Madres hallan fosa con 500 cadáveres en Tamaulipas; acusan a autoridades de ocultar información, pero Fiscalía lo niega
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Madres hallan fosa con 500 cadáveres en Tamaulipas; acusan a autoridades de ocultar información, pero Fiscalía lo niega

María Isela relata su historia al cumplirse 5 años de que se llevaron a su hijo Roberto Quiroga-Flores Valdez, de 28 años, en Tamaulipas; ella y otras madres acusan a las autoridades de ocultar cuerpos.
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12 de febrero, 2019
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En 2014, la señora María Isela Valdez y su hijo Roberto Quiroga-Flores Valdez, de 28 años, se asociaron en un negocio: un pequeño restaurante en el que el joven fungía como chef, y su mamá como ayudante en la cocina.

“Mi hijo tiene una licenciatura en gastronomía –narra María Isela–, y nuestro negocio estaba a una cuadra de las oficinas de la Policía Ministerial y de los juzgados (en Reynosa, Tamaulipas), así que nosotros les vendíamos de comer a jueces, a secretarias y a policías”.

No era un negocio con el que estuvieran haciéndose ricos, recuerda, pero les permitió vivir dignamente, un corto tiempo.

“Al poco rato llegó el crimen organizado, el Cártel del Golfo –continúa–, y empezó a pedir ‘cuota’ a todos los negocios que había en Reynosa, incluido nuestro restaurante: nosotros teníamos que pagar 30 mil pesos al mes, o sea, mil pesos diarios, por concepto de ‘seguridad'”.

Leer: Reynosa, Fresnillo y Cancún, donde la gente se siente más insegura

Además, destaca, el crimen organizado les cobraba 5 mil pesos extra al mes, por estar conectados a la red de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que, en total, la extorsión ascendía a 35 mil pesos mensuales.

“Al principio nosotros pagamos, para que no nos fueran a hacer daño –asegura María Isela–, pero cuando las personas tienen miedo, se paralizan: ya no puedes trabajar, ya no puedes dormir, ya no descansas… ya no vas a tu trabajo con la alegría con la que solías hacerlo, así que decidimos cerrar el negocio, porque yo no quería que ellos me siguieran quitando el producto de mi trabajo, y mi hijo ya estaba muy desgastado, muy asustado”.

Con la decisión de cerrar su restaurante perdían no sólo su fuente de empleo, sino también su patrimonio pero, aún así, señala María Isela, ella y su hijo pensaron que con ese sacrificio romperían la cadena de extorsión al que los mantenía sometidos el Cártel del Golfo. No fue así.

Semanas después, “yo estaba fuera con mi hijo –narra María Isela–, era el 10 de marzo de 2014, y mi nuera nos llama, para decirnos que necesitaba pañales y leche, porque acababan de tener un bebito, su segundo hijo… Nosotros primero fuimos por los pañales y la leche, y luego para la casa, y cuando llegamos, ya estaban ahí varios autos: un Corvette rojo, con placas mexicanas, una camioneta Tahoe negra, y varias camionetas más, todos con gente armada, y encapuchada”.

Ese grupo de personas armadas obligó a madre e hijo a abordar los vehículos en los que se transportaban, y se los llevaron consigo.

“Luego a mi hijo y a mí nos separaron –recuerda María Isela–. Yo estuve cautiva 28 días, durante los que me golpeaban. Perdí varias piezas dentales. Y luego me dieron la libertad… el delincuente me dijo que tenía que conseguir 5 millones de pesos”.

María Isela fue abandonada en una carretera de Tamaulipas, descalza. Sus captores le ordenaron retirarse la venda de los ojos sólo hasta que escuchara que se habían alejado.

“Cuando ellos se fueron yo empecé a caminar por la carretera –narra–, hasta que me vio un señor que manejaba un tráiler, le mentí, le dije que me habían asaltado para robarme el coche, y que necesitaba llegar a la Ciudad de México (en donde tenía familiares)… iba muy golpeada, me faltaban dientes y casi no podía caminar, una pierna no me servía, me dolía bastante”.

Gracias a la solidaridad de ese conductor de tráiler, y de otros compañeros suyos que aceptaron dar su ayuda, María Isela logró llegar al día siguiente a la Ciudad de México, en donde familiares pudieron asistirla.

“Primero me llevaron al médico, y luego a la Procuraduría General de la República, donde interpuse la denuncia por el secuestro de mi hijo y el mío, pero no hicieron nada…”.

El 13 de mayo de 2014, dos meses después del secuestro y tres semanas después de haber sido liberada, María Isela recibió una llamada, en la que los captores le reclamaban que no hubiera vuelto con los 5 millones de pesos que exigían por la vida de su hijo, y le advertían que, en represalia, Roberto había sido entregado a un delincuente identificado como “Loquillo” o “Metro 21”.

Los captores contactaron a la familia dos veces más, primero para hacerles llegar una foto de Roberto, sometido y encañonado por el delincuente identificado como “Metro 21”, y luego una nota en la que les avisaban que Roberto había sido asesinado y sus restos arrojados en una zona conocida como Las Calcheras.

“El próximo mes –lamenta María Isela–, el 10 de marzo de 2019, se van a cumplir cinco años de que desaparecieron a mi hijo, y hasta la fecha sigo esperando que las autoridades empiecen a buscarlo. Pero en realidad yo no estoy esperando a las autoridades: yo empecé inmediatamente mi propia investigación, hice 37 rastreos en esa zona, cada vez con más participantes, porque se me fueron acercando otras mamás que también buscaban a sus hijos e hijas, y desde entonces hemos encontrado muchos restos humanos en esas búsquedas. Eso fue lo que nos llevó a descubrir las fosas de Miguel Alemán, con aproximadamente 500 cadáveres”.

La funeraria

En 2017, al grupo de madres buscadoras de Reynosa, Tamaulipas, se acercó una mujer, empleada en un establecimiento del municipio vecino de Miguel Alemán.

Camino a su trabajo, esta mujer pasaba todos los días frente a una funeraria de dicho municipio, en la que siempre veía cadáveres arrojados ante su puerta de entrada, sin que a nadie de la localidad pareciera ya extrañarle.

Con esta información, el grupo de madres se acercó a la funeraria y conversó con su propietario (los nombres del establecimiento y el dueño se resguardan, por seguridad), el cual reconoció que, entre 2014 y 2016, el crimen organizado había arrojado, prácticamente cada día, al menos un cadáver ante las puertas de su negocio.

“El señor nos comentó que él llamaba todos los días al Ministerio Público de Reynosa, que es el más cercano, para avisarles que otra vez le habían ido a aventar un cuerpo, pero que las autoridades nunca acudieron, ni una sola vez –narra María Isela–. Entonces, como las autoridades no querían hacerse responsables, este señor hizo lo mejor que se le ocurrió: excavar una fosa en el monte, y ahí comenzó a depositar los cuerpos que le aventaban fuera de su negocio, los envolvía en plástico y los mandaba a la fosa clandestina… esa fosa se llenó y excavó otra, y luego otra más. En total, fueron tres las fosas en las que él depositó alrededor de 500 cuerpos, según su propio conteo”.

Con el testimonio y las indicaciones precisas brindadas por el dueño de la funeraria, el colectivo de mamás buscadoras localizó las tres fosas a las afueras de Miguel Alemán, en una zona semidesértica, y dio aviso al gobierno estatal, encabezado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Entre abril de 2018, explica María Isela, la fiscal estatal para desapariciones forzadas, Elizabeth Almanza, encabezó las labores de exhumación de dichos cuerpos, labores en las que coadyuvaron expertos de Guatemala y Alemania, y que fueron realizadas en presencia de las madres que localizaron dichas fosas.

“Los cuerpos –narra– salían envueltos en cobijas, amarrados con sus mismos cinturones, vendados de la cara, esposados, amarrados de los pies… había cuerpos de niños, de mujeres, de ancianos, de personas jóvenes”.

De la fosa, además, fueron extraídas algunas pertenencias que acompañaban, o que se habían desprendido de los cuerpos, entre las cuales “había identificaciones, y así pudimos saber que algunas de esas personas eran centroamericanas, y otras de Estados Unidos, por sus ‘ID'”, situación ante la cual se acercaron a tomar conocimiento de los hechos tanto personal del Consulado de Estados Unidos en Matamoros (Tamaulipas), como de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Sin embargo, señala María Isela, en junio de 2018, es decir, a los tres meses de haber iniciado labores, “el fiscal general del estado, Irving Barrios, y la fiscal para desapariciones, Elizabeth Almanza, decidieron suspender las exhumaciones: cerraron las tres fosas, cuando aún quedaban muchos cuerpos dentro, y sólo extrajeron 265 cadáveres”.

Desde entonces han pasado ocho meses, “y las familias que buscamos a nuestros hijos e hijas no hemos sido informadas de ningún resultado por parte de las autoridades, ni de las estatales, ni de las federales. No nos han dicho quiénes son esas 265 personas que sacaron, y a las que les tomaron muestras de ADN, ni tampoco nos han dicho por qué no han recuperado el resto de los cuerpos que abandonaron en las fosas comunes. Están ocultando todos esos cuerpos”, destaca la mamá de Roberto.

El palacio

En noviembre de 2018, María Isela Valdez coincidió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador, quien asumiría el cargo de presidente de la República el mes siguiente.

“Él iba para Colima, y yo para Ciudad Victoria (Tamaulipas) –recuerda María Isela–, y mientras esperábamos la salida de nuestros vuelos, él se puso a platicar conmigo, y yo le conté de nuestros problemas… ese día era lunes, y me dijo que el miércoles siguiente nos veíamos en Ciudad Victoria, porque él estaría ahí en un acto con el gobernador”.

A partir de ese compromiso, asistentes de López Obrador contactaron a María Isela, y la citaron en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas (donde se realizaría el acto político), “me dijeron que iba a estar un colaborador suyo esperándonos ahí para acercarnos con el presidente, que esas eran las instrucciones, así que nosotras estuvimos ahí muy temprano, y nos habíamos reunido muchas familias que queríamos exponerle nuestros casos, así como la problemática de las fosas de Miguel Alemán”.

Sin embargo, denunció, “cuando llegamos al Palacio de Gobierno, el personal del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca nos engañó, nos dijeron que teníamos que pasar a unas oficinas, en donde íbamos a ser recibidas. Nosotras accedimos, fuimos a esas oficinas, y luego nos encerraron ahí, y no nos dejaron salir hasta que terminó el acto político”.

La intención del grupo de madres era entregar a López Obrador un proyecto de trabajo para la búsqueda de desaparecidos en Tamaulipas, el cual, finalmente, María Isela pudo darle a finales de octubre, al clausurarse los diálogos sobre seguridad pública denominados “Foros Escucha”.

Ahí, López Obrador me dijo “nos vamos a seguir viendo”, pero hasta la fecha, lamentó, “no nos quieren recibir, ha sido un batallar, Alejandro Encinas (encargado de la Comisión de la Verdad para los casos de personas desaparecidas) no ha querido hablar con nosotras”.

Leer >> Encinas seguirá investigación de Ayotzinapa; no habrá trabas para conocer la verdad: AMLO

En Gobernación (donde despacha Encinas) “el grupo de familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa tienen una oficina, a ellos sí los atienden, y qué bueno, porque son padres que están sufriendo por sus hijos, y compartimos el dolor de ellos, pero, ¿y los demás? Son más de 40 mil las personas desaparecidas, y sus familias no podemos seguir perdiendo el tiempo”.

“Todo esto es muy triste –concluye María Isela–, en Tamaulipas siguen las masacres, las matazones, las desapariciones, necesitamos que todos los organismos de derechos humanos del mundo volteen a ver lo que está sucediendo en México: una guerra silenciosa”.

Fiscalía de Tamaulipas da a conocer su avance

Ante los señalamientos sobre la falta información, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, informó que “ha venido trabajando de manera organizada y transparente en el proyecto de Panteón Forense del municipio de Miguel Alemán, al norte del estado de Tamaulipas”.

A través de un comunicado, la Procuraduría de Tamaulipas aclara que se tratan de fosas comunes, más no clandestinas, como las han denominado los familiares de personas desaparecidas.

La dependencia asegura que en todo momento, los colectivos y familiares de víctimas han sido informados de los avances y hallazgos. “Quienes se han excluido de este proceso de comunicación ha sido por propia voluntad a pesar de que se ha procurado integrar a todos los interesados”.

La Procuraduría agrega que los trabajos en el Panteón Forense han sido desarrollados por personal de la Fiscalía con apoyo de expertos internacionales.

Sobre la investigación detalla que del 16 de abril al 30 de junio de 2018, se llevó a cabo el primer proceso de exhumación, análisis y reinhumación de los cuerpos de personas no identificadas depositados en la fosa común del panteón municipal “Unidos por el Recuerdo” del municipio de Miguel Alemán.

Después de esto, explican, se han llevado a cabo diversas reuniones informativas -incluso antes de que diera inicio el proceso- para explicar a los Colectivos y familiares de personas desaparecidas la forma en que se llevaría a cabo la exhumación hasta capacitación para conocer la forma en que se aplican las ciencias forenses en un proceso de búsqueda.

De acuerdo con la Procuraduría, los familiares de personas desaparecidas tuvieron acceso diariamente a la Zona Cero del Panteón, donde se llevaban a cabo las exhumaciones para que constataran el trabajo que estaban realizando los expertos forenses.

“En todo momento se contó con la presencia de miembros de la CNDH y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas”, agregan.

La última reunión entre los familiares y las autoridades fue el pasado 18 de enero, en donde la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por conducto de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, rindió un avance en los trabajos de identificación de los cuerpos exhumados durante los meses de abril a junio de 2018.

La información presentada como resultado de esos avances es la siguiente:

  • Se han localizado los familiares de 5 de ellos, los cuales ya donaron sus muestras.
  • Se ha confirmado un caso el cual, en los próximos días, se estará entregando a sus familiares de conformidad con el protocolo correspondiente y de los otros cuatro sólo se está en espera de que se confirme su correspondencia genética.
  • Hasta el momento suman 265 cuerpos completos, analizados y re-inhumados en el panteón forense. 
  • 48 restos o indicios no asociados.
  • El número total de indicios exhumados es de 313.

De los 265 cuerpos completos extraídos las autoridades informan que 254 pertenecen son masculinos; 5 femeninos, y 6 no han sido determinados.

También se recolectaron 766 muestras genéticas de fragmentos óseos y piezas dentales de los cuerpos analizados en el sitio, así como  307 muestras referenciales a familiares que acudieron para denunciar o sólo para donar su muestra de sangre.

“Los restos no asociados, se embalaron en 82 cajas, de las cuales se han analizado antropológicamente 47 cajas y de estos se tomaron 276 muestras óseas, lo que representa un avance aproximado del 57.31%, en los rubros de análisis, registro, inventario y toma de muestras para genética forense”, destacan.

Una vez que se tenga la conclusión del análisis antropológico y con los resultados de ADN las autoridades esperan establecer el número mínimo de individuos que se sumarán a los 265 cuerpos completos.

En tanto que el laboratorio de Genética, respecto de la elaboración de los marcadores genéticos de las 1,042 muestras de hueso, fragmentos óseos y piezas dentales, reporta el siguiente avance:

1.- De las 766 muestras dentales y de hueso ya se extrajo la totalidad del ADN.

2.- De esta mismas muestras se ha elaborado el perfil genético de 80  de los 265 cuerpos.

3.- De las 276 muestras de hueso de restos no asociados, se ha estriado el ADN de 50 de ellos, sin que se haya elaborado el perfil genético de ninguno hasta el momento.

4.- Del Cotejo de la información Ante Mortem- Post Mortem se tienen 20 hipótesis de identificación.

En su comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, recalca que “ha estado trabajando de manera continua” e informado “de manera clara y transparente a todos los familiares” sobre los avances de la investigación. 

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Elecciones de mitad de período en Estados Unidos: ¿por qué la esclavitud está en las boletas de 5 estados?

La abolición de la esclavitud en Estados Unidos se estableció en 1865. Pero hay excepciones en algunos lugares. Los votantes decidirán en las elecciones del próximo 8 de noviembre si las mantienen.
6 de noviembre, 2022
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Han pasado 157 años desde que Estados Unidos prohibió la esclavitud, entendida como el acto por el cual una persona es propiedad legal de otra. Sin embargo, existe una exención para los presos condenados.

En la mayor parte de Estados Unidos, la esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito.

Pero el 8 de noviembre, los votantes de cinco estados (Alabama, Luisiana, Oregón, Tennessee y Vermont) decidirán si eliminan estas exenciones de sus constituciones estatales en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir que los presos dejen de estar sujetos al trabajo forzoso.

Unos 800 mil encarcelados trabajan actualmente a cambio de unos centavos, o a cambio de nada en absoluto.

Siete estados no pagan a los trabajadores presos ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo.

Los partidarios del cambio dicen que se trata de un vacío legal que permite la explotación y que debe terminarse.

Pero los críticos argumentan que eliminar esa exención no es asequible económicamente y que podría tener consecuencias no deseadas en el sistema de justicia penal.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”

El sistema moderno tiene sus raíces en los siglos de esclavitud de los afroestadounidenses, dicen los investigadores de derechos humanos.

Curtis Ray Davis

Curtis Ray Davis
Davis escribió un libro sobre su experiencia en la cárcel de Luisiana.

En los años posteriores a la prohibición de la esclavitud, se aprobaron leyes que tenían como objetivo específico reprimir a las comunidades negras y que las obligaban a ingresar en prisiones donde se les exigiría que trabajaran.

En la actualidad, algunos estadounidenses negros encarcelados todavía se ven obligados a recoger algodón y otros cultivos en las plantaciones del sur donde sus antepasados fueron encadenados.

“Estados Unidos de América nunca tuvo un día sin esclavitud codificada”, dice Curtis Ray Davis II, quien pasó más de 25 años cumpliendo trabajos forzados en una prisión de Luisiana por un asesinato que no cometió, antes de ser indultado en 2019.

Davis tuvo una variedad de trabajos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana -apodada “Angola”, por el país del que fueron llevados muchos de los esclavos africanos a esa área.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”, describe Davis, a quien nunca le pagaron más de 20 centavos por hora por su trabajo. Fue “contra mi voluntad y a punta de pistola”, asegura.

Alrededor del 75% de los presos en la penitenciaría son negros, según Innocence Project, un grupo que trabaja para exonerar a los reos condenados injustamente.

Presos en una cárcel de Washington DC.

Getty Images

Argumentan que “Angola” es, esencialmente, un lugar donde la esclavitud estadounidense nunca terminó.

“Aunque la esclavitud se abolió, realmente fue solo una transferencia de propiedad de la esclavitud privada a, literalmente, una esclavitud sancionada por el estado”, afirma Savannah Eldrige de la Red Nacional Abolir la Esclavitud.

Su organización ha estado trabajando para ampliar el número de estados que prohíben la esclavitud sin excepciones y ha tratado de persuadir a los legisladores de Washington para que aprueben una ley similar que modifique la Constitución de Estados Unidos.

Colorado, Nebraska y Utah han aprobado medidas que prohíben todas las formas de esclavitud desde 2018.

Eldrige señala que el movimiento sumó el apoyo bipartidista, la única forma en que podría aprobarse en Utah y Nebraska, dominados por los republicanos.

En 2023, predice que las legislaturas de 18 estados votarán una legislación para prohibir la esclavitud.

“Consecuencias no deseadas”

Son pocos los opositores que se han manifestado en contra de los esfuerzos de los estados para eliminar el lenguaje de la esclavitud.

El movimiento encontró cierta resistencia por parte de los críticos que dicen que sería demasiado costoso pagar a los presos salarios adecuados, que no merecen la misma compensación, o que los cambios podrían perjudicar a los mismos reclusos.

Una votación en la legislatura de California para eliminar de la ley las referencias a la esclavitud fracasó este año después de que los demócratas, incluido el gobernador, advirtieran que pagar a los presos el salario mínimo estatal de US$15 por hora costaría más de US$1.500 millones.

Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

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Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

La Asociación de Alguaciles de Oregón se opone también a la medida en ese estado, argumentando que conduciría a “consecuencias no deseadas” y a la pérdida de todos los “programas de resinserción”, que incluyen tareas mal pagadas como trabajar en la biblioteca, la cocina y la lavandería.

El grupo dice que les dan a los presos algo que hacer y “sirve como un incentivo para el buen comportamiento”, que es un factor durante las audiencias de libertad condicional.

Según ellos, existen dos problemas con la medida: que solo se aplica a los condenados, dejando fuera a las personas en prisión preventiva, y que podría significar el fin de cualquier programa penitenciario no autorizado específicamente por una sentencia judicial.

“Los alguaciles de Oregón no aprueban ni apoyan la esclavitud y/o la servidumbre involuntaria de ninguna forma”, asegura la asociación en un panfleto a los votantes, pero agrega que la aprobación de la medida “dará como resultado la eliminación de todos los programas de reinserción y el aumento de los costos para las operaciones carcelarias locales”.

Mano de obra penitenciaria

Los reclusos contribuyen a la cadena de suministro y la economía de muchas maneras, algunas de ellas sorprendentes.

Presos combatiendo el fuego.

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Los presos son reclutados para combatir incendios forestales cada verano en algunos lugares del país.

Se les ha encargado hacer de todo, desde anteojos, placas de automóviles, hasta bancos de parques de la ciudad.

Procesan carne de res, leche y queso y trabajan en centros de soporte de llamadas para agencias gubernamentales y empresas importantes.

Puede ser difícil rastrear qué empresas utilizaron mano de obra penitenciaria, ya que el trabajo generalmente se realiza para un subcontratista.

El subcontratista luego vende los productos y servicios a grandes empresas que a veces desconocen su origen.

Las empresas que anteriormente se beneficiaron del trabajo penitenciario solo en Utah incluyen American Express, Apple, Pepsi-Co y FedEx, según un informe de junio de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Al menos 30 estados incluyen a los trabajadores penitenciarios en sus planes de operación de emergencia para desastres naturales y otros disturbios civiles.

Combaten incendios forestales en al menos 14 estados, según el informe de la ACLU.

“Necesarios pero no suficientes”

Sin embargo, es poco probable que la vida de los presos cambie de la noche a la mañana si los cinco estados con próximas votaciones respaldan un cambio.

“Estos referendos son necesarios pero no suficientes para acabar con la esclavitud”, opina Jennifer Turner, investigadora de derechos humanos de la ACLU.

Los tribunales aún tendrían que interpretar qué derechos tienen los trabajadores encarcelados y si obtendrán beneficios, como licencia por enfermedad.

Penitenciaría en Washington DC.

Getty Images

En los estados que eliminaron previamente la exención para este tipo de esclavitud hubo resultados variados.

En Colorado, un preso demandó al estado, argumentando que se estaba violando la prohibición de la esclavitud.

Pero un tribunal dictaminó en agosto que los votantes no tenían la intención de abolir todo el trabajo penitenciario y desestimó el caso.

Una cárcel en Nebraska comenzó a pagar a los reclusos entre US$20 y US$30 por semana después de que se eliminó la exención allí, según el diario The New York Times.

Se esperan más demandas legales a medida que los presos continúan presionando por derechos y protecciones.

Davis, quien fue encarcelado por error en Luisiana, dice que quitar la exención de la esclavitud para los presos eliminará un “incentivo” para que su estado natal encarcele a sus ciudadanos.

“Creo que cualquier persona de conciencia que entienda la ley de propiedad, sabe que los seres humanos no deben ser propiedad de otras personas”, le dice a la BBC.

“Y ellos no deberían ser propiedad del estado de Luisiana”.


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