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Archivo Cuartoscuro

Las y los: el lenguaje incluyente ya será obligatorio en la comunicación del gobierno

Con la entrada del nuevo código de ética, funcionarios y funcionarias del gobierno federal adquirieron la obligación de manejarse bajo un lenguaje incluyente.
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Desde el pasado 6 de febrero de 2019, todos los funcionarios y funcionarias del gobierno federal adquirieron la obligación de manejarse, en todos los ámbitos de sus atribuciones y competencias, bajo un “lenguaje incluyente”, por lo cual todas las “comunicaciones institucionales” de la administración pública deberán “visibilizar a ambos sexos”.

Tal como establece el nuevo “Código de ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal”, publicado el pasado 5 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, las personas que desempeñen un “empleo, cargo o comisión” gubernamental, o en alguna de sus empresas productivas (como Pemex o CFE), ahora están obligados a “eliminar el lenguaje discriminatorio basado en cualquier estereotipo de género” durante el cumplimiento de sus funciones.

Igualmente, el Código de Ética les impone la obligación de “fomentar una cultura igualitaria e incluyente”, por lo cual promoverán “la igualdad entre mujeres y hombres”, además de que deberán respetar “la identidad y orientación sexual” de las personas.

El objetivo de esta medida, señala el documento (emitido por la Secretaría de la Función Pública) es lograr la “institucionalización de la perspectiva de género en el servicio público”.
Por ello, quienes cumplan alguna función en el servicio público federal “deberán brindar un trato igualitario a todos los individuos”, por lo que de ahora en adelante, queda totalmente prohibido que incurran en “cualquier acción u omisión que menoscabe la dignidad humana, derechos, libertades o que constituya alguna forma de discriminación”.

Cabe destacar que este comportamiento ético no sólo es una obligación de servidores públicos en relación con la población que deben atender, sino que también deben ejercer los mismos valores en el trato con el resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, independientemente de su escalafón, “con el objeto de generar ambientes que privilegien el respeto de las personas”.

Y luego qué…

El lenguaje incluyente, explicó Silvia Solís, representante de la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC, procura el reconocimiento “de todos los tipos de poblaciones que existimos, y que se deje de usar un lenguaje que siempre invoque a lo masculino, porque en esas formas de comunicación, todo lo femenino, y todas las diversidades, quedan totalmente invisibilizados”.

Por esa razón, explicó Solís, el que se vuelva obligatorio el uso de lenguaje incluyente en todas las comunicaciones institucionales del gobierno federal “es algo muy bueno, porque da muestra de una intención de política pública para institucionalizar una forma de comunicación en la que, desde el movimiento feminista, venimos insistiendo desde siempre”.

Contemplar de forma explícita a hombres y mujeres, explicó, es algo necesario “porque lo que no se nombra no existe. El lenguaje es la herramienta con la que explicamos el mundo, y esa explicación debe incluirnos a todas y a todos”.

Así, subrayó, incluir esta disposición en el Código de Ética del gobierno federal es muy buena noticia, pero ahora hay que esperar que lo cumplan: ya en el sexenio pasado, Enrique Peña Nieto había anunciado con bombo y platillo que su plan nacional de desarrollo iba a estar cruzado transversalmente por la perspectiva de género y de derechos humanos, pero nunca cumplió. La perspectiva de género no se aplicó ni siquiera en las políticas directamente relacionadas con mujeres”.

Además, señaló la integrante de Equidad de Género AC (organización con 22 años de trayectoria en la formación de liderazgos femeniles), la aplicación del lenguaje incluyente no puede considerarse más que un ingrediente, en un proceso que tendría que contemplar muchos otros elementos.

“Aplicar perspectivas de género es algo que falta prácticamente en todos los rubros del gobierno mexicano –señaló la especialista–, tendría que reflejarse en el presupuesto, en la política social, en la política educativa, en la política de salud, en la política de seguridad, en todos los ámbitos de competencia del gobierno, cuyos integrantes están obligados a atender las necesidades de la población”.

De todos los rubros pendientes, subrayó, “el más grave es el de la violencia: de los 12 feminicidios que se cometen en América Latina diariamente, México aporta nueve; hay un montón de alertas de género que ni siquiera son cumplidas; existen ejemplos de violencia institucional en distintos rubros del ejercicio público, entonces, qué bueno que estén haciendo esto de hacer obligatorio el uso del lenguaje incluyente en las comunicaciones institucionales, pero es necesario que lo reflejen en otro tipo de políticas también”.

Detrás del lenguaje

Ricardo Ayllon, de la asociación Género y Desarrollo AC (que desde hace 15 años trabaja con hombres, para la erradicación de la violencia machista) también consideró como algo “muy bueno” que la nueva administración federal estableciera como obligatorio el uso de lenguaje incluyente para quienes cumplen funciones públicas, sin embargo, advirtió que más allá de esta medida, “tal parece que en este gobierno no hay mayor interés por las perspectivas de género, y si solo se limita a usar ‘las y los’ en sus comunicados, nos estaremos quedando muy cortos”.

En México, recordó, en los sexenios anteriores “ya hemos visto cómo se hizo mal uso de todo el proceso del lenguaje, y se llegó al absurdo de solo nombrar las cosas en masculino y femenino, sin haber realizado todo el proceso necesario para adquirir, de forma verdadera, un lenguaje que no discrimine”.

El lenguaje, explicó, refleja un proceso de desarrollo cognitivo, biológico, psicológico y social, “que se va alimentando de todos los aprendizajes que acumulamos a lo largo de nuestra vida: si como hombres o mujeres nos desarrollamos en un contexto en el que se violenta, discrimina, invisibiliza a las mujeres, y a todo lo que se aleje de lo que consideramos masculino, entonces todas esas ideas y creencias se reflejarán en el lenguaje que usamos”.

Por lo tanto, explicó, “el únicamente ordenar el uso de ciertos términos, sin contemplar métodos para informar y sensibilizar a quienes ejercen la función pública, sin contemplar métodos para que se dé esa modificación cognitiva entre quienes ejercen funciones de gobierno” no va a modificar de fondo la visión machista con la que realizan su trabajo.
Si se procura ese cambio cognitivo en las personas que ejercen funciones públicas, subrayó, el cambio de lenguaje, “se daría de forma natural”.

Pero más allá “de la forma en que van a escribir sus comunicados”, destacó Ayllon, otros temas prioritarios en materia de política pública con perspectiva de género no han recibido atención de las nuevas autoridades federales.

“Al día de hoy –denunció–, no hay titular del Instituto Nacional de las Mujeres, y tampoco en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y tampoco vemos interés del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por respaldar los esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil para atender estas problemáticas.”

En general, lamentó, “en materia de política pública, lo que estamos viendo retrocesos, en todos los niveles de gobierno: el ejemplo de Jalisco, en donde el gobernador Enrique Alfaro desapareció el Instituto Jalisciense de las Mujeres, da cuenta de esa realidad, e igualmente han sido desaparecidas muchas unidades de género en distintas áreas de gobierno”.

A finales de 2018, recordó, “diversas agrupaciones que atendemos el tema de la violencia machista, haciendo trabajo con poblaciones masculinas, desarrollamos una agenda, con lo que consideramos que eran los puntos más importantes a atender en la materia, y presentamos este documento a todos los partidos políticos, y lo firmaron, comprometiéndose a dar seguimiento a dicha agenda”.

El único partido que no aceptó tomar en consideración esa agenda, emanada de la sociedad civil, señaló el representante de Género y Desarrollo AC, “fue el partido Morena”.

Así, concluyó, si se toma en cuenta que “el nuevo gobierno no reconoce los esfuerzos de la sociedad civil; si se toma en cuenta que los feminicidios van en aumento; que las cifras de acoso y hostigamiento en escuelas, en universidades, van en aumento; que los embarazos no deseados de mujeres adolescentes van aumentando; que los crímenes por homofobia y transfobia van aumentando, entonces el sólo contemplar el lenguaje incluyente en el Código de Ética del gobierno federal parece poco, parece sólo discurso.”

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El lucrativo negocio de los 'fabricantes de ensayos' que ayudan a los estudiantes a engañar a sus universidades

Escribir trabajos de universidad para estudiantes que no pueden o no quieren hacerlos por sí mismos es un negocio en auge. En algunos casos existen verdaderas “fábricas de ensayos”. ¿Cómo se puede controlar esta práctica?
Getty Images
12 de junio, 2019
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Los fraudes estudiantiles han sido titulares en todo el mundo en los últimos meses.

La primera vez que Chris escribió un ensayo para otra persona, le pagaron con comida.

Un amigo le había comentado que su novia (que era estudiante) necesitaba ayuda, por lo que Chris aceptó revisar su trabajo. El ensayo, sin embargo, precisaba más que una edición.

“Las ideas estaban muy desorganizadas”, describe Chris. Por esa razón terminó reescribiéndolo todo.

La estrategia funcionó: el ensayo fue bueno y la estudiante obtuvo una calificación alta. El amigo de Chris estaba contento.

“Me invitó a un plato de hotpot en Singapur. Era la primera vez que iba a un restaurante”, recuerda. Luego, la novia de su amigo le pidió que la ayudara con otra tarea.

“Le dije que no podía comer un hotpot todos los días. Tenía que cobrar un precio. Fue entonces cuando me presentó a sus compañeros de clase y así empezó todo”.

Actualmente Chris dirige lo que se conoce como una “fábrica de ensayos”: un lucrativo negocio dirigido a aquellos estudiantes que enfrentan dificultades para hacer las tareas escolares por su propia cuenta.

El fraude estudiantil es un tema que ha sido centro de atención recientemente, después de que un escándalo por sobornos en universidades de élite de Estados Unidos hiciera titulares en todo el mundo.

Este, sin embargo, no es el primero de su tipo: India, por ejemplo, todavía está lidiando con el desmantelamiento de un fraude (aparentemente a gran escala) en el examen de ingreso a una de sus escuelas de medicina.

Y las irregularidades van más allá de los procesos de admisión.

Existen otras formas de fraude una vez que los estudiantes ingresan a las universidades. En estas, las personas como Chris desempeñan un importante rol.

“Área gris”

Después de estudiar en Singapur durante muchos años, Chris regresó a China. Allí escribe ensayos para estudiantiles-clientes de países tan lejanos como Australia o Reino Unido.

Otros los delega en un grupo de personas que trabajan para él, haciendo lo mismo.

Mujer.
Getty Images

Muchos de los estudiantes que enfrentan problemas para desarrollar sus tareas escolares, pagan a proveedores para que hagan el trabajo en su lugar.

Su negocio, que reporta unos US$150.000 al año, comenzó a crecer después de que la primera estudiante a la que ayudó se mudara a Australia para estudiar una maestría. Allí compartió el contacto de Chris con otras personas.

Chris escribe al menos un ensayo a la semana y, como especialista en estudios globales, asigna tareas sobre temas como negocios y finanzas a sus especialistas.

Cobra alrededor de 1 yuan por palabra, por lo que una pieza de 1.000 palabras tiene un precio aproximado de 1.000 yuanes (US$150).

Chris, quien no desea dar a conocer su apellido, sugiere que la naturaleza de su trabajo tiene una parte de fraude y otra educativa.

“Siempre les digo a los estudiantes que pueden consultar mi ensayo, pero no enviarlo directamente a su profesor. Lo que ellos hacen no está bajo mi control. Hay algunos que realmente aprenden de mí, así que creo que mi trabajo está en un área gris”.

A veces, dice, quiere negarle sus servicios a los estudiantes.

“Me he dicho a mí mismo que debo dejar de hacerlo, porque estoy propiciando el fraude y ellos no aprenden nada de mí. Pero un mes después alguien vuelve a llamarme: ‘¿Podrías ayudarme otra vez, porque necesito aprobar esta tarea para graduarme?'”.

“Entonces digo: ‘OK. Si ese es el caso, voy a ayudarte esta última vez’. Realmente quiero que aprendan, pero es difícil”.

“100% libre de plagio”

Gareth Crossman, de la Agencia de Garantía de Calidad de Reino Unido, tiene una opinión considerablemente más dura. Él cree que, además de poner en riesgo su propia educación, las acciones de los estudiantes tienen implicaciones mayores.

Ensayos.

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Los “fabricantes” de ensayos aprovechan los avances de la tecnología para atraer “clientes”.

“También están engañando a la sociedad en general, porque nadie quiere que una persona se incorpore a la fuerza laboral si está francamente descalificada“, dice.

“El Colegio Real de Enfermería ha expresado su preocupación por este fenómeno, pues existen enfermeras que se gradúan sin las cualificaciones adecuadas”.

“Creo que es positivo el hecho de que las instituciones estén cada vez más dispuestas a aceptar que esto es un problema (y ​​un riesgo para su reputación). También muestra que este es un asunto importante que debe resolverse”.

Crossman cita una investigación publicada el año pasado por la Universidad de Swansea, que indica que al menos uno de cada siete estudiantes en todo el mundo podría estar cometiendo este tipo de fraude.

No es un fenómeno nuevo, agrega, sino uno que ha aumentado mucho debido a los avances de la tecnología y cómo los “fabricantes” de ensayos los han aprovechado.

“Cuando navegamos por las redes sociales, todos estamos acostumbrados a ver los anuncios que nos sugieren cuáles pueden ser nuestros intereses, y sucede lo mismo cuando se trata de los ‘fabricantes’ de ensayos”, dice.

Aula.

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Los estudiantes que pagan por sus trabajos evaluativos no estarán suficientemente calificados para insertarse en la vida laboral, señalan los críticos.

Los estudiantes con dificultades (aquellos que googlean preguntas del tipo: “¿cómo puedo obtener ayuda con mis ensayos?”), serán el objetivo de estos proveedores.

“Los mismos aseguran que ofrecen un servicio personalizado y completamente legítimo de ayuda con las tareas escolares”.

“Usan frases como ‘100% libre de plagio’, lo cual podría ayudar a que se vea como una marca de calidad. Pero básicamente les estás diciendo a esas personas que pueden entregar esos trabajos como si fueran de su autoría y que no serán detectados por un software de plagio”.

Crossman asegura que se trata de un negocio dirigido por el ánimo de lucro y que puede generar grandes cantidades de dinero a sus proveedores.

“Si necesitas, por ejemplo, una disertación de 10.000 palabras, te puede costar miles de dólares”.

Una opción legal

La calidad de los proveedores, dice Crossman, varía. Algunos están altamente calificados y otros “apenas saben leer y escribir”.

Luego está el riesgo de que te sorprendan. Chris dice que entre el 5% y el 10% de sus clientes han sido sorprendidos con ensayos que no son de su autoría.

“Les digo que no deben enviar la tarea directamente a su maestro. Deben echarle un vistazo y hacerle algunos cambios. Si no me escuchan, no es mi culpa “, dice.

Aula.

Getty Images
En su experiencia, Chris dice que entre un 5% y un 10% de sus clientes han sido sorprendidos haciendo fraude.

A pesar de las malas experiencias, los estudiantes a los que le ha sucedido no dejan de cometer fraude: “Siguen usando mis ensayos y lo que hacen es transformarlos usando sus propias palabras“.

Chris asegura que su intención es dejar de hacer este tipo de trabajo, pero sus clientes le piden que continúe. Y ahora tiene trabajadores que dependen de él.

“Tengo que pagarles, porque esta es su única fuente de ingresos. Si renuncio, nadie apoya a sus familias“.

Crossman cuenta que su organización le ha escrito a las grandes compañías tecnológicas para pedirles que bloqueen la publicidad de pago de los “fabricantes” de ensayos.

Dice que algunas como Google han dejado de hacer publicidad a estos proveedores al menos en Reino Unido, pero no ha habido una respuesta similar por parte de Facebook.

Y a pesar de la legislación en algunos estados de Estados Unidos, Nueva Zelanda e Irlanda, las fábricas de ensayos siguen siendo legales en la mayor parte del mundo desarrollado.

Papel.

Getty Images
Las “fábricas” de ensayos son legales en gran parte del mundo desarrollado.

Crossman dice que, si bien no hay ningún grupo demográfico que cometa fraude más que otro, son los estudiantes más vulnerables los que pueden terminar usando esta alternativa.

Los estudiantes internacionales tienen más razones que los hacen vulnerables: no tienen redes de apoyo como la de la familia, y a veces no tienen las habilidades del idioma”, dice.

“Es con ellos que las instituciones están en deuda, para asegurarse de que cualquier estudiante con dificultades sea identificado y reciba apoyo”.

Al mismo tiempo, también se están desarrollando nuevos softwares contra el plagio capaces de detectar tanto los trabajos copiados como las piezas que tienen más de un autor o en las que la voz de este varía.

“Al parecer, es posible detectar la manera en que cada quien escribe”, asegura Crossman.

Sin embargo, esta es solo una estrategia para enfrentar un desafío significativo. “Sí, la tecnología está avanzando”, comenta, “pero no tenemos una solución mágica”.

Este artículo es una adaptación de un episodio de la serie Essay Cheats, transmitida a través del Servicio Mundial de la BBC y su programa Business Daily.


Lee la historia original en inglés


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