Las senadoras Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, y Alejandra Lagunes, del PVEM, presentaron una propuesta con punto de acuerdo que exhorta al presidente Andrés Manuel López Obrador publicar, a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (Censida), la “Convocatoria Pública para la implementación de estrategias de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual”.
Dicha convocatoria se realiza cada año para que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), dedicadas a la prevención y diagnóstico del VIH Sida, accedan a subsidios del Estado para crear estrategias y mecanismos de prevención y atención de la enfermedad.
La convocatoria para 2019 debió hacerse pública durante la primera quincena de febrero, sin embargo el Censida detuvo su publicación para analizar el alcance de la Circular 1, emitida por el gobierno de México, la cual establece la no transferencia de recursos públicos a organizaciones civiles, según informó la Secretaría de Salud a Animal Político.
Las senadoras resaltaron que el trabajo colaborativo entre las OSC y la respuesta gubernamental han facilitado un alcance más amplio de programas, mejor identificación de necesidades, estrategias para las poblaciones en mayor riesgo y la participación de las personas afectadas.
En su punto de acuerdo piden que las secretarías responsables de este tema, especialmente las de Salud y del Bienestar, presenten un Plan Nacional de prevención, detección, atención y erradicación que atienda los compromisos internacionales de México en materia VIH/SIDA.
Patricia Mercado explicó que la Circular 1 firmada el pasado 14 de febrero por el presidente López Obrador podría impactar los avances y la estrategia nacional en materia de control, prevención y atención al VIH y SIDA, al afectar el modelo de financiamiento de al menos un centenar de OSC que participan anualmente en la convocatoria de Censida para llevar a cabo sus proyectos de prevención.
Las senadoras argumentaron que de no publicarse la convocatoria y sin un Plan Nacional en la materia, México no podrá cumplir con los compromisos internacionales adquiridos ante la ONU, tales como el programa “Pongamos fin a la epidemia del SIDA para 2030”, de ONUSIDA, que proyectan que para el año 2020:
- El 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico respecto al VIH.
- El 90% de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia antirretrovírica continuada.
- El 90% de las personas que reciben terapia antirretrovírica tengan supresión viral.
La no publicación de la convocatoria, “sería un impacto en la consecución de resultados y es un retroceso en materia de derechos de estas personas (…) el entregar medicamentos y atención médica directamente a los pacientes con VIH es necesario, pero no es suficiente. Lo saben perfectamente los grupos, y también el funcionariado, que se han dedicado a este tema”, dijeron las legisladoras.
La propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Salud del senado para su análisis y posible aprobación.
La petición de las senadoras se suma al reclamo de diversas organizaciones que desde hace semanas denunciaron el retraso en la publicación de la convocatoria tras el anuncio del Gobierno de México sobre cancelar la entrega de subsidios a las OSC.
Cada año, el Censida publica la convocatoria en febrero, en marzo da los resultados y los recursos empiezan a ejercerse a partir del 1 de mayo.
Hasta el momento, al menos 250 personas y 218 organizaciones han firmado un manifiesto dirigido al gobierno de México, con 20 puntos en donde plantean sus exigencias.
Según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 2018 el Censida recibió un presupuesto para las OSC de 109 millones 410 mil 897 pesos, mismos que se repartieron entre unas 100 organizaciones. Para este año el presupuesto aprobado rondaba los 110 millones de pesos.
Con estos recursos las organizaciones lograban realizar entre 100 y 120 proyectos anuales, en promedio cada una utilizaba entre 750 y 80 mil pesos por proyecto.
Los proyectos emprendidos por las organizaciones, principalmente eran acciones de prevención, brigadas de información en plazas públicas y realización de pruebas en centros de reunión, como antros gay.
En tanto que, la atención médica y los tratamientos retrovirales son responsabilidad de los Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS).
