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Desplazados de Guerrero esperan frente a Palacio Nacional audiencia con López Obrador
Desplazados de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, en Guerrero, esperan frente a Palacio Nacional a que el presidente Andrés Manuel López Obrador les dé audiencia.
19 de febrero, 2019
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“Son tres meses ya de vida estancada, de no tener nada, de no hacer nada. El día se nos va y lo único que podemos hacer es tomar nuestros alimentos, ir al baño, dormir. Mi hija estaba en el último año de preparatoria y mi hijo en tercero de secundaria y ya no han podido seguir estudiando. Lo hemos perdido todo: casa, trabajo, escuelas, animales; por eso estamos aquí frente a Palacio Nacional, para que el presidente nos escuche y nos ayude”, dice una de las desplazadas de la comunidad de Filo de Caballos, en el municipio de Leonardo Bravo en la sierra de Guerrero.

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Los desplazados se instalaron bajo toldos que ellos mismo trajeron. Foto: Andrea Vega.

Prefiere no dar su nombre, por seguridad, como el resto de sus compañeros que acceden a contar lo que están viviendo pero sin identificarse. Llegaron la noche del domingo 17 de febrero al Zócalo capitalino y se instalaron en casas de campaña, bajo toldos que ellos mismos trajeron o sobre una colchoneta, que en el día usan para cubrirse del sol.

Son alrededor de 300 pobladores desplazados –por la disputa de territorio entre bandas criminales– de las comunidades que conforman el corredor Filo de Caballos-Casa Verde, la ruta por donde se mueve todo lo que quiere entrar o salir de la Sierra de Guerrero. Hay también pobladores de la comunidad náhuatl de Tlaltempanaca, en el municipio de Zitlala.

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Coinciden en que están en la Ciudad de México porque el gobernador de su estado, Héctor Astudillo, no ha querido ayudarlos.

“No nos ha dado ni audiencia, ni solución. A los cuatro días de que estábamos desplazados en el auditorio de la cabecera municipal de Leonardo Bravo nos dijeron que podíamos regresar a nuestras comunidades”, cuenta una de las desplazadas de la comunidad de Los Morros sobre su situación en la Sierra, “ya nos estaban subiendo, y nos balacearon, hasta los militares estaban temblando. Nos tuvimos que regresar. Por eso lo que pedimos es el repliegue de esos grupos armados, que no son policía comunitaria, son grupos crimínales”, afirma.

Cuatro mujeres explican que desde 2012 empezó la violencia en Leonardo Bravo, “pero se puso peor desde 2017. Empezaron las balaceras más seguido: una al mes, luego una a la semana, dos a la semana. Ya nada más corríamos a Campo de Aviación. Cuando se acababa la balacera, volvíamos. Pensamos que está vez iba a ser igual, pero no, hasta allí llegaron los balazos, tuvimos que irnos a la cabecera municipal y no hemos podido volver a nuestras casas”.

Los desplazados de Leonardo Bravo cuentan que el 11 de noviembre llegaron a sus comunidades más de mil hombres armados, vestidos todos de negro, entraron disparando y los obligaron a irse. “Sabemos que vienen de Tierra Caliente. Son gente muy pobre. Si nosotros estamos en malas condiciones, los que entraron a nuestras comunidades están peor, por eso los convencen de unírseles y a algunos los obligan”, cuenta un señor de unos 60 años, de la comunidad de La Escalera.

“Se ha dicho que son policía comunitaria y que entraron a la comunidad porque nosotros robábamos en el corredor de Los Filos-Casa Verde. Pero ni ellos son comunitarios ni nosotros somos delincuentes. Nos sacaron porque quieren el control del corredor, porque por ahí se mueve todo para la Sierra, y porque es zona minera y ellos extorsionan a los de las minas, o están coludidos con ellos”, asegura una de las afectadas de Filo de Caballos.

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Los desplazados de Leonardo Bravo son en total 1,600 pobladores de 8 comunidades y su petición al gobierno federal es que desarmen a los grupos crimínales y que tome el control de la seguridad en la zona para que quienes han tenido que salir de sus casas puedan regresar en paz.

Los 78 desplazados de Zitlala, que están refugiados en una cancha de basquetbol del municipio vecino de Copalillo, lo que piden es la reubicación. De este grupo la mayoría son mujeres y niños.

De los que están frente a Palacio Nacional, pocos, solo los de menor edad, hablan español. “A mi papá, al papá de él (señala un bebé que carga una de las mujeres) y al papá de ella (una niña que está a su lado) se los llevaron. Entraron a las casas por ellos y se los llevaron. No sabemos por qué ni dónde están. Por eso nos fuimos, nos dijeron que si no, nos iban a matar”, cuenta una niña de unos diez años.

“Nosotros no podemos volver”, dice su tía con el poco español que logra hablar. Después suelta varias frases en náhuatl y la niña traduce que quieren un lugar donde vivir, que eso le piden al presidente, porque a su comunidad ya no pueden volver. “El grupo que está allí no nos va a perdonar que salimos huyendo”, agrega.

desplazados Guerrero

Los desplazados llegaron la noche del domingo 17 de febrero al Zócalo capitalino.

Manuel Olivares, director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), organización que acompaña a los desplazados de Zitlala y Leonardo Bravo, contó que la mañana del lunes 18 de febrero Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, le aseguró que gestionaría la reunión con López Obrador, pero hasta el cierre de esta edición los desplazados no tenían noticia alguna.

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