Investigadores, sociedad civil y especialistas en educación hicieron una propuesta de Reforma Educativa que fue avalada por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD y publicada este miércoles en la Gaceta de la Cámara de Diputados, que busca complementar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los principales aspectos está centrar el mérito para el ingreso y desarrollo docente a través de concursos de selección, pero excluyendo las medidas punitivas establecidas en la Reforma Educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, y la necesidad de contar con un organismo independiente de evaluación de la política educativa en el país.
La propuesta de reforma denominada “MMI: mantiene, mejora e innova”, forma parte de las iniciativas de la sociedad civil para los foros públicos organizados por el Legislativo y la Secretaría de Educación Pública en la que se busca escuchar a expertos, universidades y padres de familia rumbo a la aprobación de la Reforma Educativa del nuevo gobierno.
Los especialistas que hicieron dicha propuesta conformaron la iniciativa RED (Red, Educación, Derechos), con tres premisas básicas: “los elementos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo que son valiosos y deben mantenerse; los aspectos que pueden mejorarse del Artículo Tercero actual, y los temas en donde sugerimos innovar basándonos en nuestra experiencia escolar y de investigación”, explica Pedro Flores Crespo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro.
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La iniciativa busca abonar a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador anunciada en diciembre pasado en la que planteó derogar la Reforma Educativa aprobada en el sexenio pasado como parte de un “compromiso cumplido, maestros y maestras” para no volver a “faltar al respeto” a los docentes con evaluaciones “punitivas”.
Sin embargo, en dicha propuesta no se establece cuál sería el mecanismo para el ingreso de nuevos aspirantes al servicio docente ni el tipo de evaluación para los maestros en activo.
Por lo tanto, los expertos plantean en la iniciativa que “se elimina la evaluación del desempeño ligada a la permanencia, toda vez que su aplicación, en los términos del texto vigente, ha sido identificada como un elemento punitivo, diluyendo su función diagnóstica y formativa orientada a la mejora de la práctica docente”.
Así, la propuesta de reforma al artículo Tercero constitucional se propone que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y la media superior “se llevarán a cabo mediante concursos de selección que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”.
Y en una ley reglamentaria se establezcan los criterios, términos y condiciones de la evaluación respetando los derechos constitucionales de los trabajadores y tomando en cuenta sus contextos demográfico, social y económico. Por lo tanto, “serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”.
Con ello se aspira a “despojar a la evaluación docente de connotaciones punitivas y sumativas privilegiando su contribución a la mejora continua del sistema educativo”, cumpliento con ello que el ingreso al servicio profesional ocurra “bajo los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y objetividad”.
Esto porque parte de las prácticas previas a la Reforma del expresidente Peña Nieto era la venta y herencia de plazas docentes, lo que impedía que el mérito y el perfil de los nuevos maestros estuvieran acorde a las necesidades educativas.
Otro de los puntos es que la medición del mérito, proponen, debería realizarse por instancias con autonomía plena y técnicamente calificadas para diseñar instrumentos adecuados y adaptados al contexto de cada profesor, justamente atendiendo uno de los argumentos de los profesores que han insistido en que no puede evaluarse de la misma forma a quien da clases en Guerrero que en Nuevo León, por ejemplo.
En la propuesta de Reforma del presidente López Obrador se establece la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la creación del nuevo órgano autónomo Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación (el Centro).
Al respecto, los expertos proponen que el nuevo Centro “cuente con las garantías institucionales que brinda la autonomía constitucional” para cumplir con su responsabilidad de “generar y difundir información con base en la cual emitirá recomendaciones de política educativa”.
