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Fundar

Comunidad indígena de Puebla logra llevar a revisión la inconstitucionalidad de la Ley Minera

La comunidad de Tecoltemi pide que se ordene la cancelación de los títulos de concesión pero también que se revisen diversos artículos de la Ley Minera.
Fundar
14 de marzo, 2019
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Un juzgado federal en Puebla tendrá que decidir si la Ley Minera es inconstitucional, luego de que una comunidad nahua de Tecoltemi, ubicada en Ixtacamaxtitlán, interpuso un amparo contra dos concesiones otorgadas sobre su territorio, así como contra diversos artículos de la legislación vigente.

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En la demanda de amparo, que acompaña el Consejo Tiyat Tlali y la organización Fundar Centro de Análisis e Investigación, la comunidad de la Sierra Norte de Puebla reclama al Estado mexicano haber entregado las concesiones sobre su territorio a la filial en México de la empresa canadiense Almaden Minerals, sin consulta previa y sin consentimiento.

Tecoltemi pide que se ordene la cancelación de los títulos de concesión pero también que se revisen diversos artículos de la Ley Minera, que, al dar preferencia a la minería sobre cualquier otra actividad, faculta a las autoridades a entregar a empresas las tierras y territorios de los pueblos indígenas y de los ejidos, lo que viola derechos reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales.

La sentencia que está por emitir el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla es tan importante —explica la abogada de Fundar Itzel Silva— que durante tres años la empresa hizo todo lo que pudo para no llegar a este punto del juicio.

“Para evitar la revisión de la Ley Minera y una condena al Estado incluso trataron de desistirse de las concesiones. Pero no lo lograron”, explica.

En 2016, la inconstitucionalidad de la Ley Minera estuvo a punto de llegar a revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero las empresas involucradas, Hochschild y Zalamera, en el juicio de amparo que interpusieron comunidades indígenas de la Montaña alta de Guerrero optaron por desistirse de sus concesiones, mientras que la Secretaría de Economía se desistió del amparo en revisión 393/2015.

“Es una estrategia que ya han usado para evitar que se revise la Ley Minera. Como ya lo sabíamos, estuvimos haciendo la defensa del caso. Metimos varios amparos peleando una revisión a tres artículos: el 6, el 9 y el 15”, señala la abogada.

El artículo 6 de esta ley establece a la minería como preferente por encima de cualquier otro uso en el terreno; el artículo 19, en varias fracciones, establece los derechos que otorgan las concesiones mineras a sus titulares, como conseguir la expropiación de los terrenos, la ocupación temporal o la constitución de servidumbre: mientras que el 15 impone la duración de las concesiones por 50 años, con la opción de prolongarlas 50 más.

Los demandantes alegan que todo eso es contrario a los derechos de los pueblos indígenas y núcleos agrarios, establecidos en la Constitución, como en el artículo 27 y el 2, y en tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en estándares internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los relatores de la ONU en el tema de consulta y consentimiento y protección de territorio de pueblos indígenas.

“Eso es justo lo que deberá revisarse para emitir la sentencia y determinar si tenemos razón respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera”, indica Silva.

No hay una fecha para que la sentencia se emita, pero se espera que no tarde más de tres meses, y aunque esto no implicaría modificar de facto la ley, “es un paso para que se siente un referente para que otros pueblos fortalezcan su defensa y quizá si una jueza se atreve a decir que es inconstitucional, los legisladores volteen a ver esto”.

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Por qué se impugnaron las concesiones

La comunidad de Tecoltemi no sabía que el subsuelo debajo de su territorio estaba ya concesionado a la filial en México de la minera canadiense Almaden Minerals. La Secretaría de Economía otorgó dos concesiones, una en 2003 y otra en 2009, sobre la mayor parte del terreno del municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla.

“Nosotros no sabíamos que esas concesiones se habían otorgado, nos venimos a enterar hasta finales de 2013 cuando una organización de la sociedad civil, PODER, realizó un trabajo de investigación”, cuenta Alejandro Marreros, vocero de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua.

El terreno concesionado a Almaden Minerals, señala Marreros, originario de Tecoltemi, abarca 55 mil hectáreas, de un total de 60 mil que tiene el municipio de Ixtacamaxtitlán. Cuando la población se enteró de todo lo que está concesionado y los impactos que genera una minera a cielo abierto como la que pretende la empresa, fue que se organizó la movilización contra el proyecto.

“La zona donde nosotros estamos habitando que está concesionada para este proyecto minero, del que ya se hizo la fase de exploración, es la cabecera de cuenca del río Apulco, que forma parte del Río Tecolutla que recorre buena parte de la Sierra Norte y hasta el Golfo de México, pasando por varios municipios, donde se usa su agua para actividades agrícolas, pecuarias y de recreación. Todo eso podría impactar la actividad de la minera”, describe Marreros.

Hay dos comunidades que están en la zona núcleo del proyecto, afirma, la de Santa María y Zacatepec. Después hay 12 a 14 comunidades en el radio de afectación. En total hay cerca de 4 mil habitantes en el área.

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“La empresa minera ha dicho tanto públicamente como en el Manifiesto de Impacto Ambiental que no habrá necesidad de reubicar a la población, cuando el lugar del tajo, que será de 1.9 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho y 250 metros de profundidad, donde removerían alrededor de 380 millones de toneladas de roca, queda a unos 100 metros de donde hay viviendas. Si el proyecto se hace eso va a ser inhabitable y la gente se tendrá que ir por su propia voluntad”.

Por todo eso, subraya, “es que esperamos que la justicia ponga el interés de las comunidades y del medio ambiente por encima de los intereses de la empresa minera”.

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Reuters

Paro nacional en Colombia: 3 factores inéditos que hicieron del 21 de noviembre un día histórico

La huelga del jueves puede ser recordada como el día demostró que Colombia, para bien o para mal, ya no es el país de antes. Pese a los disturbios y destrozos usuales, el paro nacional mostró facetas inéditas en un país sin tradición de protesta.
Reuters
23 de noviembre, 2019
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En un país sin tradición de protesta como Colombia, el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 fue histórico.

La huelga estuvo originalmente convocada por las centrales obreras, pero se convirtió en una protesta en contra de las reformas pensional, laboral y educativa y a favor del acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En suma, la población se movilizó en contra del poder establecido, hoy materializado en el presidente, Iván Duque, un aliado del expresidente Álvaro Uribe que en un intento de ser moderado ha generado rechazo entre la izquierda y la derecha.

A medida que las manifestaciones en Ecuador, Chile y Bolivia aumentaron, dejaron decenas de muertos y generaron cambios políticos importantes, la expectativa ante el paro en Colombia se tomó la agenda nacional durante días.

El gobierno militarizó partes del país, acuarteló el ejército, cerró las fronteras y otorgó facultades extraordinarias a gobiernos locales para “mantener el orden”; se produjeron allanamientos; el partido de gobierno, el derechista Centro Democrático, alertó de la supuesta injerencia de gobiernos chavistas.

Y, como suele pasar en jornadas de protesta en América Latina y el mundo, en el paro hubo —según reportaron medios locales— disturbios, saqueos, daños a la infraestructura pública y abusos de fuerza por parte de las autoridades.

Dicho eso, es probable que la historia recuerde al paro nacional del 21 de noviembre en Colombia como el día en que los colombianos, una población traumatizada por un conflicto armado de 60 años, mostraron su disposición a salir a la calle. Pese a la lluvia. Pese a la represión.

Este paro tuvo una magnitud que ninguna protesta tuvo en 60 años“, le dice a BBC Mundo el reconocido historiador y columnista Jorge Orlando Melo.

“La protesta en Colombia siempre fue localizada, y siempre recibió una respuesta negativa del Estado, que la convertía en peligro”.

“Pero esta salida (al paro) de tanta gente no organizada en todo el país, que buscan una política social más clara y un cumplimento genuino del proceso de paz, puede ser la oportunidad de una alternativa no tradicional sin antecedentes en el país”, concluye Melo.

Tres cosas inéditas demuestran el carácter histórico de la jornada.

Protesta en Colombia

AFP
Cuando parecía que las protestas habían terminado tras la represión policial, miles de colombianos volvieron a salir para reiterar su grito de protestas contra, entre otras cosas, el neoliberalismo.

1. El paro en sí mismo

Colombia no ha tenido la tradición de protesta de países como Chile, Argentina o México por varias razones, pero se destacan la baja tasa de representatividad sindical, de menos del 5%, y la vigencia de un conflicto armado que distorsionó el escenario político clásico de izquierdas y derechas y laceró la viabilidad política de la izquierda democrática, que nunca ha llegado al poder en el país.

El último gran paro nacional se produjo en 1977. Convocado por los sindicatos, el paro fue asumido por profesores, trabajadores y estudiantes y puso contras las cuerdas al gobierno del liberal Alfonso López Michelsen, que enfrenaba una dura crisis económica y una disputa con los militares.

Durante los últimos años, por supuesto, han habido huelgas importantes, como el paro de corteros e indígenas contra el gobierno de Uribe en 2008 y el paro agrario contra Juan Manuel Santos en 2013.

También hubo grandes manifestaciones, como la marcha contras las FARC en 2008 y la que pedía la implementación del acuerdo de paz un día después de que fuera rechazado en un plebiscito en 2016.

Pero al menos desde 1977, y guardando las diferencias de carácter histórico, Colombia no había vivido una jornada de huelga cívica como la del 21 de noviembre.

Prácticamente todos los gremios acataron el paro; en cada rincón del país hubo protestas; la mayoría de quienes no protestaron vivieron una suerte de día feriado; el país estuvo paralizado por un día.

Solo el comercio, por ejemplo, se vio paralizado en un 50%, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), lo que equivale a pérdidas de US$60 millones.

En un país históricamente institucionalista, el shock político, económico y cultural que significó el paro del 21 es inédito.

Protesta en Colombia

EPA
Marchas masivas ha habido antes en Colombia, pero esta es la primera vez que un paro es acatado por prácticamente todos los sectores de la economía.

2. El cacerolazo

Al final de la tarde del jueves, cuando las marchas parecían ya haberse apaciguado tras la dispersión policial, miles de colombianos volvieron a las calles.

De noche, muchos en piyama, con el ambiente festivo y musical que marcó el inicio de la jornada, muchos salieron a la calle a reanudar su grito de protesta.

Y con un detalle que es usual en Venezuela, Argentina o Chile, pero que en Colombia no se había visto —o escuchado— en historia reciente: la cacerola.

Desde la calle o desde sus casas, en Bogotá y en otras ciudades del país, un inédito cacerolazo se tomó al país al cabo del día, justo cuando Duque daba un mensaje televisado de 4 minutos en el que criticó los actos “vandálicos”, apoyó a las fuerzas de seguridad y llamó al “diálogo social”.

El cacerolazo se escuchó en barrios de diferentes sectores socioeconómicos y se espera que se reactive en los próximos días.

Protesta en Colombia

AFP
Aunque en Bogotá se vieron las protestas más grandes, en ciudades como Medellín (foto) protestas se vieron en casi todo el país.

3. Protesta en ciudades uribistas

Si los colombianos, en general, históricamente han preferido gobiernos de centro-derecha o derecha, hay ciudades donde esa afiliación política parecía inamovible.

Y una de esas es Medellín, la segunda ciudad más importante del país, tierra del hoy senador y líder del partido de gobierno, Álvaro Uribe, el político más popular de la historia reciente del país gracias a su política de mano duro contra las guerrillas.

Las imágenes de la masiva marcha del jueves en Medellín terminaron de demostrar que la capital de Antioquia se ha diversificado políticamente.

Hace un mes, en unas elecciones regionales en las que el uribismo fue el gran derrotado a nivel nacional, los paisas eligieron como alcalde a un ingeniero de 39 años que apoya el proceso de paz, no hace parte de las maquinarias políticas y marchó el jueves: Daniel Quintero.

La marcha del jueves dejó claro que Medellín ya no es tierra sagrada del uribismo.

Y no fue la única: ciudades tradicionalmente uribistas como Montería, Neiva y Pereira también vieron sus calles tomaras por el paro nacional.

Otra razón para pensar que Colombia, para bien o para mal, ya no es el mismo país del pasado.


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