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Ilustración por @mauricioosm / Vice

Una empresa monopoliza los servicios de alimentos de presos y enfermos en México

Una investigación realizada por VICE y Quinto Elemento Lab reveló que una compañía mantiene el monopolio del servicio de alimentos en cárceles, hospitales y estancias infantiles. Ha logrado contratos millonarios sin licitación.
Ilustración por @mauricioosm / Vice
Por Karla Casillas y Laura Sánchez Ley / VICE México
25 de febrero, 2019
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Eran las 13 horas y miles de reos del Penal Estatal de Puente Grande en Guadalajara esperaban su turno para pasar frente al cocinero que con el cucharón servía a cada uno el menú del día: sopa de lentejas, ceviche de soya, frijoles de la olla, salsa roja y tres tostadas. Pero algo en ese plato no olía bien y hubo quienes prefirieron aguantar el hambre hasta la cena y devorar una porción de frijoles de la olla, pan dulce y café con leche.

Después, como cada noche, los presos se encaminaron hacia sus celdas. No habían llegado a ellas cuando muchos empezaron a sentir dolor de estómago y de cabeza, diarrea, sudores y náuseas. Hacia las 23:00 horas quedó claro que la noche de ese 24 de mayo de 2014 no sería igual a las demás.

Los quejidos y los gritos de auxilio a la enfermería hicieron sonar las alarmas. Los reos pelearon por el único retrete dentro de sus congestionadas celdas. Quienes no lograron abrirse paso entre sus compañeros tuvieron que defecar o devolver el estómago ahí mismo en el suelo.

No se trató de una decena de reos intoxicados; tampoco de 450 como reportó el gobierno a la prensa en los días que siguieron. Según documentos, hasta ahora inéditos, 683 reos, la mayoría jóvenes, cayeron enfermos, 640 con diarrea. La escena era dantesca. La de ese día fue una de las intoxicaciones más numerosas en la historia reciente de las cárceles en América Latina.

Los internos enfermaron de salmonelosis, causada por una bacteria que viaja en las heces de animales y humanos, y que las autoridades encontraron en 81 muestras tomadas a los enfermos, según informó el 28 de mayo el Laboratorio Estatal de Salud Pública. La “probable fuente de infección” fue el ceviche de soyaque les sirvieron ese día.

“Estábamos en shock”, recordó José, exmiembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que estaba preso y que recuerda haber visto a muy pocos médicos y enfermeros atendiendo el brote. “¿Qué va a pasar? ¿Cuántos nos vamos a morir?”, la idea le atormentó aquella noche. José, que pidió la reserva de su nombre completo, dijo que la cárcel estuvo a punto del descontrol; los custodios y las autoridades se vieron sobrepasadas.

La crisis se diluyó días más tarde y, para fines oficiales, el contrato por casi 196 millones de pesos (mdp) que tenía La Cosmopolitana siguió en pie y el capítulo quedó cerrado con una sanción de 331 mil pesos y un donativo por 720 mil para remodelar la cocina.

Esta no era la primera crisis relacionada con la comida que protagonizó esta compañía y tampoco fue la última.

De acuerdo con un informe inédito que elaboró la Comisión Nacional de Seguridad, justo la comida y la falta de agua para beber estuvieron entre las principales razones que animaron el motín en Islas Marías, Nayarit, el 2 de febrero de 2013. La revuelta dejó 32 heridos, algunos de ellos por impactos de bala, y causó graves daños a edificios y vehículos, como muestran fotografías en poder de este medio.

Además, una revisión de cientos de páginas de auditorías, informes, amparos de presos y quejas ante Derechos Humanos, además de una serie de estudios hechos entre reos y custodios, reveló que persistieron los problemas con la calidad, la cantidad y la higiene de los alimentos.

En un estudio más reciente, realizado por académicas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en 2017, los custodios y empleados de cuatro cárceles federales se quejaron de recibir comida en mal estado; algunos dijeron haber encontrado hilos, larvas, gusanos y cucarachas en sus alimentos. La proveedora, La Cosmopolitana, es una empresa propiedad de la familia Landsmanas y forma parte del Corporativo Kosmos (CK).

Una investigación de más de un año realizada por VICE y Quinto Elemento Lab reveló que esta compañía se ha convertido, sigilosamente, en el monopolio del servicio de comidas para un enorme número de mexicanos cautivos.

Según los 704 contratos a los que tuvo acceso este equipo de investigación, en 2002 este proveedor tenía negocios con el gobierno por al menos 6 millones de pesos (mdp). En 2009, por 343 mdp. Para 2018 tenía contratos por más de 5 mil millones de pesos.

De acuerdo con esta investigación, Corporativo Kosmos tiene tal fuerza que ha logrado contratos por al menos 29 mil 76 millones de pesos entre 2002 y lo que va de 2019 –una tercera parte sin licitación–. Esto, sin contar los que firmó con Pemex y sus subsidiarias, y que la paraestatal se negó a entregar.

Las empresas de Corporativo Kosmos alimentan a los enfermos que duermen en el IMSS, a los niños en guarderías del DIF, a los atletas del alto rendimiento y a trabajadores que pasan semanas en las plataformas marinas de Pemex, damnificados y policías. También dan de comer al personal administrativo, custodios y reos de 14 penales federales, a presos de las 15 cárceles de la Ciudad de México y de prisiones en otros estados; a funcionarios en secretarías de Estado e incluso a quienes fueron a parar a El Torito en una noche de excesos.

El 19 de febrero, en una entrevista con el noticiero Panorama Informativo, de Grupo ACIR, el nuevo director de Centros Penitenciarios Federales, Francisco Garduño, se refirió a La Cosmopolitana, sin llamarla por su nombre. Hay una empresa “que está en todos lados”, dijo, y aseguró que los contratos que tiene con las cárceles federales son “leoninos”.

Al día siguiente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en rueda de prensa que presentará un informe acerca de los monopolios de venta de comida y medicamentos a gobierno, y habló de revisar los contratos.

Diversas fuentes informaron a este medio que Julio Scherer Ibarra, actual consejero jurídico de la Presidencia y persona cercana a López Obrador, fue abogado de La Cosmopolitana y de Productos Serel, otra de las empresas de la familia Landsmanas. Esta información fue confirmada por Ulises Castellanos, asesor en comunicación y medios del abogado.

Castellanos dijo que estas empresas fueron clientes del despacho Scherer y Asociados durante alrededor de cinco años y que la relación de trabajo finalizó en octubre de 2018. “Llevaba asuntos de muchos empresarios y políticos”.

El abogado que jugó del lado de este gran corporativo ahora es parte de un gobierno que, a decir del encargado de prisiones, no está del todo satisfecho con los contratos (que por cierto vencen en agosto).

De acuerdo con la información recabada por VICE y Quinto Elemento Lab, el mayor cliente de CK en el gobierno son las cárceles federales. Entre 2012 y 2016 el gobierno le asignó dos contratos de cuatro años cada uno por un total de 12 mil 223 mdp. A partir de entonces, La Cosmopolitana ya no se dedica solamente a servir los alimentos, sino que fue contratada para prestar 12 servicios más, como la lavandería, jardinería, pintura y mantenimiento, entre otros.

El segundo cliente más importante de los Landsmanas es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que los ha contratado cada año sin falta desde 2003 para su red de hospitales. En tercer lugar está el gobierno de la Ciudad de México para sus cárceles, bomberos, el Metro y el DIF.

Los directivos de Corporativo Kosmos declinaron a insistentes solicitudes de entrevista en las seis semanas previas a esta publicación. “El grupo tiene firmados distintos contratos con cláusulas de confidencialidad, lo que nos impide contestar a las preguntas que nos hace”, respondieron al cierre de esta edición.

Lee la investigación completa aquí

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#YoSoyAnimal
The Hattori family

Yoshihiro Hattori: cómo tocar la puerta equivocada acabó con la vida de un adolescente japonés en EU

Un estudiante japonés de intercambio se perdió en Louisiana en Halloween de 1992 y murió tras recibir un balazo. El accidente desató toda una campaña para cambiar las leyes de control de armas en Estados Unidos.
The Hattori family
21 de octubre, 2019
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En octubre de 1992, Yoshihiro Hattori tocó la puerta equivocada.

Yoshi, como se le conocía, era un estudiante japonés de intercambio de 16 años que iba a una fiesta de Halloween en Baton Rouge, Louisiana, en el sur de Estados Unidos.

Estaba con su amigo Webb, y estaban perdidos.

Los dos muchachos cometieron un error inocente que le costó la vida a Yoshi.

Al accidente le siguió un frenesí mediático y luego una campaña masiva para cambiar las leyes de armas de EE.UU.

Los padres de Yoshi, su familia anfitriona en EE.UU. y un abogado de Louisiana hablaron con la BBC sobre aquel día de hace 27 en el que cambió sus vidas.

“Lo amaban”

En el verano de 1992, Yoshi viajó a EE.UU., donde iba a pasar un año de intercambio, a través de American Field Service (AFS), una organización mundial de intercambio para jóvenes.

Fue recibido en Dallas, Texas, por sus anfitriones, los Haymaker, que lo llevaron a su casa en Baton Rouge.

Yoshihiro Hattori pescando en 1989.

The Hattori family
Yoshihiro Hattori (en una imagen de 1989, posando con dos pescados) llegó a EE.UU. en 1992 para pasar allí un año como estudiante de intercambio.

Holley Haymaker, médica, y su esposo, Dick Haymaker, físico teórico, habían recibido estudiantes de intercambio antes. Pero Hattori les causó una impresión inmediata, dijeron.

“Yoshi era un extrovertido total”, recordó Holley. “Los alumnos de McKinley High School lo amaban porque era un espíritu muy libre”.

El hijo de los Haymakers, Webb, que tenía 16 años en ese momento, le dice a la BBC que Yoshi tenía un “enorme apetito por la vida y la experiencia” y que trataba de hacer amigos donde quiera que fuera.

“Estamos aquí para la fiesta”

La noche del sábado 17 de octubre, Yoshi y Webb iban a una fiesta de Halloween al noreste de Baton Rouge, en la ciudad de Central.

Yoshi estaba disfrazado del personaje de John Travolta en “Fiebre de sábado por la noche”, y Webb, de víctima de un accidente.

“Llegamos a una calle y vimos una casa que tenía decoraciones de Halloween, tres autos en la entrada y la dirección era 10311, aunque nosotros que queríamos ir al 10131. Pero vi la dirección y dije ‘¡aquí es!'”, cuenta Webb.

Webb Haymaker (centro) hablando con reporteros japoneses en un viaje a Japón en 1994.

AFP/Getty
Webb Haymaker (centro) hablando con reporteros japoneses en un viaje a Japón en 1994.

Webb y Yoshi tocaron la puerta, pero no obtuvieron respuesta. Luego vieron a una mujer abrir la puerta lateral del garaje y mirar hacia afuera antes de cerrarla abruptamente.

“Nos estábamos yendo algo confundidos, y yo preguntándome si era otra casa”, señala Webb. “Pero alguien abrió la puerta, Rodney Peairs”.

Peairs, un carnicero de supermercado de 30 años, sostenía un revólver Magnum .44, y Yoshi se volvió hacia él.

“Supongo que no entendió que tenía un arma. Tal vez pensó que era algo de Halloween”, recuerda Webb.

“Simplemente dijo, a todo volumen y feliz, ‘¡Estamos aquí para la fiesta! ¡Estamos aquí para la fiesta!'”.

Peairs gritó “¡Quieto!”, pero Yoshi parecía no entender y siguió avanzando. Peairs disparó una vez, le dio a Yoshi en el pecho y cerró la puerta.

“Un vecino cualquiera”

Al otro lado de la ciudad, los Haymakers salían del cine después de ver “El último mohicano”.

La policía ubicó a Holley en su buscapersonas y cuando los contactó, le dijeron que Webb estaba bien, pero que Yoshi no.

Los padres de Yoshi, Masa y Mieko Hattori, se enteraron de la noticia a través de un trabajador de AFS.

Dos días después del asesinato, los Hattori volaron a Nueva Orleans. “Estaba aterrorizada”, recordó Holley. “Yo debía que cuidar a su hijo y lo mataron”.

Pero según Holley, “las primeras palabras que dijo la madre de Yoshi fueron: ‘¿Cómo está Webb?'”.

Cajas llenas con peticiones enviadas a EE.UU. en una campaña para acabar con el acceso fácil a armas organizada por los Hattoris.

The Hattori family
Los Hattori lanzaron una campaña para acabar con el acceso fácil a las armas en EE.UU.

La muerte de Yoshi conmocionó a la gente en Japón, donde las armas de fuego están prohibidas.

Masa y Mieko lanzaron inmediatamente una campaña en Japón pidiendo el fin del acceso fácil a las armas de fuego en EE.UU.

De vuelta en Baton Rouge, la policía inicialmente liberó a Peairs sin cargos, asumiendo que tenía derecho a dispararle a un intruso. Pero después de las quejas del gobernador de Louisiana y el cónsul de Japón en Nueva Orleans, fue acusado de homicidio involuntario.

Sus abogados argumentaron que actuó en defensa propia. Dijeron que Peairs “no era un asesino”, simplemente “un vecino cualquiera” que había reaccionado a la “forma extremadamente inusual de moverse” de Yoshi.

Bonnie Peairs, la esposa de Rodney, le dijo a la corte que Yoshi la había asustado y le había pedido a su esposo que “cogiera el arma”.

En mayo de 1993, Rodney Peairs fue absuelto después de una deliberación del jurado de solo tres horas.

Rodney Peairs saliendo de una prisión de Baton Rouge, en noviembre de 1992.

Getty Images
Los abogados de Rodney Peairs aseguraban que el muchacho podía ser “cualquiera de tus vecinos”.

Sin embargo, Masa y Mieko Hattori no desistieron de su activismo por el control de armas.

“Un viejo compañero de cuarto de Bill Clinton”

Unos 1,7 millones de japoneses firmaron la petición de los Hattori.

Dick Haymaker también decidió reunir firmas en EE.UU. y consiguió alrededor de 150.000.

Ambas familias estaban en Washington en noviembre de 1993 como parte de su campaña cuando lograron que Mieko le enviara una nota a un amigo de la familia que se encontraba en la Casa Blanca. “Un viejo compañero de cuarto de Bill Clinton”, recordó Dick.

El presidente Clinton habló con los Haymaker y los Hattori en el Despacho Oval. “Sentimos que fuimos bienvenidos”, dijeron Mieko y Masa. “Creemos que entendió nuestra posición. Deseaba fuertes leyes de control de armas”.

Mieko (centro) y Masa (derecha) poniéndole un adhesivo relacionado con el control de armas al entonces presidente Bill Clinton.

White House/Courtesy of Richard Haymaker
Mieko (centro) y Masa (derecha) poniéndole un adhesivo relacionado con el control de armas al entonces presidente Bill Clinton.

Los Hattori y los Haymaker reconocen que pese a su apoyo en privado, había poco que el presidente pudiera hacer en la práctica.

Pero la campaña de ambas familias y también el 30 aniversario del asesinato del presidente John F. Kennedy ese mes ayudaron a crear conciencia sobre el tema.

El Congreso aprobó la Ley Brady, para la prevención de la violencia con armas de fuego, que ordena la revisión de los antecedentes de los compradores de armas y un período de espera de cinco días para todas las compras.

Clinton promulgó la norma unas semanas después de reunirse con los Hattori y los Haymaker.

El embajador de EE.UU. en Japón, Walter Mondale, se reunió con los Hattori en diciembre de 1993 y les dio una copia de la ley, diciendo que habían tenido un “impacto muy claro en la aprobación del proyecto”.

La norma se había propuesto por primera vez en 1991, pero no se sometió a votación hasta unos meses después de la muerte de Yoshi.

El verano siguiente, en septiembre de 1994, el Congreso aprobó una moratoria de 10 años sobre la fabricación de ciertas armas semiautomáticas para uso civil.

Dick Haymaker dijo que era un momento en que el control de armas parecía posible.

“Las cosas podían cambiar, y sí cambiaron. La Ley Brady fue un primer paso importante en la verificación de antecedentes”, señaló.

James Brady (izquierda) observa a Bill Clinton firmando la Ley Brady.

AFP/Getty
Bill Clinton firmando la Ley Brady en noviembre de 1993, al lado de James Brady, que recibió un disparo en 1981 durante el intento de asesinato de Ronald Reagan.

Pero la lucha de los Hattori no acabó con esa ley. Iniciaron una demanda civil contra Rodney Peairs, su esposa Bonnie y su compañía de seguro de vivienda.

Se pusieron en contacto con Charles Moore, un abogado con experiencia en estos casos y que había renunciado a sus honorarios.

“Pensé que el seguro se negaría a pagar porque había sido un acto intencional y no hay cobertura para los actos intencionales”, dijo Moore en una entrevista telefónica.

Para su sorpresa, la aseguradora pagó US$100.000. El juez William Brown le dijo al tribunal que la autodefensa “no era aceptable”.

“No había justificación para que un asesinato fuera necesario para que Rodney Peairs se salvara”, dijo el juez Brown.

Los Hattori donaron el dinero para financiar medidas de control de armas en EE.UU.

Mieko y Masa siguen siendo activistas. Recientemente, hablaron con estudiantes que sobrevivieron al tiroteo de Parkland en febrero de 2018 y participaron en la “Marcha por nuestras vidas” en marzo de 2018.

Masa y Mieko (centro) en la "Marcha por nuestras vidas" en Nagoya, en marzo de 2018.

The Hattori family
Masa y Mieko (centro) en la “Marcha por nuestras vidas” en Nagoya, en marzo de 2018.

Los Haymaker donaron cientos de miles de dólares a grupos de control de armas y crearon el Fondo Conmemorativo Yoshihiro Hattori, que busca ayudar a cubrir los costos de los jóvenes japoneses que estudian en la universidad de Dick, Carleton College, en Minnesota.


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