Ciudadanos pagarán por 46 años el sobrecosto de autopista mal planeada por gobierno de Eruviel Ávila
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Gobierno de Ecatepec

Ciudadanos pagarán por 46 años el sobrecosto de autopista mal planeada por gobierno de Eruviel Ávila

La autopista Siervo de la Nación, en Ecatepec, fue prometida como uno de los grandes proyectos del sexenio pasado en el Estado de México. Sin embargo, la obra ha estado plagada de obstáculos que duplicaron su precio.
Gobierno de Ecatepec
13 de marzo, 2019
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La autopista Siervo de la Nación, uno de los proyectos de infraestructura cumbre del exgobernador Eruviel Ávila en el Estado de México, ha costado 4 mil millones de pesos más de su precio de inversión original y presenta un retraso de más de tres años por la mala planeación. Las consecuencias serán para los automovilistas, pues ahora deberán pagar por 46 años esta obra con sobrecosto.

Desde el arranque de la construcción de esta carretera concesionada, que mide 14.5 km y que comunicará la zona norte del Valle de México con la zona nororiente de la Ciudad de México, la obra ha estado plagada de obstáculos técnicos y sociales que han duplicado su costo.

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Todo esto, pese a que el gobierno mexiquense, entonces encabezado por Eruviel Ávila, hoy senador del PRI, pagó 15 millones de pesos por un estudio de factibilidad técnica. Incluso, también la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) dio su visto bueno al proyecto.

Entre los obstáculos están ductos de Pemex y de gas en la zona por donde pasa la pista, colectores de agua potable, asentamientos humanos irregulares y vías del tren ya concesionadas previamente a la empresa Ferrovalle.

De acuerdo con documentos obtenidos vía transparencia, estos obstáculos tuvieron como consecuencia que la empresa ganadora de la concesión de la autopista, la portuguesa Mota Engil, modificara el proyecto multiplicando el costo total de la inversión.

De costar 4 mil 200 millones de pesos, como dijo el exgobernador Ávila cuando presentó la obra, se incrementó a 8 mil 600 millones. 

La administración de Eruviel no solo aceptó el millonario cambio, sino que le concedió importantes beneficios a Mota Engil.  

Para recuperar el aumento en los costos, más los créditos y el rendimiento del 9.95 % —las ganancias que se queda la constructora por invertir en el proyecto—, la concesionaria incrementó el precio de las cuotas de peaje que cobrará a los automovilistas y pidió que se le amplíe el derecho a explotar económicamente la autopista de 27 a 46 años.

Petición que le fue concedida, por lo que los automovilistas pagarán la obra hasta el 2059.

Los obstáculos imprevistos

En abril del año 2013,  Eruviel Ávila presentó el que estaba llamado a ser uno de los grandes proyectos de infraestructura de su sexenio: la construcción de la Autopista Urbana Siervo de la Nación.

Una obra que, según el gobierno mexiquense, beneficiará a 22 millones de usuarios al año acortando sus tiempos de trasladado en más de 30 minutos, y ahorrando combustible.

De acuerdo con lo dicho por Ávila cuando presentó la obra ante los medios de comunicación, la flamante autopista tendría una inversión de 4 mil 200 millones de pesos —aunque ya en agosto de ese año, en su segundo informe de gobierno, aumentó la cifra a 4 mil 557 millones de pesos— y su conclusión y puesta en operación sería en 2015; razón por la cual se denomina, precisamente Siervo de la Nación, pues ese año se conmemoró el 200 aniversario luctuoso del general José María Morelos y Pavón.

Sin embargo, nada de eso se cumplió, debido a que el proyecto tuvo supuestos imprevistos, desde el arranque de las obras.

Por ejemplo, el gobierno mexiquense aseguró que la obra fue concesionada a Mota Engil “después de efectuar el estudio de factibilidad correspondiente”, por el que se gastaron 15 millones 800 mil pesos.

Aunque la SCT dio su “anuencia técnica” al proyecto —según consta en este convenio de colaboración que firmó con las autoridades mexiquenses y de la capital del país—, la constructora se encontró con el primer obstáculo en octubre de 2013, a tan solo una semana de arrancar las obras: el tramo inicial de tres kilómetros de autopista “se encontraba invadido por asentamientos irregulares, situación que impedía tomar posesión del tramo”, ya que los pobladores “impedían el acceso de personal y de maquinaria a realizar los trabajos”.

Así lo narró la constructora en un extenso informe dirigido a la Secretaría de Comunicaciones del Edomex, que Animal Político obtuvo por transparencia, en el que también señaló que, en las inmediaciones del trazo de la pista, se toparon con una red de ductos de combustible de Pemex.

Esto derivó en una amalgama de oficios, reuniones, solicitudes de permisos y trámites para realizar calas en el terreno que permitieran ubicar los ductos para su posterior protección o desvío, las cuales se realizaron de manera muy lenta. Por ejemplo, para un solo tramo de obra se debían realizar 94 calas. Pero, a diez meses de que debían iniciar las obras, solo se habían hecho 18.

Además, había gasoductos de las empresas Gas Natural Fenosa y Mexigas, por lo que la concesionaria también tuvo que realizar estudios y acciones para que la construcción no afectara esos gasoductos, mismos que fueron detectados hasta los días 12 y 13 de marzo de 2014, medio año después de que arrancó la construcción de la autopista.

En las inmediaciones del trazo de la pista también se detectaron instalaciones hidráulicas federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que, según advirtió la dependencia, no podían ser cruzadas por ninguna vialidad, y un colector de agua potable, cuyas trayectorias subterráneas de tubos se desconocían, por lo que se tuvieron que hacer estudios adicionales.

Ante la existencia de estas infraestructuras, la Conagua impuso una serie de restricciones para la obra de la autopista, mismas que, de acuerdo con la constructora, “no estaban previstas en las Bases de Licitación” del proyecto.

Por si fuera poco, la empresa Ferrovalle también reclamó que un tramo de la carretera invadía las vías del ferrocarril que les fueron concesionadas, por lo que advirtió que “no permitiría construcción alguna dentro de su derecho de vía”.

Obstáculo, que tampoco estaba previsto “en el concurso que sirvió de Base para otorgarnos el Título de Concesión”, señaló la constructora.

Consulta aquí  el Título de Concesión

“No había un inventario exacto” de los ductos

Ante estos obstáculos, Animal Político buscó al exgobernador mexiquense, y ahora senador del PRI, Eruviel Ávila, para preguntar por la mala planificación de esta obra iniciada en su sexenio, pero declinó conceder una entrevista, alegando que no tiene elementos para comentar.

“Toda la información está en los archivos de la Secretaría de Comunicaciones. No tenemos acceso a los expedientes, por ello no tenemos elementos para comentar”, expuso Ávila a través de su enlace de prensa.

La Secretaría de Comunicaciones federal tampoco dio respuesta. Quien sí respondió fue la nueva administración mexiquense, en manos de Alfredo del Mazo.

En contraste con lo expuesto por la constructora, que señaló en el Anteproyecto Alternativo de la obra que varios de los obstáculos que se encontraron sobre el terreno no estaban previstos en las Bases de Licitación, el actual gobierno mexiquense aseguró que, “durante el proceso de Licitación, se tenía conocimiento de la existencia de las infraestructuras”, en referencia a los ductos de Pemex, los colectores de Conagua, y las vías de Ferrovalle.

Por lo que la empresa concesionaria que resultase ganadora —a la postre Mota Engil— debía realizar un proyecto “con la menor cantidad de interferencias” con esas infraestructuras.

No obstante, el Ejecutivo local admitió que, al momento de arrancar las obras, no conocían con exactitud la ubicación de las infraestructuras, ni la cantidad de las mismas, responsabilizando a las dependencias públicas y a las empresas particulares dueñas de dichas infraestructuras por entregar información “de manera parcial”.

“La complejidad se originó debido a que no se contaba con un inventario actualizado sobre la ubicación exacta de cada uno de los ductos que interfieren o se encuentran dentro del derecho de vía”, recalcó el Ejecutivo mexiquense a través de un escrito, que puedes leer íntegro aquí.

Costo de inversión se dispara

Por su parte, la constructora Mota Engil también admitió en otro escrito remitido a Animal Político, —y que puedes leer completo aquí, que, en efecto, esos obstáculos originaron modificaciones al trazo original, lo que multiplicó el costo.

El principal cambio es que la autopista ya no fue construida a nivel superficie, sino en viaducto elevado en su totalidad. Y que, de dos carriles reversibles, se pasó a un proyecto más grande de cuatro carriles (dos por sentido).

Ante estos cambios, Mota Engil elaboró un “Anteproyecto Alternativo” en el que presentó dichas modificaciones, y a partir del cual la autoridad le concedió importantes beneficios.

En primer lugar, la ampliación del proyecto carretero aumentó la inversión a 7 mil 264 millones de pesos, que es la cifra que señala el gobierno mexiquense en su reporte más reciente de los avances de la obra, de noviembre pasado.  

Sin embargo, Mota Engil, en un video publicado en su canal de Youtube, señaló en julio de 2017 que el costo de la inversión es todavía mayor: 8 mil millones de pesos.

Cifra, además, que coincide con lo expuesto en el nuevo Plan Económico Financiero de la obra, en el que se expone que, a esos 7 mil 264 millones de inversión, se añaden otros mil 158 millones derivados de otros costos financieros, intereses, comisiones y deuda, arrojando un total de inversión de 8 mil 675 millones de pesos.

Lee aquí o descarga el Anteproyecto Alternativo

Lee aquí o descarga el Plan Económico Financiero

Esta nueva cifra supone 4 mil 475 millones más de lo dicho por Eruviel Ávila cuando presentó por primera vez el proyecto en 2013; un aumento del 106 % del costo total de la inversión, que absorberán directamente los automovilistas. Y que, además, tendrán que hacerlo por casi medio siglo.

Esto, debido a que, para recuperar el aumento en los costos, más los créditos y el rendimiento del 9.95 %, que son las ganancias que se queda la constructora, la concesionaria pidió que se le ampliara el derecho a operar y explotar económicamente la autopista de 27 a 46 años, hasta septiembre de 2059.

Aumentan el peaje

Esta petición fue concedida por el gobierno de la administración de Eruviel Ávila, e incluida en el Convenio Modificatorio del Título de Concesión firmado el 15 de diciembre de 2014, en el cual también se acepta un incremento de las cuotas de peaje “de aproximadamente 19 %, en términos reales”.

Dicho aumento puede apreciarse en dos documentos obtenidos también por transparencia pública: en el ‘Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito’ se expone que la tarifa inicial prevista para automóviles era 2.74 pesos por kilómetro. Es decir, 40 pesos por usar todo el tramo de la autopista. Mientras que, en el anexo 10 incluido en el convenio modificatorio del título de concesión, se expone que la tarifa promedio máxima autorizada para automóviles ya es de 3.46 pesos por kilómetros. Es decir, 50 pesos por auto ó 10 pesos más.

Lee aquí o descarga el Convenio Modificatorio al Título de Concesión

Tal y como también consta en el nuevo Plan Económico Financiero, esa nueva tarifa ya incluye el alza del 19% propuesto por la empresa, a precios de diciembre de 2014. Un aumento, además, que será continuo hasta 2059, puesto que las cuotas se incrementarán cada año con base a la inflación y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Además, se implementará un sistema de tarifa dinámica, que permitirá cobrar cuotas más elevadas a los automovilistas en función de las horas pico de tráfico. Aunque Mota Engil subrayó en el escrito enviado a este medio dos puntos: uno, que la tarifa “en ningún caso podrá ser superior a la Tarifa Promedio Máxima Autorizada”; y dos, que este tipo de tarifa es “en beneficio de los usuarios de la Autopista”, puesto que busca evitar saturaciones.

En total, según el Plan Económico y Financiero del proyecto, la constructora proyecta gastos por mantenimiento de la autopista, personal, y otros servicios, de 3 mil 907 millones de pesos. Mientras que, hasta 2059, prevé ingresos por 52 mil 710 millones de pesos, por las cuotas que cobrará a los automovilistas.

Es decir, los ingresos que la constructora proyecta obtener son seis veces superiores a los 8 mil millones que invertirá en una obra que, primero estaba previsto entregar a finales de 2015, luego el 27 de febrero de 2017, y que ahora las autoridades mexiquenses programan para el próximo 30 de junio de 2019.

Tres años y medio después de lo prometido por el exgobernador, y hoy senador, Eruviel Ávila.

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¿Por qué no se liberan las patentes de la vacuna COVID para que lleguen a todo el mundo?

Varios países están pidiendo que se suspendan los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para poder acelerar la producción de vacunas. Hasta ahora no han tenido éxito.
19 de marzo, 2021
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La historia parece repetirse: un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso a fármacos más baratos para salvar vidas.

Ya ocurrió en 1998 cuando África se vio azotada por la epidemia de VIH y varios gobiernos del continente estaban pidiendo retirar las patentes de las farmacéuticas para poder obtener las medicinas que podían prevenir el Sida y evitar muertes.

Los países ricos, donde están basadas las farmacéuticas que producían esos fármacos, se negaron.

Y los costosos medicamentos antirretrovirales -que desde 1996 estaban disponibles en los países desarrollados- tardaron 10 años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible para todos.

Ahora con la pandemia de covid-19 está volviendo a ocurrir.

Varios países de bajos y medianos ingresos están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) -el organismo que rige los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, que se establezca una exención de estos derechos para poder producir masivamente y de forma accesible las vacunas de covid-19.

Los países ricos, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y naciones europeas, se oponen a la propuesta, presentada por Sudáfrica e India y apoyada por decenas de países en desarrollo.

Argumentan que esas patentes son necesarias para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos.

Sólo 10 países

Hasta ahora sólo unos cuantos países de altos ingresos parecen tener acceso a las inoculaciones.

La OMS dijo a principios de febrero que se han administrado unos 200 millones de vacunas contra covid-19. Pero el 75% de estas vacunas, señala la organización, se dieron en 10 países ricos.

Gavin Yamey, profesor de Salud Global y Política Pública de la Universidad de Duke, Estados Unidos, afirma que en unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

“Ha sido sumamente deprimente ver cómo las naciones ricas han vaciado las estanterías. Se han arrebatado las vacunas básicamente diciendo ‘yo primero’ y ‘sólo yo’ y esto no solo es muy injusto, también es una actitud terrible de salud pública”, le dijo el experto a la BBC.

vacuna

Getty Images
En unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

En efecto los expertos aseguran que para detener esta pandemia global se requiere de una respuesta global porque no se puede acabar con la crisis si sólo unos cuantos países tienen a su población vacunada de forma masiva.

Es por eso que se han presentado propuestas para que las farmacéuticas suspendan temporalmente las patentes de sus vacunas y compartan su conocimiento tecnológico para poder acabar con lo que los expertos llaman “apartheid de vacunas”.

¿Qué son las patentes?

Las patentes protegen la propiedad intelectual de un producto para que no pueda copiarse.

En la industria farmacéutica, cuando se descubre y desarrolla un medicamento, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo.

Esto le permite controlar el precio y la producción, lo que a su vez puede generar precios elevados y medicamentos que son inaccesibles para los más pobres.

Una de las propuestas para acelerar la producción de vacunas, diseñada por la OMS, es el llamado C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19).

Este es un mecanismo global para compartir de forma voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra covid.

El C-Tap fue creado por la OMS en junio de 2020 y unos 40 países lo suscriben, pero como explica a BBC Mundo Raquel González, responsable de relaciones externas de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), el programa hasta ahora ha tenido muy pocas respuestas.

“Al día de hoy no se ha compartido ninguna tecnología. No se ha compartido nada. Es decir la cartera de productos en el C-Tap está a cero”, señala González.

“Fue una iniciativa que de manera indirecta permitiría un aumento de la fabricación, particularmente en los países en desarrollo, pero ha tenido nula respuesta por parte de la industria farmacéutica, que en este caso es la titular de las patentes”, agrega González.

La otra forma de hacer que las farmacéuticas compartan sus tecnologías es la que presentaron Sudáfrica e India a la Organización Mundial de Comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia.

El objetivo, explica Raquel González, es facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones.

“Lo que plantean India y Sudáfrica es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de producción que se podrían poner en marcha si se compartiera el conocimiento . Si no se comparte el conocimiento ahora mismo las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente”, señala.

Un trabajador médico en Italia manipula dosis de AstraZeneca.

Reuters
Las patentes le permiten a las farmacéuticas controlar el precio y la producción de sus vacunas.

Pero los países de altos ingresos se oponen a la propuesta argumentando que la suspensión de patentes obstruirá la innovación científica al desalentar a los inversores privados a involucrarse en la industria.

Señalan que las regulaciones que existen actualmente, que permiten a los fabricantes de fármacos establecer acuerdos bilaterales con los productores de fármacos genéricos, son “suficientemente flexibles cuando se trata de enfrentar una emergencia de salud pública”.

“Creo que la PI (propiedad intelectual) es una parte fundamental de nuestra industria”, declaró en mayo Pascal Soriot, presidente ejecutivo de la empresa AstraZeneca, durante una conferencia de prensa para discutir la creación del C-Tap.

“Y si no proteges la PI, entonces esencialmente no hay ningún incentivo para nadie para innovar”, agregó.

Los críticos señalan, sin embargo, que las farmacéuticas han recibido miles de millones de fondos públicos, principalmente de Estados Unidos y Europa, para el desarrollo de las vacunas de covid, por lo cual deben compartir su tecnología.

Un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos US$10.000 millones de fondos públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro para financiar sus vacunas.

Y la cifra, dice el informe, quizás es un subestimado ya que muchos datos sobre estos proyectos no son públicos.

Pero indica que las cinco mayores farmacéuticas recibieron cada una entre US$957 millones y US$2.100 millones.

Y a cambio de este financiamiento, dice el informe, los países de altos ingresos pudieron asegurar contratos para recibir dosis suficientes para vacunar a toda su población.

Sin embargo, la industria farmacéutica subraya que no son las patentes las que están provocando una escasez de vacunas en los países de medianos y bajos ingresos.

“Los derechos de PI no son el problema” señala Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) que representa a los principales productores de vacunas.

“Los cuellos de botella (en la producción de vacunas) son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento”, declaró durante una conferencia organizada hace unos días por la OMS sobre distribución de vacunas.

vacuna

EPA
Según la IFPMA las patentes no son el obstáculo para acelerar la producción de vacunas, sino la escasez de ingredientes y capacidad de producción.

Según la IFPMA “el aumento sin precedentes en la fabricación de vacunas, de cero a miles de millones de dosis en tiempo récord, ha conducido a una escasez que ha impactado todo la cadena de abastecimiento de vacunas”.

Barreras técnicas y legales

Los expertos señalan que, aún si se lograra, una suspensión temporal de patentes no sería suficiente para acelerar el acceso global a las vacunas.

“No creo que la suspensión de patentes sea la respuesta”, le dice a BBC Mundo Rory Horner, profesor del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester, Inglaterra, quien ha estado investigando la industria farmacéutica de India y África subsahariana.

“Las vacunas son productos mucho más complejos de fabricar que otras medicinas”, explica.

“En los 1980, antes de que se establecieran las protecciones de patentes, los laboratorios podían copiar un fármaco en el laboratorio y venderlo por una fracción del precio en India. Era un proceso relativamente simple”.

“Pero para producir una vacuna necesitas la cooperación de la compañía que la inventó y la información sobre los varios procesos y etapas involucrados en la fabricación del producto”, explica el experto.

Esto se aplica principalmente a la producción de las nuevas vacunas “complejas” de ARN-mensajero que están produciendo las empresas Pfizer y Moderna y que ya fueron aprobadas.

Para que los laboratorios de los países de medianos y bajos ingresos puedan producir las vacunas contra la covid necesitan conocimientos técnicos, que muchas veces se mantienen como secretos comerciales de las farmacéuticas, y se necesita acceso a información sobre seguridad que a menudo está protegida como datos confidenciales de la empresa dueña de la patente.

“Estamos hablando de barreras técnicas, además de las barreras legales,para poder aumentar la producción de vacunas de covid”, le dice el profesor Horner a BBC Mundo.

Pero quienes piden la exención de los derechos de propiedad intelectual afirman que en los países de medianos y bajos ingresos sí hay laboratorios y empresas capacitadas para producir estas vacunas.

“Efectivamente no todos los países tienen capacidad de producción, pero sí hay muchos países de rentas bajas o medias, como India o Pakistán, que sí podrían tener capacidad de producción”, señala Raquel González de MSF.

“Digamos que si tenemos la receta de cómo se hace una vacuna, lógicamente va a pasar un tiempo hasta que se hace una fábrica de producción y se consigue la materia prima. Si hay ahora mismo, por nombrar un número, 10 plantas de producción, si se comparte la tecnología y el conocimiento a lo mejor dentro de cinco meses podría haber 15 plantas de producción”, le dice a BBC Mundo.

Mujer siendo vacunada en India

EPA
AstraZeneca tiene un acuerdo bilateral con el Instituto Serum de India para que produzca su vacuna.

En efecto, la transferencia de tecnología tomará tiempo y tiempo es lo que no se tiene con la pandemia de covid-19.

¿Acuerdos bilaterales o Covax?

Algunos expertos creen que una solución es establecer más acuerdos bilaterales -como los que han hecho las empresas AstraZeneca y Novavax con el Instituto Serum de India, y Johnson & Johnson con Aspen Pharmacare en Sudáfrica- para producir sus vacunas y distribuirlas a países de medianos y bajos ingresos.

Pero el profesor Rory Horner cree que hace falta más que solo los acuerdos bilaterales para acelerar el acceso de las vacunas de covid-19.

“En términos de producción (estos acuerdos) ayudarían, pero también se trata de mejorar la adquisición, la compra y distribución de vacunas“, le dice el experto a BBC Mundo.

“El hecho de que las vacunas estén tan inequitativamente distribuidas no es el resultado de la capacidad de fabricación en el mundo, es resultado de cómo algunos países han podido comprar y tener acceso a esas vacunas primero”.

Horner cree que la solución está en Covax, el mecanismo creado por la OMS en 2020 para el acceso global a las vacunas y mejorar la distribución en los países de bajos ingresos.

Pero el proyecto se ha visto en dificultades porque aunque los países desarrollados han donado dinero para Covax también han comprado todas las dosis de vacunas y Covax no ha podido cumplir su objetivo de entregar vacunas a los países de bajos ingresos.

“Lo ideal será que Covax no sólo tenga el dinero de los países ricos sino también las dosis, los derechos y el acceso prioritario a esas dosis que los países ricos han acaparado”, señala el experto de la Universidad de Manchester.

“Covax es un programa extraordinario que ha tenido que evolucionar en un contexto muy difícil, así que si logra avanzar sería algo realmente beneficioso”, agrega.

Y el profesor Gavin Yamey de la Universidad de Duke está de acuerdo: “Esta es una pandemia global y necesitamos una respuesta globa que incluya vacunación en todo el planeta y Covax es un mecanismo esencial para lograrlo”.

“Pero tenemos que hacer mucho más para solucionar este apartheid de vacunas”, dice el experto.


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