El gobierno federal respetará la convocatoria del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud y asignará los 346 millones de pesos en subsidios a organizaciones de la sociedad civil que operan refugios para mujeres que viven violencia extrema, pero sólo este año.
Así lo informó la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, a representantes de la Red Nacional de Refugios, durante una plática que sostuvieron tras la conferencia matutina del pasado 6 de marzo en Palacio Nacional, en la que se anunció un plan emergente para combatir la violencia contra las mujeres.
La directora de la Red, Wendy Figueroa, informó en entrevista que para el 2020 no hay definición sobre qué pasará con los refugios operados por la sociedad civil ni se tiene aún claro cuál será el mecanismo para transitar a refugios operados sólo por el gobierno.
“Le preguntamos a Gasman directamente si tras el anuncio del plan emergente estaban contemplados los refugios de la sociedad civil. Ella comentó que sí, pero que no lo podía garantizar para el siguiente año, que porque están viendo que el gobierno, estados y municipios se hagan cargo de ello, que realmente sean el eje rector.
“Y como no tienen claro cómo se va a dar esa transición preguntamos muy concretamente: ‘¿entonces en este año la convocatoria 2019 sí va a seguir conforme a la ley y sí va a contemplar los proyectos de organizaciones de la sociedad civil, y mientras establecemos mesas de diálogo que nos permitan llegar a acuerdos y algunas otras acciones específicamente?’, y comentó que sí, que en efecto así va a ser”, precisó Figueroa.
De esta forma las organizaciones de la sociedad civil que operan refugios para mujeres violentadas se convierten en las únicas excepciones, hasta ahora, de la instrucción presidencial para que ninguna dependencia del gobierno federal transfiera recursos a las OSC.
Esta fue la razón por la que el pasado 14 de febrero la Secretaría de Salud suspendió la convocatoria para asignar subsidios a estos refugios, misma que fue reactivada días después tras las protestas generadas.
En el encuentro con la Red, Gasman les precisó que este año se reforzará la supervisión y los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia sobre los recursos asignados a las organizaciones de la sociedad civil, aunque todavía no tienen claro cómo será.
De acuerdo con la convocatoria y el convenio de colaboración que las organizaciones firman con la Secrataría de Salud, durante los ocho meses que ejercen el subsidio las OSC están obligadas a entregar un informe cuantitativo de resultados mensual, un informe financiero trimestral y una auditoria al final del ejercicio fiscal, además del programa de protección civil, el modelo de actuación, y la constancia de que están al corriente con el SAT. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva suele realizar supervisiones constantes y requerir información adicional, de acuerdo con la Red.
“Cuando no se acepta un gasto realizado porque el Centro Nacional de Equidad considera que no estaba contemplado en el convenio, como comprar 8 literas cuando se dijo que se comprarían 7, por poner un ejemplo, tienes que regresar el dinero de la octava litera porque no estaba autorizado, así haya sido la misma cantidad de recurso. A ese nivel de transparencia trabajamos”, explicó Figueroa.
Durante el encuentro, las representantes de la Red precisaron a Gasman que desde el 2003 los refugios reciben subsidio de la Secretaría de Salud etiquetados en el Ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación, y no del DIF, como se dijo erróneamente en la conferencia matituna en Palacio Nacional, además de informarle sobre el modelo y los procesos de rendición de cuentas con los que operan.
También la invitaron a visitar un refugio y a tomar en cuenta la opinión de las OSC a la hora en que elaboren el plan integral para operar los refugios.
“Vemos disposición, pero son cosas que siguen estando inciertas sobre cómo va a ser la rectoría del Estado sobre los refugios. Le dijimos que es muy importante considerar las circunstancias de cada estado de la República, que no podemos tener un solo modelo porque las características son diferentes en todo el territorio nacional, y para eso queremos tener mesas de trabajo. Hemos avanzado unos pasos, pero faltan 50 más”, concluyó la directora de la Red.
