La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá informar sobre el convenio firmado entre el gobierno mexicano y la empresa Boeing para el resguardo del avión presidencial en California, Estados Unidos, resolvió este miércoles el pleno del INAI.
Un ciudadano pidió a la Sedena conocer dicho convenio, sin embargo la dependencia respondió que después de una búsqueda exhaustiva, no encontró evidencia documental del convenio solicitado, por lo que el solicitante se inconformó.
Este miércoles, los consejeros aprobaron que la Sedena debe modificar la respuesta y “a través de su Comité de Transparencia, emita una resolución donde confirme, de manera fundada y motivada, la inexistencia de la información requerida”.
El 2 de diciembre pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó a través de un comunicado que el avión TP01 Boeing 787-8 voló hacia el Aeropuerto de Logística del Sur de California, conocido como Victorville, en el condado de San Bernardino.
El #AviónPresidencial se vende y mañana despegará. Te enseñamos fotos. ✈️ #Austeridad pic.twitter.com/yrebZOa3IE
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) December 2, 2018
Ahí permanecerá la aeronave mientras se definen las alternativas para su venta; su mantenimiento del avión estará a cargo de mecánicos de la Fuerza Aérea Mexicana.
La venta del avión presidencial forma parte de la política de austeridad del nuevo gobierno. Helicópteros y camionetas blindadas también serán vendidas.
En el comunicado sobre el avión presidencial, el gobierno federal se compromete a mantener a la ciudadanía informada sobre el proceso de venta, “así como el esquema que se utilizará para la misma, garantizando en todo momento la transparencia que este proceso demanda”.
El gobierno mexicano compró el avión en noviembre de 2012, al finales del sexenio de Felipe Calderón, y tuvo un costo de 231 millones de dólares, o 3 mil 119 millones de pesos, por una cobertura que le permitió un tipo de cambio de alrededor de 13.50 pesos.
El contrato de adquisición mediante un contrato de arrendamiento financiero suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como arrendataria, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), en su carácter de adquirente, y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), como usuario final.
