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Andrea Vega

Desplazados de Guerrero cumplen una semana frente a Palacio Nacional sin que AMLO los reciba

El grupo armado que los expulsó amenaza con no permitirles volver a Leonardo Bravo, su municipio, y advierten al gobierno que tomarán el control de la seguridad de Chilpancingo, capital del estado.
Andrea Vega
25 de febrero, 2019
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A una semana de haberse instalado en plantón afuera de Palacio Nacional, los desplazados de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, Guerrero, no han recibido respuesta a su petición de audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde noviembre, 1600 personas de ocho comunidades de Leonardo Bravo y 78 pobladores de la comunidad náhuatl de Tlaltempanaca, en Zitlala, tuvieron que dejar sus casas ante la llegada de grupos armados que se hacen llamar policía comunitaria, pero que el mismo gobierno del estado de Guerrero ya ha reconocido como brazos armados de carteles en disputa por controlar territorios.

Leer: Desplazados de Guerrero esperan frente a Palacio Nacional audiencia con López Obrador

Los desplazados han señalado que solicitaron audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo, para plantear sus demandas, y no obtuvieron respuesta. Los de Leonardo Bravo piden el repliegue y desarme de los grupos armados que actúan en el corredor Filo de Caballos – Casa Verde, la puerta de entrada a la sierra de Guerrero. Y los de Zitlala piden la reubicación, por el temor de ser asesinados si regresan a sus comunidades.

Ante la inacción de las autoridades del estado, señaló Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos),  los desplazados decidieron trasladarse a la CDMX, el 17 de febrero, para instalarse en plantón afuera de Palacio Nacional hasta tener audiencia con el presidente López Obrador.

Olivares afirmó en entrevista, que el lunes 18 de febrero un grupo de desplazados se reunió con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), pero lo único que obtuvieron fue la promesa de gestionar la audiencia con López Obrador, lo que no ha ocurrido.

“Solo a eso se comprometió. En cuanto a lo que había dicho sobre que estaban preparando una estrategia para asegurar el regreso de la gente a sus comunidades, nos dijo que aún no había nada. Supuestamente ya tenía algo preparado, pero cuando empezó a escuchar a los desplazados dijo que le diéramos tiempo, pese a que nosotros ya hemos tenido pláticas con su equipo desde hace meses, por ejemplo con Félix Santana, director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la SEGOB”, mencionó el director del Centro Morelos.

Leer: Gobierno de Guerrero omite dar solución a desplazados por violencia; pedirán ayuda federal

El martes, un grupo de desplazados se acercó a Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Palacio Nacional. Relatan que Durazo les pidió que formaran una pequeña comisión, a la que él personalmente recibiría en cuanto acabara la reunión del gabinete de seguridad.

Pero pasaron las horas –dijo Olivares– y solo llegó una persona de su equipo a decirnos que Durazo había tenido que irse con el presidente a su gira por Coahuila, y que nos iba a recibir una de sus colaboradoras. “Le dijimos que sí ella tenía capacidad de decisión para resolver las demandas de los desplazados, adelante con la reunión. Ya no volvieron a llamarnos”.

Con las únicas autoridades con las que los pobladores han tenido comunicación en los últimos días es con la Secretaría de Gobierno de CDMX, que les ha ofrecido trasladarlos a un albergue a unas cuantas cuadras del Zócalo.

“Dicen que les preocupan las mujeres y los niños –contó Olivares– que estos días lloverá, y que allá estarán bajo techo, y tendrán comida, un lugar donde bañarse y camas para dormir. Y que los tanques de gas que tenemos aquí son un riesgo. Pero la gente no se quiere mover de Palacio Nacional porque temen que ya no los dejen volver a instalarse en este espacio donde su presencia y sus demandas son más visibles. Ellos lo que quieren es que los reciba el presidente”.

Amenazan grupos armados con “tomar” Chilpancingo

Este sábado, medios locales, entre ellos el Sur de Acapulco, publicaron que el Frente Unido de Policías Comunitarios del Estado de Guerrero y una comisión de comisarios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumpango) emplazaron a los gobiernos federal y estatal a que resuelvan el problema de violencia en Chilpancingo, de lo contrario en 30 días, 6 mil policías de esa agrupación ocuparán el poblado de Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo, y la ciudad de Chilpancingo, capital del estado, para hacerse cargo de la seguridad.

A este grupo armado de Tlacotepec se le relaciona con Guerreros Unidos, Los Rojos, Tequileros y La Familia Michoacana, en lo que parece ser una alianza para combatir al Cártel del Sur (con quien están en lucha desde 2013), en la que el Tlacotepec lleva la bandera.

El vocero del Frente también advirtió a los gobiernos federal y estatal que no intenten un desarme de su policía comunitaria (una de las demandas de los desplazados que se encuentran en el Zócalo) “porque nuestra postura es de disparar”.

Su queja es que ya “tranquilizaron” el corredor de Filo de Caballos a Xochipala, pero ahora los pobladores no pueden llegar a Chilpancingo porque los matan, y acusaron de las ejecuciones en la capital del estado a integrantes del Cártel del Sur, a quienes supuestamente ellos expulsaron de la zona de la sierra de Guerrero.

“Este grupo dice que todos los que expulsaron eran delincuentes, pero eso es mentira, nosotros no somos delincuentes. Yo trabajaba en un centro de salud, mis hijos adolescentes estaban en la escuela. Mi marido murió hace tiempo. Nosotros somos población civil que ha quedado en medio de sus pleitos con el Cartel del Sur por controlar territorios para pasar droga y armas, pero también porque es zona con potencial minero y quieren estar extorsionando”, aseguró una de las desplazadas que se encuentran en plantón en el Zócalo, quien pidió omitir su nombre.

“Ellos dicen que llegaron a nuestros comunidades a imponer la paz y que gracias a ellos todo está tranquilo, pero es mentira, cómo puedes llegar a imponer la paz cuando llegas disparando sobre los civiles, y claro, ahora dicen que está todo tranquilo, pues si casi no se quedó nadie y a los que se quedaron los obligan a colaborar con ellos”, comentó otra de las desplazadas.

Los pobladores que tuvieron que salir de Leonardo Bravo dicen que el grupo que los desplazó tiene mucha gente. En noviembre calculan que llegaron unas tres mil personas a desalojarlos. “Si dicen ahora que pueden movilizar 6 o 9 mil gentes para ocupar Chilpancingo es posible que tengan esa capacidad. Usan a la gente de Tierra Caliente, de municipios que están en condiciones económicas muy precarias, peor que nosotros, y les dicen que les van a permitir la rapiña absoluta en las comunidades que tomen, y la gente como no tiene nada, pues acepta, pero es más por la pobreza”, afirmó otro desplazado.

Los afectados por la violencia en Guerrero señalaron que el gobierno del estado no ha podido o no ha querido controlar a los grupos del crimen organizado que operan en la región, y que por eso ahora estos supuestos policías comunitarios se atreven a amenazar hasta al gobierno federal con que tomaran Chilpancingo.

Durante la conferencia de prensa que ofreció el grupo antagónico del Cartel del Sur, también amenazaron con no permitir el retorno de los desplazados que están en plantón en el zócalo, quienes ahora se sienten en mayor peligro.

Este grupo anunció que en su paso hacia Chilpancingo tomaran el control de Chichihualco, la cabecera municipal de Leonardo Bravo, donde estaban refugiados los desplazados antes de venir a Palacio Nacional, así que todo indica que ya tampoco podrán volver allá. “Estamos viendo el avance de los grupos del crimen organizado, que vienen controlando territorios y blindándolos con la creación de presuntas policías comunitarias, ante la inacción de las autoridades”, advirtió uno más de los desplazados.

 

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Entity List, la poderosa y poco conocida herramienta de sanciones que EU aplicó a Huawei

Creada para combatir la proliferación nuclear, esta herramienta está ahora en medio de la competencia tecnológica entre Washington y Pekín.
16 de junio, 2019
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Es una de las armas más poderosas y menos conocidas de las que dispone el gobierno de Estados Unidos en el ámbito internacional.

Se la conoce como “Entity List” (Lista de Entes) y es una herramienta central en las sanciones aplicadas por el gobierno de Donald Trump en contra de la empresa tecnológica china Huawei.

Publicada por primera vez en febrero de 1997, esta lista recopilaba los nombres de los entes extranjeros (empresas, centros de investigación, gobiernos e incluso individuos) que participaban en actividades que potencialmente podían derivar en el desvío de productos estadounidenses que podrían ser utilizados en la creación de armas de destrucción masiva.

Desde entonces, sin embargo, los motivos que pueden llevar a ser incluido en esa lista se han ampliado para abarcar otro tipo de actividades sancionadas por el Departamento de Estado, así como la participación en actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional o de la política exterior de Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump incluyó a mediados de mayo a Huawei en la Entity List usando este último argumento.

La decisión trajo como consecuencia que importantes empresas estadounidenses, incluyendo Google, anunciaran que dejarían de trabajar con la empresa china.

Huawei y Google.

Getty Images
Los usuarios de Huawei tendrán que buscar nuevas aplicaciones con las que reemplazar el imperio de Google.

La lista actual de sancionados, publicada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, tiene más de 280 páginas, en las que aparecen entes de decenas de países alrededor del mundo, incluyendo a adversarios tradicionales de Washington como Irán pero también de países aliados como Francia, Alemania, Bélgica y Reino Unido.

Una tercera parte de la lista recoge los nombres de entes radicados en Rusia, país que suma 90 páginas, mientras que China supera las 40.

De América Latina aparecen mencionados cinco países: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Panamá, aunque en el caso de los cuatro primeros su inclusión obedece a las sanciones aplicadas en contra de las filiales locales de Huawei.

Acceso bloqueado

La decisión de incluir a algún actor extranjero en la Entity List es tomada conjuntamente por representantes de los departamentos de Comercio, Estado, Defensa y Energía, que valoran si se cumplen los criterios requeridos.

Si esto se aprueba, quedan prohibidas las ventas, exportaciones, reexportaciones o transferencias de todos los productos de origen estadounidense (incluyendo materias primas, software o cualquier tipo de producto o tecnología) hacia el ente en cuestión.

Planta de aguas pesadas de Irán.

Getty Images
Inicialmente la Entity List fue concebida para combatir la proliferación nuclear.

“Es una herramienta muy poderosa porque implica que las empresas estadounidenses no pueden vender nada, ni un destornillador, sin contar con una autorización previa. Eso significa que el departamento de Comercio tiene la posibilidad de verificar de qué se trata y decidir si emite el permiso”, comenta James Lewis, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), a BBC Mundo.

Kevin Wolf, quien fue subsecretario de Comercio para la Administración de Exportaciones durante el gobierno de Barack Obama, asegura que la lista busca estimular a los entes extranjeros a que abandonen un comportamiento que Washington considera contrario a sus intereses de seguridad nacional.

Explica que, por ejemplo, una empresa puede ser agregada a la lista cuando hay información que permite pensar que está violando sanciones al enviar productos prohibidos a Irán o Corea del Norte; o que pueden ser desviados para actividades terroristas.

El objetivo es que las compañías dejen de actuar de esa forma y puedan salir de la lista. Eso ocurre de forma rutinaria. No es como un proceso civil o penal. Históricamente ha sido usada como una herramienta de persuasión”, apunta Wolf, quien tuvo entre sus responsabilidades la supervisión de la Entity List.

El experto señala que este mecanismo tiene numerosas ventajas para Washington:

  • Es rápido. Permite aplicar sanciones sin tener que cumplir con los exigentes estándares requeridos por un proceso criminal o civil.
  • Es flexible. Puede ser usado con la intensidad que requiera la situación.
  • Es eficaz. Le otorga al gobierno de Estados Unidos gran influencia sobre las empresas extranjeras para buscar su cambio de comportamiento.

Incertidumbre sobre Huawei

Gran parte de la fortaleza de la Entity List reside en que, al prohibir la venta de productos estadounidenses a esas compañías extranjeras, muchas veces estas pueden quedar en una situación comprometida debido a que su modelo de negocio depende de contar con componentes o productos procedentes de EE.UU.

Los dispositivos de Huawei utilizan muchos componentes de empresas estadounidenses como Qualcomm.

Getty Images
Los dispositivos de Huawei utilizan muchos componentes de empresas estadounidenses como Qualcomm.

Pese a ello, Lewis advierte sobre los límites de estas medidas.

Usualmente estas compañías tienen vínculos estrechos con los Estados extranjeros y, con frecuencia, trabajan para programas gubernamentales. El caso de Huawei es parecido. Ellos no van a quebrar debido a estas medidas porque el gobierno de China los mantendrá a flote”.

“La Entity List es una herramienta poderosa que dificulta a las empresas sus operaciones, pero normalmente no caen en bancarrota”, apunta el experto.

En el caso de Huawei, Wolf señala que formalmente su inclusión en esta lista siguió las mismas normas aplicadas durante el gobierno de Obama y de George W. Bush.

“La única diferencia es que este caso es mucho más grande en alcance, magnitud e impacto que cualquier anterior. Huawei es la mayor empresa que haya sido agregada a la Entity List. Además, el valor económico de los bienes estadounidenses que compraba también es muy superior a los casos precedentes”, afirma.

Pero, ¿es posible que Huawei logre salir de esa lista de empresas sancionadas?

“Esa es la pregunta del millón de dólares” responde Wolf.

El experto recuerda que la justificación esgrimida para incluirla en la lista se relacionaba con la violación de sanciones por parte de esa compañía y que también hay un juicio penal que llevó a la detención de una de sus más altas ejecutivas (Meng Wanzhou, quien es directora financiera e hija del fundador de la compañía).

Meng Wanzhou

EPA
Meng Wanzhou, la directora financiera de Huawei e hija mayor del fundador de la compañía, fue detenida en diciembre en Canadá por solicitud de Estados Unidos..

“Una posibilidad es que la inclusión en la Entity List pueda resolverse en conexión con ese caso de sanciones. También puede ocurrir que se vea afectada por las negociaciones comerciales“, apunta.

En el caso de Huawei también entran en juego las acusaciones que le ha hecho Estados Unidos sobre la posibilidad de que la compañía se preste para ayudar al espionaje chino además de su rivalidad comercial con empresas estadounidenses por el desarrollo de las futuras redes 5G.

¿En estas condiciones, podría librarse de las sanciones?

“Esos temas ciertamente están en la mente de todo el mundo y del gobierno. Por eso creo que es muy difícil predecir lo que pueda ocurrir pues, a diferencia de muchos otros casos incluidos en la Entity List, hay muchas preocupaciones tácitas que probablemente afectarán las decisiones de política que tendrán que tomarse”, concluye.


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