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Foto: COFEMO

¿De qué vive la sociedad civil? No de recursos públicos

Del total de OSC autorizadas para recibir donaciones en 2018, sólo el 6 % recibió recursos públicos por un monto promedio de 2 millones de pesos. De ese porcentaje, casi la mitad son en realidad dependencias oficiales constituidas en asociaciones civiles para recibir los recursos.
Foto: COFEMO
Por Claudia Ramos y Yuriria Ávila
20 de marzo, 2019
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Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) recibieron durante 2018 más de 2 mil 700 millones de pesos de la administración pública federal, de acuerdo con cifras oficiales. Sin embargo, esta cantidad es casi un 50 % menor a lo otorgado en 2017 y fue repartida entre 2 mil 275 organizaciones, el 6.4 % del total registradas, lo que representa un promedio de poco más de 2 millones de pesos por asociación.

Dicho monto proviene de donativos, subsidios, convenios y Programas de Coinversión Social (PCS) entregados por distintas dependencias públicas e Indesol.

Sin embargo, no todas las OSC financiadas con recursos públicos vienen en realidad de la sociedad civil. Casi el 50 % de ellas son en realidad organismos identificados como “gongos”, es decir, “organizaciones gubernamentales no gubernamentales” (goverment no goverment), como las federaciones deportivas coordinadas por la Conade y los institutos estatales y delegaciones del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).

Se trata de asociaciones civiles con presupuesto etiquetado en distintas dependencias públicas y constituidas por el propio gobierno, sin que nadie haya podido explicar hasta ahora la razón de por qué se hicieron y se mantienen así, indica Rogelio Gómez Hermosillo, consultor internacional experto en programas sociales y excoordinador del Programa Oportunidades durante el sexenio de Vicente Fox.

“Por ejemplo, los Centros de Integración Juvenil están en el presupuesto de Salud desde 1970, pero están registrados como A. C. Están etiquetados y reciben dinero porque son en teoría el mecanismo no gubernamental, pero con dinero gubernamental, para el tema de adicciones. Luego el gobierno creó 32 asociaciones civiles a las que el INEA les otorga el dinero. Dinero descentralizado, como todo lo de educación que por ley no puede ser central. En 25 de los estados, la descentralización es a los Institutos Estatales de Educación para Adultos que no configuran como del gobierno, sino como A. C. Todo el dinero de la Conade se da a asociaciones civiles. Es el uso y abuso de la figura de la A.C. para hacer cosas gubernamentales”, considera.

Si se eliminaran las transferencias que las dependencias hacen a las gongos que operan sus programas, quedaría explícito que el gobierno federal en realidad entrega a las OSC el 60 % del monto total reportado históricamente, de acuerdo con un estudio de la organización Alternativas y Capacidades.

“De hecho, del monto total entregado, como el 50 % o más no va a la OSC sino a gongos. Estas son organizaciones gubernamentales no gubernamentales que por alguna razón administrativa tienen Clave Única de Inscripción al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), obligatoria para recibir fondos públicos. El problema es que al poner a las gongos en el mismo paquete, se registra un monto mucho más grande de lo que en realidad va a organizaciones de la sociedad civil”, enfatiza Marian Olvera, directora ejecutiva de Alternativas y Capacidades.

“Nosotras no decimos que se le quiten los fondos a esas organizaciones que dependen 100 % de algún instituto gubernamental. Simplemente que no se incluyan en el reporte de lo que se otorga a las organizaciones de la sociedad civil”, agrega.

Olvera explica que parte del problema del financiamiento de las OSC es que no existe como tal una bolsa presupuestal destinada a la sociedad civil y que cuente además con reglas de operación. Se trata más bien de un monto correspondiente a fondos provenientes de múltiples dependencias que deciden trabajar con una organización a través de una convocatoria, como la del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, para la asignación de subsidios para operar refugios de mujeres, sus hijos e hijas que viven violencia extrema. O los programas de capacitación del Instituto de las Mujeres.

De hecho, del total de recursos públicos destinados a las OSC, sólo el Programa de Coinversión Social del Indesol cuenta con reglas de operación y se trata de apenas el 6 % de lo asignado durante 2018. Y esos recursos fueron adjudicados a sólo 912 organizaciones, que representan el 2.6 % del total registradas para recibir financiamiento público.

Entonces, ¿de dónde viene el dinero y quién lo recibe?

De acuerdo al reporte acumulado del último trimestre de 2018 de la cuenta pública, cuyo informe anual se presenta en abril, las dependencias que más subsidios aportaron a las OSC durante 2018 fueron las secretarías de Salud, Educación, Agricultura y Función Pública.

Y entre las OSC que más subsidios recibieron se encuentran la ANUIES (132 millones), la Academia Mexicana de la Lengua (82 millones), Conade (75 millones), el Comité Olímpico Mexicano (65 millones), la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol (40 millones), la Federación Mexicana de Beisbol (37 millones) y la Federación Mexicana de Tae Kwon Do (29 millones). La mayoría gongos.

De ese mismo año, el INEA entregó mil 714 millones de pesos, casi el 63 % de los subsidios otorgados, a sus institutos y delegaciones estatales.

En cuanto a donativos, las dependencias que más entregaron recursos a las OSC fueron la Secretaría de Cultura, Inmujeres, Educación, CFE, IMSS, Pemex, Salud, SCJN, Semarnat, Economía, Auditoría Superior de la Federación y Cámara de Senadores.

Entre las OSC que más donativos recibieron en 2018 se encuentran Educadores somos todos (50 millones), Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes (43 millones 300 mil pesos), Poder Cívico (20 millones), Patronato Pro Biblioteca Vasconcelos (15 millones), Fundación Bancomer (13 millones 488 mil), Fundación IMSS (13 millones), Museo Memoria y Tolerancia (10 millones) y la Universidad Pontificia de México (10 millones).

Pero estas fueron las menos. La mayoría de las OSC recibieron 2 millones de pesos o menos de financiamiento y son asociaciones pequeñas como el Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante A. C. (COFEMO), que en mayo cumple 30 años de trabajar en la promoción de los derechos de las mujeres para lograr una vida sin violencia en los municipios indígenas de Chiapas.

En estas tres décadas han pasado de operar un centro de atención a mujeres, dos programas de radio y talleres para formar educadoras populares y parteras, a trabajar en cinco municipios de los Altos de Chiapas un proyecto de construcción de territorios con igualdad de género.

“El proyecto consiste en procesos de formación para fortalecer liderazgos para que las consejeras municipales puedan tener herramientas teóricas y metodológicas para poder implementar los planes de mujeres”, explica Guadalupe Cárdenas Zitle, directora de COFEMO.

El financiamiento con recursos públicos para esta organización ha sido intermitente. Primero fue a través de las convocatorias que sacaba el entonces Instituto Nacional Indigenista para hacer trabajo jurídico de defensa de las mujeres, el cual pudieron ejercer 3 o 4 años. Luego entraron en una coinversión durante 6 años entre Oxfam y el gobierno de Chiapas, en una combinación de fondos públicos estatales y privados. Ahora han accedido a recursos públicos a través de las convocatorias del Indesol, que con montos máximos de 200 a 300 mil pesos al año representan apenas el 17 % de los fondos que requieren. El resto del financiamiento proviene de la cooperación internacional.

“No dependemos exclusivamente de los recursos públicos, aunque sí ayudan a una capacidad financiera que nos sirve de apalancamiento para acceder a recursos privados. En COFEMO hoy somos cinco personas, pero hubo un momento que teníamos un alto financiamiento internacional y llegamos a ser 19. Ahora tenemos financiamiento de la Fundación Kellogg, Indesol, Slow Food (con sede en Italia) y Active Citizens (con sede en Inglaterra). El financiamiento más alto que hemos tenido ha sido de 100 mil dólares para un proyecto de dos años, y el más bajo a través de una campaña de fondeo en la que recaudamos 20 mil pesos para una actividad muy puntual”, cuenta Cárdenas Zitle.

La organización Impacto no ha tenido tanta suerte para acceder a recursos públicos. Con seis años de trabajo en 12 comunidades de alta marginación de Los Altos de Chiapas para reducir la pobreza y la desigualdad, nunca han alcanzado la calificación del Indesol para que su proyecto sea seleccionado.

“Empezamos con 50 artesanas y ahora vamos a llegar a mil. Todas son mujeres mayas, algunas de origen tzoltzil y otras de origen tzeltal. A nosotros nunca nos pusieron en la lista de proyectos seleccionados, porque -según me comentó una amiga que conoce muy bien cómo se asignan los recursos- casi el 80 % ya estaba etiquetado y el otro 20 % que evaluaban tenía una política de puntos basados en el historial. Si las organizaciones no contaban con historial, no tenían la suficiente calificación para ser elegido. Nosotros nunca llegamos a la calificación en donde Indesol nos diera un recurso, porque además no entramos en la dinámica de la corrupción. Tampoco teníamos visibilidad de las calificaciones con las que nos evaluaban”, afirma la directora de la OSC, Adriana Aguerrebere.

Impacto trabaja en el combate a la inequidad social y económica de mujeres indígenas a través de un enfoque de cadena de valor y de emprendimiento social como la artesanía textil. Da capacitación técnica para el diseño del producto y el desarrollo de capacidades humanas para el empoderamiento de liderazgos e integración de la mujer, a través de la economía naranja, es decir el desarrollo sostenible a través de las artes.

Desde 2012 se han financiado con inversiones del extranjero. De dinero público apenas en 2018 realizaron dos servicios al gobierno federal, uno a través de Fonart y el Instituto Casa de las Artesanías, pero se trató de una consultoría de diseño e innovación de producto, y otro para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

“Pero de mi presupuesto de todo el año, el ingreso de esas consultorías no representaron ni el 5 %”, explica Aguerreberre. Desde la fundación de Impacto a la fecha han recibido un financiamiento de 1 millón y medio de dólares aproximadamente, aportados por organismos como Fundación Kellogg, y por fondeo de proyectos a través de plataformas como Global Giving, de la cual consiguieron juntar 300 mil dólares más un ingreso adicional por la campaña que la propia plataforma realizó, para apoyar la reconstrucción de las zonas dañadas por el terremoto de 2017.

“En los últimos tres años nos postulamos para recibir ayuda de Indesol, pero no se pudo. Administrativamente es mucho trabajo y no lo conseguimos, así que mejor nos financiamos por otras vías”, expresa.

Controles fiscales y cero recursos

Independientemente del origen de los fondos que reciben, ya sean públicos o privados, subsidios o donaciones, las organizaciones de la sociedad civil tienen una serie de controles fiscales que las obligan a rendir cuentas constantemente ante el Servicio de Administración Tributaria, para poder conservar su carácter de donatarias como Asociación Civil o como Instituciones de Asistencia Privada.

Bien lo sabe Katia D’Artigues, fundadora de Yo También, una organización en defensa de los derechos de las personas con discapacidad que, bajo el paraguas de asociación civil sin fines de lucro, lleva 10 años picando piedra para sacar adelante el proyecto. A partir de este año la organización cuenta con la participación activa de la periodista y activista Bárbara Anderson para desarrollar dos programas: un portal periodístico, que se encargará de difundir información sobre las políticas públicas transversales que requieren las personas con discapacidad, y otro propiamente de la fundación, que consiste en cabildear leyes, hacer incidencia política, realizar propuestas de políticas públicas y colaborar con otras organizaciones.

Pero para llegar a este punto han tenido que pasar el viacrucis de cualquier OSC que quiera trabajar por su comunidad: desde conformar una escritura en cuyos estatutos se establezca que es una asociación civil sin fines de lucro, comprometerse a que cualquier patrimonio que tengan en caso de desaparecer lo tienen que donar a otra organización, registrarse en la Secretaría de Bienestar para obtener la CLUNI que les permita concursar por fondos públicos, y hacer todos los trámites ante la Secretaría de Hacienda.

“Para sacar la CLUNI tienes que presentar escrituras, el objetivo social y elaborar un reporte anual en donde tienes que poner tu incidencia, qué es lo que has hecho, cuántas personas has impactado de manera directa e indirecta, con cuántas OSC nacionales e internacionales has hecho red o colaborado, cuántas personas tienes en la organización, cuántos voluntarios y cuántas horas han invertido para trabajar en tu organización. Después haces un trámite ante Hacienda para justificar más las cosas y lo que has hecho, para pedir una deducibilidad de impuestos que te permita recibir donaciones libres de impuesto y emitir recibos deducibles de impuestos”, explica.

En esas andaban, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno ya no entregará recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil y la instrucción alcanzó a programas e instituciones vitales para sectores vulnerables de la población, como mujeres violentadas que son atendidas en refugios que no se sabe cómo continuarán gestionándose, madres trabajadoras que ya no cuentan con el subsidio para estancias infantiles y personas con discapacidad que tuvieron que ampararse para que se nombre titular en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis). El argumento es presunta corrupción, cuyas pruebas no se han presentado, y que “no haya intermediarios” entre el gobierno y la gente.

“Los controles antes no se tenían y sí había muchísima discrecionalidad; no dudo que todavía pueda haber mucha discrecionalidad, pero en este como en muchos otros casos parece que quieren tirar al niño con el agua en la bañera en lugar de vigilar a organizaciones que sin duda habrán tenido excesos, y dado apoyos sin todos estos controles.

“Pero estos controles los implementó Cecilia Loría cuando fue titular de Indesol en el sexenio de Vicente Fox y se emitió la ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, se interpuso la CLUNI y se empezó a organizar todo. Entonces Indesol por lo general tiene una bolsa de recursos, pero tú concursas para que te den de esa bolsa. Tienes que presentar un proyecto, justificarlo, reunirte, y si quedas dentro de los proyectos ganadores te darán cierto dinero, que tampoco es muchísimo pero igual sirve para operar un proyecto o dos”, enfatiza D’Artigues.

Después de 10 años de trabajo Yo También cuenta ya con su primer patrocinio a través de Cemex, pero hasta ahora han tenido que invertir dinero propio y “mucha saliva” para mantener el activismo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, cuyas necesidades no cubre integralmente el Estado y que van desde capacitación a maestros para el tema de la inclusión educativa, a servicios directos que no alcanza a proporcionar el DIF en temas de estimulación temprana, rehabilitación o inclusión laboral.

“La discapacidad se da entre la interacción de una persona con deficiencias con las barreras que pone la sociedad. Si quitas las barreras, desaparece la discapacidad. Lo que hay que hacer es quitar esas barreras que pone la sociedad para integrar a todos, no bloquear a las organizaciones que trabajan por la inclusión. Porque la responsabilidad es de la sociedad en su conjunto: El estado, las escuelas, las empresas, las organizaciones, todos. La inclusión no se da por decreto”, afirma D’Artigues.

Incentivar su permanencia o dejarlas a su suerte

De acuerdo con el informe de Alternativas y Capacidades, “la política fiscal es una herramienta primordial para estimular el desarrollo del sector de las OSC. Las instituciones internacionales especializadas en este tema sugieren a los gobiernos reducir la carga impositiva a las OSC y otorgar beneficios fiscales a los contribuyentes que les donen recursos (Tapia-Álvarez y Verduzco, 2013, p. 20)”.

“En México”, indica el reporte, “la legislación fiscal es arcaica en lo que refiere a instituciones sin fines de lucro; muchos años después de publicada la Ley de Fomento, el SAT sólo reconocía las actividades asistenciales y culturales de las OSC, más tarde incluyó algunas dedicadas a temas ambientales, pero fue hasta el año 2013 que se consideró en la Ley del Impuesto sobre la Renta la posibilidad para que obtengan autorización como donatarias las OSC que realizan casi todas las actividades señaladas en la Ley de Fomento. Esto fue resultado de una campaña de más de diez años de parte de un amplio grupo de OSC”.

Hoy, ese logro se encuentra en riesgo. No sólo ya no recibirán recursos públicos,  organizaciones de la sociedad civil que se financian con fondos privados no han podido recibir donativos en lo que va del año ante el retraso de la publicación del Directorio de Donatarias Autorizadas 2019 en el Diario Oficial de la Federación y la  acreditación por parte del SAT para expedir recibos deducibles de impuestos.

El SAT no ha explicado las razones de la demora, pero mientras tanto ya hay asociaciones cuyos donantes han retenido las aportaciones, lo que afecta su trabajo.

“Hay una sociedad civil organizada que no es intermediaria, que presta servicios a su comunidad. Pero esa sociedad civil generalmente no vive del gobierno, porque el gobierno mexicano da muy poco. Entonces una organización que vive del gobierno no sobrevive, a menos que cubra una función del gobierno, lo cual la convierte en gongo. Y con los gongos no pasará nada porque no son sociedad civil”, explica Gómez Hermosillo.

A nivel mundial, el 36 % del financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil provienen de fondos públicos, de acuerdo con un estudio de la Johns Hopkins University. En México es del 8 % aproximadamente. “En otras partes del mundo es algo común que haya fondos públicos destinados al quehacer de las organizaciones. Y lo que tenemos actualmente en México son fondos muy bajos para el trabajo que hacemos”, resume Marian Olvera, de Alternativas y Capacidades. Esto puede cambiar radicalmente en el actual sexenio si además de los fondos públicos también se ponen obstáculos para que las OSC reciban recursos privados.

“Las organizaciones que llevamos muchos tiempo no vivimos de los recursos de gobierno federal porque no nos alcanzaría para hacer nada y porque no nos da libertad para poder levantar la voz. Sobre todo las que estamos en temas de justicia, que solemos preferir poder decirles lo que pensamos abiertamente”, enfatiza Jimena Cándano, directora de la Fundación Reintegra.

Con la carga de trabajo que no se detiene para atender a jóvenes en conflicto con la ley y los donantes a la expectativa, esperarán a que el SAT publique en el Diario Oficial de la Federación el Directorio de Donatarias 2019 para recibir los recursos, antes de actuar. Consultado por Animal Político, el SAT aún no da una respuesta sobre las razones de la demora ni la fecha en que quedará publicado.

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Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchas mujeres inocentes presas: Evelyn Hernández

BBC Mundo habló con Hernández, quien fue condenada a 30 años de cárcel en El Salvador por un parto extrahospistalario en el que su bebé nació muerto. Tras 33 meses en la cárcel y ser absuelta, ahora se plantea cómo recomenzar su vida.
21 de agosto, 2019
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Evelyn Hernández dice que siente que acaba de despertar de un mal sueño: la pesadilla más terrible y larga de su vida.

Duró tres años, cuatro meses y 13 días, se alargó por inviernos y noches y vio cómo en el camino, en el tiempo que pasaba tras las rejas, ella misma y su cuerpo cambiaban y se iba haciendo adulta.

Comenzó una mañana de abril de 2016, poco después de despertar, cuando un chorro de sangre en sus piernas la llevó a un hospital y, después, a la cárcel.

Tenía entonces 18 años y dice que esa mañana tuvo unos dolores en el vientre que casi la dejan inconsciente.

Sin saber que estaba embarazada, según su testimonio, dio a luz a un feto muerto que la policía encontró horas más tarde en una fosa séptica en el caserío donde vivía, en el Cantón El Carmen, en El Salvador.

Después de que los médicos constataran el parto fue acusada de “homicidio agravado”, en un país donde abortar o dar a luz un bebé muerto fuera de un hospital es considerado un crimen y las mujeres se enfrentan a penas de cárcel de decenas de años.

Evelyn Hernández

Familia de Evelyn Hernández
Evelyn Hernández tenía 18 años cuando tuvo un parto extrahospitalario.

En 2017 le impusieron una condena de 30 años. Pero tras un largo proceso de sentencias anuladas, repetición del juicio, pruebas, argumentos y apelaciones, fue finalmente absuelta a inicios de esta semana.

En total, Hernández pasó 33 meses en prisión.

“Primero sentí que el juez me iba a condenar, pero ya después dijo que no me podía acusar porque él no tenía la certeza de lo que estaban diciendo en mi contra. Me dio mucha alegría, me dieron ganas de llorar”, recuerda en conversación telefónica con BBC Mundo.

“(Sentí que quedaba atrás) el recuerdo del pasado y de todo lo que decían contra mí, sentí que estaba empezando de nuevo”.

Fue la primera vez en la historia de El Salvador en que una mujer condenada por practicar un aborto regresaba a la corte para que se revisara su sentencia y, finalmente, era absuelta de sus cargos.

Su caso abre ahora las puertas de la esperanza para al menos otras 19 mujeres -todas de bajos recursos o provenientes de zonas muy pobres- que cumplen penas de hasta 35 años en el país por casos similares.


El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo: la interrupción del embarazo es ilegal en todas las circunstancias.

Las que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos o mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto y en muchos casos, incluido el de Hernández, el cargo cambia a uno de “homicidio agravado”, que conlleva una pena mínima de 30 años.

A varias de las mujeres acusadas de abortar en El Salvador se les ha conmutado las condenas en los últimos años, pero los veredictos no eran anulados y declaradas absueltas, como sucedió ahora.

Evelyn Hernández

BBC
El caso de Evelyn Hernández recibió gran atención mediática dentro y fuera de El Salvador.

Para muchos en el país centroamericano, la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien prometió tratar de reformar las estructuras más anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también podrían cambiar en esta área.

Pero cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el Congreso, que ni siquiera tiene en agenda su discusión.

“Con la absolución de Evelyn esperamos que se siente un precedente para el caso de estas mujeres que son criminalizadas y, muchas veces, estigmatizadas por la sociedad, los administradores de justicia y la Fiscalía”, le dice a BBC Mundo Teresa Delgado, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

“Creemos que la Fiscalía de El Salvador tiene que buscar un ordenamiento de las políticas para establecer el debido proceso sin violentar las garantías constitucionales de estas mujeres. Este fue un paso muy importante, pero queda mucho por hacer”, agrega.


Evelyn Hernández dice que por ahora quiere olvidar, rehacer su vida, e intentar ayudar a otras mujeres que, como ella hasta hace muy poco, solo ven como futuro una prisión.

“Recuerdo ese tiempo con mucho sentimiento y tristeza, porque fue muy duro lo que me pasó. Mal me trataban en la cárcel, me señalaban por el delito que me acusaban”, dice.

En su país, cuenta, las mujeres que han sido juzgadas por un aborto no solo se enfrentan a la Justicia, sino también a la exclusión de una sociedad conservadora donde los valores religiosos forman parte cotidiana de la vida.

“Realmente tenía el temor de que me señalaran cuando me liberaron. Pero siempre dije en mi mente: tengo que poner la cara en alto, porque lo que ellos me señalan no es cierto“.

Hernández cursaba bachillerato cuando conoció al pandillero que asegura fue el responsable de dejarla embarazada en una violación y que la aterrorizó después con sus amenazas.

Ahora tiene 21 años y, después de haber pasado 33 meses en la cárcel y otros seis de libertad condicional, dice que no muy tiene claro qué pasará ahora con su vida.

“Mi plan ahorita es seguir estudiando y terminar mi último año de bachillerato para ir a la universidad. En mis planes antes estaba estudiar enfermería, pero ya no quiero eso. Todavía no sé qué (estudiaré) en la universidad”, afirma.

Su meta por el momento, agrega, es estar con su familia y ayudar a buscar justicia para las otras 19 mujeres que están en una situación similar a la que ella pasó en El Salvador.

“Ojalá que esto sirva para que se vayan dando cuenta de que hay muchas muchachas que todavía están presas por haber pasado por algo parecido a mí”.

“Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchachas inocentes allí. Hay muchas muchachas allá adentro (de la cárcel) que son inocentes”.


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