Llegan más desplazados de Guerrero a Palacio Nacional; no daremos atención privilegiada, dice Gobernación
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Foto: Andrea Vega

Llegan más desplazados de Guerrero a Palacio Nacional; no daremos atención privilegiada, dice Gobernación

El nuevo grupo se sumó a las personas que están desde hace tres semanas en espera de una audiencia con el presidente.
Foto: Andrea Vega
13 de marzo, 2019
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Un grupo de 56 desplazados del estado de Guerrero, 19 de ellos menores de 14 años, se sumó este martes a las 300 personas que estaban ya en plantón frente a Palacio Nacional, desde hace tres semanas, en espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador los reciba y puedan plantearle las demandas de retorno a sus comunidades o de reubicación.

Los recién llegados son del municipio de Heliodoro Castillo, de las comunidades de Pueblo Viejo, Vuelta del Sur y La Guitarra.

Hace un año, los obligó a salir de sus poblados el mismo grupo armado ligado a varios cárteles que en noviembre causó los desplazamientos en Tlaltempanaca, municipio de Zitlala, y en ocho comunidades de Leonardo Bravo, donde vivían los otros 300 desplazados que están en plantón en la Ciudad de México.


“Los de Heliodoro Castillo tienen ya más de un año fuera de sus comunidades. Han andado buscando cómo rentar una casita, cómo hacerle para seguir su vida, pero está difícil, y el gobierno estatal no les da solución, como tampoco nos la dio a nosotros, por eso se vinieron para acá a exigir que los reubiquen”, explicó Crescencio Pacheco, desplazado de la comunidad de Campo de Aviación, en Leonardo Bravo, y vocero de los afectados.

Leer: Desplazados de Guerrero cumplen 14 días frente a Palacio Nacional; los niños empiezan a enfermar

El primer grupo que llegó a instalarse afuera de Palacio Nacional desde el 17 de febrero, en espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador les dé audiencia, afirma que aun cuando el mandatario aseguró el 4 de marzo durante su conferencia de la mañana que ya se les estaba atendiendo, solo los han recibido funcionarios de la subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), pero no les han planteado solución a sus demandas.


Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), quien da acompañamiento a los afectados, contó que el jueves 7 tuvieron una reunión con Neftalí Granados y Félix Santana, a quienes se designó como enlaces para atenderlos.

“Les presentamos una propuesta de atención humanitaria, lo que supuestamente le toca a esta subsecretaría. Los afectados pidieron ayuda para pagar la renta de una vivienda, por  familia, mientras el gobierno prepara las condiciones para que puedan regresar a sus comunidades o ser reubicadas”.

También solicitaron apoyo para acondicionar las casas, para comprar camas, sillas, y una cantidad mensual para despensa alimenticia. Los desplazados han denunciado que debieron huir de sus comunidades con muy pocas pertenencias, y que sus casas han sido saqueadas por los grupos armados que tomaron el control del corredor Filo de Caballos- Casa Verde, la puerta de entrada a la sierra de Guerrero.

“Los desplazados se han quedado sin nada, sin casa, sin muebles, sin trabajo, por eso las demandas presentadas al gobierno incluyen esos apoyos”, señaló Olivares. Sin embargo, aseguró, la respuesta de las autoridades es que no hay recursos para cubrir los requerimientos.

Los desplazados están solicitando 10 mil pesos mensuales por familia (son alrededor de 80) para cubrir los costos de renta y alimentación, en tanto su situación se normaliza.

“El gobierno no quiere hacer ese gasto, pero tampoco preparan las condiciones para que la gente armada que tiene tomadas las comunidades del municipio de Leonardo Bravo se repliegue y los desplazados puedan volver a sus casas, y tampoco les da solución a los pobladores nahuas de Tlaltempanaca, municipio de Zitlala, que piden ser reubicados”, denunció el activista del Centro Morelos.

Félix Santana, director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la Segob, aseguró en entrevista que los recursos para despensa están garantizados.

“Lo que vemos más complejo es el pago de las viviendas porque eso implicaría un costo por mes. Además, no podemos darle atención privilegiada a un grupo de víctimas sobre los demás. El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de atender a todos los desplazados del país y para eso se está preparando una estrategia integral, pero ésta a traviesa por un diseño institucional de largo aliento. Recomponer el escenario no va a ser sencillo, son varios años de descomposición”.

El funcionario detalló que están en la fase de diagnóstico, ubicando zonas y causas. El problema es muy complejo, aseguró, “tan solo en el caso de Guerrero, el eventual retorno atravesaría por el desarme y la pacificación de la zona. Hemos identificado más de una docena de grupos del crimen organizado que coexisten en esa área y eso hace complicado el retorno”.

Ni un vaso de agua

A tres semanas de que llegó el primer grupo afuera de Palacio Nacional, los desplazados se quejan de falta de apoyo humanitario por parte del gobierno federal.

“No nos han dado ni un vaso de agua, ni comida, nada. La única atención médica que hemos recibido es la visita de paramédicos que vienen y nos revisan. Si alguien está enfermo, le dan una receta y hay que comprar la medicina. Mi esposa estuvo bien mala de gripa y tuvimos que ir a la farmacia de similares por los remedios”, contó uno de los desplazados.

“Estamos en muy malas condiciones –describió otro– peor de lo que estábamos en Chichihualco, en la cabecera municipal de Leonardo Bravo donde nos fuimos a refugiar, porque allá estábamos en un auditorio, teníamos donde bañarnos, aquí tuvimos que poner unos plásticos y ahí nos metemos a bañar cuando conseguimos agua”.

Cuestionado sobre si es verdad que no se les está proveyendo ayuda a los desplazados que se encuentran en plantón afuera de Palacio Nacional, Félix Santana afirmó que les han hecho el ofrecimiento de brindar todas las condiciones humanitarias cuando estén listos para regresar a Guerrero.

“El apoyo se los daremos allá, la atención es allá. Este gobierno garantiza el derecho a la protesta, pero no la vamos a incentivar, porque creemos que el problema tiene resolverse de forma integral, en los estados, y con la participación de los gobiernos estatales”.  

Crescencio Pacheco, vocero de los desplazados, aseguró que este viernes podría llegar otros grupo de 50 desplazados de Guerrero y que los desplazamientos y la violencia seguirán en ese estado si el gobierno federal no actúa pronto para replegar al grupo armado que está sacando a los pobladores de sus casas para quedarse con el control de la zona de la sierra y hasta Chilpancingo.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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