Desplazados de Guerrero acusan que el gobierno federal no tiene una estrategia para ayudarlos
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Andrea Vega

Desplazados de Guerrero acusan que el gobierno federal no tiene una estrategia para ayudarlos

Los pobladores esperaban que las autoridades les hubieran presentado ya un plan para atender el tema del desplazamiento interno en Guerrero, pero esto no ha sucedido.
Andrea Vega
27 de febrero, 2019
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Desplazados de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala en la sierra de Guerrero señalaron que a 10 días de estar en plantón frente a Palacio Nacional y tres meses y medio fuera de sus comunidades, las autoridades federales no cuentan con una estrategia, con plazos y fechas definidos, para atenderlos.

En conferencia de prensa, los 300 desplazados que se encuentran en la capital del país en espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador les dé audiencia, contaron que el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, con quien se reunieron el 18 de febrero, no les ha presentado un plan para atender el problema del desplazamiento interno causado por grupos del crimen organizado.

“Pensamos que ese día nos iban a presentar la propuesta de un plan de solución, porque este problema él lo conoce desde antes de que tomara posesión como gobierno, hubo reuniones con nosotros y su equipo, y a tres meses y medio de que los desplazados están fuera de sus casas, no nos mostraron una estrategia”, aseguró Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), organización que acompaña a los pobladores expulsados.

Desplazados de Guerrero esperan frente a Palacio Nacional audiencia con López Obrador

La oficina de la subsecretaria de Goberación respondió que sí hay un plan de apoyo. “Se les recibió el lunes 18 de febrero y los compromisos que se acordaron en esa reunión se están cumpliendo”.

Lo que se acordó, precisó la oficina del subsecretario, “fue gestionar la reunión con el presidente, pero eso depende de su agenda; la parte de ayuda humanitaria, que es lo que le corresponde directo a esta subsecretaria (salud, protección a los niños, agua) ya se está proporcionado y las demandas de retorno y seguridad ya se canalizaron a seguridad pública federal y al gobernador, y se están coordinando”.

El director del Centro Morelos señaló que frente a lo que ellos perciben como una falta de respuesta de los funcionarios, “es que insistimos en la audiencia con el presidente López Obrador. No es un capricho. Necesitamos un plan de trabajo urgente. De nada nos sirve que nos reciba Alejandro Encinas u otros si no existe ese plan, con tiempos y plazos claros”.

Cresencio Pacheco, desplazado de la comunidad de Campo de Aviación del municipio de Leonardo Bravo, mencionó que han estado haciendo guardias para poder abordar a López Obrador en sus entradas y salidas de Palacio Nacional. “El lunes en la mañana logramos abordarlo, a la fuerza se paró, platicamos con él, y le dio indicaciones a Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Atención Ciudadana del Gobierno federal, para que nos atendiera. Nos reunimos con ella y solo nos dijo que somos libres de estarnos aquí el tiempo que queramos”.

Olivares explicó que las demandas de los desplazados de la sierra de Guerrero han sido claras: los pobladores de Leonardo Bravo piden el repliegue y desarme de los grupos armados que los obligaron a salir de sus comunidades. Y los de la comunidad náhuatl de Tlaltempanaca en el municipio de Zitlala piden la reubicación.

En total, contando a los afectados de los dos municipios, unas 1,700 personas tuvieron que dejar sus casas desde noviembre por la llegada de supuestos policías comunitarios que el mismo gobierno estatal reconoce como brazos armados de carteles en pugna por el control de territorio.

Los desplazados acusan que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, no quiso darles audiencia ni les ofreció solución a su problema, y el gobierno federal parece tener ahora la misma postura.

Hay un Guerrero sin gobierno

En noviembre, un grupo de supuestos policías comunitarios llegó a la comunidad náhuatl de Tlaltempanaca en el municipio de Zitlala, Guerrero. Llegaron disparando y amenazando con que iban a matar a todos los hombres, de acuerdo a los relatos de los pobladores. “Quieren sacarnos de nuestras casas para quedarse con el control de la zona. A los que se quedan, los obligan a trabajar para ellos”, contó en entrevista con Animal Político uno de los desplazados.

Él y su familia decidieron salirse. “Ya habían desaparecido a uno de mis hijos, tengo dos. Él trabajaba organizando ferias con esas empresas de libros. Andaba por toda la República. Esos días solo había ido a visitarnos. Lo agarraron y no sabemos nada de él. A los días, llegó el grupo a la comunidad, mi otro hijo andaba en su camioneta, le dispararon. Me lo hirieron, pero logramos sacarlo y llevarlo al hospital. Ahí ya decidimos irnos”.

Por eso, agregó, “es que nosotros no podemos regresar. Si volvemos van a matarnos. A los que se quedaron ya los tienen trabajando para ellos. Nosotros no podemos volver. Necesitamos que nos reubiquen y como el gobierno estatal no quiere ayudarnos, necesitamos que nos ayude el gobierno federal, el presidente”.

Los desplazados señalaron que están dispuestos a quedarse frente a Palacio Nacional el tiempo que sea necesario, aunque admitieron que están ya teniendo problemas con el suministro de víveres. “Hay organizaciones que nos están apoyando con comida, pero los desplazados somos muchos. En el día hace calor y nos falta agua, y en la noche está lloviendo y hace frío, nos faltan cobijas también”, precisó Cresencio Pacheco, el desplazado de Campo de Aviación, de Leonardo Bravo.

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EPA

Qué dice el documento sobre la investigación del 11-S recién desclasificado por el FBI

El memorando enumera algunos contactos entre varios ciudadanos sauditas y los secuestradores de los aviones, pero no implica directamente al gobierno de Riad.
EPA
12 de septiembre, 2021
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En el vigésimo aniversario del atentado más mortífero en suelo estadounidense, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un documento que analiza las posibles conexiones entre varios ciudadanos sauditas en Estados Unidos y dos de los atacantes del 11 de septiembre de 2001.

Los familiares de las víctimas de los ataques de las Torres Gemelas llevaban años solicitando la divulgación de estos archivos clasificados, argumentando que los funcionarios sauditas habrían tenido conocimiento previo del atentado pero que no intentaron detenerlo.

15 de los 19 secuestradores de los aviones eran ciudadanos sauditas.

Sin embargo, el documento —el primero de varios que se espera que sean hechos públicos— no proporciona ninguna evidencia de que el gobierno saudita hubiera estado vinculado o tuviera conocimiento del complot contra las Torres Gemelas.

Antes de la desclasificación, la embajada saudita en Washington se mostró a favor de que los archivos se sacaran a la luz, y una vez más negó cualquier vínculo entre su país y los secuestradores, señalando que tales afirmaciones son “falsas y maliciosas”.

¿Qué dice el documento?

El documento del FBI de 16 páginas se basa en entrevistas con una fuente cuya identidad está clasificada (nombrada como PII) y describe los contactos entre varios ciudadanos sauditas y dos de los secuestradores, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Midhar.

Ambos se hicieron pasar por estudiantes para ingresar a Estados Unidos en el año 2000.

El memorando del FBI dice que luego recibieron un apoyo logístico significativo de Omar al-Bayoumi, quien, según testigos, era un visitante frecuente del Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles a pesar de que su estatus oficial en ese momento era el de estudiante.

Según la fuente del FBI, Bayoumi tenía “un estatus muy alto” en el consulado.

“La asistencia de Bayoumi a Hamzi y Midhar incluyó traducción, viajes, alojamiento y financiación”, dice el documento.

Ataque torres gemelas

Getty Images

Por otra parte, el archivo del FBI también asegura que hubo vínculos entre los dos secuestradores y Fahad al-Thumairy, un imán (líder musulmán) de la mezquita del rey Fahad en Los Ángeles, a quien las fuentes citadas describen como “de creencias extremistas”.

Tanto Bayoumi como Thumairy abandonaron Estados Unidos semanas antes de los ataques del 11 de septiembre, según la agencia de noticias AP.

La agencia también citó a Jim Kreindler, un abogado de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, diciendo que el documento publicado “valida los argumentos que presentados en el litigio sobre la responsabilidad del gobierno saudí en los ataques del 11 de septiembre”.

El mes pasado, una demanda iniciada por familiares llevó a que varios altos exfuncionarios sauditas fueran interrogados bajo juramento.

Joe Biden en el Pentágono

EPA
Las familias de algunas víctimas llevaban tiempo presionando al presidente Joe Biden para que desclasificara los documentos.

Las administraciones precedentes, las de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump,se negaron a desclasificar los documentos, citando como argumento la seguridad nacional.

Pero el actual presidente Joe Biden ordenó la semana pasada una revisión de los documentos y les pidió a los funcionarios que publicaran lo que pudieran durante los próximos seis meses.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre vínculos oficiales sauditas con el atentado, dado el número de ciudadanos de ese país involucrados y los antecedentes del líder de al Qaeda, Osama bin Laden.

El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Getty Images
El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Estados Unidos y Arabia Saudita han sido aliados durante mucho tiempo, aunque a veces la relación ha sido compleja.

El anterior presidente estadounidense, Donald Trump, fortaleció los lazos entre su país y la monarquía absoluta.

Pero Biden calificó a Arabia Saudita de “paria” después de que en febrero de este año un informe de inteligencia de Estados Unidos implica al príncipe heredero, Mohammed bin Salman, en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018. Bin Salman niega haber ordenado el asesinato, que tuvo lugar en el consulado saudita en Estambul.

El corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, afirma que desde entonces Biden ha suavizado su postura hacia el que es el hombre más poderoso de Arabia Saudita, reflejando la importancia de la alianza entre ambos países.


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