Secretaría de Cultura modificará reglas de operación que ponen en riesgo a festivales de cine
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Secretaría de Cultura modificará reglas de operación que ponen en riesgo a festivales de cine

Luego de dialogar con representantes y organizadores de los principales festivales cine en México, funcionarios de cultura se comprometieron a modificar las reglas de operación para financiar este tipo de actividades.
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La Secretaría de Cultura federal se comprometió a atender las demandas del gremio cinematográfico de México, con el fin de mejorar y modificar las contradicciones que encontraron en las reglas de operación de la nueva convocatoria de Apoyo a Festivales Artísticos y Culturales (Profest) 2019.

Leer: Gremio cinematográfico exige mejorar reglas de operación que ponen en riesgo festivales

Tanto los organizadores de la gira de documentales Ambulante, como del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (Giff) dialogaron con el subsecretario de  desarrollo cultural, Edgar San Juan, y el director de Promoción y Festivales de Cultura, Pablo Raphael de la Madrid, para encontrar una solución a las contradicciones detectadas.

La directora del Giff, Sara Hoch, dijo que se le explicó a los funcionarios el por qué los festivales de cine no podían calificar con las reglas establecidas en ProFest, lo que permitió el diálogo entre funcionarios y organizadores.

“Analizamos todas las observaciones que tuvimos, estuvieron de acuerdo por ejemplo en que pagar 51 % a talentos es un lineamiento que no cumple con los festivales de cine, porque nosotros no pagamos por talentos”, dijo en entrevista para Animal Político.

Otro tema que será ajustado es el relacionado a los programas de los festivales que se pedían por adelantado, en el entendido de que si se quiere tener películas con estrenos mundiales o latinoamericanos, no se pueden pedir con meses de anticipación porque se trata de acuerdos que se cierran semanas o días previos a un festival.

“Estuvo muy abierta la Secretaría de Cultura para platicar y decidieron meter el mecanismo de justificación en la aplicación de por qué no podemos cumplir con ciertos temas y estuvieron de acuerdo en meter esos ajustes para que pudiéramos aplicar a el fondo”, declaró Hoch.

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Para Pablo Raphael, las conversaciones con los organizadores de Ambulante y el Giff fueron de bastante ayuda, pues les permitió contar con retroalimentación, pero también les ayudó a pensar en cómo mejorar las reglas del Profest.

“En esta semana anunciaremos algunos cambios sujetos a los comentarios y sugerencias que se han hecho de la propia comunidad cultural con el ánimo de dialogar y mejorar los procesos”, dijo en entrevista.

Organizaciones artísticas un tema pendiente

A decir de Sara Hoch, aun cuando fue un paso importante dialogar con las autoridades culturales sobre las reglas del Profest, todavía falta poner sobre la mesa el tema del financiamiento a organizaciones civiles artísticas.

Explicó que actualmente las organizaciones civiles artísticas pueden aplicar a los fondos federales por medio de un gobierno municipal, estatal o una universidad pública, y la idea es no depender de intermediarios.

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Aparte, no pueden recibir deducibles de impuestos por parte del sector privado o por donativos de asociaciones civiles.

“Las asociaciones civiles no vamos a poder sobrevivir sino podemos recibir apoyos y no solo del gobierno”, dijo.

A la par, agregó Hoch, es necesario revisar los resultados y entregas de comprobación de las asociaciones artísticas y los festivales que realizan, “para tomar decisiones sobre los que pudieran seguir trabajando y seguir entregando grandes eventos de arte y cultura a nuestro país”.

Sobre este tema, Pablo Raphael aseguró que sí se tomará en cuenta el tema del financiamiento de las organizaciones civiles artísticas, y reconoció que están buscando establecer un esquema para que pueden recibir subsidios directos.

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“Lo que se está haciendo es generar un mecanismo para que todos los organizadores de festivales tengan en cuenta un mecanismo que les permita llevar a cabo la organización de sus proyectos”.

“Estamos con las puertas abiertas para prestar atención a las demandas y peticiones que permitan mejorar los procesos, y por supuesto que estamos dispuestos a trabajar para hacer perfectibles todas las convocatorias” dijo Raphael.

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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