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Archivo / Cuartoscuro

Administración de AMLO contrata en Pemex a 3 funcionarios involucrados en el desvío de 348 mdp de la Estafa Maestra

Los personajes son: Miguel Ángel Lozada Aguilar, director Producción y Exploración; Héctor Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial, y Luis Galván, gerente de Operación y Control Financiero.
Archivo / Cuartoscuro
Por Manu Ureste y Nayeli Roldán
22 de enero, 2019
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Tres funcionarios de Pemex que firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país, por 348 millones de pesos que terminaron en 17 empresas irregulares como parte de La Estafa Maestra, ocupan cargos directivos de Petróleos Mexicanos en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien fue nombrado director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.

Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP) es una de las seis Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), es decir, la parte medular de la empresa. Dicho nombramiento es propuesto por el director de Pemex, en este caso Octavio Romero Oropeza, quien ha sido un colaborador cercano al presidente López Obrador desde 2000 cuando fue Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, y luego como candidato de Morena a la alcaldía de Centro, Tabasco en 2016. Al perder la elección, el Presidente le designó la dirección de Pemex.

Este lunes, la revista Proceso publicó que Miguel Ángel Lozada Aguilar se integró a la nueva estructura de Petróleos Mexicanos, para encargarse de la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos en México y en el extranjero. Este es el puesto más alto que ha obtenido desde que comenzó a trabajar en Pemex en 2002 como ingeniero técnico especialista B, de acuerdo con su historial en Declaranet.

Sin embargo, en 2014 como administrador del Activo de Producción Cantarell, adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de Pemex-PEP, firmó un convenio por más de 82 millones de pesos que acabaron, prácticamente en su totalidad, en siete empresas fraudulentas.

Se trata del convenio 422082806, del que Animal Político tiene copia, a partir del cual Pemex-PEP le entregó 82 millones 863 mil pesos a la Universidad Popular de la Chontalpa, para que ésta le diera servicios de asistencia técnica en materia de perforación y producción de pozos petrolíferos.

A través de una violación a la ley federal de adquisiciones, la universidad entregó más de 80 millones de pesos a siete empresas que tampoco cumplieron con los trabajos, y se quedó con una ‘comisión’ de un millón 982 mil pesos tan solo por hacer de ‘intermediaria’ en el fraude.

Entre las empresas beneficiadas con dinero público de este convenio figura Maheca SA de CV, que Animal Político documentó en el reportaje periodístico La Estafa Maestra que fue desmantelada después de recibir el dinero público y que sus socios accionistas son, en realidad, prestanombres.

Uno de los ‘dueños’ de Maheca, Francisco N., labora como conserje limpiando el suelo de una escuela ubicada en una ranchería pobre de Tabasco, a pesar de ser, al menos en el papel, el dueño de una compañía millonaria. La otra persona supuesta dueña en el acta constitutiva de Maheca, Ofelia del Rosario Arce, no fue localizada en su presunto domicilio ubicado en el fraccionamiento Bosques de Villahermosa. Y tampoco se localizó a Alejandra Pinete, otra de las accionistas; el que se reportó como su domicilio es un modesto departamento ubicado en una unidad habitacional, donde la mujer que vive dijo no conocerla.

Las otra seis empresas beneficiadas ya fueron catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como ‘fantasma’, debido que se comprobó que son compañías sin infraestructura real, activos, ni personal trabajando, que simularon operaciones comerciales. Se trata de Logistic Peninsular SA de CV; Apa Investments SA de CV; Construcción, Suministros y Arrendadora Lomax; Pacific Asistence SA de CV; Pen Comerce SA de CV; y Global Baker Oil SA de CV.

El segundo funcionario involucrado en el esquema de desvío de recursos es Héctor Salvador Salgado Castro, quien es subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex Exploración y Producción, es decir, su puesto depende de Lozada Aguilar, y está encargado del manejo y comercialización de hidrocarburos, según se informa en el directorio del Consejo de Administración de Pemex.

Él era gerente de proyecto de Desarrollo Aytsil-Tekel, en la subdirección de Desarrollo de Campos de Pemex-PEP, cuando firmó el convenio 428813823 por 90 millones 213 mil pesos que, a través del Instituto Superior de Comalcalco, desaparecieron en la empresa Integrated Reservoird Management de México SA de CV; una compañía que no hizo los servicios, que fue desmantelada poco tiempo después de recibir el dinero público, y que tenía entre sus socios accionistas a prestanombres que vivían en zonas pobres de Villahermosa, Tabasco.

El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco violó la ley de adquisiciones para entregarle 83 millones 898 mil pesos a Integrated Reservoird Management de México SA de CV, y además se quedó con una ‘comisión’ de 6 millones 315 mil pesos solo por hacer de intermediaria en la subcontratación.

Salgado Castro tiene 32 años de trabajo en Pemex, pero su nuevo puesto es el de mayor rango. Empezó en 1987 como “analista” cuya función era realizar estudios de reservas de los yacimientos. Ocupó otros cargos como la “subdirección región marina suroeste” en 1992, y en 2017 llegó a la Gerencia de Administración de Proyectos, de acuerdo con información en Declaranet. 

El tercer funcionario es Luis Galván Arcos, que según el directorio del Consejo de Administración de Pemex es gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística, dependiente de la Dirección Corporativa de Finanzas, a cargo de Alberto Velázquez García.

En 1997 tuvo su primer cargo en Pemex, coordinador de Administración y Finanzas Activo de Producción Poza Rica, luego fue subgerente de Administración de Bienes y Servicios Región Norte en 1999 y ocupó diferentes cargos en los siguientes años hasta que en 2015 fue nombrado Gerente de Recursos Financieros de Pemex Producción y Exploración.

Cuando era gerente de Suministros y Servicios Administrativos de Regiones Marinas en Pemex-PEP, firmó cuatro convenios, todos en poder de este medio, por hasta 176 millones de pesos que, a través de la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche (Unacar), la Universidad de la Chontalpa, y el Instituto Tecnológico de Comalcalco, acabaron en las cuentas de nueve empresas fantasma o irregulares, que tampoco cumplieron con los servicios.

Entre las compañías beneficiadas por este convenio están, por ejemplo, MC Tecnologies SA de CV, y Ruvari SA de CV, ambas catalogadas ya oficialmente por el SAT como empresas fantasma. La empresa Maheca SA de CV, que tienen prestanombres entre sus socios, y la compañía Global Baker Oil, catalogada como fantasma por la autoridad, también fueron beneficiadas gracias a estos convenios firmados por Luis Galván Arcos.

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Reuters

5 claves que explican por qué Evo Morales fue forzado a dejar la presidencia de Bolivia

Pese a haberse proclamado vencedor de los comicios del pasado 20 de octubre, Evo Morales tuvo que renunciar a su cargo de presidente tras casi 14 años en el poder. El mandatario estuvo bajo fuerte presión de líderes de la oposición y sus seguidores que denunciaron que hubo fraude electoral.
Reuters
11 de noviembre, 2019
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Evo Morales pasó en menos de tres semanas de declararse ganador de las elecciones a denunciar un golpe de Estado y renunciar a la presidencia de Bolivia.

“Ha habido un golpe cívico, político y policial”, denunció el presidente en el mensaje televisivo en el que anunció su dimisión.

La decisión se produjo unas horas después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política.

Para los militares no parecía suficiente que el presidente llamara a nuevas elecciones tras las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su auditoría.

Y es que la profunda crisis política que vive Bolivia tuvo su detonante en el escrutinio de las elecciones, el 20 de octubre.

Esa noche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió por sorpresa el conteo rápido con el 83% escrutado y con una tendencia que apuntaba a que iba a haber segunda vuelta entre el mandatario boliviano y el candidato opositor, Carlos Mesa.

Al día siguiente, ese conteo rápido, denominado Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), se reactivó con un 95% de avance y con Morales ganando en primera vuelta por un estrecho margen.

Morales

AFP
Morales anunció su renuncia en una declaración televisada junto a su vicepresidente.

Las sospechas que habían suscitado los extraños movimientos del TSE llevaron a la oposición a clamar un “fraude descarado”.

Incluso las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea pidieron que hubiera segunda vuelta.

Pero Morales insistió en que él había ganado las elecciones y, en respuesta a las manifestaciones de la oposición, llamó a sus seguidores a “defender la democracia” en las calles y frenar un “golpe de Estado”.

Eso sí, también aceptó que la OEA hiciera una auditoría del escrutinio.

1. La auditoría

En pleno escrutinio el mismo día de la votación y con la oposición ya hablando de fraude, la propia misión de observadores de la OEA apuntó a la interrupción del conteo como una de las “sustanciales deficiencias” que minaban la “necesaria credibilidad y transparencia”.

El gobierno le pidió a la OEA una auditoría para despejar cualquier duda. Y hay que recordar que el candidato opositor, Carlos Mesa, quien denunciaba “fraude descarado”, rechazó en todo momento las condiciones en las que el organismo iba a revisar el escrutinio.

Mesa quedó en segundo en los comicios del 20 de octubre y desde el primer momento aseguró que Morales no alcanzó la diferencia necesaria para derrotarlo en primera vuelta.

Una casilla de votación en Bolivia.

AFP
La OEA dijo que hubo “irregularidades” en el recuento de votos iniciado la noche de la elección, el 20 de octubre.

La auditoría resultó devastadora para el gobierno. La OEA determinó que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen de 10% que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral.

La OEA asegura también que encontró actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas. En el informe de 13 páginas se señala que en muchos casos no se respetó la cadena de custodia de las actas y que hubo manipulación de datos.

Morales respondió este domingo con una declaración ante la prensa en la que, sin mencionar a la OEA y sin señalar la fecha, llamó a nuevas elecciones.

Pero unas horas después, y con la presión de las Fuerzas Armadas en su contra, decidió dimitir.

2. El ejército y la policía en contra

En esa renuncia también parece clave el pronunciamiento del general Williams Kaliman, en nombre del alto mando de las Fuerzas Armadas bolivianas.

Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, decía Kaliman en un comunicado.

La solicitud a Morales, decía la nota, fue formulada tomando en cuenta “la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado”.

William Kaliman

Reuters
El general William Kaliman (centro) es el jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Al posicionamiento de los militares a favor de la renuncia del presidente hay que sumar que desde el viernes pasado, cuando estaban a punto de cumplirse tres semanas de violencia en las calles, comenzó a extenderse por el país un “motín policial”.

Los agentes de diversas unidades, primero en Cochabamba (centro) y luego en todas las capitales departamentales, comenzaron a declararse en rebeldía uniéndose así a las protestas contra el gobierno.

Y aunque a diferencia de otros gobiernos “en problemas” en la región, Morales sigue disfrutando de un enorme poder de movilización entre sus bases, sin policía en las calles y sin apoyo de los militares, el presidente quedó en una situación de evidente debilidad.

En distintos departamentos de Bolivia, los policías decidieron amotinarse en contra del gobierno.

Getty Images
En distintos departamentos de Bolivia, los policías decidieron amotinarse en contra del gobierno.
Policías amotinados en La Paz

Reuters
En la capital de Bolivia, La Paz, también hubo amotinamiento de policías durante el fin de semana.

3. Presión en la calle

La oposición a Morales apostó desde el primer momento a la movilización callejera para forzar la mano del presidente.

Con huelgas y paros por todo el país, Bolivia se convirtió en una gran batalla campal entre partidarios del presidente y sus detractores.

La paralización del conteo rápido de resultados la noche de las elecciones disparó las manifestaciones de calle.

Getty Images
La paralización del conteo rápido de resultados la noche de las elecciones disparó las manifestaciones de calle.

Pero a diferencia de las crisis políticas que vivió el país durante el mandato de Morales, las protestas se hicieron fuertes esta vez en la ciudad de La Paz, otrora uno de los bastiones de Evo.

Universitarios y clases medias salieron noche tras noche a enfrentarse a la policía y a los poderosos sindicatos y “movimientos sociales” (entre ellos mineros y cocaleros) llegados a la sede de gobierno para defender al presidente.

Los heridos han sido centenares. Aunque solo se han reportado tres muertos, algo que parece poco dada la intensidad de la violencia de los enfrentamientos y teniendo en cuenta que los mineros usan dinamita en la protesta.

Así, un presidente que llegó al poder hace casi 14 años tras una larga trayectoria de protestas como líder de los sindicatos de productores de hoja de coca, se vio cercado por quienes pasaron de reclamarle una segunda vuelta ante Carlos Mesa a exigir su renuncia.

4. Radicalización de la oposición

Y es que la oposición hacía tiempo que había dejado atrás la exigencia de una segunda vuelta entre Morales y Mesa y venía pidiendo la renuncia del mandatario.

El endurecimiento de las posturas de la oposición vino de la mano del creciente protagonismo del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Reuters
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exige la renuncia del gobierno y del Congreso.

Con Camacho llevando la voz cantante, los opositores ya no se conformaban ni siquiera con la renuncia de Morales.

Y más tras conocerse la auditoría. Camacho pasó a exigir entonces exigen que dimitieran el presidente y todo su gobierno, también los senadores y diputados, además de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Todo, para dejar el país en manos de una junta de notables que designe un nuevo TSE que celebre nuevas elecciones en un plazo de 60 días.

“La OEA nos ha demostrado que el fraude era tan obvio que por la resistencia del pueblo boliviano, no podía ocultarlo. El presidente Evo Morales ha cometido delitos”, dijo Camacho este domingo.

5. La re-re-reelección

Y si se puede decir que las denuncias de fraude y las protestas se dispararon con el escrutinio electoral, la crisis política que vive Bolivia tiene un trasfondo mucho mayor y que pasa por el mero hecho de que el presidente fuera candidato a la reelección, otra vez.

Morales gobierna Bolivia desde el 22 de enero de 2006. La Constitución boliviana dispone que solo dos mandatos presidenciales continuos son permitidos, pero Morales ya iba por el tercero.

El 20 de octubre, el presidente buscaba asegurarse un cuarto mandato que le habría permitido gobernar hasta 2025.

Evo Morales.

Getty Images
Pese a perder el referéndum para buscar un cuarto mandato, Morales logró luz verde del Tribunal Constitucional para postularse de nuevo.

Para lograr estos fines, el presidente tuvo que cobijarse en fallos del Tribunal Constitucional para habilitarse como candidato.

Y es que el 21 de febrero de 2016, más de la mitad del país votó en contra de una posible nueva reelección del dirigente cocalero.

Gracias al Tribunal Constitucional y al reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral, ambas entidades acusadas en Bolivia de ser funcionales al gobierno, Morales logró ser candidato una vez más.

Las protestas empezaron hace tres semanas, pero ya se veía venir que este nuevo intento de reelección iba a ser el más difícil que afrontaría desde su primera victoria presidencial hace 14 años.

Lo que no muchos vaticinaban era un desenlace como el que ahora Bolivia entera presencia con la caída de Morales.


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