El Colectivo Seguridad Sin Guerra y otras organizaciones enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que expusieron sus preocupaciones a 100 días de su gobierno, principalmente, en materia de derechos humanos de los pueblos originarios.
Una de sus principales preocupaciones es que a pesar de la existencia de estándares internacionales no han existido mecanismos legalmente adecuados “para garantizar la libre determinación, autonomía, gobernanza ambiental, y transparencia en la toma de decisiones de los pueblos originarios sobre sus territorios”.
Destacaron que las consultas realizadas por el gobierno federal parecen más rituales de legitimación política, más no un acto legal, y no puede sustituir el derecho a consulta indígena en el contexto de años de resistencia al despojo, tanto en la Sierra Juárez, como el Proyecto Integral Morelos, Tren Maya, entre otros.
Las organizaciones recordaron que cuando López Obrador visitó Guelatao de Juárez, Oaxaca, como candidato a la Presidencia, enalteció la forma de gobierno de las comunidades serranas, e incluso señaló que retomaría dicho modelo para su proyecto de nación, no obstante, se aprobó la Guardia Nacional y la presencia de militares en el país y la región.
“Representa una transgresión al sistema de cargos, y sus propios mecanismos de gobernanza y seguridad de los pueblos, pues no fueron consultados sobre la presencia de cuerpos castrenses para realizar acciones de vigilancia y seguridad”, destacaron en la carta.
Asimismo, cuestionaron que el tema de impunidad en las ejecuciones y desapariciones de defensores no se encuentre en la agenda de víctimas en espera de reparación, disculpas públicas, y garantía del acceso a la justicia.
“En los últimos dos sexenios ha existido una constante persecución, ejecuciones, desapariciones de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, del movimiento social en Oaxaca y de defensores del medio ambiente y territorio, asesinatos de defensores como Bety Cariño y Jiry Jakkola, Noe Jiménez Pablo, José Santiago Gómez Álvarez, y recientemente la desaparición de Sergio Rivera, y el asesinato de Samir Flores”, recalcaron.
En este contexto, señalaron su preocupación de que se desacredite el trabajo de las organizaciones, quienes han realizado aportes importantes al país mediante la defensa de derechos fundamentales.
Finalmente, le comunicaron al tabasqueño su temor de que “la política pública del gobierno en turno viole el Estado laico que establece la constitución, pues se ha percibido su evasión a tratar el acceso a derechos fundamentales como la despenalización del aborto, la diversidad sexual, cancelación de estancias infantiles, la incertidumbre en el funcionamiento de los refugios para mujeres, es decir, nos preocupa el diseño de políticas públicas basadas en argumentos asistencialistas, religiosos, morales, y no bajo promoción, respeto y garantía de los derechos humanos.
Entre las organizaciones firmantes está el Centro de Estudios para los Derechos Humanos y la Justicia Ambiental YURENI A.C., la Agencia Internacional de Prensa Indígena, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C., Artículo 19, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros.
