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Cuartoscuro

ONG señala ocho aciertos (con sus peros) y cuatro focos rojos en la política social de AMLO

El contexto exigía cambios, pero los nuevos programas sociales no están basados en análisis técnicos ni muestran una estrategia clara, advierten expertos.
Cuartoscuro
12 de marzo, 2019
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A 100 días de haber iniciado su gestión, el nuevo gobierno federal ha hecho cambios importantes en la política frente a la pobreza y la desigualdad. Algunos de estos cambios –como el incremento al salario mínimo, la prioridad para atender a la población indígena y becas para jóvenes– pueden lograr resultados si se ejecutan bien. Pero se debe evitar toda forma de simulación, corrupción o clientelismo, advierte la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En su posicionamiento y análisis de la política social de la nueva administración federal, esta asociación alerta sobre cuatro riesgos y focos rojos para los derechos humanos y la institucionalidad democrática, relacionados con la asignación discrecional de transferencias monetarias y con los cambios sin sustento técnico en programas que no parecen tener una estrategia clara.

Lee: 100 días de gobierno: los dichos de AMLO vs los hechos

El nuevo gobierno recibe un panorama muy negativo –reconoce la organización en su análisis– producto de acciones y omisiones de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, en la que creció la pobreza por ingresos, se perdieron más de la cuarta parte de empleos de mejor remuneración, fracaso la promesa de Hambre Cero y la desigualdad extrema siguió afectando sobre todo a la población indígena.

Las causas de esos errores fueron diversas: se mantuvieron las políticas generadoras de pobreza, marcadas por las ocurrencias y la dispersión de programas; se optó por la simulación y por maquillar las cifras negativas, mientras aumentaba la corrupción y el uso clientelista de los programas sociales.

“La Estafa Maestra” y los reportes anuales de la Auditoría Superior de la Federación documentaron el desvío de recursos que debían beneficiar a la población más vulnerable.

Ante ese contexto, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza reconoce como positivas ochos medidas de la actual administración, pero advierte que necesitarán mejoras.

1.- Incremento al salario mínimo por encima del costo de la canasta básica.

Esta decisión es la más relevante, señala la organización en su análisis, porque rompe con una política de contención salarial que llevaba décadas y que es uno de los principales factores de pobreza en México. Pero deberá tener como siguiente paso, asegura, la aprobación de un plan multianual de crecimiento del salario mínimo, ejecutado de forma responsable, que contribuya a recuperar su valor perdido.

2.- Prioridad a las zonas indígenas para implementar los programas sociales

Si los programas son efectivos y se aplican conforme a este principio pueden ayudar a reducir la pobreza crónica y la desigualdad extrema. Pero se deberá cuidar no dejar excluida a la población que vive en zonas urbanas, y que representa la mayoría de quienes padecen pobreza.

3.- Creación de pensión universal para adultos mayores

Es una medida con efecto redistributivo y de reducción de carencias para quienes ya no están en condición de generar ingresos por su cuenta  –indica Frente a la Pobreza– aunque el monto no cubre el costo total de la canasta básica. El punto a cuidar es evitar duplicidades que generen distorsiones al entregar subsidios a quienes ya reciben montos muy superiores por medio del IMSS y otras formas de pensión que también se pagan, al menos de forma parcial, con recursos públicos.

4.- Nuevas transferencias monetarias a personas con discapacidad

Esta medida es relevante porque las personas con discapacidad que viven en condición de pobreza o rezago son un sector de la población excluido e invisibilizado, con condiciones específicas de discriminación. Pero las transferencias de dinero no sustituyen las políticas públicas de inclusión educativa, atención especializada en salud, inserción laboral y accesiblidad, entre otras.

5.- Apoyos para formación en el trabajo a jóvenes desocupados

Dar prioridad a los jóvenes, señala el balance de Frente a la Pobreza, es una de las mejores decisiones de política social. Promover su inserción laboral y la mejora de su empleabilidad genera igualdad de oportunidades, reduce factores de riesgo y detona crecimiento incluyente de la economía. Pero para que sea una política exitosa, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro deberá garantizar el acceso a personas con mayor rezago y promover formación en habilidades socioemocionales.  

6.- Mayores opciones educativas y becas para jóvenes

Crear nuevas universidades y espacios educativos, así como el incremento en el monto y la cobertura de becas para educación media superior y superior impacta en el desarrollo de capital humano y del país. Sin embargo –subraya la organización civil en su balance– se debe considerar ofrecer opciones técnicas y tecnológicas acordes a las realidades económicas de cada región y abrir alternativas de “segunda oportunidad” para 11 millones de jóvenes de entre 18 y 30 años que no han completado la educción media superior.

7.- Cobertura universal de servicios públicos de salud

El acceso universal a servicios de salud es un derecho humano y social básico. No obstante, el anuncio de “recentralización”, que reasigna la responsabilidad operativa al gobierno federal abre muchas interrogantes. Por una parte se cuestiona su viabilidad, la forma en que se puede volver a un modelo centralizado y el papel del IMSS en esa nueva institucionalidad.

Pero también plantea la pregunta sobre si esa medida puede resolver de fondo el problema de la segmentación y de la falta de equidad y calidad en el acceso a servicios de salud.

8.- Apoyo a pequeños productores del campo

Se han anunciado varias medidas de apoyo a pequeños productores del campo, especialmente la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y la recuperación de precios de garantía para un conjunto de productos generados en zonas de muy alto rezago social.

Las acciones con efecto económico son una decisión adecuada. El riesgo en esta serie de políticas, advierte Frente a la Pobreza, es que el concepto de autosuficiencia alimentaria, una de las banderas en estos apoyos, genere “aislamiento” y promoción del autoconsumo.  Además, la organización subraya en su análisis que se deberá tener muy vigilados a los esquemas asociados a CONASUPO, ahora a través de la nueva entidad que fusiona DICONSA y LICONSA, para evitar prácticas de corrupción.

Respecto a medidas con efectos negativos, la organización alerta sobre cuatro riesgos y focos rojos.

1.- Sustitución de programas de servicios por programas de transferencias, como el caso de las Estancias Infantiles

No se puede justificar, dice, la eliminación de un programa que promueve el ejercicio de derechos o que afecten el interés superior de la infancia con base en prácticas o casos de corrupción. La reducción de cobertura, monto y responsabilidad específicas de supervisión, capacitación y evaluación, contradicen el principio de “progresividad” en el ejercicio de derechos sociales previsto en el art. 1º de la Constitución.

2.- Eliminación del modelo de corresponsabilidad y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil (OSC)

La cancelación de las convocatorias abiertas a OSC –subraya la asociación– afecta acciones como los refugios para mujeres víctimas de violencia, la atención a personas con VIH, o proyectos de promoción y empoderamiento social en zonas de mayor rezago, y en campos de especialidad, como: economía social y solidaria, nutrición, salud, educación formal y no formal, prevención de la violencia, defensa de derechos humanos, desarrollo comunitario y regional, entre otros.

3.- Asignación discrecional y partidista de transferencias monetarias

Por su cobertura a millones de personas y por el monto presupuestal (más de 150 mil millones de pesos), afirma la OSC, es imperativo evitar cualquier sesgo en la selección de quienes reciban transferencias. Para Frente a la Pobreza es un riesgo operar el “censo del bienestar” desde una estructura partidista o electoral, así como también lo es generar padrones que no cumplen con requisitos para garantizar que los recursos lleguen a quienes lo requieren, sin sesgo político.

4.- Cambios sin sustento técnico o estrategia clara, como en Prospera y “Seguro Popular”

Al desmantelar Prospera y dejarlo como un programa de becas de educación básica, de las que no existe evidencia sobre su impacto, se está dejando sin el componente de nutrición infantil y de acciones preventivas de salud para toda la familia a población vulnerable.

La decisión de eliminar el “Seguro Popular” como parte de la recentralización de los servicios de salud al gobierno federal abre muchas interrogantes –asegura la organización– puesto que la cobertura universal requiere terminar con la segmentación asociada al régimen de contratación laboral de las personas, lo que no se puede improvisar ni estar basado en la recentralización.

Antes estos aciertos con sus riesgos, pero sobre todo ante los focos de alerta, Frente a la Pobreza lanza cinco propuestas: asumir el enfoque de derechos, como está previsto en el art. 1º de la Constitución; articular medidas de política económica con política social; impulsar un sistema universal de protección e inclusión social; garantizar la transparencia y la neutralidad partidista y recuperar e impulsar la participación ciudadana incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil.

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Qué implica que García Luna se declarara 'no culpable' de narcotráfico en EU

El otrora hombre fuerte de la policía en México apareció en una corte de Nueva York acusado de conspiración para el narcotráfico y otros cargos que rechazó. Permanecerá detenido mientras se define si va a juicio.
5 de enero, 2020
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Genaro García Luna

Getty Images
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública de México.

Fue una escena con ribetes surrealistas: Genaro García Luna, arquitecto de la guerra contra el narco en México, entró a una corte de Nueva York este viernes acusado de conspiración para traficar cocaína.

En una audiencia que duró menos de media hora, García Luna se declaró “no culpable” de los cargos que enfrenta, que podrían costarle entre 10 años de prisión y cadena perpetua.

Vestía un jersey gris de algodón, pantalones beige y, tras casi un mes detenido, lucía algo demacrado respecto a su imagen de secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano de Felipe Calderón (2006-2012).

Al ingresar y retirarse de la sala custodiado por guardias, buscó con su mirada a su esposa e hijos presentes entre el público, que lo despidieron con gestos de fuerza con sus puños.

La audiencia transcurrió en la misma corte federal de Brooklyn donde el año pasado fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa que según la acusación entregó millones de dólares en sobornos a García Luna para “operar con impunidad” en México.

Después que la fiscalía advirtiera que hay un “riesgo inaceptable de fuga” si fuera liberado, la jueza Peggy Kuo decidió que García Luna, de 51 años, permanezca preso mientras su defensa trabaja en un pedido de fianza.

La próxima audiencia quedó fijada para el 21 de enero y se abren distintos escenarios para el otrora hombre fuerte de la policía mexicana.

¿Habrá juicio?

Además de los cargos por conspiración para el narcotráfico, García Luna también está acusado de formular declaraciones falsas en 2018, al pedir su naturalización para obtener la ciudadanía de EE.UU.

El exfuncionario mexicano se mudó en 2012 a Florida, donde obtuvo estatus de residente y fundó una empresa de seguridad con sus iniciales.

García Luna y Felipe Calderón

Getty Images
García Luna fue pieza clave en la estrategia contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón (derecha).

Fue detenido el mes pasado en Dallas, Texas, después que la justicia de EE.UU. emitiera una orden de arresto en su contra, una noticia que causó asombro a ambos lados de la frontera.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló esta semana el arresto de García Luna como la “prueba” de que el narcotráfico convivía con el poder en su país.

“Nada más esa prueba o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha (de Calderón) está acusado de proteger a una organización delictiva”, sostuvo AMLO en el Palacio Nacional de México.

Además de su cargo como secretario de Seguridad Pública, desde el que trazó la estrategia de la guerra contra los carteles de la droga, García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la desaparecida Agencia Federal de Investigación, que combatía el crimen organizado y la corrupción en México.

Aunque se declaró “no culpable”, García Luna aún podría evitar ir a juicio si llegase a algún tipo de acuerdo con el gobierno estadounidense.

De hecho, la jueza y la fiscalía sugirieron esa posibilidad en la audiencia de este viernes.

“Una pregunta es si el gobierno estaría dispuesto a retirar esos cargos” para alcanzar un acuerdo, dice Rob Heroy, un abogado que ha defendido a acusados de narcotráfico en EE.UU. y antes fue asistente de fiscal de distrito en Carolina del Norte.

“Estoy seguro de que (García Luna) tiene mucha información que al gobierno le encantaría conocer”, añade Heroy en diálogo con BBC Mundo.

¿Habrá acuerdo?

Parte de las pruebas de la fiscalía de EE.UU. contra García Luna provienen del juicio a “El Chapo” Guzmán, y en particular del testimonio del hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, otro líder del cartel de Sinaloa.

Jesús Zambada aseguró en el juicio que se reunió personalmente en dos ocasiones con García Luna en un restaurante para entregarle carteras con entre tres y cinco millones de dólares en efectivo.

Y especificó que esos sobornos eran para asegurarle a su hermano que García Luna no iba a arrestarlo ni interferir con las operaciones del cartel.

En ese momento García Luna respondió en un largo comunicado que esas afirmaciones eran “mentira, difamación y perjurio” en su contra y negó haber tenido contacto “con personas vinculadas con actividad delictiva”.

Zambada

Reuters
Jesús Zambada acusó a Garcia Luna de recibir dinero del narco.

Pero la fiscalía de EE.UU. insiste ahora en que García Luna ha “amasado una fortuna personal” de millones de dólares inconsistente con el salario de un servidor público en México.

La propuesta de fianza que haría su defensa en los próximos días podría servir como indicación de su situación financiera, aunque no revele de dónde proviene el dinero.

Heroy advierte que aún faltan conocerse todas las pruebas con que contarían los fiscales y que García Luna podría evitar un acuerdo de cooperación por razones de seguridad.

Proporcionar información sería muy peligroso para su familia. Incluso si toma protección de testigos, tendrá familia en México, así que creo que es poco probable que coopere con el gobierno”, dice el abogado.

“Si negociara un trato, sería uno que no implique cooperación”, agrega. Es decir, aceptar pasar un tiempo en prisión sin proporcionar información al gobierno.

Esto podría comenzar a despejarse a partir de la próxima audiencia de García Luna en la corte de Brooklyn, que estará a cargo del juez Brian Cogan, el mismo que dirigió el juicio a “El Chapo” y limitó los testimonios sobre presunta corrupción en México.


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