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Cuartoscuro
En México se abrieron más de 2 mil casos penales por aborto, desde 2015
Baja California, Tamaulipas y CDMX están entre las entidades con mayor tasa de incidencia. Además, aumentaron delitos que afectan a las mujeres como feminicidios, violencia familiar y sexual.
Cuartoscuro
8 de marzo, 2019
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De 2015 a 2018 se iniciaron en México 2 mil 135 averiguaciones y carpetas de investigación por la práctica de abortos, actividad considerada un delito en todos los estados del país. Se trata de un promedio de 500 casos por año.

Así lo revelan datos  oficiales de incidencia delictiva reportados por las fiscalías del país a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que además muestran un crecimiento de varios ilícitos que afectan primordialmente a las mujeres, como violencia familiar con un alza del 36 % en los últimos tres años; violencia sexual con un repunte del 29 %, así como los feminicidios con un crecimiento de 100 %.

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El 5 de marzo el gobierno federal reconoció que el problema de la violencia contra las mujeres es un asunto de Estado y anunció una serie de acciones emergentes para combatirlo. A su vez dijo que buscará promover la expedición de un Código Penal Único y que se analizaría la posibilidad de eliminar o acotar como delito el aborto.

Los datos oficiales muestran que en 2018 se abrieron 570 carpetas de investigación por aborto en 28 de las 32 entidades; solo cuatro estados no reportaron el inicio de alguna investigación penal: Colima, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán.

La de 2018 es la cifra anual más alta de casos por aborto iniciados en los últimos cuatro años, que es el periodo del que hay información pública al respecto. En 2017, se iniciaron 515 carpetas de investigación; en 2016 fueron 538, y en 2015, la cifra fue de 512 averiguaciones previas por este delito.

El año pasado, cuatro estados concentraron la mitad de todas las carpetas de investigación iniciadas por aborto en el país: Ciudad de México con 109 casos; Estado de México con 79; Baja California con 63, y Tamaulipas con 46.

No obstante, si se toma en cuenta el factor de población (del delito de aborto puede ser acusado tanto una mujer como un hombre que la ayude o la obligue), los cinco estados con la mayor tasa de incidencia son Baja California Sur con 1.92 casos por cien mil habitantes; Baja California con 1.73 casos, Tamaulipas con 1.25; Ciudad de México con una tasa de 1.24, y Nuevo León con 0.71.

Entre las entidades que registraron tasas más bajas está Puebla con 0.07 casos por cada 100 mil habitantes; Tabasco y Guerrero con 0.08; así como Michoacán y Campeche con una tasa de 0.1.

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El aborto como delito

Actualmente el aborto está tipificado como delito en todo el país. Aparece en los 32 códigos penales de las entidades federativas, así como en el federal.

El artículo 329 del Código Penal Federal justamente lo define como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”. Una revisión de distintos códigos penales del país arroja una definición similar de este delito con modificaciones mínimas.

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Solo hay dos casos con matices importantes: uno es el de Ciudad de México donde el artículo 144 del Código Penal local define al aborto como “la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”. Lo anterior significa que si el aborto se realiza antes del tercer mes no es considerado un delito, pero si se hace de forma posterior sí lo es.

La mayoría de los códigos contempla excepciones para no penalizar el aborto. Por ejemplo, el hecho de  que el embarazo sea producto de una violación o que la salud de la madre esté en riesgo.

Las penas de prisión varían dependiendo del código del que se trate. Por ejemplo, el Código Penal Federal establece que al que haga abortar a una mujer con su consentimiento se le impondrán de 1 a 3 años de prisión, y si se hace sin su consentimiento será de 3 a 6 años de cárcel.

Y en el caso de la madre la pena es de 6 meses a 1 año de prisión, siempre y cuando, dice el código, se acredite que la mujer “no tiene mala fama” y que el embarazo es producto de una unión “ilegítima”. Si no se acredita lo anterior dicha pena puede crecer de 1 a 5 años de prisión.

El Código Penal capitalino señala que el castigo para el que haga abortar a una mujer de forma consensuada es de 1 a 3 años de cárcel, y si es sin su consentimiento será de 5 a 8 años de cárcel; para la madre la pena es de 3 a 6 meses de prisión.

El Código Penal de Baja California, una de las entidades con mayor incidencia en este delito, contempla por regla general una pena de 1 a 5 años para la madre y para quien la haga abortar de forma consensuada, y de 3 a 8 años de cárcel para el que realice el aborto en contra de la voluntad de la mujer.

Mientras que el Código de Nuevo León contempla para la madre una pena de seis meses a uno año de prisión, y para el que provoque el aborto sin consentimiento de la mujer una pena de seis años; si hay violencia de por medio hasta nueve años. En Yucatán, el código marca la misma sanción para el que provoque un aborto y para la madre la sanción va de 3 a 12 meses.

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Hay algunos códigos penales que no contemplan pena de prisión para la madre, pese a considerar al aborto como un delito. Por ejemplo, los de Veracruz y Chiapas establecen como sanción para ella tratamientos en libertad, medidas educativas o de atención integral.

El lunes pasado, en su comparecencia como parte del proceso de elección para el cargo de ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, una de las candidatas, respondió al ser cuestionada sobre la penalización del aborto que “habría que constreñirse a lo que dicen las legislaciones locales”, y se declaró en favor de la vida.

En este contexto la  secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha dicho que se va a proponer la expedición de un código penal único que podría homologar, modificar o acotar la tipificación del aborto como delito.

“Lo que se pretende hacer y esto que quede clarísimo, es no criminalizar a una mujer. Lo que se pretende es no llevarla y sujetarla a un proceso penal y a privarla de su libertad (…) Si en un momento determinado se pudiera tener un código penal único, ahí podría establecerse, podría establecerse de acuerdo con la representación popular que se tiene dentro de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores la posibilidad de no criminalizar a la mujer por abortar” explicó.

La abogada experta en temas de derechos humanos Karla Salas puntualizó en entrevista que un código penal del siglo XXI no puede seguir conteniendo ilícitos que sean discriminatorios ni criminalicen a las mujeres. Recordó que Naciones Unidas, a través de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), ha reiterado a México la necesidad de revisar la tipificación del delito de aborto y su contenido discriminatorio.

Violencia contra las mujeres al alza

El plan de acciones de emergencia que el gobierno dio a conocer busca atacar el crecimiento de varios ilícitos donde las victimas suelen ser, en su mayoría, mujeres y niñas.

Los datos oficiales de incidencia delictiva muestran, por ejemplo, que los delitos de violencia sexual han tenido un crecimiento sostenido en los últimos tres años, y pasaron de 31 mil 170 casos en 2015 a 41 mil 398 en 2018, un incremento del 28.8 %.

Las cinco entidades con mayor tasa de casos de delitos sexuales en 2018 fueron: Chihuahua con 202 denuncias por cien mil habitantes; Nuevo León con 177; Estado de México cn 141; Veracruz con 111, y Jalisco con 97 casos.

En el caso de violencia intrafamiliar, las denuncias pasaron de 126 mil 816 en 2015 (tasa de 104.8 casos) a 178 mil 561 en 2018 (tasa de 143.2 casos), un aumento del 36.5 %.

Los cinco estados con la mayor tasa de denuncias de violencia familiar el año pasado fueron: Nuevo León con 1 mil 18 casos por cada 100 mil habitantes; Chihuahua con una tasa de 839; Sinaloa con una tasa de 401 casos; Veracruz con 377, y Ciudad de México en quinto sitio con 337.

Otro delito que sufrió un incremento en 2018 respecto a 2015 fue el de violencia de género con un alza de 32. 5 %, aunque la cifra de denuncias se redujo respecto a 2017.

En cuanto a feminicidios, la cifra pasó de 407 averiguaciones en 2015 a 845 carpetas de investigación en 2018, un crecimiento de más del 100 %. No obstante, los expertos han advertido que parte de este incremento obedece a que ha crecido paulatinamente la lista de estados que tipifican el feminicidio y se han hecho esfuerzos para que haya una mayor clasificación del mismo.

Las entidades con la mayor tasa de denuncia de feminicidio en 2018 fueron: Colima con 3.37 casos por cada 100 mil mujeres; Sinaloa con una tasa de 3.09 casos; Nuevo León con 2.96; Morelos con 2.72, y Chihuahua con 2.63.

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Patriotas Constitucionales Unidos: la milicia civil armada que ha detenido a cientos de inmigrantes en la frontera
Larry Mitchell Hopkins lidera el grupo de los Patriotas Constitucionales Unidos, que realiza operativos para detener a inmigrantes en la frontera de EE.UU. con México. Las autoridades lo señalan como un "delincuente peligroso".
22 de abril, 2019
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Frontera

Getty Images
El grupo de los Patriotas Constitucionales Unidos se vio involucrado en una polémica detención de migrantes la semana pasada en Sunland, Nuevo México.

Un “patriota” detenido injustamente, según sus seguidores. Un “delincuente peligroso”, según las autoridades.

Larry Mitchell Hopkins fue detenido el sábado y acusado de posesión ilegal de armas de fuego y municiones, informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El hombre, de 69 años, fue enviado a una cárcel del estado de Nuevo México, en el suroeste de Estados Unidos, donde este lunes debía comparecer ante un tribunal.

Hopkins es considerado líder de los Patriotas Constitucionales Unidos, un grupo de hombres armados que patrulla la frontera de Estados Unidos con México en busca de inmigrantes indocumentados.

Se trata de una de varias milicias que tienen presencia en la zona fronteriza y que realizan operativos de búsqueda y captura de migrantes, sin tener consentimiento expreso de las agencias federales.

Su presencia se ha incrementado recientemente a raíz de la llegada de caravanas de migrantes a la frontera sur del país.

El fiscal general de Nuevo México, Héctor Balderas, confirmó el sábado la detención de Hopkins a quien describió como “un delincuente peligroso que no debe tener armas cerca de niños y familias”.

Larry Mitchell Hopkins

AFP
Hopkins también usa el alias de Johnny Horton Jr.

“El arresto de hoy (sábado) hecho por el FBI indica claramente que el estado de derecho debe estar en manos de oficiales de policía entrenados, no de vigilantes armados”, dijo Balderas en un comunicado.

Y es que este mismo mes los Patriotas Constitucionales Unidos realizaron un controvertido operativo en el que detuvieron a al menos 300 migrantes cerca de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas.

La acción fue criticada por la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan.

Un portavoz de Patriotas Constitucionales Unidos, Jim Benvie dijo en un video en Facebook que su grupo no ha infringido ninguna ley y que espera que el “patriota” Hopkins sea exonerado.

¿Quién es Larry Hopkins?

El FBI indicó que Hopkins es residente de la localidad de Flora Vista, Nuevo México un lugar ubicado a más de 500 km de la frontera.

Se sabe que a veces también utiliza el alias Johnny Horton Jr., el mismo nombre de un popular cantante de música country de la década de 1950, cuyas canciones interpreta Hopkins en videos de YouTube.

Durante los últimos meses se ha vuelto en uno de los rostros más visibles de los grupos de hombres que patrullan la zona fronteriza en su búsqueda de indocumentados.

Se hace llamar “comandante nacional” de los Patriotas Constitucionales Unidos, según el Southern Poverty Law Center (SPLC), un centro de análisis de grupos de odio de EE.UU.

Larry Mitchell Hopkins con un miembro de Patriotas Constitucionales Unidos

AFP
Hopkins y su grupo han establecido un centro de comando en Anapra, Nuevo México.

El hombre aseguró a esa ONG en una entrevista que tiene contactos con autoridades de alto nivel: “Nuestra información proviene de lo más alto (…) No te estoy diciendo dónde, pero sale de agencias muy altas”.

Se describe como alguien que va a la frontera cuando sabe “que el enemigo está cerca”, una presunta referencia a las caravanas de migrantes que se dirigen a Estados Unidos por la frontera sur.

“Voy a luchar y puedo dar mi vida, pero al menos estaré allí y defenderé mi juramento (…) Si me abaten ahora, al menos moriré por nuestro país y de lo que se trata mantener a EE.UU. libre”, aseguró.

Un grupo de vigías de la frontera

Getty Images
Al igual que los Patriotas Constitucionales Unidos, otros civiles han organizado grupos armados con presencia en la frontera.

Esta no es la primera vez que Hopkins tiene problemas con la ley, pues en 2006 fue arrestado y acusado de hacerse pasar por un agente de policía en Klamath, Oregón.

Un reporte de la policía indica que el hombre, vestido con ropa similar a la que usan los agentes locales y una insignia de “agente especial”, estaba “mostrando dos armas a un grupo de jóvenes”.

“Arrestos ciudadanos”

El grupo de los Patriotas Constitucionales Unidos se vio involucrado en una polémica detención de migrantes la semana pasada en Sunland, Nuevo México.

En un video publicado en Facebook se veía a hombres armados reteniendo a unos 300 migrantes, entre ellos decenas de mujeres y niños.

En un momento, se les ve apuntando con sus armas directamente a los detenidos, pese a que el grupo no tiene facultad para realizar este tipo de detenciones ni de hacer uso de sus armas para esos fines.

El objetivo proclamado del grupo es “defender la Constitución de Estados Unidos de América” y proteger los derechos de los ciudadanos “contra todos los enemigos, tanto extranjeros como nacionales”.

Benvie, el portavoz del grupo, le dijo al diario The New York Times que han estado acampando en la región durante los últimos dos meses y planean quedarse hasta que el presidente Donald Trump logre construir un muro fronterizo.

Indicó que las acciones de detención que realizan son “arrestos ciudadanos, y añadió: “La Patrulla Fronteriza nunca nos ha pedido que nos retiremos”.

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha dicho previamente que se opone a que los civiles patrullen la frontera en busca de cruces ilegales.

Mientras, la gobernadora Michelle Lujan Grisham dijo en Twitter que “intimidar o amenazar a familias migrantes y solicitantes de asilo es absolutamente inaceptable y debe cesar”.

Milicia

AFP
Patriotas Constitucionales Unidos realiza operativos para detener a inmigrantes en la frontera de EE.UU. con México.

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