La política social, uno de los ejes más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador será controlada desde uno de los estados más pobres del país: Oaxaca, en el municipio de San Agustín Yatareni.
Este municipio, ubicado en la región de los valles centrales de Oaxaca, tiene un grado de marginación municipal medio. El 21.9% de sus habitantes mayores de 15 años o más no terminaron la primaria; 58% de su población tiene ingresos de hasta 2 salarios mínimos y el 73% de las viviendas no tienen agua entubada.
Desde ahí, donde solía estar la delegación de SEDESOL en esa entidad, se coordinarán programas como ayudas a adultos mayores, personas con discapacidad y créditos a campesinos.
La dependencia no solo cambió de residencia, también de nombre: la antigua Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se convirtió en Secretaría del Bienestar.
El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes celebró el traslado de la secretaría de Bienestar a Oaxaca, estado con altos niveles de migración de las fuerzas productivas hacia otras entidades del país o hacia Estados Unidos, por lo cual considera significativo que ese estado sureño sea “el punto de partida y el punto de llegada de la política de bienestar”.
La titular de la secretaría, María Luisa Albores, presentó ante el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, presidentes municipales y habitantes del estado los programas prioritarios de Andrés Manuel López Obrador, pilares de su gobierno: pensiones para las Personas Adultas Mayores y para las personas con Discapacidad; Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, créditos a productores rurales, entre otros.
Algunos de ellos empezarán a entregarse el próximo fin de semana, según dijo el presidente López Obrador; mientras que en el caso de los apoyos a productores indígenas, empezarán a contabilizar a los beneficiarios a través de un censo que dará inicio en los próximos días.
Sobre la beca para personas con discapacidad que actualmente se otorga beneficiarios de entre 0 a 29 años, Albores precisó que para las personas indígenas con discapacidad el rango aumenta hasta 64 años.
La secretaria también presentó al equipo que va a implementar la política de Bienestar del nuevo gobierno: el subsecretario de Bienestar y el de Inclusión productiva y Desarrollo Rural; así como los directores de los institutos de la Juventud (IMJUVE), de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y de la Economía Social (INAES).
El subsecretario de Inclusión Productiva, Javier May informó que el programa ‘Sembrando vida’ consiste en reforestar un millón de hectáreas en 19 estados del país, ocho de los cuales iniciarán el presente año. Para ello, dijo que la subsecretaría dará empleo a los campesinos que tengan 2.5 hectáreas de terreno, y se les va a pagar para trabajar en su propio ejido, guardando el 10% de sus ingresos para una caja de ahorro. El objetivo de este plan, detalló, es generar 400 mil empleos permanentes para rescatar a los ejidos, evitar la migración de las fuerzas productivas y la desintegración familiar.
Por su parte, el director del IMJUVE, Guillermo Santiago aseguró que trabajarán para garantizar un piso mínimo de derechos para los 37 millones de jóvenes del país. Anunció la creación del Programa Nacional de Juventud, que será el eje rector de la política sobre la juventud del nuevo gobierno. “Que las y los jóvenes dejen de ser vistos como beneficiarios de programas y empiecen a ser vistos como sujetos de derechos que pueden construir su propio bienestar”, puntualizó el funcionario más joven de la nueva administración, que tiene 25 años.
Nuevo censo
El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino informó que en los próximos días iniciará, junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) un censo para ubicar a los beneficiarios de apoyos a productores indígenas, fundamentalmente de maíz y frijol. Dijo que se apoyará a 250 mil personas indígenas para que puedan incentivar sus cultivos a través de la milpa u otros mecanismos de producción.
Agregó que el próximo viernes se anunciará en la montaña de Guerrero otro programa para personas con discapacidad, que tendrá una atención especial a personas indígenas en esta condición.
Un segundo eje de las políticas de bienestar que llevará a cabo el Instituto a su cargo, dijo, será el fortalecimiento de las lenguas originarias, particularmente en 2019 que es el año internacional de las lenguas indígenas; por lo cual el 21 de febrero próximo el presidente López Obrador hará una serie de anuncios en el municipio Ixmiquilpan, con el objetivo de fortalecer la cultura e idiomas de los pueblos indígenas. “No más motivo de vergüenza, de racismo y discriminación. Que sea motivo de orgullo”, dijo.
El tercer componente, abundó, será el reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas en las leyes estatales y la Carta Magna. Indicó que buscarán que se retomen los pendientes de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, establecidos en la década de los años 90 para garantizar los derechos de los pueblos indígenas; y pedirán el apoyo del Congreso federal para armonizar la legislación nacional “a los más altos estándares internacionales en la materia”.
