La Estafa Maestra: Juez 'perdona' a exfuncionario de Sedatu que autorizó pagar 185 mdp a Universidad
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Archivo / Cuartoscuro

La Estafa Maestra: Juez 'perdona' a exfuncionario de Sedatu que autorizó pagar 185 mdp a Universidad

Un juez federal determinó que no hay pruebas suficientes para llevar a juicio Francisco Báez Álvarez, exdirector de presupuesto de Sedatu.
Archivo / Cuartoscuro
Por Manu Ureste y Nayeli Roldán
27 de marzo, 2019
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Un juez federal decidió no vincular a proceso al exdirector de presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu) Francisco Báez Álvarez, por lo que éste no irá a juicio pese a que autorizó la entrega de 185 millones de pesos de esta dependencia a una universidad pública a través del esquema de desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra.

Báez Álvarez era el funcionario encargado de liberar los recursos públicos de la Sedatu para pagar a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, del estado de Hidalgo, para la realización de una serie de servicios tecnológicos a la dependencia y que no se hicieron, según documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y también comprobó la propia Fiscalía de la República.

Sin embargo, el juez federal Fernando Payá Ayala desestimó lo expuesto por los cuatro agentes del Ministerio Público respecto a la responsabilidad directa de Báez sobre los recursos, durante la audiencia pública celebrada en el juzgado del Reclusorio Norte, por la causa penal 444/2018.La

Estafa Maestra: Exdirector de Presupuesto de la Sedatu interpone 7 amparos por el proceso penal que enfrenta

“Él (Francisco Báez) estaba obligado por jerarquía a revisar y supervisar todo el trámite de pago. Pero no lo hizo y lo autorizó indebidamente”, apuntó la Fiscalía.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia pública, para sustentar el pago de esos supuestos servicios a la dependencia, la Universidad emitió nueve facturas por 185 millones de pesos, en las que se detectaron dos irregularidades.

Una, que las facturas no tenían el IVA desglosado, por lo que se presume un probable daño al erario por el impago de impuestos.

Y dos, que el concepto de los comprobantes fiscales correspondían a otros convenios distintos al que se estaba pagando.

Es decir, según la Fiscalía, el exdirector de presupuesto de la Sedatu aceptó, validó, y pagó facturas irregulares, a pesar de que el artículo 66 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria dice que según lo estipulado en el anexo técnico del convenio específico firmado entre la Sedatu y la Universidad, y según el reglamento interno de la dependencia, él era el responsable directo de vigilar y supervisar toda la documentación comprobatoria.

Ante estas irregularidades, la Fiscalía pidió al juez que se vinculara a proceso a Francisco Báez, para que respondiera en un juicio por la presunta autorización indebida de pagos por 185 millones de pesos, y el probable delito de ejercicio indebido del servicio público.

No obstante lo anterior, el juez Payá Ayala determinó, tras una exposición de argumentos de apenas 10 minutos de duración, que no había elementos probatorios suficientes para vincular a proceso al exfuncionario. Y argumentó dos motivos.

El primero, que la supuesta no realización de los servicios contratados por la Sedatu, no es imputable al exdirector de presupuesto, sino que, en todo caso, sería a la Universidad que debía dar esos servicios, dijo el juez. Y que esto, ya es materia de otra causa penal.

Y el segundo, que las posibles irregularidades en las facturas son únicamente imputables al contribuyente que emitió dichas facturas, es decir, la Universidad Politécnia Francisco I. Madero.

Esta decisión significa que, al menos por este caso, el exdirector de presupuesto de la Sedatu no irá a juicio, aunque la Fiscalía General de la República tiene ahora cinco días hábiles para apelar la decisión del juez, o puede seguir investigando para, en caso de encontrar más pruebas, solicitar una nueva audiencia.

Báez Álvarez aún tiene abiertos otros dos procesos relacionados también con convenios de la Sedatu y universidades públicas. Por lo que su abogado defensor calificó la decisión del juez solo como “una pequeña victoria”.

“Responsable de supervisar convenio era Saldaña”

Durante su intervención en la audiencia, Francisco Báez se declaró “totalmente inocente” de las imputaciones hechas por la Fiscalía.

Dijo que, como parte de sus atribuciones, no está la de supervisar que se realizaran los servicios de los dos convenios firmados con la Universidad Pública —convenio marco y el convenio específico—.

Lo anterior, subrayó Báez a pregunta expresa de su abogado, sería responsabilidad de quien firmó el convenio por 185 millones de pesos con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, el funcionario Armando Saldaña Flores, quien apenas el pasado 20 de marzo sí fue vinculado a proceso por su presunta participación en el desvío de recursos públicos de la Sedatu a través de La Estafa Maestra. 

“El área de Armando Saldaña era la que debía supervisar que los trabajos del convenio se realizaran”, recalcó Báez. “Es decir, su área se encarga de revisar todo, y partir de ahí, me mandan facturas, y toda la documentación, y yo autorizo el pago. Pero yo no estoy obligado a revisar los servicios”.

En cuanto a las irregularidades en las facturas, la defensa del exdirector de presupuesto alegó que, de acuerdo con la normatividad, Báez no estaba tampoco obligado a revisar “factura por factura”, ya que hay toda una estructura jerárquica por debajo de él que se encarga de realizar esas tareas, y que ésta comununicó a Báez que “todo estaba en regla”, por lo que éste autorizó los pagos.

Además, la defensa argumentó que el exdirector de presupuesto no realizó personalmente los pagos por 185 millones de pesos, sino que éste los “gestionó” ante la secretaría de Hacienda, “que es la dependencia que autoriza el pago final”.

“Mi cliente se apegó a la norma y al reglamento: a él le dan una serie de documentación entregable por los servicios (facturas), le hacen ver que todo es correcto, y gestiona el pago ante Hacienda. Pero él no apretó un botón y se hizo el pago”, resaltó el abogado defensor, quien añadió que, en el caso de que las facturas tuvieran irregularidades, éstas serían imputables a la Universidad, no a su cliente. Argumento con el que coincidió el juez en su decisión de no vincular a proceso al exdirector de presupuesto de la Sedatu.

Cercano a Rosario Robles y Zebadúa

Francisco Báez Álvarez tuvo el mismo cargo en la Sedesol y Sedatu durante la administración de Rosario Robles en ambos casos, y su jefe directo fue Emilio Zebadúa, oficial mayor en ambas dependencias.

En Sedesol fue director general de Recursos Materiales solo por seis meses en 2013, y entre agosto de ese año y octubre de 2015 ocupó la dirección general de Programación y Presupuesto, donde tenía la responsabilidad de “administrar, coordinar” y fungía como “instancia única para tramitar ante la Secretaría de Hacienda las solicitudes de presupuesto”. 

Desde ese cargo aprobó las transferencias electrónicas por casi 400 millones de pesos de la Sedesol para pagar supuestos servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre realizados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos entre octubre y noviembre de 2013, según consta en el expediente de la investigación realizada por el Órgano Interno de Control y del que Animal Político tiene copia. 

14 universidades públicas tienen denuncias penales por presunto desvío de recursos durante sexenio de EPN

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación señaló que los servicios no se hicieron y la investigación periodística sobre La Estafa Maestra comprobó que las empresas contratadas por la Universidad eran fantasma o ilegales, por lo que los recursos públicos desaparecieron.

En Sedatu se repitió el esquema de convenios con universidades, subcontratación de empresas ilegales o fantasma y, por ende, presunto desvío de recursos públicos, según documentó la Auditoría. 

Báez Álvarez fue nombrado otra vez director general de Programación y Presupuesto en la Sedatu en octubre de 2015, un mes después de la llegada a la dependencia de Emilio Zebadúa como oficial mayor, su jefe directo por segunda ocasión.

Los convenios

La Sedatu hizo el convenio general SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 y el específico SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016 con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero mediante el cual entregó 224 millones de pesos en 2016, motivo de esta causa penal. 

Según consta en los convenios, obtenidos por Animal Político vía transparencia, los supuestos servicios consistieron en la “difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano, equidad de género y propiedad rural y desarrollo agrario, en cumplimiento de sus fines institucionales”.

El primer convenio fue firmado por el entonces subsecretario de Ordenamiento Territorial y urbano, Enrique González Tiburcio y el segundo por su subalterno, Armando Saldaña, director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo.

Sin embargo, ambos denunciaron ante el Órgano Interno de Control de la dependencia en julio de 2017 la falsificación de su firma en dichos documentos. La denuncia llegó hasta la entonces Procuraduría General de la República y en el proceso de desahogo de pruebas, Tiburcio fue vinculado a proceso el 30 de enero debido a que el juez consideró que la firma es “de puño y letra” del funcionario. 

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Pedro Castillo: de qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora

La Fiscalía utilizó una figura especial para acusar al mandatario ante el Congreso, lo que podría desencadenar su salida del poder.
12 de octubre, 2022
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La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de estado en Perú”.

La Fiscalía presentó formalmente la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a quien según el Ministerio Público corresponde ahora pronunciarse, aunque el gobierno acusa a la fiscal Benavides de intentar una maniobra inconstitucional para sacar a Castillo del poder.

La acusación formal al presidente supone un nuevo capítulo en la crisis política peruana y abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del mandatario.

Pero, ¿cuáles son los hechos que se le imputan y que podrían costarle el cargo?

Investigaciones preliminares

La Fiscalía llevó a cabo este martes varios registros en viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellos el de la hermana del presidente en San Juan de Lurigancho, un populoso barrio de Lima.

La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron “muy graves y reveladores indicios” de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles..

El Presidente expresó su indignación por Twitter “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”.

La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.

Ya en mayo se había emitido orden de busca y captura contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo cuenta ha criado como su hija, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.

El exsecretario y los sobrinos de Castillo, en la imgen oficial donde se ofrece una recompensa por ellos.

Mininter Perú
El Ministerio del Interior ofrece una recompensa por los sobrinos y el exsecretario de Castillo (izq.).

Denuncia constitucional

Las investigaciones en curso en la Fiscalía son diversas y algunas interconectadas., pero ninguna ha superado la fase preliminar.

De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que el procedimiento especial de denuncia constitucional permite determinar si las personas que tiene inmunidad (como el primer mandatario y los congresistas) cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción.

Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.

Suspicacia por un ministerio

El Ministerio de Transportes ha sido objeto preferente de las investigaciones. Según la Fiscalía, Castillo y su ex ministro de Transportes, Juan Silva, también huido, favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.

Para otro exministro de Transportes de Castillo, Geiner Alvarado, la Fiscalía pidió una medida de impedimento de salida del país, también por su supuesta pertenencia a esta banda, de la que formaría parte también los sobrinos fugados de Castillo.

Los sobrinos se habrían lucrado con la concesión del proyecto para la construcción de un puente en el norte del país. En el mismo procedimiento está imputado Bruno Pacheco, ex secretario de Castillo al que se le intervinieron US$20.000 en el cuarto de baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.

Obras bajo sospecha en su tierra

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.

Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa Cuarto Poder gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

Congreso de la República del Perú
Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

El papel de “Los Niños”

Entre los registros llevados a cabo el martes estuvo el de los despachos de 6 congresistas del partido Acción Popular conocidos en los medios locales como “Los Niños” y a los que la Fiscalía sitúa también como miembros de la organización criminal de Castillo.

Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.

Informaciones publicadas en los medios peruanos indican que lo que puso a la Fiscalía sobre aviso de los supuestos tratos delictivos de Castillo con “los Niños” fue el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, que señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes.

La empresaria se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada.

Los congresistas se habían caracterizado por votar a favor de los intereses de Castillo en el Congreso pese a pertenecer a una bancada rival.

Ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas

Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.

Castillo fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

La salida del ministro de Interior

La salida del gobierno del ministro del Interior Mariano González se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo.

González declaró a los medios tras haber sido cesado que lo fue en represalia por haber asignado a los policías más competentes a la división encargada de localizar a huidos como los sobrinos de Castillo.

“Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, dijo entonces González.

Para la Fiscalía esto podría constituir un delito contra la administración de justicia por parte del Presidente.


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