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Auditoría detectó nuevas irregularidades por 770 mdp en la construcción del Tren México-Toluca
Auditoría detectó nuevas irregularidades por 770 mdp en la construcción del Tren México-Toluca
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Auditoría detectó nuevas irregularidades por 770 mdp en la construcción del Tren México-Toluca
24 de febrero, 2019
Por: Francisco Sandoval
@Mrterremoto 

Las irregularidades en la construcción del Tren México-Toluca siguen surgiendo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017, un probable daño o perjuicio (o ambos) por 770 millones de pesos en los recursos públicos entregados para esta obra a cargo de la Secretaría de la Comunicaciones y Transportes (SCT).

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La ASF revisó 16 contratos (tres del gobierno de la Ciudad de México y 13 de la SCT) para esta obra consistente en la construcción de un sistema ferroviario con una longitud de 57.7 kilómetros entre el Estado de México (40.7 kilómetros) y la capital del país (17 kilómetros), motivo por el cual emitió 22 observaciones para tratar de recuperar los recursos públicos que presuntamente se malgastaron.

Dos de estas observaciones fueron solventadas por la SCT, en tanto las 20 restantes generaron: dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra servidores públicos y 18 pliegos de observaciones con probables desvíos que ascienden a los 770 millones de pesos.

Las irregularidades

Entre las presuntas irregularidades detectadas por la ASF, el órgano fiscalizador encontró un posible daño por 99 millones 900 mil pesos, “debido a que la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal reasignó recursos al Programa Comunitario de Mejoramiento Urbano que contempló realizar el repellado y pintura de fachadas de viviendas en la entonces Delegación Álvaro Obregón el cual no cumplió con el objeto ni con los alcances del programa de construcción (del tren)”.

Además, por estos trabajos no se entregaron las facturas, contratos ni comprobantes que justificaran la erogación del millonario recurso, según la revisión de la ASF.

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Aparte, detectó que 41 millones 762 mil 869 pesos fueron a parar a diferentes proyectos de obras que no cumplían con los alcances del programa para la construcción del tren, toda vez que no se entregaron los documentos comprobatorios del gasto.

Fue el caso de la rehabilitación y mantenimiento de áreas verdes y andadores del bioparque ubicado dentro de la unidad habitacional Santa Fe IMSS; la instalación de luminarias dentro del polígono Vasco de Quiroga; el bacheo de la Avenida Vasco de Quiroga frente al centro comercial Santa Fe; la rehabilitación y mantenimiento del gimnasio G3 y la construcción de la clínica de odontogeriatría en la delegación Álvaro Obregón, entre otras.

No solo eso. El órgano encontró un posible daño al erario por 109 millones 699 mil 35 pesos, destinados a “conceptos no previstos” durante la excavación y operación del túnel México-Toluca.

Además, se encontraron pagos “fuera de catálogo” por 77 millones 486 mil 524 pesos durante la fabricación de dovelas, que son las “piedras labradas en forma de cuña, para formar arcos o bóvedas”.

Otras irregularidades detectadas por la ASF consistieron en no respetar los criterios establecidos en los trabajos de suministro, traslado y montaje de banquetas; no acreditar los rendimientos ni los costos de los materiales para el suministro y colocación de cable de media tensión; pagos por refacciones no suministradas y la adquisición de predios que estaban fuera del derecho de vía, entre otras.

En el caso de los predios, se pagaron 8 millones de pesos por la adquisición de terrenos en el ejido “Capultitlán”, y 16 millones de pesos por predios del municipio de San Mateo Atenco, aun cuando éstos se encontraban fuera de los derechos de vía del tren (lejos de la obra). En el primer caso a una distancia aproximadamente de dos kilómetros.

Por todas estas irregularidades, la SCT y el gobierno de la CDMX cuentan con un periodo de 30 días hábiles, tras la publicación de la auditoría, para presentar la documentación que consideren necesaria para responder a las presuntas anomalías detectadas.

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