Sin el Consejo para Personas con Discapacidad, este sector será invisible, dicen organizaciones
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Sin el Consejo para Personas con Discapacidad, este sector será invisible, dicen organizaciones

Además del titular, al Consejo Nacional para Atención a Personas con Discapacidad le falta 30% de su personal y podría desaparecer, pero las organizaciones advierten que es la única instancia que los representa.
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El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) está debilitado y corre el riesgo de desaparecer.

A tres meses de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no ha sido nombrado un titular para el Consejo, que es el órgano oficialmente encargado de la atención a este grupo de población, como mandata la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en 2008.

Además del titular, también están vacantes otras 14 de sus 47 plazas: cuatro puestos directivos, dos subdirecciones, una secretaría técnica y dos enlaces, de acuerdo con el directorio publicado en el sitio de Transparencia de Conadis.

El Consejo corre riesgo de desaparecer por la política de la nueva administración de retirar recursos a organizaciones sociales, así como a instituciones oficiales que, a su juicio, no cumplían con su encomienda.

“En todas las dependencias, en todas las secretarías existen estas oficinas. Era una manera de simular que se atendían los problemas de los grupos vulnerables, de la gente necesitada, pero era pura simulación. Era para tener un programa en beneficio de muy pocas personas y con mucho gasto administrativo”, dijo el mandatario el pasado 18 de febrero.

Sin embargo, la función del Conadis es “establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida” para 7.6 millones de personas, es decir el 6.4% de la población del país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (Inegi) al año 2014.

Las organizaciones y colectivos de personas con discapacidad coinciden en que la función básica del Consejo es transversalizar el tema de la discapacidad, es decir, posicionarlo en las políticas de todos los órdenes de gobierno, para que esta arista sea contemplada en todos los programas, leyes y decisiones que se tomen.

“Tenían la función de concientizar a funcionarios públicos y aconsejar sobre políticas públicas, pero a final de cuentas, incluso las recomendaciones de Derechos Humanos son llamados a misa”, sentenció Margarita Garfias, madre de un niño con parálisis cerebral y representante del colectivo ‘La discapacidad nos une’.

Para la activista, Conadis es un consejo pequeño de manos atadas, que no puede exigirle a su institución de origen (la secretaría del Bienestar, antes Sedesol) y cuyo principal insumo era la información sobre las personas con discapacidad para elaborar informes, algunos conjuntos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); sin embargo, es una tarea que nadie más hace.

“Era una labor sobre todo de escritorio. Pero a pesar de estar limitados, ¡pues estaban ahí! Detrás de los funcionarios, cuando se hacían leyes que afectaban directamente a personas con discapacidad se les citaba a ellos para pedir su opinión, bien que mal ahí estaban. Porque muchas veces es muy difícil que como gobierno tengan esta vinculación con las organizaciones civiles y mucho más con la ciudadanía”, explicó Garfias en entrevista.

Animal Político solicitó a la secretaría del Bienestar una postura sobre este tema pero no obtuvo respuesta.

Recursos para becas, no para atención

Estas limitadas pero indispensables funciones de  Conadis podrían desaparecer si el presidente López Obrador cumple lo dicho en su conferencia matutina del pasado 18 de febrero, cuando dijo que esos organismos son una simulación y son innecesarios.

“Ahí en lo que era la Sedesol, por ejemplo, hay un instituto para la atención a Personas con Discapacidad. La verdad un aparato administrativo con muy pocos fondos. Ahora las personas con discapacidad están recibiendo 14 mil millones de pesos. Entonces, ¿para qué el organismo?”, cuestionó.

No obstante, los recursos a los que se refería el mandatario son mucho menores y contemplan pensiones, no servicios ni atención con un enfoque de derechos. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 asignó dos mil 500 millones de pesos a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, mientras que el Programa para la Atención a Personas con Discapacidad recibirá 25 millones, 18 menos que en el PEF 2018.

Los activistas por los derechos de las personas con discapacidad han señalado el desconocimiento del presidente de las necesidades de este sector: primero por llamar “instituto” al Conadis (que es un Consejo) y principalmente por considerar que un apoyo de mil 274 pesos mensuales en efectivo puede reemplazar la atención integral que requieren estas personas.

“Con mil 274 pesos no pongo una rampa afuera de mi casa para que pueda subir y bajar la silla de mi hijo”, expresó Margarita Garfias. “No queremos pensiones para nadie, queremos que los padres del niño indígena que tiene discapacidad tengan trabajo y que con su ingreso decidan qué hacer. Eso es lo que necesitan, en lo que pedimos”, agregó la activista Libertad Hernández, fundadora y directora del proyecto Dis-capacidad.com, que concentra y difunde la información relativa al tema.

Alerta en las organizaciones

La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) manifestó su preocupación por los derechos de las personas con discapacidad, ante los criterios del nuevo gobierno de entregar becas y desaparecer instituciones.

En un comunicado publicado este martes, los integrantes de la Asamblea recordaron que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad contempla la estructura del Conadis como “la agencia gubernamental que promueve la inclusión” y la materialización de los planes de gobierno en esta materia.

“Si bien el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es una medida de apoyo inmediato y directo para solventar algunas necesidades básicas de personas con discapacidad, no todos los derechos pueden ser cubiertos con transferencias”, puntualizó la Asamblea, y llamó al gobierno federal a nombrar a un titular de Conadis y fortalecer sus capacidades.

Para la Organización de Estados Americanos (OEA), el Conadis es “la entidad que regenta el tema de discapacidad”, por lo que había manifestado su preocupación sobre estos huecos administrativos mucho antes del actual debate sobre su permanencia.

En su revisión al más reciente informe del gobierno mexicano sobre su cumplimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, el organismo señala la “débil estructura administrativa” del Conadis.

“Al analizar el recurso humano que lo compone estos no sobrepasan los 50 servidores públicos. El recurso humano es trascendental para el trabajo que demanda la temática de discapacidad, que va desde la conformación de una estructura administrativa fortalecida hasta el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas y de allí, los planes, programas o proyectos que se generen no solo para la población con discapacidad, sino también para sus familias”, puntualiza el reporte.

Por su parte, el abogado Carlos Ríos, investigador de la organización internacional Human Rights Watch advirtió en una nota publicada el 20 de febrero sobre las consecuencias de la eventual desaparición del Conadis.

“El presidente no indicó con qué reemplazaría al Consejo en ese caso. La comunidad de personas con discapacidad considera que el Consejo necesita mejorar, requiere mayor presupuesto e involucrarse más en el establecimiento del tema como prioridad del gobierno; además de que necesita tener el poder de evaluar y monitorear las políticas sobre discapacidad. Pero su abolición será una evidente regresión que limitará la protección de los derechos de estas personas”, puntualizó el experto.

El Centro Contra la Discriminación (Cecodi) presentó el pasado 1 de marzo un amparo, que de ser concedido, obligaría al presidente López Obrador a designar un o una titular del Consejo.

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Prueba del coronavirus: para qué sirven y para qué no los distintos tests de la covid-19

Existen multitud de pruebas para saber si estamos infectados de coronavirus o lo hemos estado en el pasado. ¿Para qué sirve cada una? ¿Qué información nos dan?
26 de noviembre, 2020
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Conforme avanza la pandemia la población se va anegando en una terminología médica que hace menos de un año desconocía.

Los términos anticuerpo, antígeno y PCR son ya habituales en las conversaciones, aunque muchas veces no se tenga clara la utilidad y la repercusión de cada uno de ellos en la salud individual y colectiva.

La introducción reciente de nuevas pruebas diagnósticas como la prueba de detección de antígenos, más fiable ahora que al inicio de la pandemia, ha hecho que se amplíe el número de herramientas disponibles para la detección de infecciones por SARS-CoV-2.

Con ello, aumenta la necesidad de disponer de guías que ayuden a decidir qué prueba se debe realizar en cada caso particular y cómo interpretar sus resultados.

Entornos diferentes necesitan pruebas diferentes

Son muchas las situaciones en las que es necesario aplicar pruebas diagnósticas pero, en líneas generales, podemos plantear los siguientes escenarios:

  • El cribado masivo de la población asintomática.
  • El cribado de la población de alto riesgo (por ejemplo, en residencias de la tercera edad y a personal sanitario).
  • La investigación de los contactos estrechos que ha tenido una persona infectada.
  • El diagnóstico clínico de una persona sintomática.
  • El seguimiento de la severidad de la enfermedad una vez diagnosticada o de la duración de la infectividad del paciente.
  • El estudio serológico poblacional de infecciones pasadas.

Hasta la fecha ninguna prueba diagnóstica cumple los requerimientos para ser aplicada con fiabilidad en todos y cada uno de estos escenarios.

Esta situación ha generado mucha confusión en la interpretación de los resultados obtenidos por las distintas pruebas en cada uno de estos escenarios. No solo entre la población sino a veces entre los propios sanitarios.

Cada prueba, con sus limitaciones, puede tener utilidad en un entorno concreto y es necesario conocerlas para poder tomar las decisiones clínicas oportunas en función de sus resultados.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las situaciones clínicas donde se puede aplicar cada prueba y cuáles, dentro de las aplicaciones recomendadas, son aquellas situaciones donde hay más probabilidad de que se obtenga un falso positivo (un positivo en personas no infectadas) o un falso negativo (un negativo en personas que sí están infectadas).

Todo esto asumiendo que no ha habido errores en la toma de muestras, su transporte y el procesado preanalítico.

Pruebas que detectan infección pasada o en fases finales

Las pruebas serológicas consisten en la detección de anticuerpos (IgM, que indica infección resolviéndose, e IgG, que indica infección pasada). Pueden ser útiles en las encuestas epidemiológicas a nivel poblacional en las que se quiere evaluar la prevalencia de personas que han estado en contacto con el virus.

En concreto, los anticuerpos IgM aparecen a los 6-7 días del inicio de la infección y se detecta mayor positividad a los 15 días. Alrededor del día 20 desde el inicio de los síntomas ya no se detectan.

Los anticuerpos IgG aparecen aproximadamente a los 15 días del inicio de la infección y confieren probable inmunidad (aunque en la actualidad se desconoce por cuánto tiempo).

Este es el caso de las encuestas de seroprevalencia realizadas en España desde el Instituto de Salud Carlos III y en las que se pudo conocer la prevalencia y características de la población que se había contagiado durante la primera ola de la pandemia, a través de la medición de los anticuerpos IgG .

Tubo con muestra para prueba molecular de covid-19

Getty Images
Si te has hecho la prueba contra el covid-19, ¿sabes qué tipo de análisis te has hecho?

Sin embargo, estas pruebas tienen un uso muy limitado (si es que tienen alguno) en la evaluación de la infección activa, a pesar de que con este fin se estén aplicando erróneamente en algunas comunidades autónomas y en otros ámbitos.

Además, tienen importantes limitaciones, especialmente las relacionadas con la presencia de resultados falsos positivos por su reacción cruzada con otros virus.

Existen diferentes técnicas para la determinación de anticuerpos: ELISA (Enzima-Inmunoensayo) y CLIA (Quimio-luminiscencia) (pruebas de referencia para la determinación de anticuerpos) e inmunocromatografía (o también llamada prueba rápida).

Los resultados de las pruebas de ELISA/CLIA son cuantitativos. Es decir, se indica el título (o número) de anticuerpos presentes.

Por otra parte, los resultados de las pruebas rápidas son cualitativos (presencia o ausencia de anticuerpos).

La sensibilidad y especificidad es mayor en las pruebas de ELISA y CLIA que en las pruebas rápidas. No obstante, dada la facilidad de realización de las pruebas rápidas (muestra de sangre capilar frente a suero o plasma y menor complejidad en su realización), se ha extendido su uso, sobre todo en laboratorios privados, a pesar de la mayor probabilidad de resultados falsos negativos y positivos.

Pruebas que detectan infección activa

Entre las pruebas para detectar la presencia del virus, el uso de la PCR -que detecta el genoma viral- se ha establecido como la prueba de oro para la detección de infección activa.

Entre sus limitaciones, además de la complejidad en términos de equipamientos de laboratorio, coste y tiempo, hay que destacar los falsos negativos que pueden depender del inicio de los síntomas o la carga viral, así como falsos positivos en función de las características del entorno en que se realizan y la dinámica temporal de la infección.

En general, en personas con baja probabilidad de estar infectadas (como ocurre en los cribados de población general) aumenta la probabilidad de obtener falsos positivos.

Por otro lado, un resultado positivo semanas después de la aparición de los síntomas puede ser debido a la detección de fragmentos no viables del virus en personas que ya no tienen capacidad infecciosa.

Dentro de esta categoría de pruebas infección activa se encuentran las nuevas pruebas de detección de antígenos que se consideran “rápidas y baratas”.

Detectan la presencia de proteínas virales de SARS-CoV-2 y tienen las ventajas de dar resultados en 15-30 minutos y poderse realizar fuera del ámbito del laboratorio clínico, en el ámbito cercano al paciente.

Su recibimiento por parte de la población y la clase política ha sido entusiasta.

No obstante, su sensibilidad (especialmente en poblaciones asintomáticas) es menor a la de la PCR, con una mayor tasa de falsos negativos, por lo que un resultado negativo en alguien con sospecha de estar infectado necesita confirmación con una determinación por PCR.

Raspado nasal para aplicar una prueba molecular de covid-19 a un paciente.

Getty Images
La prueba molecular se aplica sobre muestras del tracto respiratorio del paciente.

La OMS y el ECDC han recomendado su uso en ámbitos donde no es posible realizar la PCR o se necesita un resultado rápido para la toma de decisiones clínicas (aislamiento, hospitalización, inicio de tratamiento específico, etc.), aun señalando que deben realizarse dentro de los 5 días desde el comienzo de los síntomas.

Estas pruebas no se aconsejan para la detección de personas infectadas entre los casos asintomáticos, ya que su rendimiento diagnóstico en esta población es bajo.

Los estudios en estas poblaciones en nuestro país (España) sitúan su sensibilidad entre el 45% y 57% (un estudio que la eleva hasta al 79%, pero en una población con una prevalencia de enfermedad muy alta).

En el caso de los niños sintomáticos, con una sensibilidad en torno al 62 %, también podría ser preferible la PCR.

Pruebas en farmacias y administradas por los propios pacientes

Algunas pruebas de infección pasada (anticuerpos) se han empezado a comercializar en las farmacias comunitarias para su uso por los propios pacientes tras prescripción médica.

Igualmente, algunas Comunidades Autónomas -regiones en España- y colegios farmacéuticos han abierto el debate sobre la realización de pruebas de antígenos en las farmacias comunitarias.

Una práctica que ya se da en países como Francia, un país con un sistema sanitario muy diferente al español.

En el Sistema Nacional de Salud español (no tanto en las aseguradoras privadas) las pruebas de antígenos están disponibles en los centros de atención primaria y hay que evaluar cuidadosamente la necesidad de remitir a las farmacias comunitarias una prueba que puede hacerse inmediatamente en el propio centro.

No obstante, en la situación tan excepcional que estamos viviendo, y con la necesidad de ampliar la capacidad de detección del virus, son iniciativas a evaluar.

Pese a las discusiones en los medios sobre las competencias de cada profesión y el lugar de realización de las pruebas, el problema importante se debe centrar en el hecho de que una prueba diagnóstica exige una interpretación rigurosa de sus resultados en función de la situación clínica del paciente o la persona en que se realiza.

Esto es lo que se debe asegurar en cada caso.

El hecho de que una prueba pueda dar falsos positivos y negativos no significa que no sea útil, sino que debe ser realizada en el entorno en el que es más útil y ser interpretada teniendo en cuenta la información clínica del paciente y la prevalencia de la infección en el ámbito de actuación.

Por tanto, las iniciativas en las que es el propio paciente el que recoge el test de anticuerpos en la farmacia para hacerlo en su casa puede llevar a múltiples situaciones confusas.

Estas suponen un riesgo tanto para la salud individual como para la colectiva.

Interpretación apropiada de pruebas imperfectas

Buena parte del lío en torno a las pruebas de covid-19 deriva de la confusión entre asintomáticos y presintomáticos, del valor informativo de cada prueba en la dinámica temporal de la infección y del falso discurso de “cuantas más, mejor”.

Al mismo tiempo se olvida que, como en cualquier otra enfermedad, la medicina científica exige el uso de la prueba adecuada, en la persona adecuada y en el momento adecuado.

Más allá de la confusión, el uso de pruebas diagnósticas de covid-19 requiere no olvidar algunas reglas de extrema importancia:

  • Las personas con síntomas o que sean contacto estrecho de caso de covid-19, aunque sean asintomáticas, deben ser aisladas y controladas por los servicios de atención sanitaria. Todo esto aunque los resultados de sus pruebas, sean cuales sean, den negativo.
  • Un resultado negativo de una prueba de antígenos (o una PCR) no excluye el desarrollo de enfermedad o la posibilidad de contagiar (especialmente en los días inmediatamente siguientes). Tampoco permite relajar ninguna medida de distanciamiento social (mascarillas, distancia, aforos, etc.).
  • Una prueba de anticuerpos positiva no es un pasaporte biológico. No garantiza que una persona concreta haya pasado la infección o que no la pueda volver a contraer, sobre todo si se ha llevado a cabo mediante test rápidos.

* Blanca Lumbreras es catedrática de medicina preventiva y salud pública de la Universidad Miguel Hernández y Salvador Peiró es investigador de Fisabio Salud Pública.

Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Puedes ver la versión original aquí.


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