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La política social de AMLO operará desde municipio de Oaxaca con un rezago social medio

La nueva sede de la Secretaría del Bienestar se encontrará en el municipio de San Agustín Yatareni, donde más de la mitad de su población gana apenas dos salarios mínimos.
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La política social, uno de los ejes más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador será controlada desde uno de los estados más pobres del país: Oaxaca, en el municipio de San Agustín Yatareni.

Este municipio, ubicado en la región de los valles centrales de Oaxaca, tiene un grado de marginación municipal medio. El 21.9% de sus habitantes mayores de 15 años o más no terminaron la primaria; 58% de su población tiene ingresos de hasta 2 salarios mínimos y el 73% de las viviendas no tienen agua entubada.

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Desde ahí, donde solía estar la delegación de SEDESOL en esa entidad, se coordinarán programas como ayudas a adultos mayores, personas con discapacidad y créditos a campesinos.

La dependencia no solo cambió de residencia, también de nombre: la antigua Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se convirtió en Secretaría del Bienestar.

El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes celebró el traslado de la secretaría de Bienestar a Oaxaca, estado con altos niveles de migración de las fuerzas productivas hacia otras entidades del país o hacia Estados Unidos, por lo cual considera significativo que ese estado sureño sea “el punto de partida y el punto de llegada de la política de bienestar”.

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La titular de la secretaría, María Luisa Albores, presentó ante el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, presidentes municipales y habitantes del estado los programas prioritarios de Andrés Manuel López Obrador, pilares de su gobierno: pensiones para las Personas Adultas Mayores y para las personas con Discapacidad; Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, créditos a productores rurales, entre otros.

Algunos de ellos empezarán a entregarse el próximo fin de semana, según dijo el presidente López Obrador; mientras que en el caso de los apoyos a productores indígenas, empezarán a contabilizar a los beneficiarios a través de un censo que dará inicio en los próximos días.

Sobre la beca para personas con discapacidad que actualmente se otorga beneficiarios de entre 0 a 29 años, Albores precisó que para las personas indígenas con discapacidad el rango aumenta hasta 64 años.  

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La secretaria también presentó al equipo que va a implementar la política de Bienestar del nuevo gobierno: el subsecretario de Bienestar y el de Inclusión productiva y Desarrollo Rural; así como los directores de los institutos de la Juventud (IMJUVE), de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y de la Economía Social (INAES).

El subsecretario de Inclusión Productiva, Javier May informó que el programa ‘Sembrando vida’ consiste en reforestar un millón de hectáreas en 19 estados del país, ocho de los cuales iniciarán el presente año. Para ello, dijo que la subsecretaría dará empleo a los campesinos que tengan 2.5 hectáreas de terreno, y se les va a pagar para trabajar en su propio ejido, guardando el 10% de sus ingresos para una caja de ahorro. El objetivo de este plan, detalló, es generar 400 mil empleos permanentes para rescatar a los ejidos, evitar la migración de las fuerzas productivas y la desintegración familiar.

Por su parte, el director del IMJUVE, Guillermo Santiago aseguró que trabajarán para garantizar un piso mínimo de derechos para los 37 millones de jóvenes del país. Anunció la creación del Programa Nacional de Juventud, que será el eje rector de la política sobre la juventud del nuevo gobierno. “Que las y los jóvenes dejen de ser vistos como beneficiarios de programas y empiecen a ser vistos como sujetos de derechos que pueden construir su propio bienestar”, puntualizó el funcionario más joven de la nueva administración, que tiene 25 años.

Nuevo censo

El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino informó que en los próximos días iniciará, junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) un censo para ubicar a los beneficiarios de apoyos a productores indígenas, fundamentalmente de maíz y frijol. Dijo que se apoyará a 250 mil personas indígenas para que puedan incentivar sus cultivos a través de la milpa u otros mecanismos de producción.

Agregó que el próximo viernes se anunciará en la montaña de Guerrero otro programa para personas con discapacidad, que tendrá una atención especial a personas indígenas en esta condición.

Un segundo eje de las políticas de bienestar que llevará a cabo el Instituto a su cargo, dijo, será el fortalecimiento de las lenguas originarias, particularmente en 2019 que es el año internacional de las lenguas indígenas; por lo cual el 21 de febrero próximo el presidente López Obrador hará una serie de anuncios en el municipio Ixmiquilpan, con el objetivo de fortalecer la cultura e idiomas de los pueblos indígenas. “No más motivo de vergüenza, de racismo y discriminación. Que sea motivo de orgullo”, dijo.

El tercer componente, abundó, será el reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas en las leyes estatales y la Carta Magna. Indicó que buscarán que se retomen los pendientes de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, establecidos en la década de los años 90 para garantizar los derechos de los pueblos indígenas; y pedirán el apoyo del Congreso federal para armonizar la legislación nacional “a los más altos estándares internacionales en la materia”.

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Getty Images

Etnoporno, la explotación sexual de mujeres indígenas en videos pornográficos en México

En Chiapas es cada vez más común el "etnoporno" o pornografía de niñas y mujeres indígenas, producido muchas veces sin su consentimiento. Las activistas apuntan a que es un delito agravado por la desigualdad económica, cultural y de acceso a las tecnologías que padecen estas mujeres.
Getty Images
16 de enero, 2020
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Un maestro de una zona indígena en un lugar recóndito le regaló un teléfono celular a María, una de sus alumnas de 13 años. Le enseñó a usarlo. Y después le pidió que le mandara fotos desnuda.Esto sucedió en Chiapas, en el sureste de México, donde las activistas denuncian que es cada vez más común el “etnoporno”, un tipo de pornografía que usa como fetiche a mujeres y niñas indígenas, y que son por ello víctimas de abusos.

En el caso de María (nombre supuesto), una mujer de otro estado de México entró en contacto con ella a través de redes sociales y la siguió extorsionando para que mandara más imágenes y videos, cada vez en situaciones más comprometedoras, por ejemplo masturbándose.

La familia de María cuenta que lo descubrió porque la adolescente había sido obligada a convencer a otra menor, de 10 años, para que empezara también a enviar este tipo de fotos y videos.

La niña se asustó tanto que se lo confesó a su madre. Así fue como se enteraron en el pueblo.

Manifestación en contra del acoso virtual.

Cortesía: Frente Nacional para la Sororidad
En 17 de las 32 entidades federativas de México se han aprobado reformas que castigan los delitos digitales contra las mujeres.

Algunos intentaron linchar al maestro, pero el padre prefirió tomar la ruta legal “porque matar al maestro habría sido aceptar que éste había violado a su hija”.

Martha Figueroa, la abogada feminista que está llevando el caso de manera voluntaria, cuenta que, como otros del mismo tipo, puede estar relacionado con redes de trata de personas. Y que es un gran reto castigar a los culpables.

“La familia no recibió ayuda en el Ministerio Público en un principio. Después quisieron registrarlo solo como abuso sexual no grave. Además, como era electrónico y es algo muy nuevo, no sabían cómo hacerlo“, le explica a BBC Mundo.

El “etnoporno” es un tipo de pornografìa, cada vez más de moda, que usa a mujeres y niñas indígenas como fetiche. Foto: BBC

Reconoce que hay quien argumentaba que fue un acto voluntario, ya que era la adolescente misma la que hacía llegar las fotos.

“Pero no, esto es un crimen del maestro. Y es agravado porque está corrompiendo a menores y abusó de su poder como maestro“, asegura.

Después de varios meses, el hombre fue arrestado. “No se sabe si cumplirá sentencia porque ha interpuesto un recurso. Pero es un logro que al menos por ahora esté tras las rejas y no todavía enseñando en la escuela”, explica la abogada.

Distintos daños que causa la violencia virtual.

Cortesía: FNS
La violencia virtual tiene una serie de consecuencias, recogidas en el informe de la Asociación para el Progeso de las Comunicaciones (APC).

Según el Código Penal de México “al que fije, grabe, imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales en que participen uno o más menores de dieciocho años, se le impondrá la pena 10 a 14 años de prisión y de 500 a 3.000 días multa”.

Y establece el mismo castigo para quien reproduzca, venda, arriende, exponga, publicite o transmita este material.

“Sin redes de apoyo”

Adela Bonilla, directora de Equidad de Género y Desarrollo de las Mujeres en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dice que estos videos pornográficos con mujeres indígenas “se pusieron de moda”.

Explica que muchas indígenas jóvenes llegan de sus comunidades al municipio chiapaneco en busca de una mejor vida, pero que ahí son muy vulnerables, que no tienen redes de apoyo y que algunas tienden al trabajo sexual.

“Las mujeres que se dedican al comercio sexual están en total indefensión y de ahí a ser víctimas hay solo un pequeño paso”, dice.

Dice que muchas de las que aparecen en los videos pueden estar siendo víctimas de estas redes. Y que en el ayuntamiento se plantea establecer un albergue para mujeres y menores.

También que, junto con la Secretaría de Turismo, se trabaja en concienciar al sector hotelero sobre el delito del comercio sexual infantil.

Se está haciendo que los hoteles firmen un código de ética para que, cuando un adulto llegue al establecimiento con un menor de edad, tenga que acreditar su relación.

“Chamulitas porno”

Por ahora es muy fácil encontrar, en pleno mercado central de San Cristóbal, material pornográfico de indígenas chamulas.

Se vende al lado de puestos de ropa interior, de comida o de gallinas vivas.

En los puestos de películas piratas, en la parte más recóndita, hay videos entre los que sobresalen los títulos de “Porno chamulitas”, en ediciones de varios años que prometen “puro video nuevo”.

Y además advierten: “En este material pueden aparecer personas que quizá conozca. Se recomienda discreción”.

Pero el etnoporno también se distribuye por internet.

El Frente Nacional para la Sororidad, una organización feminista que lucha contra la violencia sexual en la red, encontró durante un rastreo llevado a cabo entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 en Chiapas más de 800 videos de niñas y mujeres que no habían dado su consentimiento para hacerlos públicos.

También identificaron 122 “mercados de explotación de imágenes”, o plataformas que compilan sin consentimiento información de contenido sobre todo sexual principalmente de mujeres y niñas, para ser expuestas en páginas, blogs, redes sociales o nubes de almacenamiento.

Chiapas es uno de los 17 estados de México que aprobó la “Ley Olimpia” por la que los delitos digitales de índole sexual, como la distribución de contenido íntimo sin consentimiento, podrán ser perseguidos y castigados con penas de entre 3 y 6 años de prisión.

Activistas celebran la aprobación de una reforma que pena el acoso por internet.

Cortesía: FNS
El Frente Nacional para la Sororidad es una asociación de activistas que lucha contra la violencia sexual en la red.

Indígenas, “las más afectadas”

Que las víctimas sean mujeres indígenas es una agravante del delito, le explica a BBC Mundo la activista Olimpia Coral Melo, quien promueve la ley, que lleva su nombre, desde que se difundiera un video sexual.

“El etnoporno es muy lamentable. Las mujeres indígenas son las más afectadas por estos delitos y es una cuestión de desigualdad en lo económico, en la cultura, en el acceso a la tecnología”.

Apunta a que muchas indígenas no saben que tienen derecho al placer, a la intimidad, al sexo. “Muchas ni siquiera piensan en poner una denuncia, pues desafortunadamente, en su forma de pensar está el creer que deben ser utilizadas, que son fábricas de bebés y de amamantar”, opina.

Además, muchas ni siquiera tienen acceso a internet y no saben que circulan videos de ellas.

“Incluso aunque fuera una trabajadora sexual que aceptó ser grabada por uno de sus clientes, eso no quiere decir que haya dado su permiso para que se comercie con su cuerpo infinitamente“, apunta la activista.

Valeria Sastré, abogada especializada en derechos de la mujer, dice que en Chiapas hay unos 30 registros y carpetas de investigación de delitos contra la intimidad sexual, pero que hasta ahora ninguno se ha judicializado.

Al hablar de las razones, menciona el hecho de que se trata de un tema muy nuevo y que es difícil que se acepten las pruebas contra estos delitos.

“Es necesario hacer campañas multidisciplinarias para concienciar, porque también nos topamos con una visión patriarcal en las zonas indígenas, donde las mujeres no conocen sus derechos”, añade.

Por ahora, desde el Frente Nacional para la Sororidad, reportan los contenidos y hacen llamados para que se quiten de internet.

“No es una solución permanente ni muy efectiva, pero es necesaria para que sepan que estamos vigilando”.


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https://www.youtube.com/watch?v=GFJ_N84JzUI

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https://www.youtube.com/watch?v=o-FUmeEXFOI

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