Alrededor de 300 desplazados de las comunidades de Zitlala y Leonardo Bravo, en la sierra de Guerrero, salieron al medio día de este domingo rumbo a la Ciudad de México para instalarse afuera de Palacio Nacional, hasta lograr una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde noviembre, 78 pobladores de la comunidad indígena náhuatl de Tlaltempanaca, en el municipio de Zitlala, y unas 1,600 personas de ocho comunidades de Leonardo Bravo están viviendo en campamentos improvisados, en auditorios y canchas deportivas de municipios vecinos.
Ambos desplazamientos fueron provocados por personas que se ostentan como policías comunitarias pero que en realidad –señalan pobladores, defensores de derechos humanos y hasta la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero– son brazos armados de grupos del crimen organizado, que se están disputado zonas de potencial minero y rutas de trasiego de drogas.
Los desplazados de Leonardo Bravo le han pedido al gobierno del estado que desarme a estos grupos y los repliegue, para que ellos puedan regresar seguros a sus comunidades. En tanto los de Tlaltempanaca exigen la reubicación, pues aseguran que si vuelven los asesinarán.
Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), organización que acompaña a los desplazados de Zitlala y Leonardo Bravo, ha acusado al gobierno de Guerrero de no dar una solución a las demandas de los pobladores.
“Desde el 15 de noviembre solicitamos audiencia con el gobernador y no nos la ha dado. Hay mucha omisión para atender los casos de los desplazados. A los de Tlaltempanaca los querían hacer regresar a su comunidad aunque sus vidas corren peligro”, señaló Olivares.
El activista afirmó que también han tenido platicas con autoridades federales, entre ellos Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con quien hablaron durante la Cuarta Brigada de Búsqueda de Personas Desparecidas, pero hasta ahora no ha habido solución para los desplazados.
Es por eso que las 300 personas decidieron trasladarse a la Ciudad de México y quedarse frente a Palacio Nacional, hasta que el presidente López Obrador les dé audiencia y se resuelvan sus demandas.
