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Programa piloto del IMSS para trabajadoras del hogar, en riesgo si no es financieramente viable
Preocupa a activistas que los derechos laborales estén a merced de los recursos financieros y que los empleadores pongan pretextos para no inscribir a las trabajadoras.
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El programa piloto para afiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las trabajadoras del hogar, sector históricamente relegado de las leyes y derechos laborales, arrancará este domingo 31 de marzo, pero bajo unas reglas de operación con una cláusula que permite suspenderlo si no es “financieramente viable”.

El IMSS publicó en el Diario Oficial las reglas de operación de su programa piloto que arrancará en el Centro Médico Siglo XXI de la Ciudad de México, en él detalla el mecanismo para que quien emplea a trabajadoras y trabajadores del hogar los inscriba y reciban con ello las prestaciones de cualquier otro empleado; sin embargo, también señala que el proyecto podría suspenderse si el Instituto determina que es financieramente “inviable”.

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Para Marcelina Bautista, la primera activista que emprendió una lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar y fundadora del primer sindicato, la reserva de la viabilidad financiera tiene tintes discriminatorios, ya que deja sus derechos laborales a merced de los recursos financieros.

“Yo no puedo evaluar tanto hasta que no sea lanzado, pero si a propósito el IMSS está lanzando una prueba piloto y prioriza la recaudación, también es discriminación”, sentenció la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar (Sinactraho).

Recordó que la sentencia de la Suprema Corte (SCJN) calificó como discriminatorio excluir a las trabajadoras del hogar del sistema de seguridad social, sin salvedades de viabilidad. “No hemos visto que la Corte haya dicho ‘pon una prueba y si no sirve, pues ni modo’, porque volvemos a hablar de discriminación, se vuelve a poner el dedo sobre nuestros derechos”.

Entrevistada durante un foro entre activistas e instituciones sobre Trabajo del Hogar, Bautista advirtió que el IMSS tendrá que ir encontrando las mejores formas de incorporar a las trabajadoras, y que, si el costo financiero representa un freno, deberá asumirlo y resolverlo, dado que las otras dos partes contribuyentes (empleadores y trabajadoras) ya asumieron la aportación que tendrán que hacer, aun cuando los salarios de ese sector son muy bajos.

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De acuerdo con el Perfil de Trabajadoras del Hogar presentado el 29 de marzo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el ingreso promedio mensual de una persona trabajadora del hogar en México es de tres 3,295 pesos. En el caso de los cocineros, cuidadores y choferes, este pago aumenta a 4,150 pesos mensuales, en promedio.

En contraste, el IMSS asegura que la resolución de la Corte mandata que el proyecto sea viable económicamente para el Instituto, a fin de evitar que se preste a abusos de personas que simulen ser trabajadores del hogar.  “El IMSS mide financieramente a qué se enfrenta con este programa, tiene que hacerlo”, argumentó el Instituto en respuesta a los cuestionamientos sobre las reglas publicadas el viernes.

Otra de las limitantes de este proyecto es que la afiliación es optativa: la cuarta regla dicta, en su inciso 4.1, que los empleadores “podrán optar por afiliar a los trabajadores domésticos”. Esto se debe a que se trata de un programa piloto, coinciden el Instituto, las activistas y expertos internacionales, sin embargo, señalan también que para poder probar la eficiencia del proyecto se requiere que todos los patrones participen, aunque no estén obligados.

Marcelina Bautista indicó que un programa piloto no será suficiente para lograr que trabajadoras y empleadores se beneficien de ese derecho que históricamente se les ha negado. “Un programa piloto nos da la oportunidad de mirar hacia dónde se puede ir, pero si va en este tono, por supuesto que lo reprobamos. Esto de decir ‘si quieres hazlo’, no es la mejor manera de probar algo”, reiteró.

En su respuesta a este medio, el IMSS argumentó que no se puede obligar a un empleador a afiliar a su empleada o empleado del hogar, debido a que no hay un contrato, aunque esta es precisamente una de las exigencias de los defensores de derechos de estos trabajadores: que su trabajo sea reconocido formalmente con un contrato y prestaciones. “No te puedo obligar a ti a que lo hagas. No es como entrar a una empresa”, asegura el Instituto.

No obstante, la activista Marcela Azuela asegura que ha percibido un “interés genuino” del director general del IMSS, Germán Martínez, de que el proyecto prospere, ya que sería la política pública más importante del sexenio. “Porque significa tratar a la trabajadora por primera vez como trabajadora, y no como ‘alguien que ayuda’ o como ‘mi muchacha’. Yo creo que nos iremos topando con fallas, ya iremos viviendo la experiencia, es un piloto”, acotó.

La fundadora de la organización “Hogar, justo hogar” dijo que, más que las reglas, lo que preocupa a los activistas es que haya pocas afiliaciones y el IMSS lo interprete entonces como un proyecto inviable, porque la necesidad no era tanta. “A nosotros en particular, que nos dedicamos más a empleadores, nos da pánico su resistencia: hay mil pretextos para no inscribir a la trabajadora, el principal: que ella misma no quiere. Lo que me da miedo es que pasen los 18 meses, haya 20 personas inscritas y el IMSS diga que no fue financieramente viable”, puntualizó.

La OIT, por su parte, ve con buenos ojos el programa piloto, aunque aún sea perfectible, pues considera que todos los países que han incorporado a este sector a la seguridad social han llevado un largo proceso que incluye la prueba y error. Sin embargo, advierte que falta la concreción de dos pasos fundamentales para garantizar los derechos laborales de los 2.2 millones de trabajadoras del hogar: reformar la Ley Federal del Trabajo para que desde ahí estén incluidas, y ratificar el Convenio 189 firmado por México.

“Yo lo tomo por la buena fe, el proceso tiene que irse construyendo. Confío en la seriedad de las autoridades y en el compromiso de la secretaría del Trabajo de ratificar el Convenio”, dijo a Animal Político Gerardina González, directora de la oficina de la OIT para México y Cuba.

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El perfil: mujeres, en ciudades, sin derechos y de entrada por salida

Expertos, funcionarios y activistas se reunieron el viernes en un seminario sobre inclusión laboral y social de las trabajadoras del hogar en México, durante el cual la Organización Internacional del Trabajo presentó un perfil de estas personas, de sus empleadores y de este tipo de empleo.

De acuerdo con ese Perfil, en México hay dos millones 227 mil 225 trabajadores del hogar, de los cuales 94% (dos millones 111 mil 539) son mujeres. Entre ellas, casi la mitad (45%) tiene entre 25 y 44 años; 34% tiene entre 45 y 59; mientras que las menores de 25 y las mayores de 60 representan un 10% cada grupo.

El 40% concluyó solamente la educación primaria y 36% la secundaria, hasta 28% tiene origen indígena y exactamente la mitad se encuentra en pobreza o pobreza extrema, mientras otro 34% presenta vulnerabilidades y carencias.

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Este sector productivo representa 4% de la Población Económicamente Activa y 6% de la población asalariada. La gran mayoría (93.8%) de los hogares los contrata en la modalidad “de entrada por salida” y destina menos del 10% del ingreso total del hogar a pagar estos servicios: el ingreso promedio de una familia empleadora es de 39 mil 789 pesos, y el ingreso promedio de una trabajadora es de 3,294.

La jornada semanal promedio de estas personas, según el estudio de la OIT, es de 31 horas, y el 86% de ellas percibe menos de dos salarios mínimos como remuneración.

Destaca también que la mayoría de los hogares con trabajadoras se ubican en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde la mayoría de las empleadas viven en el Estado de México y la mayoría de los empleadores vive en la Ciudad de México. “Todos los días hay una migración del Edomex a CDMX para la faena diaria”, sintetizó Helmut Schwarzer, experto de la OIT en Protección Social.

En el mundo, concluye el Perfil, hay 67 millones de trabajadores del hogar, 18 millones de ellos en América Latina y el Caribe. El país latinoamericano que lidera en protección social para estas personas es Uruguay, con 66% de cobertura, mientras México cubre sólo a 0.9 por ciento.

El Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para trabajadoras y trabajadores domésticos ha sido ratificado por 27 países en el mundo, 16 de ellos en Latinoamérica. México no es uno de ellos, aunque lo firmó desde 2011.

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