Hospital se negó a realizar una cesárea a mujer con embarazo de alto riesgo y epilepsia
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Hospital se negó a realizar una cesárea a mujer con embarazo de alto riesgo y epilepsia

El Instituto Nacional de Perinatología de CDMX negó cesárea a mujer embarazada a pesar de estar programada y de que la paciente tiene epilepsia; familia interpone queja ante la CDHDF.
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La Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) investiga la queja interpuesta por la familia de una mujer con diagnostico de embarazo de alto riesgo a la que se le impidió, sin justificación alguna, realizarse una cesárea en el Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México.

La queja fue interpuesta el pasado jueves 11 de abril, el mismo día en que el personal médico de la institución, localizada en la delegación Miguel Hidalgo, le informó a Guadalupe y su familia que sería atendida en otro hospital, “sin especificar cuál” y sin una justificación médica coherente.

La única explicación que le dieron fue que “ya no había o existía un lugar para ella dentro” del Instituto Nacional de Perinatología, dependiente de la Secretaría de Salud (SSA) a nivel federal.

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Le dijeron eso “aun cuando se encontraba diagnosticada con un embarazo… de alto riesgo y prematuro, así como (con) el padecimiento de colestasis intrahepática”, de acuerdo con la queja interpuesta por los familiares de Guadalupe.

Guadalupe era paciente habitual del Instituto Nacional de Perinatología a consecuencia de un padecimiento de epilepsia y hepatitis C, por lo que cada 20 días recibía atención médica.

El médico que la atendía la programó para cesárea el 11 de abril, “por su condición grave, debido a que no podían esperar a las contracciones por el diagnóstico de epilepsia”.

El día programado para la cesárea el médico le dijo que no había lugar en el Instituto, “por lo que la paciente tuvo que firmar el aceptar el traslado a otro hospital por la negación del servicio y a petición del Dr. Víctor Hugo Ramírez Santes”, se denunció en la queja interpuesta ante la CDHDF.

No solo eso, en la hoja de referencia que le entregó el personal médico a Guadalupe y a su familia no especificaron en qué hospital o clínica sería atendida y tampoco le ofrecieron una ambulancia para su traslado, a pesar del estado crítico diagnosticado.

De manera extraoficial, sin embargo, el personal de la institución le recomendó a Guadalupe acudir al Hospital de la Mujer, localizado en el Casco de Santo Tomás, por lo que su familia la trasladó a dicho centro médico con sus propios medios y recursos.

“Ahí le dijeron primero que no sabían si tenían capacidad para atenderla, por el paro de residentes, pero al final sí la atendieron y le practicaron la cesárea”, informó Marisol, suegra de Guadalupe.

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“Aunque todo salió bien, no estoy de acuerdo con el actuar de los servidores públicos de la Secretaría de Salud, lo considero violatorio a los derechos humanos ya que dicha situación puso en peligro la salud de mi nuera y la vida de su bebé”, agregó Marisol.

Si bien la queja fue interpuesta ante la CDHDF, los familiares de Guadalupe solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “con el fin que se investiguen los hechos antes narrados”, además porque se “señala a servidores públicos adscritos a la SSA como (los) responsables de presuntas violaciones de derechos humanos”.

Animal Político buscó a la SSA para conocer las razones del por qué se le negó la cesárea a Guadalupe. De acuerdo con la respuesta de la dependencia, a Guadalupe no se le negó la atención, aunque admitió que “el Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México no tenía capacidad para hospitalizarla, por lo que la refirieron al Hospital de la Mujer, en donde previamente los médicos de Perinatología habían confirmado que podían recibirla”.

En la respuesta que el Instituto envió a la CNDH se detalla que la suegra de Guadalupe se negó a llevarla porque prefería esperar a que hubiera lugar en el Instituto Nacional de Perinatología.

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Detienen a Steve Bannon, exasesor de Trump, por presunto fraude vinculado al muro entre EU y México

Streve Bannon y otros tres hombres fueron detenidos y acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
20 de agosto, 2020
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Steve Bannon, un exasesor del presidente Donald Trump, fue arrestado este jueves por un presunto fraude en una campaña de recaudación de fondos para construir el muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

Bannon y tres presuntos cómplices supuestamente defraudaron a cientos de miles de personas que aportaron dinero a su campaña We Build The Wall (Construimos el muro, en español), la cual reunió al menos US$25 millones, informó este jueves el Departamento de Justicia de EE.UU.

El también estratega de los conservadores recibió más de US$1 millón de una organización sin fines de lucro y presuntamente usó “cientos de miles de dólares para gastos personales”, según la denuncia.

We Build the Wall se comprometió a utilizar las donaciones para construir en terrenos privados -donde el gobierno no puede- segmentos de la barrera fronteriza, una de las principales promesas de Trump en la campaña 2016.

Además de Bannon, Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea están señalados en la acusación.

Imagen del sitio We Build the Wall

We Build the Wall
La campaña hacía un llamado para que los donantes aportaran dinero para la construcción del muro fronterizo en terrenos de propiedad privada.

Audrey Strauss, la fiscal federal interina para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que los acusados habían “defraudado a cientos de miles de donantes, capitalizando su interés en financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo el falso pretexto de que todo ese dinero se gastaría en construcción”.

Kolfage, fundador de We Build the Wall, presuntamente tomó de manera encubierta US$350.000 para su uso personal, según la investigación del Departamento de Justicia.

“Mientras aseguraban reiteradamente a los donantes que Brian Kolfage, el fundador y rostro público de We Build the Wall, no recibiría un centavo, los acusados planearon en secreto entregar cientos de miles de dólares a Kolfage, que los utilizó para financiar su lujoso estilo de vida”, señaló Strauss.

El inspector Philip R. Bartlett dijo que los cuatro emitieron “recibos y reportes falsos para lavar donaciones y encubrir sus delitos, sin mostrar respeto por la ley o la verdad”.

“Este caso debería servir como una advertencia a otros estafadores de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un veterano de guerra discapacitado o un estratega político millonario”, dijo.

Mapa de la frontera entre EE.UU. y México

BBC

Los cuatro acusados están acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

Bannon, de 66 años, comparecerá ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Kolfage y Badolato comparecerán en tribunales en Florida, mientras que Shea lo hará en Colorado.


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