Tribunal ordena que vuelva a comenzar el juicio de 6 defensores indígenas del agua, presos desde hace más de una década
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Foto: ONU-México

Tribunal ordena que vuelva a comenzar el juicio de 6 defensores indígenas del agua, presos desde hace más de una década

A pesar de la opinión emitida por la ONU sobre el caso, respecto a que se está criminalizando a defensores del agua, el Poder Judicial mexiquense ordenó reponer el proceso, lo que podría mantenerlos en la cárcel.
Foto: ONU-México
4 de febrero, 2019
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Han pasado 15 años en el Centro de Prevención y Reinserción Social Santiaguito en Almoloya de Juárez, y ahora seis defensores del agua de la comunidad náhuatl de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango Del Valle, en el Estado de México, tendrán que volver al punto de partida de su proceso penal.

Leer: Así encarcela el Estado mexicano a defensores del agua

“Es como si hubieran sido detenidos ayer, como si de un plumazo les dijeran, olvídense de todo, de los 15 años que han pasado en la cárcel, porque lo hicimos mal y tenemos que volver a empezar”, dice Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, organización que lleva la defensa del caso.

Y todo, afirma el abogado, porque “hubo un entendimiento parcial de las autoridades sobre la opinión que la ONU emitió acerca del caso”.

En julio de 2018, diez expertos y relatores especiales de la ONU enviaron al Estado mexicano una comunicación expresando sus preocupaciones en relación con las sentencias que condenaron a los defensores indígenas: Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, Pedro Sánchez, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias, por el homicidio en 2003 del empresario floricultor Alejandro Isaak Basso, con quien la comunidad de San Pedro Tlanixco sostenía una disputa por el uso del agua del río Texcaltengo.

El caso llegó a instancias internacionales, a través del Zeferino Ladrillero, y tras el análisis de la información, incluida la del propio expediente judicial, la ONU-DH –junto con los diez expertos y relatores entre ellos la de pueblos indígenas y el relator de los derechos humanos al agua–consideraron que en primera instancia la administración de justicia no había observado en todas sus dimensiones el derecho al debido proceso, y que la secuencia de violaciones dentro de éste (como basarse en testigos de cargo que no estuvieron en el lugar de los hechos) “puede entenderse como una criminalización de los defensores indígenas en la medida que se constata una inadecuada aplicación de la justicia”.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, resaltó en su informe anual 2018 que “la competencia por los recursos naturales ha colocado a las comunidades indígenas que tratan de proteger sus tierras tradicionales en primera línea de los conflictos, como víctima de la persecución”.

En su informe sobre su misión oficial a México, del año pasado, recomendó que “debe garantizarse que no se utilice el sistema penal de justicia para criminalizar a los pueblos indígenas en la legítima defensa de sus derechos ni a las organizaciones que les asisten”.

Ante ese contexto, la ONU-DH consideró necesario evaluar si la condición de defensores indígenas del agua de las personas acusadas motivó algún abuso en la aplicación del sistema judicial.

Durante 14 años, las instituciones mexiquenses, entre ellas la Procuraduría de Justicia del Estado de México, no reconocieron la condición de indígenas de los seis defensores encarcelados de San Pedro Tlanixco, pese a que se presentaron diversas pruebas de eso, como periciales antropológicas. Fue hasta que se emitieron las recomendaciones de los organismos internacionales que el Tribunal de Justicia estatal “se dio cuenta que son nahuas y decidió reponer el proceso”, dice Lara.

De todas las violaciones al debido proceso que señaló la ONU, “lo único que las autoridades entendieron es que no habían considerado que eran nahuas, pero la parte de que por esas violaciones debían ponerlos en libertad, eso no quisieron abordarlo”, afirma el abogado. 

El 17 de enero fue la última audiencia de apelación del juicio anterior. La defensa de los acusados había metido un amparo por la sentencia de 50 años de cárcel impuesta apenas un año antes.

En esa audiencia, un magistrado de segunda instancia del Poder Judicial mexiquense determinó reponer el proceso.

Lo que hizo el tribunal fue anular la sentencia de los 50 años de cárcel ya emitida y ordenar la reposición, “pero eso no es una buena noticia, los defensores se podrían pasar en la cárcel otros diez años si el juicio vuelve a empezar”, denuncia Lara.

Y es que a tres de los acusados los detuvieron en 2003, pero emitieron sentencia hasta 2007, mientras que a los otros tres, entre ellos la única mujer, Dominga Sánchez Martínez (ahora de 60 años), los detuvieron en 2007 y su sentencia se emitió hasta una década después, apenas el año pasado.

Ahora, los seis detenidos están a la espera de la fecha de la primera audiencia del nuevo proceso, misma que podría definirse el próximo martes. El encargado de llevar el juicio será el juez primero en materia penal de Toluca con sede en el penal de Santiaguito, Maximiliano Vazquez Castañeda, el mismo juzgador que emitió la sentencia condenatoria de los 50 años de cárcel, y que no reconoció antes la condición de indígenas de los acusados ni las irregularidades del proceso.

“Lo que esperamos ahora es que el juzgador reconozca con toda honestidad que estamos frente a personas indígenas, defensoras de derechos humanos, como lo es el derecho al agua, que fueron acusados de un delito que no cometieron y que solo los acusaron por motivos políticos. Esa sería una buena señal de que se empiezan a resarcir las deudas que el Estado mexicano tiene con las personas indígenas”, afirma Lara.

Los seis defensores del agua de Tlanixco están en la lista de los presos políticos que el gobierno ha prometido liberar. “A nosotros se nos dijo, incluso nos lo comentó la senadora Nestora Salgado, que ellos son los primeros seis de esa lista”, asegura el abogado.

Además, el viernes 24 de enero, el Congreso aprobó una resolución en la que pedía a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de “desistirse de la acción penal contra seis indígenas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango Del Valle”.

El Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez admitió que se están explorando diversas vías jurídicas para otorgar la libertad a al menos tres de los seis indígenas de Tlanixco.

De qué se les acusa

A los seis defensores del agua de Tlanixco se les acusa del homicidio del empresario español Alejandro Isaak Basso, quien murió al ir en ascenso por la pendiente de una ladera de más de dos kilómetros.

Basso, habitante del municipio de Villa Guerrero, en el Estado de México, estaba en pleito con la comunidad vecina de San Pedro Tlanixco por el agua del río que él necesitaba para los invernaderos de su empresa florícola, y la comunidad náhuatl para sus actividades cotidianas.

El empresario español y otros floricultores de Villa Guerrero ya habían conseguido, a través de concesiones otorgadas por la Conagua, que la población de Tlanixco no pudiera usar el agua de su río.

El día de su muerte, Isaak Basso llegó, junto con otras cinco personas, hasta Tlanixco para supuestamente revisar por qué el agua del río estaba bajando a Villa Guerrero con espuma.

La comunidad náhuatl lo consideró una provocación. Quisieron llevar a los seis con el delegado de su pueblo, a la sede de las autoridades tradicionales, que estaba en una planicie pendiente abajo. Más de 150 personas bajaron por la ladera. Isaak Basso no llegó con el delegado del pueblo, sus cinco acompañantes sí, pero él apareció muerto en un barranco.

Por esa muerte fueron condenadas seis personas a 50 años de cárcel, en la prisión de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, pese a que no se ha podido establecer su participación concreta en el hecho.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg

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Cuánto se construyó del muro de Trump en la frontera con México que Joe Biden mandó parar

En la búsqueda de la reelección, Trump insistió en que el muro avanzaba rápidamente y en que la factura estaba del lado mexicano.
21 de enero, 2021
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Trump firmando el muro

AFP
En uno de sus últimos actos como presidente Trump visitó el muro y estampó su firma en una placa colocada en la barrera.

Tal y como había prometido durante su campaña, una de las primeras medidas ordenadas por Joe Biden durante su primer día como presidente de Estados Unidos fue detener la construcción del muro en la frontera con México.

Durante la jornada el nuevo mandatario también anunció otros importantes cambios en materia de política migratoria, empezando por un proyecto de ley que establece un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de indocumentados.

Pero nada ejemplifica mejor la ruptura con las políticas de la anterior administración como el fin de la construcción del muro, tal vez el proyecto más representativo de todo el mandato de Donald Trump.

“Ya hemos construido 300 millas (480 kilómetros) del muro fronterizo”, presumió Trump el 28 de agosto pasado, en un mitin celebrado justo después de terminada la Convención Nacional Republicana que oficializó su candidatura a la reelección.

Columpio

AFP
Estos columpios a ambos lados del muro permiten interacción entre personas a ambos lados de la frontera.

“El muro pronto estará listo y nuestros números en la frontera son los mejores de la historia. Por cierto, México está pagando por el muro, por si no lo sabían“, añadió en esa oportunidad el mandatario.

Desde ese momento, en todos sus actos de campaña, Trump insistió en estas dos ideas: que el muro avanzaba rápidamente y que la factura estaba del lado mexicano.

Y, según las proyecciones del mandatario, se esperaba que para principios de 2021 ya se hubieran completado un total de 800km.

Biden firmando una orden ejecutiva

Getty Images
Una de las primeras medidas de Biden fue detener la construcción del muro.

Como en muchas otras cosas, la realidad resultó ser bastante diferente.

¿Cuánto logró realmente avanzar el muro de Trump antes de que Biden cerrara la llave del financiamiento federal que mantenía vivo al proyecto?

Cómo es la frontera

Empecemos ofreciendo algo de contexto.

La frontera entre Estados Unidos y México tiene una longitud de 3.142 kilómetros y antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, había barreras o vallas de separación en un tercio de la frontera, unos 1.050km.

Mapa de la frontera entre EE.UU. y México

BBC

En las zonas más urbanas, las barreras están hechas para impedir el paso de peatones y vehículos.

Las vallas son de diversos tipos: en algunos segmentos son paneles de chapa o acero corrugado, en otras partes hay una malla de alambre o varias superpuestas, y en ciertos sectores, hay barras verticales que miden entre 5,5 y 9,1 metros de altura colocadas sobre cemento y separadas por pequeños espacios.

Instalación de postes verticales en la frontera

Getty Images
Instalación de una valla secundaria de postes verticales en California.

En las áreas más remotas, el gobierno usa “cercas vehiculares”, que son postes de madera cruzados (generalmente obtenidos de las vías ferroviarias) que impiden el paso de vehículos pero que pueden ser superados por peatones.

En el puesto fronterizo entre San Diego y Tijuana, las vallas se adentran hasta 100 metros en el mar y están hechas por materiales resistentes al óxido y la corrosión salina.

Valla se adentra en el océano Pacífico

Getty Images
El muro o valla separa a San Diego y Tijuana y se adentra unos 100 metros en el mar.

En el resto de la frontera, donde hay zonas montañosas, desiertos, humedales y canales en torno al río Bravo (o río Grande), no existe una estructura hecha por el ser humano: la naturaleza forma su propia barrera.

En algunos puntos, la frontera tiene dos o hasta tres capas de barreras, una detrás de otra. Las autoridades se refieren a ellas como barreras primarias, secundarias y terciarias.

Gráfico de detenciones en la frontera EE.UU.-México

BBC

La promesa y las cifras de Trump

Durante la campaña de 2016, Trump prometió construir el muro a lo largo de toda la frontera.

Posteriormente aclaró que solo cubriría la mitad, dado que la naturaleza se encarga del resto.

El rio Bravo (río Grande en EE.UU.)

Getty Images
El rio Bravo (río Grande en EE.UU.) y otros accidentes geográficos crean una frontera natural de por sí difícil de cruzar.

Las dificultades para encontrar financiación para el muro retrasaron los planes del presidente.

Pero a unas semanas de las elecciones y con más de tres años y medio de gobierno en la espalda, Trump se jactaba de que el muro está prácticamente listo.

Muro en el desierto de Sonora

Getty Images
Partes del muro atraviesan el desierto como esta que separa San Luis, Colorado, de Sonora.

En ese momento el presidente afirmaba que ya se han construido 480km y que se esperaba que para principios de 2021 ya se hubieran completado un total de 800km.

Pero las cifras oficiales muestran una cara diferente.

Los datos

Según los últimos datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), al pasado 4 de enero se habían construido “452 millas” (es decir 727 kilómetros) del llamado nuevo sistema de muro fronterizo”.

Pero aunque esto no parece muy lejano a lo prometido por Trump, un análisis más detallado de las cifras ofrece un retrato muy diferente.

Una excavadora en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez

Reuters
En distintos puntos fronterizos de Texas se podían ver los trabajos de construcción o sustitución del muro.

Efectivamente, de los más de 700 km construidos a esa fecha -la inmensa mayoría son sustituciones o reparaciones de estructuras ya existentes que estaban deterioradas.

Eso significa que en realidad solamente se construyeron unos 129 kilómetros de muro nuevo, de los cuales 53km corresponden a vallas secundarias, lo que deja un total de 76km de barreras primarias totalmente nuevas.

Las dificultades para construir de cero

El hecho de que el gobierno Trump no pudiera avanzar en la construcción de un muro totalmente nuevo se explica por varias razones.

Una de ellas es la ya mencionada dificultad para construir en zonas donde la naturaleza se impone, especialmente en las inmediaciones del río Grande.

Valla en Texas

Getty Images
La valla también cruza zonas rurales y agrícolas, como esta cerca en Brownsville, Texas. Los rancheros del norte que tienen propiedades en el sur cruzan la frontera por una gran puerta metálica con cerrojo de seguridad.

También hay que tener en cuenta que muchas de las zonas libres de barreras se encuentran en tierras de propiedad privada y sus dueños no están dispuestos a permitir que se erija un muro en su terreno.

A diferencia de los estados del oeste, donde gran parte de la tierra está bajo control del gobierno, hay cientos de granjas en la ribera del río, ranchos y otras propiedades en manos privadas en Texas.

Algunas carecen de registros de propiedad, otras están en manos de múltiples herederos.

El gobierno planeaba hacer uso de su derecho de expropiación para adquirir los terrenos, pero el proceso es lento e implica dilatadas acciones legales

Y a estos obstáculos se les sumó la falta del presupuesto total necesario para completar la construcción prometida.

Donald Trump en un mitin en New Hampshire el 28 de agosto de 2020

Reuters
La visión de Trump sobre el muro cambió varias veces mientras estuvo en la Casa Blanca.

Lo que nos lleva al siguiente punto: ¿quién pagó por el muro?

México en la mira

El 25 de enero de 2017, Trump firmó un decreto que autorizaba la construcción del muro en la frontera sur.

Pocos meses después, en abril, Trump tuvo que renunciar a hacer la obra en su primer año fiscal como presidente, como era su promesa.

El mandatario insistió en que la gran obra de infraestructura sería financiada por México.

Trabajador en el muro entre Estados Unidos y México a la altura de Mission, Texas

Reuters
El presidente Trump insistió hasta el final en que México estaba pagando la construcción del muro fronterizo.

El entonces presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, rechazó esa afirmación y aseguró en varias ocasiones que su país no pagaría ningún muro.

Y en un encuentro en la Casa Blanca, tanto el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como Trump evitaron hablar del delicado asunto.

Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en la Casa Blanca el 8 de julio de 2020

Reuters
Los presidentes de México y Estados Unidos no hablaron sobre la financiación del muro durante su encuentro en la Casa Blanca a primeros de julio.

Aun así, el mandatario estadounidense siempre insistió en que México estaba pagando el muro, algo que los datos oficiales también contradicen.

Según la CBP, la financiación para la construcción procede de los Departamentos de Seguridad Nacional, Defensa yTesoro.

Esto fue posible gracias a la declaración de estado de emergencia nacional en la frontera firmada por Trump el 15 de febrero de 2019.

El presidente justificó que la declaración era necesaria para proteger al país de una “invasión de drogas y criminales” procedente de México y que supone “un grave riesgo para la seguridad nacional”.

Gráfico de detenciones en la frontera EE.UU.-México

BBC

La medida le permitió desviar para el muro US$6.300 millones de partidas presupuestarias del Departamento de Defensa para la lucha contra las drogas.

A esa cantidad se le sumaron US$3.600 millones del presupuesto del Departamento de Defensa para construcciones militares más unos US$3.400 millones de los presupuestos anuales de la CBP (que depende del Departamento de Seguridad Nacional).

Muro de paneles metálicos

Getty Images
Muro de paneles metálicos vistos desde México.

Todas esas partidas más los US$1.375 millones que sí fueron aprobados por el Congreso en 2018 suman un total de unos US$15.000 millones, una cantidad inferior a los US$25.000 millones inicialmente presupuestados para la construcción del muro.

En cualquier caso, ninguna de estas partidas parece haber provenido de México.

Y el equipo de campaña de Biden no dudó en calificar al muro como “una pérdida de dinero” que “desvía recursos críticos de las amenazas reales”.

El equipo dijo que, en su lugar, desviará los fondos federales hacia esfuerzos como nuevas medidas de control fronterizo.

Así las cosas, todo indica que el muro ya no va a seguir creciendo y que el debate sobre su financiamiento ya llegó a su fin.


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