Autoridades federales desaparecen el único programa de apoyo a jornaleros agrícolas
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Autoridades federales desaparecen el único programa de apoyo a jornaleros agrícolas

La nueva administración federal no ha definido una política de apoyo a los jornaleros agrícolas, que enfrentan precarias condiciones laborales y de vida.
Cuartoscuro
29 de marzo, 2019
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En México, los jornaleros agrícolas están expuestos a ser víctimas de abusos que van desde irregularidades en el pago de sus salarios, jornadas laborales superiores a las ocho horas y condiciones de explotación que se han normalizado, tal como lo documenta el primer informe de violaciones a derechos de la Red de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas (REJJA ). A pesar de esa situación, el gobierno federal ordenó la desaparición del único programa de apoyo a estos trabajadores.

A Soledad le quedan las manos blancas después de solo media hora de estar cortando pepino. Es por los fertilizantes y agroquímicos que se usan para su producción. Lo que ya no le deja rastro son las espinitas de la planta. A los novatos les provocan comezón y ardor, a ella las manos se le han curtido.

La jornalera podría usar guantes para no tener contacto con los agroquímicos, pero los tendría que comprar. La empresa donde se emplea no se ocupa de dar a sus trabajadores ni los botes donde van poniendo la cosecha, hasta esos tienen que llevarlos ellos mismos. Además, traer guantes entorpecería sus dedos, y aquí hay que cortar mucho para ganar “más o menos”. El pago de Soledad es a destajo: 4.50 pesos por bote. Al día hace unos 50, para una paga por jornada de 225 pesos.

jornaleros

La población jornalera son en su mayoría Indígenas o habitantes de las comunidades más pobres y rezagadas, donde no hay opciones viables de empleo. Pese a eso, la administración federal no solo no ha definido una política pública para atenderlos, sino que ahora ha desaparecido el único programa que existía, desde hace 30 años, dirigido a mejorar sus condiciones de vida.

Lee: Una consulta indígena devolverá a campesinos de Oaxaca el derecho a usar el agua de sus pozos

Ir tras el surco

En el campo donde trabaja Soledad, en Colima, hay un grupo de jornaleros adolescentes. Se encuentran sus hijas, de 17, 15 y 13 años. La ley dice que no deberían trabajar, pero nadie lo impide. La familia lleva más de 20 años migrando. Aunque antes solían volver a su comunidad, hace ya cinco años que no lo hacen. Los ciclos agrícolas los han llevado por varios estados sin regreso a casa.

Solo este año han estado ya en tres entidades. Los hijos de Soledad y su esposo no han ido mucho tiempo a la escuela. Los menores no la han pisado nunca, los más grandes tuvieron que dejarla. Al migrar de un lado a otro, no hay ninguna institución que los acepte.

Para solucionar el problema de vivienda, las familias jornaleras habitan en galeras dentro de los campos o rentan o habilitan espacios, que por lo general tienen condiciones físicas deficientes. Son casas semiconstruidas, bodegas donde no hay los servicios básicos como drenaje, agua entubada o sanitarios.

jornaleros

En el informe, se documenta que en San Luis Potosí, en mayo de 2018, en el municipio de Villa de Arista, se encontró una casa que, según lo dicho por los jornaleros y jornaleras entrevistadas, es propiedad del contratista del rancho donde trabajan, el Santa Yolanda. Es una casa de dos plantas con cinco habitaciones y tres baños, dos no tienen techo ni puertas. Ahí habitan unas 90 personas. El lugar no tiene camas. Todos duermen sobre cartones, en espacios sin ventilación ni iluminación.

Otra opción para los jornaleros son los albergues públicos o semiprivados. En su informe de violaciones a derechos, la REJJA señala que, en 2015, había 118 administrados a nivel federal por la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 850 de manera mixta, con una participación importante de productores del sector agropecuario y los propios jornaleros. Pero la mayoría de estos albergues no cuenta con buenas condiciones de infraestructura ni con servicios adecuados.

Adiós al programa de apoyo

Hasta ahora no ha habido una política pública que resuelva los problemas de educación, salud y vivienda que enfrenta este sector. De 1990 a 2018 operó el Programa de Apoyo a Trabajadores Jornaleros Agrícolas (PAJA), a cargo de la hoy llamada Secretaría del Bienestar. Pero en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año (PEF) 2019, ya no aparece.

Esto, pese a que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registra que en el segundo trimestre de 2017 había 2 millones 990 mil 049 jornaleros, de los cuales 10 % eran mujeres. A esa cifra hay que sumarle el de las familias que los acompañan, entonces el número de quienes migran a los campos agrícolas crece hasta 9 millones, de acuerdo a cifras de Antonieta Barrón, académica de la Facultad de Economía de la UNAM, quien desde hace 30 años hace investigación sobre el tema de los jornaleros agrícolas en México.

jornaleros

Los estados que más expulsan migrantes son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, además de Jalisco y Guanajuato. Las entidades que más reciben son Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Pero también Coahuila, Chihuahua y Nuevo León están atrayendo jornaleros.

El 18 de febrero, ante la desaparición del PAJA y lo que parece una falta absoluta de política pública, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas le dirigió una carta a María Luisa Albores, titular de la Secretaría del Bienestar, en la que le hicieron una pregunta básica: ¿cómo será la atención a estos trabajadores, en cada una de estas condiciones: género, movilidad, edad y condición étnica?

La única respuesta que han recibido hasta ahora les llegó vía mail a nombre de Luis Carlos Chávez, director general adjunto de Enlace Social y Atención Ciudadana de la Secretaría de Bienestar, quien pasó la responsabilidad de dar respuesta a la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios para que “estudie el asunto y busque una solución a la petición”.

El Programa de Apoyo a Trabajadores Jornaleros Agrícolas estaba adscrito a la Secretaría de Bienestar. Su objetivo era reducir las condiciones de vulnerabilidad de estos trabajadores con servicios de salud, educación y con la construcción y el manejo de albergues.

En su origen, documenta la Red de Jornaleros en su carta a Albores, “este programa se distinguió por la integralidad de sus acciones, la existencia de redes de promoción social y la participación organizada de la población. Aunque admitimos que al cabo de los años el diseño original se fue transformando hasta simplificarse”, subraya la misiva.

De acuerdo al informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante el sexenio pasado, el presupuesto del PAJA se fue reduciendo al pasar de 270 millones de pesos en 2012 a 213 millones en 2017, cuando atendió a 76 mil personas.

Nunca sabes lo que tienes hasta que dejas de medirlo

Hace años –afirma Isabel Margarita Nemecio, coordinadora general de REJJA– este programa ejercía mucho la promoción social, incluso había trabajadoras sociales en los ranchos. Eran el enlace con los jornaleros. “Su labor permitía acciones muy concretas, desde tener un padrón de trabajadores, hasta darles atención médica si había un accidente o resolver cuestiones de su alimentación. Hoy esas figuras ya no existen”.

Otro elemento que dependía en parte de los recursos del PAJA eran los albergues en zona de destino o estados receptores y las Unidades de Servicios Integrales, USI, donde los jornaleros podían llegar antes de salir a los estados o quedarse a habitar en los destinos. Esos espacios garantizaban también tener un censo de la población jornalera. “Aunque en el último sexenio, muchos de estos albergues ya no tenían ni mantenimiento, ni rehabilitación, ni promoción social”.

jornaleros

La mayor precarización del PAJA sucedió en los últimos tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto cuando todo se redujo a unos cuantos subsidios, que no quedaban muy claros. “En el tema de apoyos para movilidad laboral de Sedesol, se empadronaba a los trabajadores, pero nunca quedaba claro a quiénes se les otorgaba el recurso. Mucha población que supuestamente eran beneficiarios, recibieron el papel con su folio de que habían sido registrados, pero nunca les llegó el apoyo”, afirma Nemecio.

El programa tenía ya muchas fallas, “pero no era para desaparecerlo, lo que debían haber hecho es mejorarlo”, advierte Barrón. La Secretaría del Bienestar, agrega la investigadora de la UNAM, ha dicho públicamente que la atención a estos trabajadores se incluirá en los programas para población indígena, pero solo el 60 % de ellos lo son, “quién y cómo atenderá al otro 40 %, cuál va a ser la política pública para mejorar las condiciones de todos estos jornaleros, no lo sabemos, no hay ninguna claridad sobre eso”.

Animal Político solicitó una entrevista a la Secretaría de Bienestar para saber cómo atenderá a la población jornalera agrícola, pero no obtuvo una respuesta a la petición.

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Coronavirus y crimen: cómo se adaptan las mafias de América Latina a la pandemia de covid-19

Las mafias regionales sufren por menos demanda y oferta para sus productos ilícitos. Pero su poder se mantiene en el continente.
23 de abril, 2020
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Tapaboca con el rostro del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

AFP
Según medios periodísticos, Alejandrina Guzmán, hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha ayudado en la distribución de suministros, etiquetados con el nombre y la imagen de su padre, a los miembros del público durante el brote de coronavirus en México.

En la tarde del 7 de abril, cuando Colombia ajustaba su décimo cuarto día consecutivo de cuarentena nacional, un concurrido cortejo fúnebre avanzaba por las calles de Bello, un sector de clase trabajadora al norte de la segunda ciudad del país, Medellín.

La procesión fúnebre, llevada a cabo en abierta violación de las reglas de aislamiento social, acompañaba al cuerpo de Edgar Pérez Hernández, alias “El Oso”, el supuesto jefe de la poderosa banda criminal Niquia-Camacol, quien había fallecido el día anterior de un infarto mientras estaba en la cárcel.

“Además de que se hacían disparos, también se aplaudía”, reportó el diario local El Colombiano el 7 de abril.

Las estructuras del crimen organizado en América Latina, desde las bandas criminales colombianas a las “milicias” urbanas brasileñas y los cárteles mexicanos, han seguido demostrando su poder en medio de la pandemia.

Y si bien algunos analistas señalan que, como cualquier otra empresa en esta crisis global sin precedentes, los grupos criminales latinoamericanos enfrentan una crisis existencial por cuenta de la severa interrupción de sus cadenas internacionales de suministros, otros observadores subrayan la resiliencia y continua influencia de estas organizaciones a lo largo de la región.

Menos oferta y menos demanda

El narcotráfico, la piedra angular financiera de los imperios criminales latinoamericanos, ha sufrido restricciones a la demanda y la oferta por cuenta de la pandemia.

La venta de droga en Estados Unidos cayó. Los precursores químicos procedentes de China dejaron de llegar a los puertos mexicanos. Al mismo tiempo crecieron las dificultades para el contrabando de drogas a lo largo de la frontera, por lo que el precio de los enervantes ha incrementado”, sostenía el columnista mexicano Héctor de Mauleón en un editorial publicado por el diario El Universal el 13 de abril.

“Este coctel anuncia un salto en los índices de violencia entre grupos rivales. Los narcos van a pelear por las pocas oportunidades criminales disponibles”, añadía de Mauleón.

Una casa baleada en Ciudad Juárez tras un enfrentamiento entre la policía y criminales de la droga.

Getty Images
Los crímenes relacionados al narcotráfico aumentaron en los últimos meses en México.

El 1 de abril, el diario mexicano Mileno titulaba: “Marzo: el mes con más homicidios en 13 años”.

Medios locales mexicanos reportan tendencias similares. En la fronteriza Ciudad Juárez, el periódico El Diario anunciaba el 30 de marzo que la ciudad había tenido 153 homicidios ese mes, la mayor cifra desde agosto de 2018.

Las maras en cuarentena

En El Salvador, medios locales hablan también de cambios por parte de las pandillas salvadoreñas conocidas como maras.

Un miembro del ejército de El Salvador detiene a una persona.

Reuters
La delincuencia no se detiene pese a la pandemia.

El 31 de marzo, el sitio de noticias salvadoreño El Faro aseguraba en una crónica que la cuarentena en todo el país había afectado la principal fuente de financiación de las maras, la extorsión, pero que sorpresivamente los pandilleros estaban apoyando con su poder de intimidación el mantenimiento de esa cuarentena decretada por el gobierno.

El Faro citaba a miembros no identificados de las pandillas salvadoreñas acerca de la razón para esta inesperada solidaridad con las autoridades.

“Uno argumentó que estaban convencidos de que si la epidemia de coronavirus desata en El Salvador su peor escenario, ningún hospital destinará un respirador para un pandillero. Temen que se les niegue atención médica. Otro explicó que es porque no quieren aumentar la presencia policial en sus barrios debido a gente que incumpla la cuarentena”, indicaba El Faro.

Narcosubmarinos en abundancia

Narco-submarino en Colombia.

AFP
Los “narcosubmarinos” son parte de la modalidad de tráfico de drogas.

Pese a los sobresaltos en los negocios, los cárteles latinoamericanos siguen intentando enviar volúmenes enormes de drogas a través de las fronteras.

“El crimen organizado siempre es más ágil y flexible que los propios gobiernos”, le dice a BBC Mundo Jeremy McDermott, codirector y cofundador de Insight Crime, un centro de estudios sobre el crimen organizado latinoamericano.

“Ellos tienen la posibilidad de cambiar su modus operandi con rapidez”, agrega.

El 11 de abril, el diario colombiano El Tiempo anunciaba que en lo corrido del año las fuerzas de seguridad del país habían participado en operaciones que llevaron al decomiso de 112 toneladas de drogas ilícitas.

El 31 de marzo, la marina colombiana interceptó en aguas costeras del pacifico un “narcosubmarino” con una tonelada de cocaína abordo.

Era la décima segunda nave de ese tipo descubierta en el primer trimestre de 2020.

Guardacostas colombianos

AFP
Las medidas de controles contra el narcotráfico siguen pese al brote de coronavirus.

“Los contenedores, aviones y el transporte comercial internacional están muy reducidos”, dice McDermott, por lo que las mafias responden con alternativas como los narcosubmarinos.

No obstante, la pandemia igualmente ha generado dificultades a los productores colombianos de cocaína.

Los narcotraficantes en el oriente colombiano han sufrido por la escasez de gasolina que antes llegaba de contrabando de Venezuela, una materia prima esencial para el proceso de refinar la cocaína, indica McDermott.

Y las medidas de control fronterizo siguen haciendo mella en el negocio.

“Hay mucho producto que no se puede mover, pero eso era un problema desde antes del coronavirus”, apunta el experto, recordando que hoy, “Colombia produce mas cocaína que nunca”.

Respuesta política

Ayuda de alimentos y productos sanitarios con el rostro de Guzmán.

AFP
Las ayudas con el rostro de Guzmán incluyen papel higiénico, alcohol en gel y tapabocas.

Los cárteles de la droga también han respondido políticamente a la crisis actual.

Buscan el apoyo popular creando redes informales de apoyo a las comunidades que enfrentan la ruina por la pandemia y guardan pocas esperanzas de recibir ayuda estatal.

El 11 de abril los medios mexicanos informaban de pistoleros, supuestamente pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación, entregando comida en la población de Cuautitlán.

Acciones similares han sido atribuidas al Cártel del Golfo en el estado nororiental de Tamaulipas y a “los Viagras” en Michoacán, entre otros.

Las mafias incluso han mediado en la respuesta de salud pública con la que se ha enfrentado a la epidemia en algunas partes de América Latina.

Favela de Sao Paulo.

Getty Images
Medios brasileños reportaron que había diálogos con la delincuencia en las favelas en medio del brote del coronavirus.

Los medios brasileños reportaron el 9 de abril que el entonces todavía ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta decía que el gobierno federal trabajaba en un plan piloto en una favela cuyo nombre no fue especificado, buscando un “diálogo” con milicias narcotraficantes.

Quería obtener la cooperación de los criminales en la lucha contra la expansión del coronavirus en ese rincón urbano de Brasil.

En declaraciones a O Globo, el ahora exministro decía que ese dialogo era necesario.

“Entiéndase que esas son áreas donde el Estado esta frecuentemente ausente, en donde narcotraficantes y milicias están a cargo… ¿Cómo construimos ese puente en nombre de la vida? Diálogo por la salud, sí, con traficantes, con la milicia, porque también son seres humanos y también tienen que colaborar, ayudar, participar”, decía Mandetta.

Debilidad

Quema de droga en Honduras.

Getty Images
La pandemia del coronavirus también afecta al narcotráfico.

Algunos comentaristas sugieren que, pese a sus intentos de adaptación, los cárteles enfrentan un momento de vulnerabilidad.

“Es posible que en las próximas semanas o meses se alcance un punto de enorme debilidad para el crimen organizado, justo en el momento en que, como resultado de la emergencia, el Estado va a ampliar sus facultades”, aseguraba el 23 de marzo el experto mexicano en temas de seguridad Alejandro Hope en declaraciones a El Universal.

“En la medida en que se normalice la vida del país, regresarán los viejos patrones de trafico ilícito y actividad criminal”, añadió.

“Pero tal vez sea posible aprovechar este momento de excepción para poner al Estado donde nunca ha tenido presencia, desmantelar las principales bandas del crimen organizado, subvertir su legitimidad y modificar la relación entre la ciudadanía y el aparato de seguridad y justicia”, alegaba Hope.

Medicamentos falsos.

AFP
En medio de la pandemia, los narcotraficantes se pueden reinventar diversificando sus negocios y podrían recurrir a la venta de medicamentos falsificado.

Jeremy McDermott le dice a BBC Mundo, sin embargo, que muchas mafias latinoamericanas todavía pueden aguantar gracias a su flexibilidad y no están a punto de quedarse sin dinero efectivo.

“Las organizaciones criminales en Colombia ya no son como los antiguos cárteles de Medellín o de Cali que tenían grandes ‘nóminas’. Hoy muchos operan con un modelo de subcontratación“.

También, indica McDermott, estas organizaciones tienen “portafolios muy diversificados” en sus actividades criminales.

“Si no hay suficientes ingresos por ahora en la exportación de droga, ellos podrían recurrir a la venta de medicamentos falsificados, trata de personas, extorsión y otras actividades”, apunta.

Independiente del impacto a largo plazo que la pandemia pueda tener sobre los cárteles, en el corto plazo, sus esfuerzos para sobrellevar la crisis del Covid-19 probablemente traerán violencia y el reto persistente a unas autoridades estatales ya debilitadas por la emergencia sanitaria que golpea a América Latina.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=H_Q1WDFqnT0

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