, los gobiernos tienen pocas herramientas para distribuir la riqueza en el país, pues las grandes fortunas no se gravan como deberían o se van a otros países, incluidos paraísos fiscales, indicó Vázquez. Esto deja a la administración pública sin muchos recursos para esquemas que generen, justamente, igualdad de oportunidades, como educación, salud y protección social.

“Son tres áreas de inversión pública súper necesarias para asegurar que, sin importar si naciste rico o pobre, si tienes estos servicios tienes herramientas y oportunidades para salir adelante, pero no hay dinero. Los estados tienen márgenes muy chiquitos para poder invertir en estos servicios, es un círculo vicioso donde los ricos no pagan lo que deberían, el gobierno no recauda, no pueden invertirlo y la desigualdad se agudiza”, puntualizó.

Para que el gobierno mexicano pueda ofrecer a cada mexicano condiciones básicas que generen movilidad social, al margen de dónde haya nacido, necesita rediseñar su política social, sugirió el experto; cambiar el esquema de protección social y de salud, financiarlo con impuestos generales, hacerlo universal, gratuito y de calidad.

En otro informe presentado este mes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indicó que la baja proporción de familias y personas mexicanas que tienen activos físicos y financieros demuestra que en México existe una muy fuerte concentración de la riqueza.

Como ejemplo de las políticas públicas que generan desigualdad, el reporte de la CEPAL indica que entre 2012 y 2016 México redujo su gasto público en desarrollo laboral, pasando de 0.91% a 0.35% del PIB en ese periodo.

“La cultura del privilegio y el actual estilo de desarrollo aumentan las diferencias entre los centros y las periferias territoriales y sociales, a la vez que generan un grado insostenible de polarización de los ingresos y la riqueza, que aumenta el poder de los grupos más privilegiados para establecer y mantener reglas de juego que los favorecen”, concluye la Comisión en el capítulo sobre México de su informe.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg

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Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
Getty Images
7 de noviembre, 2021
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Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

Getty Images

1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Getty Images

Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

Getty Images
Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

Getty Images
Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

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106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

Getty Images

Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


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