En qué países de América Latina se paga más con tarjetas (y qué revela de sus economías)
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En qué países de América Latina se paga más con tarjetas (y qué revela de sus economías)

Los pagos con dinero en efectivo van en retroceso. En Costa Rica, las autoridades tienen un plan para eliminar el efectivo en cualquier transacción que se hace desde la administración pública, incluyendo transferencias y pagos de subsidios.
14 de marzo, 2019
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El pago con dinero en efectivo va en retroceso en los países desarrollados y también en las mayores economías latinoamericanas.

Cada vez más personas usan tarjetas de plástico -de débito o de crédito- para pagar en el supermercado, en las tiendas o en sus compras online.

En la región, los países que más las utilizan son Costa Rica, Brasil y Chile, según el Informe de Tendencias en Medios de Pago de la consultora Minsait, con sede en España.

Aunque Brasil registra el volumen más alto de pagos con tarjeta por su tamaño (más de 200 millones de habitantes), proporcionalmente no ocupa el primer lugar.

El ranking está liderado por Costa Rica, al comparar la cantidad de dinero gastado en relación a su economía: US$13.028 millones en 2017, equivalentes a un 22,4% de su Producto Interno Bruto (PIB).

En segundo lugar está Brasil con un 18,4% del PIB y luego sigue Chile con un 17,8%.

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Persiste el temor de los usuarios de ser víctimas de cobros excesivos o fraude. Sin embargo, cada vez más personas usan el dinero plástico.

Sin embargo, muchas personas no se fían de las tarjetas por la gran cantidad de casos de clientes que reclaman por cobro de comisiones o intereses considerados abusivos.

Por eso, aunque la tecnología para los pagos electrónicos avanza y se masifica, existe reticencia.

De hecho, el estudio detectó que las personas que prefieren pagar con dinero en efectivo lo hacen por temor a que les cobren intereses o a ser víctimas de un fraude, entre otras razones.

Costa Rica: el país que más usa tarjetas

“De los países que analizamos, Costa Rica tiene una clase media más amplia”, le dice a BBC Mundo Verónica López, investigadora de la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI), quien colaboró en el informe.

Además, “el país ha hecho una apuesta desde hace un par de años por la inclusión financiera que está focalizada en el pago electrónico“.

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“Esa estrategia busca garantizar que todo el mundo tenga una cuenta asociada a una tarjeta de débito”, agrega.

Incluso las autoridades tienen un plan para eliminar el efectivo en cualquier transacción que se hace desde la administración pública, incluyendo transferencias y pagos de subsidios.

Pero para eso, explica, deben asegurarse que las personas puedan pagar y recibir dinero electrónico.

“El objetivo es universalizar el pago digital”, apunta.

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Esa política se ha implementado en un país que ha tenido un crecimiento económico estable en los últimos 25 años, una esperanza de vida de 79 años, un ingreso per cápita superior al de sus vecinos centroamericanos y una alta inversión en políticas sociales.

“Tener el mayor pago con tarjetas es un símbolo de modernidad que facilita el acceso a los bienes”, dice Miguel Ángel Prieto, director de Medios de Pago de Minsait, en conversación con BBC Mundo.

Sin embargo, una quinta parte de la población de Costa Rica está sumida en la pobreza, la desigualdad ha aumentado en la última década, el desempleo se mantiene alto y el déficit fiscal sigue en la lista de sus principales desafíos.

¿Más pagos con tarjetas significa más personas endeudadas?

No necesariamente, dicen los expertos, dado que la mayor parte de las tarjetas utilizadas en la región son de débito.

Y por otro lado, el uso de una tarjeta de crédito no implica la solicitud de un préstamo con intereses.

Una modalidad frecuente de uso de la tarjeta de crédito es el pago en tres cuotas sin intereses, por ejemplo, una forma de pago que no endeuda a los usuarios.

Pero claro, también es una práctica común utilizarla como si se tratara de un préstamo, y en este escenario los intereses pueden llegar a ser tóxicos para las personas o las pequeñas empresas que no pueden pagar a tiempo.

Tarjeta

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El estudio incluyó a ocho de las mayores economías de la región.

También es cierto que en la medida que crece el uso de las tarjetas de crédito, también las personas contraen más deudas a través de este sistema.

Chile, por ejemplo, es el país que experimentó el mayor crecimiento de tarjetas de crédito entre 2012 y 2017.

Emitió un total de 6,5 millones de tarjetas adicionales, duplicando el número de estos plásticos en seis años.

Y al mismo tiempo, Chile es el país donde los clientes tienen más deuda con tarjeta de crédito.

¿Por qué ha aumentado el uso de tarjetas en la región?

Una de las razones que explican el mayor uso de dinero plástico es el grado de “bancarización”, es decir, el número de personas que entran al sistema bancario y dejan de hacer transacciones en la economía informal.

Por ejemplo, en muchos países de la región, las personas de menores ingresos han abierto cuentas con tarjetas de débito para que les depositen el salario y poco a poco han comenzado a hacer pagos electrónicos con ellas.

Otra razón del crecimiento en el uso de de tarjetas es la instalación de máquinas que permitan el pago.

En la medida que más negocios aceptan ese medio de pago, más personas utilizan los plásticos.

Y también influyen los hábitos de las personas en cada país. Pero sin duda, en las economías más desarrolladas, el plástico le gana al afectivo.

El dinero en efectivo va en retroceso

“El efectivo es más arriesgado, es más incómodo, más sucio”, dice Verónica López.

“Es el método preferido de las mafias para blanquear dinero, para la evasión fiscal o el narcotráfico”.

Monedas

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Los pagos con dinero en efectivo van en retroceso.

A nivel global, Corea del Sur ya no usa monedas.

Dinamarca y Suecia son pioneros en la reducción de pago con moneda tangible y Estocolmo apunta a convertirse en una sociedad sin efectivo para 2030.

De hecho, menos del 1% del valor de todos los pagos se hace con monedas o billetes.

En ese escenario, es probable, dicen los expertos, que América Latina siga la tendencia global, en la medida que más personas salgan de la economía informal y mejoren su nivel de ingreso.

Así lo muestra el aumento de las operaciones de pago con tarjetas en la región entre 2016 y 2017.

En Chile subió 20,4%, en México 14,7% y en Brasil 12,8%, incluyendo débito y crédito.

Esa alza, apuntan los autores del estudio, habla del dinamismo que han alcanzado las mayores economías de la región y proyecta una tendencia de crecimiento en el futuro.


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Archivo Cuartoscuro

Morena alista golpe a fideicomisos para víctimas, ciencia, cine y desastres naturales

Una iniciativa de Morena plantea eliminar fideicomisos destinados para apoyo a víctimas, cine, desastres naturales, deporte y ciencia
Archivo Cuartoscuro
28 de septiembre, 2020
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Morena en la Cámara de Diputados está a punto de consumar la desaparición de 45 fideicomisos“sin estructura” a fin de que sus fondos sean transferidos a la Tesorería de la Federación y se reasignen para atender los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 y para financiar los programas sociales del gobierno.

Se trata de fideicomisos que administran fondos con objetivos tan diversos como apoyar la investigación científica, garantizar la reparación del daño a víctimas de la violencia, estimular la producción del cine nacional, proteger a periodistas y defensores de derechos humanos bajo amenaza de muerte o atender a las regiones afectadas por desastres naturales.

De acuerdo con un proyecto que será votado el martes en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública –controlada por una avasalladora mayoría morenista–, los fideicomisos que se prevé desaparecer cuentan con recursos por 36 mil 058 millones de pesos, con corte al 31 de marzo de este año, mismos que deberán ser transferidos a la Tesofe. 

Lee más: ONG pide a gobierno que garantice educación especial pese a extinción de fideicomisos

“El monto reportado en disponibilidades de estos fideicomisos se reasignaría a acciones para atender los efectos de la pandemia del COVID-19 en temas de salud y economía, así como garantizar la continuidad de los programas sociales del bienestar”, indica la propuesta, que, de avanzar el martes, aún deberá ser aprobada por el pleno de la Cámara baja.

El proyecto –que obedece a un mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador– ordena extinguir los fideicomisos en un plazo de 30 días tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación; esto significa que los fines a los que estaban destinados podrían quedar desatendidos en lo que resta del año, lo que representa un riesgo para la vida en el caso de fondos emergentes como el de víctimas, el de protección a defensores de los derechos humanos o el de desastres naturales.

La propuesta plantea reformas a diversas leyes para extinguir o modificar los fideicomisos, y fue elaborada tras la realización de 10 Parlamentos Abiertos en los que participaron legisladores, especialistas y beneficiarios directos de los fondos que se planea desaparecer. Al final, según consta en el documento, las peticiones de los usuarios fueron desoídas. 

Por ejemplo, durante los foros de consulta sobre el fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –que tiene 1 mil 206 beneficiarios actualmente–, los participantes advirtieron que su desaparición podría poner en riesgo la vida, seguridad y libertad de sus usuarios. 

La solución de la Comisión de Presupuesto es desaparecer la figura de fideicomiso y que los recursos para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos sean etiquetados como parte del gasto ordinario autorizado a la Secretaría de Gobernación en cada ejercicio fiscal, pese a las advertencias de que ello podría implicar más trámites burocráticos para los beneficiarios, así como recortes discrecionales.

Entérate:No todos los que se dedican a la ciencia, la cultura y la academia son gentes conscientes: AMLO

En el caso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral -un mecanismo financiero de apoyo a víctimas de la violencia-, el órgano legislativo propuso la extinción del fideicomiso y que los recursos para ese fin sean cubiertos con cargo al presupuesto ordinario de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de las Comisiones estatales.

Pegan a ciencia, cultura y deporte

Con el argumento de que no tienen reglas de transparencia, se propone extinguir los 26 Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que auspician a los Centros Públicos de Investigación del Conacyt y tienen el objeto de otorgar becas y financiar proyectos específicos de investigación. Algunas de las instituciones perjudicadas serían el Colegio de la Frontera Norte (Colef), el Colegio de la Frontera Sur, el Cinvestav, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), el Centro de Investigación en Matemáticas, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y el Centro de Investigaciones en Óptica, entre otros.

También se prevé la desaparición del Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología –que auspicia el estudio de los riesgos de los organismos genéticamente modificados (transgénicos) en el medio ambiente– y de dos Fondos Sectoriales del Conacyt-Secretaría de Energía relacionados con la investigación, innovación y formación de recursos humanos de la industria petrolera.

Durante el Parlamento Abierto, representantes de los 26 centros de investigación defendieron la permanencia de los fideicomisos con el argumento de que estos se nutren de recursos autogenerados o donaciones de terceros y no reciben transferencias federales, amén de que son fondos transparentes, supervisados por comités técnicos y revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Sostuvieron que los centros de investigación del Conacyt tienen la mayor cobertura en el territorio nacional y representan la segunda fuerza en producción de conocimiento después de la UNAM. Además, subrayaron, en la coyuntura de la pandemia, participaron activamente en la realización de pruebas para la detección de COVID a petición de gobiernos estatales.

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El recorte a la ciencia y la investigación -que se calcula en 2 mil millones de pesos- prendió las alertas de la comunidad científica. El pasado viernes, la Academia Mexicana de Ciencias emitió un posicionamiento en el que urgieron al Congreso de la Unión a desechar el proyecto dictamen.

“La eliminación de los fideicomisos, aunada a la baja inversión en los rubros de ciencia y cultura, condena a nuestro país a un pobre desarrollo económico y social. La presente pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de contar con competencias científicas y tecnológicas de alto nivel para enfrentarla”, advierte el documento.

En el ámbito cultural, se propone extinguir el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), que otorga apoyos financieros a productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales, con la finalidad de reactivar la industria cinematográfica nacional. 

El proyecto también plantea desaparecer el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), que otorga becas y recursos materiales para que atletas nacionales alcancen niveles competitivos de excelencia y estén en posibilidad, consecuentemente, de ganar el mayor número de medallas en eventos internacionales. La Comisión de Presupuesto propuso que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se haga cargo de cubrir estos apoyos con su presupuesto.

Recortan en atención de desastres y cambio climático

La iniciativa busca la extinción del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), a pesar de que, en el Parlamento Abierto, especialistas advirtieron que México está entre los 10 países con más pérdidas derivadas de fenómenos naturales y que desaparecerlo “costaría vidas humanas”. Estos fueron los datos: en 2019 hubo 117 deslizamientos, 900 inundaciones, 7 mil 400 incendios, 26 mil 418 sismos, 1 mil explosiones del Popocatépetl y 5 impactos de ciclones. La Cámara de Diputados planteó que los recursos para ese fin ahora se carguen al Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas, con apoyo de la Federación.

De igual modo se prevé una modificación al Fondo para el Cambio Climático, de modo que subsista, pero no bajo el esquema de fideicomiso, sino administrado por la Semarnat.

Los Transitorios de la iniciativa proponen también la desaparición del Fondo Minero, el Fondo Metropolitano y el Fondo Regional, a fin de que se destinen a obras que coadyuven a la reactivación de la economía en el contexto de la crisis por COVID.

 

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