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Foto: ONU-México
Tribunal ordena que vuelva a comenzar el juicio de 6 defensores indígenas del agua, presos desde hace más de una década
A pesar de la opinión emitida por la ONU sobre el caso, respecto a que se está criminalizando a defensores del agua, el Poder Judicial mexiquense ordenó reponer el proceso, lo que podría mantenerlos en la cárcel.
Foto: ONU-México
4 de febrero, 2019
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Han pasado 15 años en el Centro de Prevención y Reinserción Social Santiaguito en Almoloya de Juárez, y ahora seis defensores del agua de la comunidad náhuatl de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango Del Valle, en el Estado de México, tendrán que volver al punto de partida de su proceso penal.

Leer: Así encarcela el Estado mexicano a defensores del agua

“Es como si hubieran sido detenidos ayer, como si de un plumazo les dijeran, olvídense de todo, de los 15 años que han pasado en la cárcel, porque lo hicimos mal y tenemos que volver a empezar”, dice Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, organización que lleva la defensa del caso.

Y todo, afirma el abogado, porque “hubo un entendimiento parcial de las autoridades sobre la opinión que la ONU emitió acerca del caso”.

En julio de 2018, diez expertos y relatores especiales de la ONU enviaron al Estado mexicano una comunicación expresando sus preocupaciones en relación con las sentencias que condenaron a los defensores indígenas: Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, Pedro Sánchez, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias, por el homicidio en 2003 del empresario floricultor Alejandro Isaak Basso, con quien la comunidad de San Pedro Tlanixco sostenía una disputa por el uso del agua del río Texcaltengo.

El caso llegó a instancias internacionales, a través del Zeferino Ladrillero, y tras el análisis de la información, incluida la del propio expediente judicial, la ONU-DH –junto con los diez expertos y relatores entre ellos la de pueblos indígenas y el relator de los derechos humanos al agua–consideraron que en primera instancia la administración de justicia no había observado en todas sus dimensiones el derecho al debido proceso, y que la secuencia de violaciones dentro de éste (como basarse en testigos de cargo que no estuvieron en el lugar de los hechos) “puede entenderse como una criminalización de los defensores indígenas en la medida que se constata una inadecuada aplicación de la justicia”.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, resaltó en su informe anual 2018 que “la competencia por los recursos naturales ha colocado a las comunidades indígenas que tratan de proteger sus tierras tradicionales en primera línea de los conflictos, como víctima de la persecución”.

En su informe sobre su misión oficial a México, del año pasado, recomendó que “debe garantizarse que no se utilice el sistema penal de justicia para criminalizar a los pueblos indígenas en la legítima defensa de sus derechos ni a las organizaciones que les asisten”.

Ante ese contexto, la ONU-DH consideró necesario evaluar si la condición de defensores indígenas del agua de las personas acusadas motivó algún abuso en la aplicación del sistema judicial.

Durante 14 años, las instituciones mexiquenses, entre ellas la Procuraduría de Justicia del Estado de México, no reconocieron la condición de indígenas de los seis defensores encarcelados de San Pedro Tlanixco, pese a que se presentaron diversas pruebas de eso, como periciales antropológicas. Fue hasta que se emitieron las recomendaciones de los organismos internacionales que el Tribunal de Justicia estatal “se dio cuenta que son nahuas y decidió reponer el proceso”, dice Lara.

De todas las violaciones al debido proceso que señaló la ONU, “lo único que las autoridades entendieron es que no habían considerado que eran nahuas, pero la parte de que por esas violaciones debían ponerlos en libertad, eso no quisieron abordarlo”, afirma el abogado. 

El 17 de enero fue la última audiencia de apelación del juicio anterior. La defensa de los acusados había metido un amparo por la sentencia de 50 años de cárcel impuesta apenas un año antes.

En esa audiencia, un magistrado de segunda instancia del Poder Judicial mexiquense determinó reponer el proceso.

Lo que hizo el tribunal fue anular la sentencia de los 50 años de cárcel ya emitida y ordenar la reposición, “pero eso no es una buena noticia, los defensores se podrían pasar en la cárcel otros diez años si el juicio vuelve a empezar”, denuncia Lara.

Y es que a tres de los acusados los detuvieron en 2003, pero emitieron sentencia hasta 2007, mientras que a los otros tres, entre ellos la única mujer, Dominga Sánchez Martínez (ahora de 60 años), los detuvieron en 2007 y su sentencia se emitió hasta una década después, apenas el año pasado.

Ahora, los seis detenidos están a la espera de la fecha de la primera audiencia del nuevo proceso, misma que podría definirse el próximo martes. El encargado de llevar el juicio será el juez primero en materia penal de Toluca con sede en el penal de Santiaguito, Maximiliano Vazquez Castañeda, el mismo juzgador que emitió la sentencia condenatoria de los 50 años de cárcel, y que no reconoció antes la condición de indígenas de los acusados ni las irregularidades del proceso.

“Lo que esperamos ahora es que el juzgador reconozca con toda honestidad que estamos frente a personas indígenas, defensoras de derechos humanos, como lo es el derecho al agua, que fueron acusados de un delito que no cometieron y que solo los acusaron por motivos políticos. Esa sería una buena señal de que se empiezan a resarcir las deudas que el Estado mexicano tiene con las personas indígenas”, afirma Lara.

Los seis defensores del agua de Tlanixco están en la lista de los presos políticos que el gobierno ha prometido liberar. “A nosotros se nos dijo, incluso nos lo comentó la senadora Nestora Salgado, que ellos son los primeros seis de esa lista”, asegura el abogado.

Además, el viernes 24 de enero, el Congreso aprobó una resolución en la que pedía a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de “desistirse de la acción penal contra seis indígenas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango Del Valle”.

El Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez admitió que se están explorando diversas vías jurídicas para otorgar la libertad a al menos tres de los seis indígenas de Tlanixco.

De qué se les acusa

A los seis defensores del agua de Tlanixco se les acusa del homicidio del empresario español Alejandro Isaak Basso, quien murió al ir en ascenso por la pendiente de una ladera de más de dos kilómetros.

Basso, habitante del municipio de Villa Guerrero, en el Estado de México, estaba en pleito con la comunidad vecina de San Pedro Tlanixco por el agua del río que él necesitaba para los invernaderos de su empresa florícola, y la comunidad náhuatl para sus actividades cotidianas.

El empresario español y otros floricultores de Villa Guerrero ya habían conseguido, a través de concesiones otorgadas por la Conagua, que la población de Tlanixco no pudiera usar el agua de su río.

El día de su muerte, Isaak Basso llegó, junto con otras cinco personas, hasta Tlanixco para supuestamente revisar por qué el agua del río estaba bajando a Villa Guerrero con espuma.

La comunidad náhuatl lo consideró una provocación. Quisieron llevar a los seis con el delegado de su pueblo, a la sede de las autoridades tradicionales, que estaba en una planicie pendiente abajo. Más de 150 personas bajaron por la ladera. Isaak Basso no llegó con el delegado del pueblo, sus cinco acompañantes sí, pero él apareció muerto en un barranco.

Por esa muerte fueron condenadas seis personas a 50 años de cárcel, en la prisión de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, pese a que no se ha podido establecer su participación concreta en el hecho.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg

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Cómo se frenó la hiperinflación en Venezuela (y por qué no es tan buena noticia)
Durante varias semanas entre febrero y marzo, la tasa de inflación en Venezuela redujo de forma notable su ritmo de crecimiento, según las estimaciones. Sin embargo, algunos economistas consideran que las causas de ese fenómeno son preocupantes.
19 de abril, 2019
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Es una buena noticia. Pero podría no durar mucho. La hiperinflación que sufre Venezuela desde finales del año 2017, la mayor actualmente en el mundo, registró una marcada desaceleración durante varias semanas entre los meses de febrero y marzo pasado, según las estimaciones de las firmas de análisis.

Desde el inicio de este proceso la inflación diaria registrada en ese país se ubicaba en un promedio de 2,9% diario pero durante esas semanas mencionadas anteriormente descendió hasta el 0,7% diario.

Venezuela no publica datos oficiales de inflación desde hace años.

En medio de esa desaceleración hubo productos cuyo precio llegaron a estancarse y, en algunos casos, como en el de los embutidos, los quesos y otros productos perecederos, incluso descendió al ser ofrecidos a la venta con fuertes descuentos.

Es un motivo de alivio y de pequeño respiro para los venezolanos, que encaran numerosos problemas de diversa índole por la crisis económica que sufre el país.

Algunos expertos, sin embargo, no creen que esto sea el inicio del fin de la hiperinflación.

“Eso es algo que puede considerarse como un síntoma bueno, pero se produjo por las causas equivocadas y es algo que no se puede prolongar en el tiempo”, advierte Tamara Herrera, directora de la consultora Síntesis Financiera, a BBC Mundo.

Pero, ¿exactamente qué ocurrió?

Medidas radicales

A finales de 2018, la inflación en Venezuela crecía a una tasa superior al 100% mensual. A partir de 50% es cuando pasa de inflación a hiperinflación.

En enero llegó a superar el 200% como consecuencia de una fuerte devaluación de la moneda aplicada por el gobierno: la tasa de cambio oficial se ubicó por encima de la registrada en el mercado paralelo, el más usado tradicionalmente por el control cambiario que impone el gobierno chavista.

Como consecuencia de ello, las ventas de los comercios de desplomaron en enero y siguieron cayendo aún más el mes siguiente.

“Ese proceso continuó en marzo, cuando se produjo la gran crisis eléctrica que acentuó la situación depresiva por las bajas ventas y es un factor adicional de parálisis”, afirma Herrera.

Señala que la caída del consumo llevó a la acumulación de inventarios y obligó a empresas y comercios a reducir precios para poder cobrar y seguir operando, en un momento en el cual la banca no estaba ofreciendo créditos.

Según Herrera y otros expertos, esta imposibilidad de acudir al sistema financiero fue un elemento fundamental en la desaceleración de la hiperinflación.

Desde septiembre pasado, el Banco Central de Venezuela decidió aumentar de forma progresiva el encaje o reserva legal (el porcentaje de los depósitos recibidos por las entidades financieras y que por ley estas no pueden utilizar).

La principal finalidad de esta reserva es contar con fondos que permitan evitar una crisis de liquidez. Sin embargo, en el contexto de la política monetaria también suele utilizarse para restringir el crédito y así reducir la inflación. Al final de cuentas, si las personas y las empresas disponen de menos dinero tienen que limitar sus gastos.

En el caso de Venezuela, la decisión de las autoridades fue llevar el encaje legal hasta el 100%, el máximo nivel posible y uno que -según Herrera- no tiene precedentes.

De esta forma, las entidades financieras vieron severamente restringida su capacidad para otorgar créditos.

El Banco Central de Venezuela presentó esta medida como parte de la política de intervención en el mercado cambiario que prevé ejecutar en coordinación con el Poder Ejecutivo, dentro del “Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad” anunciado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Así, con la restricción de la liquidez se estaría apuntando a reducir la cantidad de bolívares circulantes y disponibles para comprar dólares.

De esta manera, se intentaría evitar que la moneda venezolana se siguiera devaluando, lo que también es una fuente importante de inflación en un país en el que gran parte de los productos que se consumen son importados.

Algunos economistas, sin embargo, no consideran esta política como la más apropiada.

El gobierno entendió que la hiperinflación es un problema monetario pero, en lugar de asumir el costo y dejar de emitir dinero inorgánico (que es la raíz principal de la hiperinflación), sigue emitiendo dinero por su cuenta pero obliga a la banca a que deje de prestar”, señala a BBC Mundo Guillermo Arcay, economista de Ecoanalítica y profesor de Macroeconomía de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.

Arcay afirma que el BCV aumenta la masa monetaria en promedio en 18% mensual.

Aunque el fenómeno de la hiperinflación es relativamente reciente en Venezuela, ese país registra altas tasas de inflación desde hace varios años, algo que muchos economistas atribuyen al hecho de que el elevado gasto público se financia por la vía de la emisión de dinero inorgánico, esto es, que no tiene su correspondiente respaldo.

Esa visión, sin embargo, ha sido rechazada de forma reiterada por el oficialismo.

“La causa determinante de la hiperinflación en Venezuela no es el aumento de la cantidad de dinero, es la manipulación política y criminal del tipo de cambio“, escribió en un análisis en noviembre pasado la economista Pascualina Curcio, quien fue viceministra del gobierno de Maduro y es profesora de la Universidad Simón Bolívar de Caracas.

El gobierno venezolano acusa de los problemas de escasez e hiperinflación a una guerra económica desatada en su contra por parte de la oposición y de Estados Unidos, quienes a su vez, achacan estos problemas a las malas políticas y a la supuesta corrupción del Ejecutivo venezolano.

El gobierno de Estados Unidos impone sanciones a Venezuela, incluidas al sector petrolero, clave de la economía del país.


El bolívar no aguantó mucho

Por Guillermo Olmo, corresponsal del BBC News Mundo en Venezuela

En un país como Venezuela, en el que las autoridades no difunden datos sobre el comportamiento de la economía, la cotización del bolívar frente al dólar en el mercado paralelo se ha convertido en uno de los pocos indicadores fiables para la mayoría.

Durante los meses de febrero y marzo, al contrario de lo que había sido la tónica de los últimos años, la cotización del “bolo”, como conocen los venezolanos a su moneda, se mantuvo relativamente estable.

Un dólar se cambiaba aproximadamente por 3.500 bolívares, y así fue durante varias semanas, como resultado, según los expertos, de las medidas drásticas de contracción de la liquidez aplicadas por el gobierno de Nicolás Maduro.

Pero, como temían los especialistas, su efecto ha sido efímero.

Esta semana el dólar ya se estaba cambiando por más de 5.000 bolívares. Todo parece indicar que, de nuevo, el bolívar cae sin freno.


Graves consecuencias

Aunque las estimaciones de los analistas indican que la hiperinflación registró una desaceleración y que, incluso, hubo productos que llegaron a bajar de precio, Arcay asegura que se trató de un fenómeno efímero y que la gente no lo pudo apreciar en su vida cotidiana.

“En este proceso, el ingreso de las personas se mantuvo igual en términos nominales, por lo que -en realidad- su calidad de vida siguió deteriorándose a un paso rápido“, apunta.

Destaca que otra de las herramientas que usó el gobierno de Maduro fue rezagar el gasto fiscal, evitando desde enero decretar aumentos de salarios en el sector público, pese a que en lo que va de año la inflación acumulada ya debe superar el 500%.

El gobierno de Maduro volvió a devaluar el tipo de cambio oficial esta semana, lo que usualmente anticipa un aumento de la inflación.

Tamara Herrera apunta a un pronóstico sombrío.

“Esto es algo que no se puede repetir de forma reiterada porque vas a llevar al quiebre a las empresas y a los comercios. Entonces, vas a llegar al fin de la hiperinflación por la vía de la liquidación de la actividad económica. Le bajaste la fiebre al enfermo pero lo hiciste a costa de llevarlo a un estado precomatoso“, concluye.


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