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Cuartoscuro Archivo
México deberá registrar todas las detenciones en el país; estas son las claves de lo que plantea la iniciativa
Estos son los puntos clave de la ley del Registro Nacional de Detenciones, una de las tres complementarias a la reforma de Guardia Nacional.
Cuartoscuro Archivo
21 de marzo, 2019
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Por primera vez México tendrá un registro único y nacional de todas las personas que sean detenidas en el país por cualquier fuerza de seguridad local o federal, incluyendo policías o elementos de la nueva Guardia Nacional. En él deberá asentarse desde los datos generales de la persona detenida, hasta si padece de una discapacidad y si presenta lesiones que pudieran ser indicios de tortura.

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Pero no se tratará de un registro público pues todos los datos que contenga serán considerados confidenciales. A él solo tendrán acceso de forma general las autoridades que acrediten exámenes de control de confianza, y en casos específicos los representantes legales de una persona o sus familiares.

Así lo señala la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Registro Nacional de Detenciones, una de las tres leyes complementarias que el Congreso debe poner en marcha en las próximas semanas, por mandato de la reforma constitucional ya aprobada en materia de Guardia Nacional.

Las otras dos leyes complementarias son la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y la Ley Orgánica de la Guardia Nacional cuyo proyecto deberá ser presentado por Morena en los siguientes días.

En el caso de la  Ley del Registro Nacional de Detenciones, el proyecto fue presentado por el senador Miguel Ángel Mancera, integrante de las comisiones que deberán dictaminarlo.

En la justificación del proyecto se establece que distintos organismos internacionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han definido la necesidad de que exista un registro de detenidos que permita controlar la legalidad de cada detención y, con ello, prevenir abusos como detenciones ilegales.

“La Corte ha reconocido en relación con el derecho a la libertad personal y las personas privadas de la libertad, que el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de los detenidos, por lo cual la privación de libertad en centros legalmente reconocidos y la existencia de registros de detenidos, constituyen salvaguardas fundamentales contra la desaparición forzada”, indica el proyecto.

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A continuación te presentamos algunos de los puntos clave de esta iniciativa de ley que está compuesta de 38 artículos ordinarios y cinco transitorios.

¿Qué es el Registro?

Se busca una base de datos nacional en la cual deberán capturarse los detalles de cada una de las detenciones que hagan las fuerzas de seguridad pública y de procuración de justicia del país, ya sea por la comisión de algún ilícito en flagrancia o en su defecto en cumplimiento de una orden de aprehensión.

¿Qué datos tendrá?

El artículo 8 de la iniciativa establece una lista de 15 datos que como mínimo debe incluir cada registro de detención. Entre ellos está el nombre y edad del detenido, lugar de la detención, así como hora y fecha, autoridad que la realiza y que pone a disposición del Ministerio Público a la persona detenida, causa de la detención, cadena de custodia e imagen del detenido.

También deberá describir el estado físico aparente de la persona privada de la libertad, si pertenece a algún grupo vulnerable, si se trata de una persona con alguna discapacidad, o a una comunidad indígena. Además, deberá incluir un documento anexo con la descripción de los hechos que culminaron con la detención.

El artículo 19 indica que toda esta información será considerada como datos personales y estará protegida por la ley en la materia.

¿Quién podrá consultarlo y cómo?

De forma general el artículo 15 del proyecto establece que solo podrán consultarlo autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Es decir policías, agentes de investigación y jueces.

El artículo 16 indica que las personas que accedan al Registro deberán cumplir además con dos requisitos: haber acreditado los exámenes de control de confianza y haber acreditado las capacidades técnicas para manejarlo. Cada usuario tendrá una llave de acceso personalizada que registrará todas las consultas o modificaciones que lleve a cabo.

El artículo 18 indica que familiares o sus representantes también podrán tener acceso pero solo al registro específico de la persona que interese.

¿El público en general puede revisarlo?

No. El artículo 20  establece literalmente que los particulares no podrán solicitar datos de otro particular a no ser que haya una orden judicial que lo ordene. El artículo 21 señala que “el registro es confidencial”, y el artículo 22 establece que las publicaciones oficiales que se lleven a cabo del mismo solo podrán ser de carácter estadístico.

¿Dónde estará almacenada la información?

Aunque es obligación de todos los estados contar con un registro de detenciones, el artículo 7 establece que es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el responsable del almacenamiento, mantenimiento, respaldo y manejo del Registro Nacional.

Además, el artículo 26 subraya que el registro deberá contar con al menos dos centros de almacenamiento distintos como medida de protección y respaldo.

¿Quién es responsable de su operación y vigilancia?

La responsabilidad de alimentar y actualizar el registro depende de las distintas autoridades y fuerzas de seguridad que lleven a cabo las detenciones. El artículo 35 del proyecto de ley señala que los policías deberán contar con los dispositivos tecnológicos correspondientes para acceder al registro y buscar los datos de una persona o, en su defecto, para generar una nueva entrada.

El artículo 37 señala que se creará un Centro Único de Información que establecerá los lineamientos necesarios para el manejo y conservación de la información del Registro. Dicho centro  dependerá exclusivamente del SESNSP.

¿Se puede borrar el registro de una persona?

El artículo 25 establece que sí, pero solo a través de una orden judicial que así lo establezca y mediante un proceso que involucre a las áreas de validación, verificación y administración.

¿Y si el detenido fue torturado?

Uno de los objetivos de contar con un registro de personas detenidas es prevenir irregularidades como que se retenga por demasiado tiempo a una persona o que incluso sea sometida a actos de tortura.

Para reforzar lo anterior, el artículo 30 subraya que a las personas detenidas se les realizará de manera obligatoria un examen físico para valorar si han sido víctimas de tortura, y los resultados deberán agregarse a la entrada correspondiente del Registro Nacional.

¿Cuándo comenzará a funcionar?

Una vez que se promulgue el decreto de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, que ya fue declarada válida por el Congreso luego de que todos los estados la aprobaron, el Senado tendrá un plazo de 90 días para expedir esta ley complementaria.

Si se mantiene lo que dicen los artículos transitorios del proyecto, la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Luego se habilitarán 30 días para las reformas a los reglamentos correspondientes.

Lo anterior significa que si los tiempos se respetan no habría obstáculos legales para que antes de que concluya el año comience a funcionar el Registro Nacional de Detenciones. No obstante, y como el propio proyecto señala, la Federación, los estados y los municipios deberán realizar las adecuaciones tecnológicas y en telecomunicaciones necesarias para que el sistema sea compatible a nivel nacional.

Para lo anterior no hay una fecha límite. Y en cuanto a los costos, se establece que la Secretaría de Hacienda deberá realizar las adecuaciones necesarias al presupuesto para su implementación.

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BBC
El mundo oculto de los médicos cubanos que son enviados a trabajar al extranjero
Miles de doctores cubanos trabajan en misiones médicas internacionales. Aunque es un programa que ha tenido éxito en varias partes del mundo, algunos de ellos cuentan a la BBC que las condiciones en las que se encuentran son de pesadilla.
BBC
16 de mayo, 2019
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Cuba ha sido reconocida durante mucho tiempo por su diplomacia médica: miles de sus médicos trabajan en misiones internacionales aportando miles de millones de dólares en efectivo para el país.

Aunque las misiones médicas han tenido éxito en numerosos países, donde han aportado tratamiento médico a los sectores más desfavorecidos, según un nuevo informe, algunos de los médicos dicen que las condiciones pueden ser una pesadilla, controlados por funcionarios, sujetos a un toque de queda y enviados a lugares extremadamente peligrosos.

Esta es la historia hecha por el periodista James Badcock.


Para Dayli Coro, la medicina era una vocación.

“Estudié medicina por vocación. Solía dormir entre tres y cuatro horas porque estudié mucho. Trabajé duro en mi primer año de práctica, tomé muchos turnos adicionales. Y ahora, aquí estoy. No puedo ser médico en Cuba. Es muy frustrante”.

Dayli, que ahora tiene 31 años, quería ser especialista en cuidados intensivos.

Dice que después de graduarse, le dijeron que si iba a una misión médica a Venezuela ganaría experiencia en su campo y que ese tiempo contaría como los tres años de servicio social obligatorio que todos los graduados deben completar en Cuba antes de poder acceder a puestos completos.

Aceptó unirse a lo que La Habana llama sus “misiones internacionalistas”, siguiendo un camino recorrido por cientos de miles de médicos cubanos.

Desde 1960, el trabajo de estos médicos en el extranjero ha sido defendido por el gobierno comunista como un símbolo de su solidaridad con personas de todo el mundo.

Fidel Castro describió a los médicos como el “ejército de batas blancas” de Cuba.

Además de ser una fuente de gran orgullo y prestigio, también es un salvavidas económico para el régimen: según las cifras del gobierno cubano y estudios académicos, el plan le aporta a Cuba alrededor de US$8.000 millones por año en moneda extranjera muy necesaria.

Estrictas condiciones

Con más de 30.000 médicos cubanos activos actualmente en 67 países, muchos en América Latina y África, pero también en naciones europeas como Portugal e Italia, las autoridades de Cuba tienen reglas estrictas para intentar evitar que los ciudadanos deserten una vez en el extranjero.

Los salarios fueron un fuerte incentivo para que Dayli, originaria de la pequeña ciudad cubana de Camagüey, se uniera a la iniciativa.

Partiendo de lo que era un salario de US$15 al mes en 2011 para los médicos en la isla, Dayli pasó a cobrar US$125 mensuales durante los primeros seis meses en Venezuela, una cifra que aumentó a US$250 después de esos seis meses y a US$325 durante su tercer año.

Su familia en Cuba también recibió un bono de US$50 por mes.

Según un informe de la organización Cuban Prisoners Defenders (CDP), una ONG con sede en España que hace campaña por los derechos humanos en Cuba y está vinculada al grupo opositor Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), los médicos reciben en promedio entre el 10% y el 25% del salario pagado por los países de acogida, y el resto se lo quedan las autoridades de Cuba.

Dayli dice que firmó voluntariamente un contrato por un período de tres años, pero no tuvo tiempo de leerlo, ni se le dio una copia personal.

Destino Venezuela

En octubre de 2011, la joven médica fue enviada a una clínica en la ciudad venezolana de El Sombrero, en el centro del país. El puesto era parte del programa Barrio Adentro, que ha distribuido a médicos cubanos en zonas desfavorecidas del país sudamericano desde 2003 como símbolo del apoyo cubano al gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.

Venezuela paga por este y otros servicios de los trabajadores cubanos con petróleo.

Dayli dice que se encontró prácticamente en una zona de guerra, en la que se acostumbró a que le apuntaran con un arma.

Venezuela se encontraba en ese momento en medio de una espiral de criminalidad que llevó a alcanzar una tasa de 92 asesinatos por 100.000 habitantes en 2016, según la ONG Observatorio de Violencia de Venezuela. Las cifras del Banco Mundial sitúan el número de 2016 en 56 por 100.000, superada solo por El Salvador y Honduras.

“Había muchas pandillas criminales”, dice Dayli.

“Cuando se enfrentaban, nos traían a sus heridos porque el hospital venezolano local tenía presencia policial y nosotros no. Estos chicos traían a un paciente con 12 o 15 balas en el cuerpo, te apuntaban con sus armas y te decían que tenías que salvarlo. Si él moría, tú también. Ese tipo de cosas sucedían a diario. Era rutinario “, relata.

A menudo, los miembros de la pandilla que ella trataba eran solo adolescentes de 15 y 16 años, dice.

“Tuve uno con una bala en el corazón, otro con cinco en la cabeza. Algunos estaban vivos, pero sabías que si no se les operaba en 20 minutos, morirían, y no teníamos las condiciones necesarias. Ni siquiera teníamos medicinas básicas para tratar a los pacientes allí. Se suponía que había cuatro médicos de cuidados intensivos y normalmente solo había uno de turno”.

Estos pacientes a menudo eran trasladados en ambulancia a un hospital general situado a 45 minutos. A veces, los pandilleros le ordenaban a Dayli que subiera a la ambulancia con ellos, cuenta.

“Una vez una pandilla disparó a una ambulancia y murieron un médico venezolano y el conductor”, agrega Dayli.

“Siempre existía la posibilidad de que la pandilla rival pudiera tratar de acabar con el paciente durante el traslado. Tuve una situación en la que una pandilla rival entró y le disparó al paciente. Yo tenía 24 años, era una chica pequeña y delgada. Pero en un lugar donde hay tanta violencia, desarrollas una increíble frialdad emocional”.

Las misiones médicas quedaron bajo el foco de atención tras la decisión de Cuba de retirar a sus doctores del programa “Más Médicos” en Brasil a raíz de la elección del presidente Jair Bolsonaro el año pasado.

Bolsonaro cuestionó las calificaciones de los médicos cubanos en el país y describió su situación contractual como “trabajo esclavo”, al señalar que solo se quedaban con el 25% de la paga y el resto iba al gobierno cubano.

En respuesta, las autoridades cubanas rechazaron enérgicamente la caracterización y dijeron que “no era aceptable cuestionar la dignidad, el profesionalismo y el altruismo” de su personal médico internacional.


¿Por orden del doctor?

Según el informe del grupo vinculado con la oposición Cuban Prisoners Defenders, realizado a partir del testimonio directo de 46 doctores con experiencia en misiones médicas en el extranjero, además de información pública extraída de declaraciones de otros 64 médicos:

  • El 89% dijo que no tenía conocimiento previo de su destino dentro de un país en particular
  • El 41% dijo que un funcionario cubano le retiró el pasaporte a su llegada al país anfitrión
  • El 91% dijo que había sido vigilado por agentes de seguridad cubanos en su misión, y el mismo porcentaje aseguró que se les pidió que transmitieran información sobre sus colegas a los agentes de seguridad
  • El 57% dijo que no se presentó voluntario para unirse a una misión, sino que se sintió obligado a hacerlo, mientras que el 39% dijo que se sentía fuertemente presionado para servir en el extranjero.

La BBC hizo repetidas solicitudes al gobierno cubano para conocer su opinión, pero no recibió respuesta. La Habana ha seguido defendiendo fuertemente el programa. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ofreció su apoyo a “los héroes de la medicina cubana y latinoamericana” para conmemorar el Día de la Medicina en América Latina en diciembre pasado.

“Para aquellos que luchan por la vida, es lo mismo en un modesto vecindario cubano o en una aldea en el Amazonas. Más que médicos, son guardianes de la virtud humana”, escribió el líder de Cuba.

Experiencias dolorosas

Mientras que Dayli logró al menos evitar caer víctima de la violencia en Venezuela, una compatriota y compañera médica fue menos afortunada.

La médica de familia de 48 años desea ser identificada por el seudónimo “Julia” para ahorrarle a su familia el conocimiento de su terrible experiencia.

Durante sus cinco años de misión en Venezuela, Julia estuvo en el estado de Bolívar.

“Tuve la mala suerte de que el coordinador de la misión se interesara por mí y yo no cedí a sus repulsivas insinuaciones. Hizo que me enviaran a una serie de lugares apartados en zonas rurales”, denuncia.

En un momento dado, junto con otra doctora cubana, fue enviada a una vivienda con un tejado de plástico transparente. Un día, cuando vieron que alguien había forzado la puerta, llamaron al coordinador, pero Julia dice que no hizo nada.

“Luego”, dice, “me desperté una noche, con alguien cerrándome la boca. La médica en la otra habitación estaba gritando. Había dos hombres con pasamontañas, armados”.

Julia dice que fue violada por ambos.

El coordinador de la misión vino a sacar a las dos mujeres del lugar, pero, según Julia, no tuvo consecuencias aparentes ni una reprimenda oficial por haber expuesto a los miembros de su equipo a tal peligro.

Julia fue trasladada a Caracas, donde recibió medicamentos contra el VIH y sesiones con una psicóloga cubana. “El tratamiento no fue el mejor. El enfoque fue básicamente: ‘No le digas a nadie que esto ha sucedido'”.

Mientras estaba en una misión en Bolivia, Julia desertó a través de la frontera con Chile y ahora vive en España, donde ha solicitado asilo y trabaja como asistente de cirujano.

María (no es su nombre real) es otra médica cubana que dice que su género la convirtió en objetivo. Era una médica de familia de 26 años de edad cuando fue enviada a Guatemala en su primera misión internacional en 2009.

Durante su viaje al estado de Alta Verapaz, el coordinador de la misión comenzó a hablarle de un hombre rico en el área, a quien se refería como “ingeniero”.

María dice: “Insinuó que le gustaban las mujeres cubanas”. Cuenta que le dieron un teléfono celular al que el “ingeniero” comenzó a llamarla todos los días.

“No respondí, e incluso cambié el número, pero igual llamó”, prosigue María. “El coordinador me dijo que me enviarían a casa como castigo si no llegaba a ver a este hombre, y dije que me parecía bien”.

“Mis principios estaban en la cuerda floja. Fui con la idea de ayudar a gente pobre en una misión para mi país. Era tan frustrante. Estaba asustada, pero no podía huir”.

María explica que sus mentores cubanos le quitaron el pasaporte en cuanto llegó a Guatemala.

Después de dos meses resistiendo la presión para ver al hombre, María fue trasladada a otra misión. Unos meses después oyó que el “ingeniero” había sido arrestado en una redada militar, acusado de ser traficante de drogas.

María completó dos años en Guatemala y después se fugó de su siguiente misión en Brasil para acogerse al parole de Estados Unidos, un programa de permiso especial que fue cancelado por el expresidente Barack Obama y que incitaba a los médicos cubanos a desertar para instalarse en EE.UU.

Objetivos semanales

Dayli dice que ella y su equipo en Venezuela tenían que cumplir una serie de objetivos semanales establecidos por los líderes de la misión y relativos al número de vidas salvadas, pacientes ingresados y tratamientos para ciertas enfermedades.

La joven doctora explica que rechazó lo que para ella era una interferencia no ética en los principios honestos de la atención médica.

“Ahí es donde empezaron mis problemas, porque no iba a mentir”, señala. “Si un paciente está listo para irse a casa y tomar medicamentos por vía oral, no voy a hacer que lo ingresen durante cinco días con una vía intravenosa. No puedo decir cuántos pacientes con infarto al corazón voy a tener a la semana”.

Según el informe de la organización CDP, más de la mitad de los 46 médicos con experiencia en misiones internacionales que fueron entrevistados confesaron haber tenido que falsear las estadísticas, inventándose pacientes, consultas y patologías que no existían.

Al exagerar la eficacia de las misiones, las autoridades cubanas pueden, según el informe, pedir más dinero al país de acogida o justificar la ampliación de la misión.

Represalias

Dayli dice que el conflicto que tuvo con sus colegas médicos sénior en El Sombrero por las instrucciones para inflar las estadísticas de tratamientos llevaron a que la colocaran en un destino de menor nivel, en San José de Guaribe, una localidad más rural y tranquila.

Pero las presiones de trabajar sin suficiente equipamiento médico y las órdenes de alcanzar objetivos artificiales o imposibles persistieron.

Una vez llegó una mujer que estaba dando a luz, recuerda Dayli, pero la clínica no tenía los medios necesarios para el parto. Otra vez dice que tuvo que insertar un tubo en un paciente con la luz de su teléfono porque no había combustible para el generador.

Cuenta que su petición de transferir a un hombre con cáncer de pulmón a Caracas fue denegada para que pudiera contar en las estadísticas de la clínica.

“La salud de los venezolanos no es importante para la misión”, opina. “Un niño de 11 años murió en mis brazos cuando intentaba colocarle un respirador que no funcionaba”.

Carlos Moisés Ávila relata una historia similar. Este médico de 48 años se unió a una de las primeras misiones en Venezuela en 2004.

“Cada uno teníamos que reportar haber salvado una vida cada día, así que a veces me tocaba agarrar a alguien sano y ponerle una vía”, explica.

“Las medicinas llegaban de Cuba fuera de fecha, así que teníamos que destruirlas y enterrarlas antes de incluirlas en el inventario como usadas para que pudieran ser cobradas. Recibíamos nuestra paga de soldados, que a veces llegaban con meses de retraso y se llevaban medicamentos del hospital”, recuerda.

Carlos dice que se unió a la misión médica para mejorar su situación financiera.

En lugar de tener que arreglárselas con US$20 al mes en Cuba en aquel momento, empezó a ganar US$300 en Brión, en el estado venezolano de Miranda, aunque dice que el gobierno cubano recibía más de 10 veces esa cantidad por cada doctor en el programa Barrio Adentro.

Dayli dice que estaba prohibida toda socialización con venezolanos fuera del trabajo. Los médicos cubanos vivían juntos y tenían que respetar el toque de queda de las 18:00 horas. El coordinador de la misión era un funcionario del servicio de seguridad cubano.

“Te preguntaban sobre tus compañeros de casa en entrevistas semanales”, expone Dayli. “Tenía una red de informantes locales pagados que daban cualquier información sobre ti para detectar posibles desertores”, agrega.

“No se nos permitía tomar un trago con un venezolano o ir a su casa porque le salvaste la vida y querías ver cómo seguía. Si confraternizabas con un disidente, te podían revocar la misión”.

Propaganda política

Carlos dice que durante los siete años que pasó en Venezuela vio cómo la medicina se usaba como herramienta política con fines propagandísticos, a veces a expensas del código ético de los doctores.

“Durante la campaña de 2004 para el referéndum revocatorio, nos enviaron a los médicos puerta a puerta para dar regalos y medicamentos y ganar apoyos para el entonces presidente Hugo Chávez”, indica.

“También teníamos listas de pacientes según su tendencia política. A los partidarios del gobierno chavista se los anotaba como pacientes de hipertensión y a los opositores como diabéticos. Los primeros recibían mejor tratamiento y toda la información que teníamos sobre los locales se le pasaba a la coordinadora de la misión, una mujer cubana que controlaba todas nuestras relaciones personales y con quién se nos permitía encontrarnos”.

Un reportaje del diario estadounidense The New York Times publicado el pasado marzo citaba a médicos cubanos destinados en Venezuela que describían cómo tuvieron que persuadir a pacientes para que votaran por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), incluyendo acciones como denegarles tratamiento a partidarios de la oposición y hacer proselitismo en las casas con medicinas de regalo para sobornar a los indecisos.

En respuesta, el gobierno cubano negó las acusaciones y dijo que sus honorables médicos salvaron casi un millón y medio de vidas en Venezuela, además de citar su participación en la lucha contra el ébola en África y el cólera en Haití, entre otros ejemplos.

Carlos también dio el paso de una misión brasileña a Estados Unidos, donde está reconstruyendo su vida en Houston, Texas, como asistente médico.

Ahora no puede visitar Cuba por temor a ser encarcelado por deserción.

En 2018 solicitó una visa humanitaria para visitar a su madre, que tenía cáncer. Le fue denegada y no pudo verla antes de su muerte.

“Así es como juegan, ofreciendo permisos y regalos frente a ti para que la gente acceda. Pronto me di cuenta de que nuestra misión era más política que humanitaria“.

Dayli llegó a una conclusión similar.

Regresó a Cuba en 2014 donde fue destinada a un hospital sin unidad de cuidados intensivos, una señal clara, dice, de que no tenía el favor de las autoridades. Posteriormente fue suspendida de ejercer la medicina por supuestas ausencias laborales, una acusación que niega.

Cuenta que la empezaron a tratar como una disidente, con un agente de seguridad estatal fuera de su casa que la seguía a todas partes. Su familia y amigos fueron acosados. Finalmente no pudo soportarlo más y en la actualidad está visitando parientes en España, donde quizá decida asentarse.

“Quería ser doctora en Cuba, pero ahora he renunciado a eso. No quiero ser un riesgo para mi familia. Dije lo que pensaba y esta es la consecuencia. Quieren soldados, no médicos”.


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