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Archivo Cuartoscuro
Gobierno de Guerrero omite dar solución a desplazados por violencia; pedirán ayuda federal
Aunque existe una ley para atender el desplazamiento interno en Guerrero, activistas acusan al gobernador, Héctor Astudillo, de no atender el problema.
Archivo Cuartoscuro
7 de febrero, 2019
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Una comunidad de 1,600 personas, entre los que se encuentran 400 niños, quieren volver a sus casas, luego de que el 11 de noviembre de 2018 saliera huyendo de ocho agrupaciones del municipio de Leonardo Bravo, en el centro del estado de Guerrero.

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No buscan la reubicación, solo quieren regresar. Pero piden el desarme y el repliegue de un grupo de supuestos policías comunitarios, a quienes en medios locales identifican como el brazo armado de un grupo del crimen organizado que le disputa a otro el control de esta zona, en donde en unos meses iniciará una mina para explotar oro. Además, ésta es un área de presunta siembra, cultivo y trasiego de amapola y tráfico de armas, de acuerdo con reportes oficiales de autoridades federales.

Desde el pasado 11 de noviembre, los 1,600 pobladores de Leonardo Bravo están refugiados en un auditorio de la cabecera municipal. El gobierno de Guerrero y el del municipio se han encargado de darles comida. Es el único apoyo. Los niños y adolescentes no están yendo a ninguna escuela. De hecho, ya llevan dos ciclos sin clases por la violencia en el área central del estado.

El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) se ha encargado de darles acompañamiento. Ha estado gestionando el apoyo del gobernador, Héctor Astudillo, para lograr el desarme del grupo armado que llegó a las comunidades y el regreso a salvo de los pobladores.

“El gobernador nos dijo que la semana pasada la gente podría volver a sus casas, pero no pasó nada. Ya las personas están muy desesperadas”, dijo Manuel Olivares, director del centro.

La organización también apoya a otros desplazados, en particular a 70 personas que salieron huyendo, el 4 de noviembre de 2018, de la comunidad indígena náhuatl de Tlaltempanaca, en el municipio de Zitlala, por la pugna entre células criminales del narcotráfico.

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Los 70 desplazados se fueron hacia Copalillo. Desde entonces están refugiados en la cancha de basquetbol de ese municipio.

A estas 70 personas, el gobierno municipal no quiso, en un inicio, darles comida. Nadie se estaba responsabilizando de eso. El Centro Morelos acopió víveres y se encargó de atenderlos. La noticia de ese apoyo civil se difundió en los medios locales y entonces las autoridades respondieron. La comida empezó a llegar, a través de instancias como el DIF y Protección Civil.

Los desplazados de Tlaltempanaca, a diferencia de los de Leonardo Bravo, no quieren volver a su comunidad. Tienen miedo de las represalias del grupo armado que se está disputando el control de la zona con una banda rival del crimen organizado.

“Están seguros de que si vuelven van a asesinarlos, aunque las autoridades les aseguren lo contrario. Lo que quieren es la reubicación”, afirmó Olivares.

Los dos grupos de desplazados y el Centro Morelos le solicitaron una audiencia al gobernador el pasado 15 de noviembre. Pero hasta el 5 de febrero no habían tenido respuesta.

“Hay mucha omisión por parte del gobierno local”, dijo Olivares, esto pese a que en 2015 se promulgó la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, “la verdad es que al gobierno estatal no le interesa cumplirla”.

Por eso, los activistas y pobladores intentarán hacerle llegar un escrito al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde solicitarán su intervención para apoyar a los desplazados y controlar la violencia en la zona.

Roberto Álvarez Heredia, vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero, dijo por separado que el gobierno del estado sí atiende el tema de los desplazados, pero que es complicado encontrar una solución a sus demandas.

“Hemos priorizado el tema de la seguridad de las personas que se encuentran en calidad de desplazados, porque hay una cuestión muy complicada en esta zona del municipio de Leonardo Bravo, donde tiene operaciones el llamado Cártel del Sur, y el municipio vecino de Heliodoro Castillo, donde está el Cártel de la Sierra. Estos dos grupos están peleando terreno y buscando imponer su dominio en la zona”.

Lo que el gobierno del estado ha hecho frente a eso, agrega, “es un trabajo fino de comunicación, de diálogo para buscar que los dos presidentes municipales puedan llegar a acuerdos y busquen la forma de garantizar las condiciones de seguridad para el regreso de los desplazados, pero hasta ahora no ha sido posible alcanzar esos acuerdos”.

Sobre la reubicación de los pobladores de Tlaltempanaca, dice que desconoce cuál es la demanda de este grupo de desplazados. Pero ofrece tomar nota para plantear la pregunta con el resto de sus compañeros de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero.

Una comunidad de casi 2 mil personas huye por la violencia en Chiapas

El caso Leonardo Bravo

1,600 personas huyeron de ocho comunidades del municipio de Leonardo Bravo después de la llegada de grupos presuntamente pertenecientes al Frente de Policías Comunitarios del Estado de Guerrero (FPCEG) a la comunidad de Filo de Caballos.

Los presuntos comunitarios llegaron de la sierra disparando, señalaron pobladores a medios locales. El interés de los grupos armados aquí es por controlar esta zona con potencial minero.

Los desplazados intentaron ya una vez regresar a sus comunidades y fueron atacados a balazos, por lo que permanecen en la cancha techada de Chichihualco, la cabecera municipal. Es justo el municipio que se había hecho cargo de la alimentación de los desplazados. Aunque desde hace dos semanas es el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, quien les está enviando 5 mil pesos por semana para la compra de sus víveres.

Pero tienen acceso limitado a servicios de salud y los niños y adolescentes no están yendo a la escuela. Aunque esto no es nuevo para ellos. Llevan ya dos ciclos escolares sin poder tomar clases por la violencia en la zona. Maestros y médicos se niegan a prestar ahí sus servicios.

Los desplazados quieren volver a su comunidad. Lo que ellos piden es que se replieguen los grupos crimínales y que policías y militares tomen el control de la seguridad.

Representantes de este numeroso grupo de desplazados esperan poder reunirse la semana próxima con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

“Lo vimos acá la semana pasada –dijo Olivares– por la Cuarta Brigada de Búsqueda de Personas Desparecidas y nos dijo que quizá esta semana podría quedar agendada la reunión. Igual esperamos poder entregarle este jueves a AMLO un documento donde le expondremos la situación de los desplazados y le solicitaremos una audiencia”.

De acuerdo a cifras del gobierno del estado, se calcula que en los últimos cinco años, unas 2,100 familias han sido desplazadas de diferentes pueblos de Guerrero, por la disputa de territorio.

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