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Andrea Vega
Desplazados de Guerrero dejan plantón en CDMX; Segob les promete protección ante grupos armados
Tras varias semanas de permanecer afuera de Palacio Nacional, los habitantes desplazados de Guerrero regresarán este jueves a Chichihualco, municipio que abandonaron por los niveles de violencia.
Andrea Vega
28 de marzo, 2019
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Después de 39 días de estar en plantón afuera de Palacio Nacional, en la CDMX, desplazados de los municipios de Zitlala, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo regresaron a Guerrero luego de firmar un acuerdo con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, SEGOB.

Los pobladores de Guerrero se trasladaron a la CDMX y se colocaron en plantón afuera de la sede del gobierno nacional en demanda de una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante lo que calificaron como la inacción del gobierno de su estado para resolver su problema como víctimas de desplazamiento por parte de un grupo del crimen organizado que los sacó de sus casas para tomar el control de la zona de entrada a la sierra de Guerrero y otras rutas.

Leer: Llegan más desplazados de Guerrero a Palacio Nacional; no daremos atención privilegiada, dice Gobernación

Los cerca de 400 afectados no regresarán todavía a sus viviendas ni podrán ser reubicados, como lo solicitaban en un principio, se concentrarán en el auditorio municipal de Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo, en la Sierra de Guerrero, en tanto el gobierno federal diseña la estrategia para el retorno seguro a sus comunidades.

El acuerdo firmado incluye que la subsecretaria de Derechos Humanos, de la SEGOB, solicitará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana establecer un perímetro de seguridad para ellos, con tres puntos de vigilancia hacia la sierra y hacia Chilpancingo: en el Naranjo, el Carrizal y la Quebradora, rutas por donde el grupo armado podría ingresar en caso de que quisiera atacarlos.

El temor respecto a una incursión violenta de este grupo se debe a que el 23 de febrero, estos supuestos policías comunitarios amenazaron al gobierno estatal y federal con avanzar hacia Chilpancingo para supuestamente “pacificar” toda la zona.

Leer: Desplazados de Guerrero acusan que el gobierno federal no tiene una estrategia para ayudarlos

Será Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad, el responsable de decidir si es el ejército o la Policía Federal, o ambos, quien se encargará del perímetro de seguridad, afirmó Manuel Olivares, director del Centro de Derechos Humanos José Maria Morelos y Pavón, quien da acompañamiento a los desplazados. “Aunque nos adelantaron que, mientras no haya un reglamento para la guardia nacional, lo más factible es que sea la Policía Federal”.

El acuerdo firmado entre los pobladores de Guerrero y Alejandro Encinas también incluye que la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Salud garantizarán condiciones humanitarias de alimentación y sanidad para los desplazados durante su estancia en el auditorio municipal de Chichihualco.

Durante el primer mes del retorno a Guerrero se levantará un censo de los afectados que se encuentren en el auditorio, para después otorgarles el apoyo para renta y alimentación que habían solicitado como condición para volver a su entidad.

También se establecerá una mesa de trabajo que sesionará cada mes para evaluar las condiciones humanitarias de vivienda, alimentación, salud y sanidad    de las familias afectadas, mientras se generan las condiciones para el retorno a sus comunidades o su reubicación permanente.

Esto incluiría ya el diseño de la estrategia para cumplir con las demandas de fondo de los desplazados: el repliegue de los grupos del crimen organizado que los hicieron huir de sus comunidades para que ellos puedan regresar a sus casas, en el caso de los afectados de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, y la reubicación, para el caso de los pobladores náhuatl de Tlaltempanaca, municipio de Zitlala.

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Pero esa parte le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Alfonso Durazo, con quien los desplazados no pudieron tener ninguna reunión, pese a que el funcionario les prometió que los recibiría.

Toda la atención y los acuerdos se establecieron con la subsecretaria de Derechos Humanos de la SEGOB. El documento se firmó este 27 de octubre y hoy, los desplazados levantaron el plantón que mantenían afuera de Palacio Nacional desde el 17 de febrero, y volvieron a Guerrero, en autobuses dispuestos para eso por el gobierno federal.

Los desplazados de los tres municipios permanecerán juntos en el auditorio de Leonardo Bravo –antes de venir a CDMX estaban refugiados en diferentes puntos– para cerciorarse y facilitar que el gobierno cumpla los acuerdos. Si no lo hace, “volveremos a instalarnos aquí en plantón”, aseguró Olivares.

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