La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), y otras organizaciones, solicitaron a la Fiscalía General de República que previo a la extradición a Estados Unidos del exgobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, sea juzgado en México por los delitos de asesinato, desapariciones y torturas.
El 5 de febrero, agentes federales detuvieron a Torres López en Puerto Vallarta, quien enfrenta cargos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude.
“Permitir que Torres López sea extraditado a Estados Unidos constituye una afrenta a los numerosos familiares de los centenares de desaparición forzada que ocurrieron en el 2011 en Coahuila. Ellos esperan que se haga justicia y poder acceder a la verdad sobre estos crímenes que constituyen crímenes de lesa humanidad. Resulta paradójico que Torres sea requerido en otros países y que en su propio país, México, no haya ninguna investigación en curso en su contra”, señalaron las organizaciones.
La FIDH en 2017, con el apoyo de más de 100 organizaciones publicó y envió a la Corte Penal Internacional un informe en el que se identificó la existencia de crímenes de lesa humanidad perpetrados por las autoridades estatales responsables de la seguridad con el cartel de los Zetas. En 2011, cuando Torres López fungía como gobernador interino de Coahuila, se cometió la “masacre de Allende”, por parte del cártel de los Zetas, donde se asesinó entre 60 y 300 aldeanos. “La evidencia identificada sugiere que Torres López estaba al tanto de lo que se preparaba en Allende, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las autoridades”, destacan las organizaciones.
Igualmente, bajo su gestión, “la prisión de Piedras Negras, el CERESO, se mantuvo como un centro de operaciones de los Zetas (2008 a 2012) donde los cuerpos de al menos 150 personas asesinadas habrían sido quemados o disueltos en cubos con ácido”, destacaron.
Por estos hechos, solicitaron al gobierno de México no extraditarlo a Estados Unidos y abrir lo más pronto posible una investigación seria, imparcial y eficaz que lo lleve ante la justicia por crímenes considerados como de lesa humanidad.
Torres López fue designado como gobernador interino de Coahuila en 2011, cuando Humberto Moreira solicitó licencia para buscar la dirigencia nacional del PRI. Antes se había desempeñado como titular de la Secretaría de Desarrollo Social en la entidad.
En 2013, autoridades de Estados Unidos acusaron a Torres López de los delitos de lavado de dinero y fraude, por abrir y utilizar cuentas bancarias en Texas para enviar fondos sustraídos de Coahuila a las Bermudas.
