Araceli López coordina una estancia infantil en el Estado de México desde que empezó el programa, hace 12 años. Recibe niños en edad preescolar que son hijos de trabajadoras informales, de madres adolescentes que están terminando sus estudios y de algunos padres solos.
Actualmente recibe todos los días a una niña con hidrocefalia, cuya madre está preocupada por los recortes presupuestales a estancias infantiles que ha anunciado el gobierno federal. De no recibir los recursos, las estancias irán suspendiendo sus servicios y los padres no tendrán quién cuide a sus hijos mientras trabajan.
“El gobierno supuestamente nos iba a dar por esos niños con discapacidad un apoyo de mil 800 pesos, nunca lo hicieron pero aun así se le dio el servicio. La niña llegó muy insegura pero ahora convive con sus compañeros y está muy contenta. Si cerramos las estancias, ¿dónde la va a dejar su mamá? Porque ella tiene que trabajar para llevarla a sus terapias”, relató Araceli a Animal Político durante la manifestación que este martes realizó un grupo de responsables de estancias infantiles mexiquenses en el Zócalo de la Ciudad de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en días recientes que se suspenderá la entrega de apoyos sociales a las estancias infantiles para evitar que se haga mal uso de los recursos, ya que su gobierno detectó actos de corrupción en el proceso de distribución, como listas de niños adulteradas y recursos que se entregaban incompletos.
Sin embargo, las cuidadoras aseguran que la corrupción se comete al interior de las dependencias que los entregan, pues los coordinadores y delegados de la secretaría (antes de Desarrollo Social, actualmente del Bienestar) les han impuesto siempre un ingreso límite de niños y les otorgan los recursos conforme a esa cifra, por lo que aseguran que ellas no podrían ‘inflar’ la lista para obtener más dinero.
“El presupuesto salía cada año por la capacidad de cada estancia. La mía era para 34 niños, el año pasado yo tuve 17 registrados porque no nos dieron para registrar, pero ellos liberaban el presupuesto para los 34, no para 17, a nosotras nos daban lo de 17 ¿Qué hacían con el dinero que sobraba? Quién sabe, y así tienen a muchas compañeras”, sentenció Araceli López.
Agregó que el argumento que les daban los coordinadores de SEDESOL para no entregarles el recurso completo era que no había presupuesto, pero después veían que abrían más estancias. “Después supimos que había estancias de coordinadores, de los enlaces, pero eso ya no es cosa de nosotros. Si hubo corrupción que la busquen, pero donde está”, instó la responsable de estancia.
Otra de las manifestantes, Patricia Pérez, advirtió que si las estancias dejan de recibir los 900 pesos mensuales por niño que la secretaría les otorga a través del Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, estarán imposibilitadas para seguir cuidando de los niños, con lo que dejarán sin apoyo al sector más vulnerable de los trabajadores: madres y padres solteros, jóvenes, personas sin estudios profesionales y sin seguridad social.
Al mismo tiempo, señaló Patricia, se estaría dejando sin empleo a maestras y cuidadoras que actualmente llevan a cabo esta labor durante una jornada completa (ocho horas) sin prestaciones y con un salario de tres mil pesos mensuales, en promedio.
“El día de hoy nos convocamos para que conozcan el programa, ya que nosotros apoyamos a madres trabajadoras y padres solos, que no tienen un empleo fijo: madres que venden por catálogo o tienen un puesto ambulante; gente que no cuenta con seguridad social para llevar a sus hijos a esas guarderías. La población más vulnerable“, explicó Pérez Montoya.
El grupo de unas 50 mujeres instaló en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México los juegos y actividades que realizan con los menores en las estancias, a fin de mostrar que sus labores de cuidado no se limitan a alimentar y vigilar a los niños sino que buscan elevar su desarrollo con planes que resultan mucho más complicados de llevar a cabo en una casa.
El presidente informó que, en lugar de dar los recursos a las estancias, se entregarán directamente a los padres para que ellos decidan si pagar por los servicios de cuidado a la misma estancia, o a alguno de sus familiares para que cuide a los menores. El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa argumentó que si se entrega el dinero a las familias, además de evitar la corrupción en los intermediarios, los niños recibirán un mejor cuidado porque estarán atendidos por sus abuelas, quienes recibirían un apoyo de 800 pesos mensuales directamente de las manos de sus hijos.
Pero las responsables de las estancias señalan que muchos abuelos también trabajan, otros están enfermos o no tienen posibilidades materiales para cuidar de sus nietos, por lo que la atención que les dan puede ser limitada; mientras que en una estancia hay personal capacitado para alimentarlos, asearlos, educarlos e impulsar su desarrollo. “Y ellos también ya merecen descansar, ya trabajaron y ahora les toca disfrutar el tiempo que les queda”, agregó Araceli López.
Derechos en riesgo
La polémica medida de López Obrador para eliminar la corrupción en la distribución de estos apoyos ya ha causado diversas reacciones de organismos defensores de derechos humanos, de las mujeres y de la infancia. Este martes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un comunicado en el que expresa su preocupación por el impacto que el recorte presupuestal puede tener en los derechos de niñas, niños y sus familias, al restringir su derecho a la educación y estimulación temprana, “a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral”.
El presidente de la Comisión, Luis Raúl González, dirigió un documento a la Cámara de Diputados y las secretarías de Hacienda y del Bienestar exhortándolos a evaluar si la decisión de entregar el dinero directamente a las familias resulta “pertinente y viable”, considerando que dados los altos índices de pobreza y vulnerabilidad social, es probable que los apoyos económicos sean destinados a cubrir otras necesidades y no a garantizar los derechos de la niñez.
El recorte, advierte la CNDH, puede propiciar que los trabajadores y trabajadoras afectados busquen otras opciones para el cuidado de los menores, derivando en un gasto familiar imprevisto o bien, ante la falta de redes de apoyo familiar, podrían verse forzados a dejarlos al cuidado de personas “sin preparación para el desempeño de labores de cuidado, lo cual constituye un riesgo para su integridad y seguridad”.
Asimismo, la Comisión subraya que el recorte ahondaría las brechas de género en el país, ya que las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de niñas y niños. Esta postura coincide con la de 17 organizaciones que este lunes se pronunciaron contra los comentarios del secretario Urzúa, argumentando que refuerzan los estereotipos de género y minimizan la obligación del Estado de eliminar los obstáculos para que hombres y mujeres puedan garantizar el cuidado de sus hijos e hijas.
Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) advirtió que el recorte a este programa es un acto de discriminación contra las madres trabajadoras y deja en mayor vulnerabilidad a las niñas y niños más pobres; ya que no se aplicó de la misma forma a otros servicios subrogados a los que tienen derecho los trabajadores formales, como los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Para Redim, esto constituye “un trato desigual en la garantía del derecho al desarrollo y educación de niñas y niños de 1 a 4 años”.
