close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

El plan de Costa Rica para convertirse en el primer país de América Latina en renunciar al petróleo

El plan del país centroamericano incluye una agenda en transporte y movilidad sostenible; energía, construcción sustentable e industria; gestión de residuos agricultura y cambio de uso de suelos.
27 de febrero, 2019
Comparte

Costa Rica se pinta otra vez de verde.

El gobierno del presidente Carlos Alvarado lanzó a inicios de esta semana un plan para eliminar el uso de combustibles fósiles para 2050 con el que la nación centroamericana aspira a ubicarse entre las primeras del mundo en suprimir las emisiones de carbono.

Se trata de una hoja de ruta de 10 puntos que busca generar un modelo de desarrollo basado en la reducción de las emisiones de carbono en la atmósfera, la digitalización y la descentralización en la producción energética.

Entre los puntos más destacados de la iniciativa, denominada oficialmente Plan Nacional de Descarbonización, se incluyen:

  • transporte y movilidad sostenible
  • energía, construcción sostenible e industria
  • gestión integral de residuos
  • agricultura y cambio de uso de suelos

De cumplirse, Costa Rica lograría tener “cero emisiones netas” en 31 años, lo que se traduce en que no emitiría más carbono que el que pueda compensar a través de la conservación y siembra de sus bosques.

“La descarbonización no es una moda, sino una necesidad”, afirmó Alvarado durante la presentación del plan, en la que consideró que su país se podría volver así un ejemplo para otras naciones.

Otros países de Occidente, como Reino Unido y Países Bajos, también se han puesto el año 2050 como meta para llevar a cero sus emisiones netas de carbono. Alemania, por su parte, ha prometido reducirlas en un 95%.

El anuncio del gobierno de Alvarado fue aclamado por varias voces de la comunidad internacional, entre ellos el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez; el exvicepresidente de Estados Unidos y Nobel de la Paz, Al Gore; o la expresidenta de Chile y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Este ambicioso plan aborda la descarbonización de la mejor forma posible con transformaciones tecnológica y sociales que tienen que ser transversales en todos los sectores, porque todos somos parte de la solución”, expresó Bachelet en un mensaje de felicitación.

Hoja de ruta

Costa Rica ha sido pionera en sus políticas ambientalistas en América Latina.

La nación centroamericana, conocida por no tener un ejército desde 1948, enmendó su Constitución en 1994 para incluir el derecho a un ambiente saludable para sus ciudadanos.

Una cuarta parte de su territorio es reserva natural protegida y es el único país tropical del mundo que ha reducido la deforestación.

Actualmente, produce casi toda su electricidad de fuentes renovables (80% de ella hidroeléctrica) y cada año establece récords de uso de energía limpia.

Un pájaro en la reserva del bosque nuboso de Santa Elena, en Costa Rica.

Getty Images
Una cuarta parte del territorio de Costa Rica es reserva natural protegida.

Según el gobierno, el nuevo plan ahora llevaría a Costa Rica un paso más allá: conseguir una “economía verde”, mejorar su competitividad y terminar con la dependencia de combustibles fósiles.

Para ello, propone un paquete de políticas agrupadas en tres etapas, vinculadas con procesos de adopción tecnológica:

  1. Inicio (2018-2022)
  2. Inflexión (2023-2030)
  3. Despliegue masivo (2031-2050)

Las políticas se complementan con otras ocho estrategias para acelerar el cambio, que incluyen la digitalización, la “transición justa” de trabajadores afectados por la “descarbonización” y estrategias de financiamiento y atracción de inversiones, entre otras.

¿Alternativa ambiental o campaña política?

No obstante, y pese a las alabanzas de grandes actores internacionales, el plan también ha sido acogido con escepticismo por ciertos sectores de la comunidad científica.

Para Jairo Quirós, investigador de la Universidad de Costa Rica, el plan implica un desafío que “debería verse con cierta precaución“.

Algunos medios locales como La Nación expresaron también el temor de que el plan se quede (como sucedió con anteriores gobiernos) en una mera campaña política.

Y es que la promesa es ya una constante en foros políticos ambientales desde que en 2007 el entonces mandatario Oscar Arias prometiera que, para 2021, Costa Rica sería el primer país “carbono neutral” del mundo.

Desde entonces, la fecha ha ido cambiando en dependencia de gobierno y se ha llegado a posponer incluso hasta 2100.

costa rica

AFP
En Costa Rica, tener un ambiente saludable el considerado un derecho.

Grupos ambientalistas como Coecocieba y diarios como La Nación o El Financiero también han puesto en duda durante los últimos años que se estén dando pasos realmente sólidos para alcanzar la meta o que la sociedad cuente con la infraestructura necesaria para asumir el desafío.

En ese sentido, casi todos los críticos coinciden en un punto: el controvertido tema del transporte.

Desafíos

De acuerdo con el Banco Mundial, Costa Rica “es una historia de éxito en términos de desarrollo“.

Considerada una nación de ingreso medio alto, experimentó un crecimiento sostenido en los últimos 25 años, resultado de una estrategia basada en la apertura a la inversión extranjera y en una gradual liberalización comercial.

Pero a medida que la economía ha despegado, la demanda de automóviles, una de las principales fuentes de desechos de carbono del mundo, también ha ido en crecimiento, según cifras del Quinto Informe Estado de la Región.

Solo en 2016, se registraron más carros que nombres de recién nacidos.

Y pese a las propuestas iniciales de hacer de 2021 un hito en la reducción de los niveles de dióxido de carbono, el país se situó en el segundo lugar en emisiones per cápita en América Central.

El transporte público no queda muy atrás: más del 60% del país viaja en autobuses o trenes de combustible -según cifras oficiales- lo que supone otro desafío para el plan.

Perezoso en Costa Rica.

Getty Images
La ubicua frase se utiliza con frecuencia para promocionar el ecoturismo.

Para hacer frente a esta situación, el gobierno de Alvarado propone generar incentivos para la compra de autos eléctricos y la creación de otros medios de transporte alimentados por energías limpias.

Entre las metas de Costa Rica destacan contar con el 70% de los autobuses y taxis cero emisiones para 2035 y un tren de pasajeros eléctrico y otro de carga.

Además, también se propone conseguir para esa fecha que el 25% de la flota de vehículos privados sea eléctrica y que para 2050 la totalidad de las ventas de vehículos ligeros nuevos sean cero emisiones.

Sin embargo, los críticos recuerdan que los altos precios de estos dispositivos en el mercado pueden poner en cuestión que el plan del gobierno vaya a conseguir cumplir con las fechas que ahora promete.

“Aunque uno tiende a ver que los precios (del autobús eléctrico) están cayendo con el tiempo, hay mucha incertidumbre al respecto”, comentó Quirós a la agencia Reuters.

Otros, como la ONG Sistema de Ciencia y Desarrollo, también cuestionan cuáles serán las alternativas para medios de transporte pesados o cómo se podrá motivar a las empresas a dar el paso hacia la energía limpia sin que esto conlleve a potenciales afectaciones a la economía.

Cerca del 22% de los ingresos de Costa Rica provienen de impuestos sobre los combustibles fósiles, por lo que el cambio a vehículos eléctricos podría impactar también el ya creciente déficit del país.

Se consiga o no, para importantes actores en la lucha contra el cambio climático en el mundo, el mensaje de Costa Rica ya resulta notable.

“Descarbonizar la economía global para reducir drásticamente la contaminación del calentamiento global es absolutamente esencial para garantizar que nuestra civilización pueda sobrevivir y prosperar, y esa es una de las razones por las que estoy tan emocionado de ver que Costa Rica continúa con su papel como líder mundial en ayudar a resolver la crisis climática”, manifestó el exvicepresidente Gore, un referente en esta área.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Cuartoscuro Archivo

Fiscalías de los estados manipulan datos sobre delitos y fallan en su registro

Una auditoría del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la ONU muestra que las estadísticas de incidencia delictiva que se publican mensualmente no reflejan el tamaño real del fenómeno criminal en el país.
Cuartoscuro Archivo
19 de diciembre, 2019
Comparte

Una auditoría oficial realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirma que los datos de incidencia delictiva que aportan las fiscalías del país adolecen de graves y múltiples fallas, desde subregistros por incompetencia del personal responsable, hasta ocultamiento y reclasificación deliberada de ilícitos como feminicidio o extorsión.

Son irregularidades que, en los hechos, significan que las estadísticas de incidencia delictiva que se publican mensualmente no reflejan el tamaño real del fenómeno criminal que padece el país.

Entérate: Gobierno anterior clasificó mal 29 mil delitos para simular baja criminalidad en CDMX, acusa Procuraduría

La presentación de este informe, con sus resultados y recomendaciones, se daría esta semana pero fue pospuesta por lo menos hasta enero de 2020, luego de que no se alcanzó el consenso necesario para darlo a conocer en la XLV Sesión Ordinaria del Consenso Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con autoridades del gabinete de seguridad el problema es la resistencia de algunos gobernadores, pero sobretodo de los propios fiscales del país para transparentar dicha información, hasta en tanto ellos no analicen y revisen los resultados.

Hace unos días los fiscales estatales, con el apoyo de la Fiscalía General de la República, dieron a conocer que a partir de 2020 manejarán su propia información de incidencia delictiva separada de la que maneja el SESNSP. Esto con el argumento de que son ellos los dueños de esa información, que hay que presentarla con mayor calidad y que ya gozan de autonomía.

Incluso el fiscal estatal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, sugirió en su calidad de vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) que se reforme la ley del Sistema Nacional de Seguridad para que se reconozca la autonomía de los fiscales, así como la posibilidad de desaparecer el Centro nacional de Información (CNI) del SESNSP.

Ayer, en la sesión de Consejo Nacional de Seguridad realizada en Palacio Nacional, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las fiscalías del país a que continúen aportando la información al CNI lo que, además, es una obligación legal.

La evaluación

La auditoría que realizó el gobierno federal con el apoyo de la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU recibió el nombre técnico de Modelo de Revisión Estadística de Incidencia Delictiva Nacional (MORE).

Su objetivo, como se dio a conocer en su momento, fue “evaluar la veracidad, consistencia y transparencia de la información de la incidencia delictiva” que publica periódicamente el SESNSP, a partir de los datos que aportan las procuradurías, hoy fiscalías estatales.

En los hechos se trató de una auditoría realizada por personal especializado en cada una de las 32 fiscalías del país, donde se tuvo acceso no solo a los registros estadísticos sino también a las carpetas de investigación. La idea era documentar y dimensionar las inconsistencias en estos registros que desde hace varios años se reportan en algunas entidades como Veracruz o Ciudad de México.

Los trabajos comenzaron desde principios de 2019 financiados en buena medida por la ONU. En agosto pasado se dio a conocer que las revisiones llevaban un avance del 75%, y para finales de noviembre la evaluación estaba prácticamente terminada.

Cabe señalar que, en todos los casos, los propios fiscales autorizaron por escrito la revisión de sus áreas estadísticas.

Los resultados: datos lejanos a la realidad

El informe de resultados del MORE no se conoce en su totalidad dado que se decidió posponer su apertura y por ende su publicación.

No obstante, de la información a la que Animal Político ha podido tener acceso se sabe que la auditoría habría identificado al menos una decena de focos rojos en los registros estadísticos de las Procuradurías. Algunas son fallas generalizadas mientras que otros son problemas que se identifican en estados en específico.

Se trata de deficiencias que en algunos momentos ya se han advertido públicamente o se sospechaba de ellas, pero lo relevante es que ahora se han documentado y confirmado oficialmente, y se conoce la dimensión de estas.

Entre los hallazgos destaca, por ejemplo, el grave subregistro (en algunos estados premeditado) de asesinatos de mujeres que tienen rasgos claros de posibles feminicidios desde un inicio, pero que son clasificados como homicidios dolosos. Ello provoca que los datos de carpetas de investigación sobre feminicidio que se conocen actualmente no sean, ni de cerca, un parámetro real del fenómeno.

También se detectaron subregistros alarmantes en casos de posibles extorsiones que son denunciadas por las víctimas pero que las agencias del ministerio Público clasifican con otro delito menos grave, como amenazas. Si a eso se suman los casos que ni siquiera se denuncian, se concluye que los datos de carpetas de extorsión tampoco son un parámetro confiable.

En la auditoría realizada por los especialistas también se detectaron hechos criminales en los que se cometieron múltiples delitos, pero donde las fiscalías solo registraron uno de ellos. Se consideró que esa falla también contribuye a subestimar la incidencia de la actividad delictiva.

Resistencia y división

Desde el mes pasado se había planificado que los resultados del MORE fueran presentados y aprobados en la XLV Sesión Ordinaria del Consenso Nacional de Seguridad Pública realizada ayer en Palacio Nacional. Ocurrido lo anterior se prepararía el documento para ser difundido públicamente.

Pero ayer, en la reunión previa donde se analizan los temas que son votados públicamente, el SESNSP no consiguió el consenso necesario para respaldar el informe. Para evitar que públicamente se mostrara el desacuerdo, se optó por sacar el tema de la orden del día.

El problema, según las fuentes consultadas, surge principalmente por la resistencia de algunos fiscales estatales – respaldados por la FGR y la CNPJ – a que se publiciten los datos sin que sean revisados por ellos mismos.

En la primera mitad de 2019 la aplicación de esta evaluación contó con el aval de todas las fiscalías locales, sin embargo, en los últimos meses se ha registrado un distanciamiento de estas con el SESNSP y con la Secretaría de Seguridad federal por diversos temas, como la implementación Registro Nacional de Detenciones o la propuesta de Alfonso Durazo de dar facultades de investigación a las policías y no solo a las fiscalías.

La ruptura se hizo evidente el pasado 6 de diciembre cuando la CNPJ anunció que a partir del 2020 las fiscalías presentarán sus propias cifras de incidencia el denominado Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, respaldado además por INEGI. Ello significa, de facto, apostar por un sistema distinto al del SENSP y por ende trabajar en su mejoramiento.

Además, diversas notas periodísticas reportaron la opinión de algunos fiscales en el sentido de desaparecer el Centro Nacional de Información (CNI) del SESNSP, que es justo el ente responsable del MORE y de publicar los datos de incidencia mensualmente.

El CNI respondió con un comunicado público en el que recordó que las fiscalías están obligadas a continuar aportando informados al SESNSP porque así lo marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los invitó a sumar esfuerzos para construir una estadística común.

Pero el fiscal Rubén Vasconcelos, vocero de la CNPJ, respondió a su vez que es definitiva la decisión de las fiscalías de optar por su propio sistema, y de paso recordó que ahora son instancias autónomas.

“Es necesario que la Ley General del Sistema Nacional se adecue a esta nueva realidad constitucional, con objeto de respetar dicha autonomía de nuestras instituciones (las fiscalías), que siempre se han coordinado con todas las instancias necesarias, y así lo seguirán haciendo”, dijo Vasconcelos.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.