Desplazados de Guerrero acusan que el gobierno federal no tiene una estrategia para ayudarlos
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Andrea Vega

Desplazados de Guerrero acusan que el gobierno federal no tiene una estrategia para ayudarlos

Los pobladores esperaban que las autoridades les hubieran presentado ya un plan para atender el tema del desplazamiento interno en Guerrero, pero esto no ha sucedido.
Andrea Vega
27 de febrero, 2019
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Desplazados de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala en la sierra de Guerrero señalaron que a 10 días de estar en plantón frente a Palacio Nacional y tres meses y medio fuera de sus comunidades, las autoridades federales no cuentan con una estrategia, con plazos y fechas definidos, para atenderlos.

En conferencia de prensa, los 300 desplazados que se encuentran en la capital del país en espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador les dé audiencia, contaron que el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, con quien se reunieron el 18 de febrero, no les ha presentado un plan para atender el problema del desplazamiento interno causado por grupos del crimen organizado.

“Pensamos que ese día nos iban a presentar la propuesta de un plan de solución, porque este problema él lo conoce desde antes de que tomara posesión como gobierno, hubo reuniones con nosotros y su equipo, y a tres meses y medio de que los desplazados están fuera de sus casas, no nos mostraron una estrategia”, aseguró Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), organización que acompaña a los pobladores expulsados.

Desplazados de Guerrero esperan frente a Palacio Nacional audiencia con López Obrador

La oficina de la subsecretaria de Goberación respondió que sí hay un plan de apoyo. “Se les recibió el lunes 18 de febrero y los compromisos que se acordaron en esa reunión se están cumpliendo”.

Lo que se acordó, precisó la oficina del subsecretario, “fue gestionar la reunión con el presidente, pero eso depende de su agenda; la parte de ayuda humanitaria, que es lo que le corresponde directo a esta subsecretaria (salud, protección a los niños, agua) ya se está proporcionado y las demandas de retorno y seguridad ya se canalizaron a seguridad pública federal y al gobernador, y se están coordinando”.

El director del Centro Morelos señaló que frente a lo que ellos perciben como una falta de respuesta de los funcionarios, “es que insistimos en la audiencia con el presidente López Obrador. No es un capricho. Necesitamos un plan de trabajo urgente. De nada nos sirve que nos reciba Alejandro Encinas u otros si no existe ese plan, con tiempos y plazos claros”.

Cresencio Pacheco, desplazado de la comunidad de Campo de Aviación del municipio de Leonardo Bravo, mencionó que han estado haciendo guardias para poder abordar a López Obrador en sus entradas y salidas de Palacio Nacional. “El lunes en la mañana logramos abordarlo, a la fuerza se paró, platicamos con él, y le dio indicaciones a Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Atención Ciudadana del Gobierno federal, para que nos atendiera. Nos reunimos con ella y solo nos dijo que somos libres de estarnos aquí el tiempo que queramos”.

Olivares explicó que las demandas de los desplazados de la sierra de Guerrero han sido claras: los pobladores de Leonardo Bravo piden el repliegue y desarme de los grupos armados que los obligaron a salir de sus comunidades. Y los de la comunidad náhuatl de Tlaltempanaca en el municipio de Zitlala piden la reubicación.

En total, contando a los afectados de los dos municipios, unas 1,700 personas tuvieron que dejar sus casas desde noviembre por la llegada de supuestos policías comunitarios que el mismo gobierno estatal reconoce como brazos armados de carteles en pugna por el control de territorio.

Los desplazados acusan que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, no quiso darles audiencia ni les ofreció solución a su problema, y el gobierno federal parece tener ahora la misma postura.

Hay un Guerrero sin gobierno

En noviembre, un grupo de supuestos policías comunitarios llegó a la comunidad náhuatl de Tlaltempanaca en el municipio de Zitlala, Guerrero. Llegaron disparando y amenazando con que iban a matar a todos los hombres, de acuerdo a los relatos de los pobladores. “Quieren sacarnos de nuestras casas para quedarse con el control de la zona. A los que se quedan, los obligan a trabajar para ellos”, contó en entrevista con Animal Político uno de los desplazados.

Él y su familia decidieron salirse. “Ya habían desaparecido a uno de mis hijos, tengo dos. Él trabajaba organizando ferias con esas empresas de libros. Andaba por toda la República. Esos días solo había ido a visitarnos. Lo agarraron y no sabemos nada de él. A los días, llegó el grupo a la comunidad, mi otro hijo andaba en su camioneta, le dispararon. Me lo hirieron, pero logramos sacarlo y llevarlo al hospital. Ahí ya decidimos irnos”.

Por eso, agregó, “es que nosotros no podemos regresar. Si volvemos van a matarnos. A los que se quedaron ya los tienen trabajando para ellos. Nosotros no podemos volver. Necesitamos que nos reubiquen y como el gobierno estatal no quiere ayudarnos, necesitamos que nos ayude el gobierno federal, el presidente”.

Los desplazados señalaron que están dispuestos a quedarse frente a Palacio Nacional el tiempo que sea necesario, aunque admitieron que están ya teniendo problemas con el suministro de víveres. “Hay organizaciones que nos están apoyando con comida, pero los desplazados somos muchos. En el día hace calor y nos falta agua, y en la noche está lloviendo y hace frío, nos faltan cobijas también”, precisó Cresencio Pacheco, el desplazado de Campo de Aviación, de Leonardo Bravo.

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Cuba aprueba el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas LGBTTTIQ+

Dos tercios de los electores en Cuba dieron el "sí" a la normativa que regirá sus relaciones familiares y que también contempla la gestación subrogada.
26 de septiembre, 2022
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Cuba aprobó el nuevo Código de las Familias por una amplia mayoría en el referendo celebrado el domingo.

Un total de 3 mil 93 millones de cubanos (el 66.87%) votaron “sí” al nuevo marco legar que regirá las relaciones familiares en el país, según los resultados preliminares anunciados este lunes por el Consejo Electoral Nacional.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de éstas o la gestación subrogada son algunas de las propuestas más destacadas y polémicas del documento de 104 páginas que reemplazará una normativa de 1975.

Los datos

Mientras, 1.95 millones de electores (el 33.13%) se decidieron por el “no”, según las cifras provistas por el CEN.

El Consejo Electoral Nacional considera estos resultados preliminares como “válidos e irreversibles” e indicó que, a la espera del conteo final, ya se puede confirmar que ha sido ratificado el Código de las Familias.

Acudieron a las urnas 6.25 millones de cubanos, el 74.01% de los 8.44 millones que componían el padrón.

Uno de los centros de votación en La Habana.

Getty Images
Uno de los centros de votación en La Habana.

Se trata de la participación más baja en un referendo en la historia reciente de Cuba, si bien los otros dos anteriores fueron para aprobar sendas constituciones, la de 1976 y la de 2019.

Cubanos residentes en el exterior tuvieron la posibilidad de participar en este proceso electoral, que no ha sido supervisado por organismos internacionales.

En los meses previos al referendo, el gobierno desplegó una amplia campaña a favor del “sí” en los medios de comunicación estatales (los únicos legales), en la calle y redes sociales, mientras el “no” fue defendido por particulares y organizaciones como la Conferencia Episcopal de Cuba con mensajes en internet.

El Código de las Familias se ha aprobado en un momento de profunda crisis económica en Cuba, donde la principal preocupación entre sus más de 11 millones de habitantes es capear la escasez de todo tipo de productos, desde alimentos y medicinas hasta artículos de aseo o ropa, y los cada vez más frecuentes apagones.

Antes de someterse a referendo se realizó una consulta popular entre febrero y abril de este año en la que participaron 6.5 millones de cubanos, según el gobierno.

Qué cambia en Cuba

El nuevo Código de las Familias permitirá legalizar el “matrimonio igualitario”, la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños y la “gestación solidaria” o subrogada sin fines de lucro.

Papeletas del referendo en Cuba

Getty Images
Así eran las papeletas que más de 6 millones de cubanos introdujeron en las urnas este domingo.

También abre vías para penalizar a los agresores domésticos en aspectos como la custodia de sus niños, reparto de bienes o herencia; protege la comunicación entre los menores y sus abuelos en caso de divorcio, e incorpora legalmente a madrastras y padrastros como tutores.

Además, permite a los padres elegir el orden de los apellidos de sus hijos y amplía -al menos sobre el papel, ya que esto requiere de recursos materiales- la protección de adultos mayores o discapacitados.

Otro punto destacado es la posibilidad de que los abuelos adquieran responsabilidad parental, algo importante teniendo en cuenta que en los últimos meses decenas de miles de cubanos de mediana edad han emigrado, en muchos casos dejando a sus progenitores al cuidado de los menores de la casa.

Un pasado oscuro y polémico

De aprobarse el referendo el domingo, Cuba se convertiría en el país número 34 en el que, de manera parcial o total, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El respaldo del gobierno a esta iniciativa contrasta con la persecución que sufrieron los homosexuales en las primeras décadas de la revolución de 1959.

El régimen de Fidel Castro consideraba la homosexualidad un vicio propio de la sociedad capitalista y burguesa.

Fidel Castro y el Che Guevara

Getty Images
Fidel Castro y el Che Guevara eran conocidos por su escasa tolerancia hacia la homosexualidad.

“No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista”, declaró públicamente el gobernante en 1965.

En aquellos años los homosexuales -junto con sacerdotes y otras personas consideradas contrarrevolucionarias- eran detenidos con frecuencia, expulsados de sus empleos y encarcelados en campos de trabajos forzosos llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) para su “rehabilitación”.

Recorte de periódico de Granma sobre las UMAP.

Granma
Unos 25.000 cubanos, según estimaciones, fueron recluidos en las UMAP entre 1965 y 1968. Eran campos de trabajos forzosos inspirados en los de otros países comunistas de la esfera de la URSS en los que se buscaba “reeducar” a personas con tendencias consideradas contrarias a los valores del socialismo y la Revolución.

Tras dos décadas de dura represión, en 1979 se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo y comenzó una liberalización gradual que se aceleró ya en el siglo XXI.

“El Gobierno se vio obligado a reconciliarse con su pasado cercano de intolerancia y discriminación para encajar en el nuevo orden global postsocialista. El país necesitaba abrirse al mundo y ofrecer una imagen de apertura”, explicó el historiador cubano Abel Sierra Madero.


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