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Cuartoscuro

Autoridades federales desaparecen el único programa de apoyo a jornaleros agrícolas

La nueva administración federal no ha definido una política de apoyo a los jornaleros agrícolas, que enfrentan precarias condiciones laborales y de vida.
Cuartoscuro
29 de marzo, 2019
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En México, los jornaleros agrícolas están expuestos a ser víctimas de abusos que van desde irregularidades en el pago de sus salarios, jornadas laborales superiores a las ocho horas y condiciones de explotación que se han normalizado, tal como lo documenta el primer informe de violaciones a derechos de la Red de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas (REJJA ). A pesar de esa situación, el gobierno federal ordenó la desaparición del único programa de apoyo a estos trabajadores.

A Soledad le quedan las manos blancas después de solo media hora de estar cortando pepino. Es por los fertilizantes y agroquímicos que se usan para su producción. Lo que ya no le deja rastro son las espinitas de la planta. A los novatos les provocan comezón y ardor, a ella las manos se le han curtido.

La jornalera podría usar guantes para no tener contacto con los agroquímicos, pero los tendría que comprar. La empresa donde se emplea no se ocupa de dar a sus trabajadores ni los botes donde van poniendo la cosecha, hasta esos tienen que llevarlos ellos mismos. Además, traer guantes entorpecería sus dedos, y aquí hay que cortar mucho para ganar “más o menos”. El pago de Soledad es a destajo: 4.50 pesos por bote. Al día hace unos 50, para una paga por jornada de 225 pesos.

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La población jornalera son en su mayoría Indígenas o habitantes de las comunidades más pobres y rezagadas, donde no hay opciones viables de empleo. Pese a eso, la administración federal no solo no ha definido una política pública para atenderlos, sino que ahora ha desaparecido el único programa que existía, desde hace 30 años, dirigido a mejorar sus condiciones de vida.

Lee: Una consulta indígena devolverá a campesinos de Oaxaca el derecho a usar el agua de sus pozos

Ir tras el surco

En el campo donde trabaja Soledad, en Colima, hay un grupo de jornaleros adolescentes. Se encuentran sus hijas, de 17, 15 y 13 años. La ley dice que no deberían trabajar, pero nadie lo impide. La familia lleva más de 20 años migrando. Aunque antes solían volver a su comunidad, hace ya cinco años que no lo hacen. Los ciclos agrícolas los han llevado por varios estados sin regreso a casa.

Solo este año han estado ya en tres entidades. Los hijos de Soledad y su esposo no han ido mucho tiempo a la escuela. Los menores no la han pisado nunca, los más grandes tuvieron que dejarla. Al migrar de un lado a otro, no hay ninguna institución que los acepte.

Para solucionar el problema de vivienda, las familias jornaleras habitan en galeras dentro de los campos o rentan o habilitan espacios, que por lo general tienen condiciones físicas deficientes. Son casas semiconstruidas, bodegas donde no hay los servicios básicos como drenaje, agua entubada o sanitarios.

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En el informe, se documenta que en San Luis Potosí, en mayo de 2018, en el municipio de Villa de Arista, se encontró una casa que, según lo dicho por los jornaleros y jornaleras entrevistadas, es propiedad del contratista del rancho donde trabajan, el Santa Yolanda. Es una casa de dos plantas con cinco habitaciones y tres baños, dos no tienen techo ni puertas. Ahí habitan unas 90 personas. El lugar no tiene camas. Todos duermen sobre cartones, en espacios sin ventilación ni iluminación.

Otra opción para los jornaleros son los albergues públicos o semiprivados. En su informe de violaciones a derechos, la REJJA señala que, en 2015, había 118 administrados a nivel federal por la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 850 de manera mixta, con una participación importante de productores del sector agropecuario y los propios jornaleros. Pero la mayoría de estos albergues no cuenta con buenas condiciones de infraestructura ni con servicios adecuados.

Adiós al programa de apoyo

Hasta ahora no ha habido una política pública que resuelva los problemas de educación, salud y vivienda que enfrenta este sector. De 1990 a 2018 operó el Programa de Apoyo a Trabajadores Jornaleros Agrícolas (PAJA), a cargo de la hoy llamada Secretaría del Bienestar. Pero en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año (PEF) 2019, ya no aparece.

Esto, pese a que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registra que en el segundo trimestre de 2017 había 2 millones 990 mil 049 jornaleros, de los cuales 10 % eran mujeres. A esa cifra hay que sumarle el de las familias que los acompañan, entonces el número de quienes migran a los campos agrícolas crece hasta 9 millones, de acuerdo a cifras de Antonieta Barrón, académica de la Facultad de Economía de la UNAM, quien desde hace 30 años hace investigación sobre el tema de los jornaleros agrícolas en México.

jornaleros

Los estados que más expulsan migrantes son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, además de Jalisco y Guanajuato. Las entidades que más reciben son Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Pero también Coahuila, Chihuahua y Nuevo León están atrayendo jornaleros.

El 18 de febrero, ante la desaparición del PAJA y lo que parece una falta absoluta de política pública, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas le dirigió una carta a María Luisa Albores, titular de la Secretaría del Bienestar, en la que le hicieron una pregunta básica: ¿cómo será la atención a estos trabajadores, en cada una de estas condiciones: género, movilidad, edad y condición étnica?

La única respuesta que han recibido hasta ahora les llegó vía mail a nombre de Luis Carlos Chávez, director general adjunto de Enlace Social y Atención Ciudadana de la Secretaría de Bienestar, quien pasó la responsabilidad de dar respuesta a la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios para que “estudie el asunto y busque una solución a la petición”.

El Programa de Apoyo a Trabajadores Jornaleros Agrícolas estaba adscrito a la Secretaría de Bienestar. Su objetivo era reducir las condiciones de vulnerabilidad de estos trabajadores con servicios de salud, educación y con la construcción y el manejo de albergues.

En su origen, documenta la Red de Jornaleros en su carta a Albores, “este programa se distinguió por la integralidad de sus acciones, la existencia de redes de promoción social y la participación organizada de la población. Aunque admitimos que al cabo de los años el diseño original se fue transformando hasta simplificarse”, subraya la misiva.

De acuerdo al informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante el sexenio pasado, el presupuesto del PAJA se fue reduciendo al pasar de 270 millones de pesos en 2012 a 213 millones en 2017, cuando atendió a 76 mil personas.

Nunca sabes lo que tienes hasta que dejas de medirlo

Hace años –afirma Isabel Margarita Nemecio, coordinadora general de REJJA– este programa ejercía mucho la promoción social, incluso había trabajadoras sociales en los ranchos. Eran el enlace con los jornaleros. “Su labor permitía acciones muy concretas, desde tener un padrón de trabajadores, hasta darles atención médica si había un accidente o resolver cuestiones de su alimentación. Hoy esas figuras ya no existen”.

Otro elemento que dependía en parte de los recursos del PAJA eran los albergues en zona de destino o estados receptores y las Unidades de Servicios Integrales, USI, donde los jornaleros podían llegar antes de salir a los estados o quedarse a habitar en los destinos. Esos espacios garantizaban también tener un censo de la población jornalera. “Aunque en el último sexenio, muchos de estos albergues ya no tenían ni mantenimiento, ni rehabilitación, ni promoción social”.

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La mayor precarización del PAJA sucedió en los últimos tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto cuando todo se redujo a unos cuantos subsidios, que no quedaban muy claros. “En el tema de apoyos para movilidad laboral de Sedesol, se empadronaba a los trabajadores, pero nunca quedaba claro a quiénes se les otorgaba el recurso. Mucha población que supuestamente eran beneficiarios, recibieron el papel con su folio de que habían sido registrados, pero nunca les llegó el apoyo”, afirma Nemecio.

El programa tenía ya muchas fallas, “pero no era para desaparecerlo, lo que debían haber hecho es mejorarlo”, advierte Barrón. La Secretaría del Bienestar, agrega la investigadora de la UNAM, ha dicho públicamente que la atención a estos trabajadores se incluirá en los programas para población indígena, pero solo el 60 % de ellos lo son, “quién y cómo atenderá al otro 40 %, cuál va a ser la política pública para mejorar las condiciones de todos estos jornaleros, no lo sabemos, no hay ninguna claridad sobre eso”.

Animal Político solicitó una entrevista a la Secretaría de Bienestar para saber cómo atenderá a la población jornalera agrícola, pero no obtuvo una respuesta a la petición.

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'Me apuntó directamente y me disparó en el ojo': las denuncias de violaciones a derechos humanos en Chile

Amnistía Internacional publicó un informe que asegura que, desde el comienzo de las manifestaciones en Chile, ha existido una "política deliberada" para "dañar a los manifestantes".
21 de noviembre, 2019
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“(Un) Carabinero de las fuerzas especiales me apuntó directo a la cara, a 8 metros mío, quedé mirándolo fijamente y me disparó en el ojo”.

Las palabras son de Diego Foppiano, un estudiante de ingeniería de la Universidad Diego Portales que resultó herido mientras participaba de una de las manifestaciones que se han llevado a cabo en Chile desde el 18 de octubre.

Tras el incidente, el joven se dirigió rápidamente al hospital pero, a pesar de los esfuerzos médicos, terminó perdiendo completamente la vista de su ojo izquierdo.

Hoy todavía tiene el perdigón —el proyectil con el que Carabineros le disparó— inserto en su ojo y está recibiendo atención psicológica debido al trauma.

El caso de Diego no es aislado. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, 2.300 personas han resultado lesionadas por el uso de la fuerza de las policías en las marchas y, de ellas, 220 tienen un trauma ocular severo.

protestas chile

Diego Foppiano
Diego Foppiano perdió su ojo izquierdo tras recibir un perdigón por parte de la policía chilena. De acuerdo con el Colegio Médico, 140 personas quedarán con ceguera de un ojo producto de las lesiones.

En conversación con BBC Mundo, Rosa Balcells, médico de la unidad de trauma ocular del hospital El Salvador, asegura que “las lesiones que nos ha tocado ver en el contexto de estas manifestaciones son muy graves, con daños severos del ojo y en un número altísimo de pacientes”.

Y así es como hoy, en muchas de las protestas, se ven a los manifestantes sosteniendo carteles que dicen cosas como “los ojos perdidos no serán en vano” y “aunque nos saquen los ojos, ya vimos”.

BBC Mundo ya había constatado esta “epidemia” de lesiones oculares que desde principios de noviembre tiene en alerta a las autoridades chilenas y que no tiene precedentes en el mundo de acuerdo con el presidente de la sociedad de oftalmología de Chile, Dennis Cortés.

Ahora, la organización Amnistía Internacional publicó un crudo informe sobre la situación en el país sudamericano luego de enviar una misión especial que documentó los sucesos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.

El informe asegura que, desde que comenzaron las protestas, ha existido una “política deliberada” para “dañar a los manifestantes”.

“Castigo” a la población: el duro informe de Amnistía Internacional

En el documento emitido por Amnistía Internacional —una organización global con representación en más de 150 países—, se afirma que las fuerzas de seguridad, bajo el mando del presidente Sebastián Piñera, “están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”.

Estos ataques —se agrega— han dejado un saldo de cinco muertos y “miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas”.

protestas chile

Getty Images
“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”, dijo Erika Guevara Rosas.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó que la responsabilidad de estos hechos ocurridos en Chile no se agota con la persona que “apretó el gatillo”.

“Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”, dijo.

Por otra parte, el informe explica que las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad “no son hechos aislados o esporádicos” sino que responden a un “patrón consistente” y a un “modus operandi” por parte de Carabineros.

Dentro de este patrón, está el de los daños oculares y la pérdida irreversible de la visión de un centenar de personas.

“La organización ha documentado 14 casos de daños a la integridad física, siete de ellos por lesiones oculares irreparables, y ha corroborado casi 20 operaciones policiales de este tipo a través de la verificación de imágenes”, dice.

“Este análisis demuestra que carabineros (y en menor medida el ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza”, agrega.

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Getty Images
Según el informe de Amnistía Internacional, Carabineros ha utilizado escopetas de forme “injustificada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza”.

Un caso emblemático que expone el documento es el de una niña de 15 años que recibió “múltiples perdigones de un policía que disparó desde un coche oficial en movimiento”.

“Los perdigones le impactaron el ojo izquierdo, la parte frontal de la cabeza, el hombro y el cuello”, dice.

“Tortura y malos tratos”

Hasta el momento, Amnistía Internacional ha documentado 23 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre, además de 5 muertes por agentes de seguridad durante el estado de emergencia impuesto por el gobierno en los primeros días de la crisis.

En el documento, se hace referencia a tres tipo de abuso policial.

El primero, es el “uso letal de la fuerza”, donde se afirma que el ejército “usó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados en al menos cuatro eventos”.

Uno de los casos que se cita es el de Romario Veloz, un ecuatoriano de 26 años que murió después de que un “militar le disparara en el cuello”.

El segundo, es el referente a “tortura y malos tratos”.

“Además de un caso de muerte por maltrato policial, Amnistía Internacional ha documentado por ahora tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual”, se señala.

En este punto, se expone el caso de Josué Maureira quien, de acuerdo con la institución, fue “violado con un bastón cuando se encontraba en custodia policial”.

“Adicionalmente, varios carabineros lo lesionaron con un objeto corto punzante en los glúteos, lo golpearon, patearon e insultaron por su orientación sexual”, se agrega.

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Durante más de un mes se han producido diversas manifestaciones en las principales ciudades de Chile donde se exige mayor igualdad y terminar con los “abusos”.

También se afirma que la organización documentó la práctica de las fuerzas de seguridad de “atropellar o intentar atropellar” a los manifestantes.

Por último, el informe habla sobre “lesiones graves y armas potencialmente letales”, afirmando que ha habido un uso “constante e inadecuado” de escopetas en las protestas. En este punto, se aborda los impactos de perdigones en los ojos.

También se hace referencia al uso “inadecuado y en cantidades alarmantes” de gases lacrimógeno, así como también al uso de granadas de humo con “posible contenido de hexacloroetano, un agente extremadamente tóxico”.

Finalmente, Amnistía Internacional advierte que “en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de los derechos humanos y personal médico”, y entrega algunas recomendaciones.

Entre ellos, el cese de la “represión de manera urgente”, la investigación de la responsabilidad del mando en las violaciones a los derechos humanos, la atención de las demandas de los ciudadanos y, por último, una reforma “seria y profunda” de la policía.

¿Qué dice Carabineros?

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Getty Images
Carabineros asegura que hay más de 1.900 oficiales lesionados.

Consultado por BBC Mundo, el portavoz de Carabineros, coronel Julio Santelices, aseguró que todos los casos deben investigarse.

“No corresponde calificar anticipadamente antes de investigar. Nosotros pedimos que se investigue y se establezca una verdad jurídica”, dijo.

Además, Carabineros asegura que hay más de 1.900 policías lesionados de distintas consideraciones y reclaman que han recibido impactos de bombas molotov y objetos contundentes.

Con todo, el mes de movilizaciones en Chile ha traído consecuencias. Para algunos, como Diego Foppiano, serán heridas que quedarán para siempre.

Pero él parece estar tranquilo y dice que espera que todo esto haya valido la pena.

“Ojalá que mi ojo perdido sirva para que cambien las cosas en este país”, concluye.


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