En 2017 el mal manejo de los fondos federales que se reparten a los estados ascendió a más de 35 mil millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Aunque se detectaron irregularidades en todo el país hay cinco entidades que concentran la mitad de dichos recursos observados. Entre ellas se encuentran Michoacán y Coahuila que presentan la mayor proporción de malos manejos respecto al dinero que les fue revisado.
Los datos publicados por la ASF en su revisión final de la Cuenta Pública 2017 muestran además que Prospera es el programa federal en donde se registra la mayor proporción de recursos mal manejados a nivel estatal. El lado positivo es que descendió el monto observado a nivel nacional, impulsado por el descenso en las irregularidades detectadas en Veracruz finalizado el gobierno de Javier Duarte
Por estas irregularidades, los auditores han identificado 1 mil 111 casos en los que podría presentarse un fraude al erario público que de no esclarecerse daría paso a las denuncias penales correspondientes. La Auditoría también promovió 1 mil 881 posibles sanciones administrativas en contra de funcionarios vinculados con irregularidades.
De acuerdo con la información, en 2017 el monto exacto de recursos observados con irregularidades es de 35 mil 767 millones de pesos de los cuales, 27 mil 231 corresponden a malos manejos en distintos fondos específicos, mientras que 8 mil 536 millones corresponden a las participaciones que se entregan directamente a las entidades.
Del total de recursos observados, hay 6 mil 511 millones de pesos que corresponden al estado de México. Se trata de la entidad con la mayor cantidad de dinero presuntamente mal manejado aunque también es, por mucho, la que recibe más recursos.
En segundo lugar está Michoacán, donde el monto de dinero observado es de 4 mil 466 millones de pesos. En este caso los auditores advierten una situación más preocupante incluso que la del estado de México, pues Michoacán no es de los estados que más reciben recursos.
En tercer sitio se ubica Jalisco con 2 mil 816 millones de pesos observados. La cuarta entidad con más dinero mal ejercido es Coahuila con 2 mil 609 millones de pesos, y en quinto sitio está Guerrero con 2 mil 259 millones. En conjunto, solo estos cinco estados acumulan 18 mil 660 millones de pesos observados que equivale al 52% del total.
El informe de la ASF identifica además aquellos estados con el peor manejo en el gasto, es decir, aquellos que registran la mayor proporción de irregularidades en comparación con la muestra auditada.
En caso más drástico es el de Michoacán donde se detectaron irregularidades en el 8.4% de la muestra auditada. Le sigue Coahuila con irregularidades en el 7.9% del total de dinero que fue auditado, Baja California Sur con fallas en el 5.2%; estado de México con malos manejos detectados en el 4.4% del recursos analizado; y Tamaulipas con 4.3%.
El caso contrario es el de los estados donde se registró la menor proporción de recursos observados y por ende, se presupone que gasta mejor. Querétaro es la única entidad en donde no se encontró irregularidad alguna en todos los recursos que se revisaron. Le sigue Sonora con apenas 0.1% de dinero observado; Nuevo León y Durango con solo 0.5%, y Morelos y Chihuahua con 0.7%.
Los fondos y las irregularidades
La ASF identificó los fondos en los cuales se han registrado el mayor nivel de recursos observados por posibles malos manejos, así como las principales fallas registradas en el ejercicio de los recursos.
En el caso de los fondos que tienen una finalidad específica y etiquetada, el foco rojo se encuentra en el programa de inclusión social Prospera, puesto en marcha durante el sexenio pasado y cuya misión – según su página web – es “mejorar el ingreso y el bienestar de las familias mexicanas en situación de pobreza”. Prospera se define como el “programa más importante del gobierno de la república…”
Lo que el reporte de la Auditoría arroja es que del total de la muestra auditada de Prospera el 29.6% tiene observaciones por irregularidades en su manejo. Esto equivale a unos 547 millones de pesos que de no ser esclarecidos podrían dar lugar a que se considere un quebranto al erario público y se presenten las denuncias correspondientes.
Estas irregularidades en Prospera se detectaron aun cuando el número de auditorías realizadas a este programa en 2017 disminuyó en comparación a las de 2016 (al pasar de 32 a 16), luego de que se acordó que fuera la Secretaría de la Función Pública la responsable de encargarse del resto de la revisión.
“En 2017, con base en las auditorías practicadas a este programa, no fue posible determinar en qué medida las intervenciones del programa contribuyeron a mejorar la cantidad, calidad y diversidad de la alimentación de las familias que recibieron los apoyos; el efecto de la orientación en salud y el acceso a los servicios médicos preventivos en la mejora de su salud, ni la contribución de las becas en el fomento de la inscripción y terminación de niños y jóvenes en edad escolar a la educación básica y media superior”, concluyeron los auditores.
Luego de Prospera el segundo fondo donde se advirtió el mayor nivel de irregularidades es en el denominado Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal (Fortalece) con observaciones en el 20.1% de la muestra revisada (en promedio 1 de cada 5 pesos ejercidos). Y con un nivel muy similar le sigue el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) con irregularidades en el 19.8% de la muestra.
Otros fondos en donde se detectaron posibles malos manejos de las entidades en un nivel superior al 10% de la muestra auditada son el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 8FISE) con 14.7%; el programa Escuelas al CIEN con 14.4%; y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) con fallas en el 12.5%.
Entre las principales irregularidades detectadas por los auditores en el manejo de esto fondos está la falta de documentación que compruebe, de forma creíble, el concepto en el que se dicen los estados que se usó el dinero. Esta irregularidad alcanza los 7 mil 286 millones de pesos, un 26.8% de todo el monto observado.
La ASF también alerta de 7 mil 226 millones de pesos, que equivalen al 26.5% del monto observado, que no fueron gastados por los estados pero tampoco se regresaron a la tesorería federal, por lo que es necesario que se aclare en donde quedó ese dinero.
Además se detectaron 3 mil 568 millones de pesos que de las cuentas de estos fondos que se transfirieron de forma ilegal a otras cuentas bancarias de los estados, sin que al momento se haya regresado el dinero. Eso equivale al 13.1% del total.
Los auditores alertaron de 2 mil 343 millones de pesos que los estados reportan que se destinaron a trabajadores, pero que no han podido ser identificados ni localizados hasta ahora.
A todo ello se suman 1 mil 897 millones de pagos improcedentes o en exceso; 1 mil 356 millones ejercidos en conceptos que no estaban autorizados dentro de los objetivos de los distintos fondos; pagos por remuneraciones indebidas por 1 mil 293 millones de pesos; entre otros.
En cuanto a las participaciones federales los auditores detectaron que 14 estados no transfirieron en su totalidad los recursos que le correspondían a los municipios. Estas retenciones ilegales ascenderían a 429 millones de pesos. A esto se suman 27 entidades federativas que entregaron con retrasos las participaciones a sus municipios.
El lado positivo: menos desvíos
Aun cuando el monto observado es significativo en varias entidades, la Auditoría destacó un descenso importante en el monto total de los recursos federales mal manejados que fueron detectados.
En el balance nacional la Auditoría destacó que en 2016 el monto de recursos federales observados con irregularidades ascendió a 62 mil millones de pesos, mientras que en 2017 esa cifra se redujo casi a la mitad. El órgano atribuyó esto a múltiples factores, entre ello, mejores controles establecidos por la Secretaría de Hacienda y por las propias entidades, así como el seguimiento de varias recomendaciones emitidas por los auditores un año antes.
A través de una herramienta denominada Índice del Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado, cuya escala es del 0 al 100, la Auditoría mide el desempeño adecuado de los estados en el ejercicio de recursos federales. El promedio nacional pasó de 79.6 en 2016 a 86.5 en 2017, lo que significa una mejora.
Y en el análisis por estado la entidad que mostró el mayor progreso de un año a otro es Veracruz, que pasó de un 18.5% de irregularidades en el total de sus recursos auditados en 2016 a solo un 2.6% en 2017.
Esta disminución coincide con la salida del gobierno de Veracruz Javier Duarte, cuyo último año de su sexenio fue 2016.
De acuerdo con los auditores, el monto de recursos mal manejados por dicha entidad durante la gestión de Duarte superó los 60 mil millones de pesos, lo que ubica a dicha entidad como la de mayor cantidad de recursos mal manejados y desviados de la que se tiene registro. Por estos hechos la ASF ha presentado múltiples denuncias penales.
