La lucha por el agua que ha confrontado a ciudadanos, gobierno y una cervecera en Baja California
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La lucha por el agua que ha confrontado a ciudadanos, gobierno y una cervecera en Baja California

Desde hace 13 años, habitantes de Baja California, iniciaron una de las batallas más importantes del siglo: la del agua. Esta ha sido su historia.
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Hace 13 años, los habitantes de Baja California, México, perdieron contra Estados Unidos una de las batallas más importantes del siglo: la del agua.

Sin importar los tratados internacionales sobre el agua, las autoridades norteamericanas iniciaron, en 2006, la pavimentación del canal Todo Americano, que divide de manera natural los estados mexicanos de Sonora y Baja California con los de Arizona y California, Estados Unidos, siendo los bajacalifornianos que radican en el Valle de Mexicali los que llevaron la peor parte. Dejaron de recibir al año 83.5 millones de metros cúbicos de agua,(Mm3) mediante escurrimientos naturales del canal.

Las repercusiones de esta decisión son visibles una década después.

Más de 7 mil familias se han visto afectadas por la falta del líquido; se quedó sin agua el dren La Mesa que nutría a 1,300 hectáreas de siembra y los humedales; los pozos que existían en la zona se secaron.  Además, decenas de especies de aves provenientes de otras latitudes y animales silvestres que vivían en esos espacios desaparecieron.

El Humedal Mexicali

En 13 años, el humedal del ejido Nezahualcóyotl se secó a consecuencia del encementado del Canal Todo Americano

Un reducido grupo de ejidatarios, acompañados por el sector empresarial de Mexicali y el gobierno estatal, entablaron una denuncia internacional que no prosperó en las instancias legales, perdiendo la primera batalla por el agua.

Desde enero de 2017, sin embargo, tras un intento de ley estatal que pretendía privatizar el agua, junto al incremento de los precios de la gasolina en el país y la llegada de la cervecera Constellation Brands al Valle de Mexicali, ciudadanos y activistas de la región encabezaron una segunda lucha.

Marcha contra el gasolinazo y contra la nueva ley estatal de aguas reúne a miles en Mexicali

La segunda lucha

La actual lucha por la defensa del agua ya no es contra las autoridades estadounidenses, sino contra el actuar del gobierno del estado y la instalación de Constellation Brands, una multinacional dueña y vendedora exclusiva de las marcas de Grupo Modelo en Estados Unidos.

Con una inversión de 1,400 millones de dólares, la empresa inició en 2016 la construcción de una planta productora de cerveza en la zona norte del Valle de Mexicali  que, de acuerdo a sus propias cifras mostradas en su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), utilizará 20 millones de metros cúbicos de agua al año en su máxima capacidad. La empresa planea terminar de construir la planta en 2019, para inmediatamente entrar en operaciones. Se estima que dará 750 empleos directos.

La construcción de la planta y el desarrollo del proyecto, sin embargo, han presentado una serie de contratiempos desde que el Congreso local aprobó, en diciembre de 2016, la Ley Estatal del Agua, y se anunció la instalación de la cervecera.

Ese mes fue clave para que el encono social subiera de tono entre los opositores de la planta que argumentaban una “catástrofe ambiental” por el mal manejo del agua, y sus promotores —empresarios y autoridades locales— que sostienen que hay suficiente agua para atraer inversiones como la de Constellation Brands. Las protestas iniciaron cuando un grupo de ciudadanos irrumpió el Congreso del Estado justo cuando los legisladores, con mayoría panista, aprobaban a puerta cerrada la Ley del Agua.

Los opositores, además, han criticado la forma en el que el gobernador, Francisco “Kiko” Vega, ha tomado decisiones que afectan el suministro de agua en la región para favorecer a la compañía norteamericana, como la firma de un contrato con la empresa,  clasificado como reservado, para otorgarles 20 millones de metros cúbicos de agua para su operación, además de la construcción de un millonario acueducto para llevarle agua a la planta, mismo que tendría cargo al erario.

En el manifiesto de impacto ambiental de Constellation Brands se menciona la construcción de un acueducto para garantizar su producción.

Ante la presión social, la ley del agua se canceló; en julio de ese mismo año la administración estatal también dio marcha atrás a la construcción del acueducto que mediría 47.5 kilómetros de largo.

Leer: Dan marcha atrás a la ley que permitía privatizar el agua en Baja California ante las protestas

La respuesta de Constellation Brands fue anunciar que utilizarían el agua de dos pozos agrícolas del  Valle de Mexicali. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la empresa no ha tramitado aún la cesión de derechos de los permisos de agua.

Leer: Constellation Brands no ha solicitado permisos de agua para operar su planta cervecera en Mexicali: Conagua

Públicamente la empresa ha dicho también que, a pesar de la oposición existente, cuentan con todos los permisos para operar su planta en Mexicali, entre estos la MIA que avaló la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) de Baja California, así como dos “estudios científicos independientes” que aprueban la “viabilidad y sostenibilidad ambiental” del proyecto.

Dichos documentos fueron elaborados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y un grupo de especialistas económicos del COLEF. En todos los casos se menciona que existe suficiente agua para desarrollar el proyecto.

El plebiscito

La postura de no instalación de la planta que ha mantenido el grupo opositor provocó que el 12 de octubre de 2018 solicitaran al Instituto Estatal Electoral (IEE) la realización un plebiscito para someter a consulta ciudadana la viabilidad de autorizar y construir la empresa cervecera.

En la solicitud se planteó que, en caso de aprobarse esa obra, se estaría llevando al Valle de Mexicali a un “catástrofe ambiental”, por “el riesgo de una intrusión salina en grado excesivo”.

También se expuso un estudio oficial de la Conagua, elaborado en 2015, en el que se reconoce que existen polígonos del Valle de Mexicali con sobreexplotación de agua, así como “un déficit en el acuífero de 456 millones 40 mil 492 metros cúbicos anuales de agua, por lo que no existe volumen disponible para nuevas concesiones”.

Los números del agua

Como parte del análisis de solicitud de plebiscito los integrantes del Consejo de Desarrollo Económico (CDE) de Mexicali, a través de su presidente Bernardo Martínez, enviaron una carta al IEE en la que solicitaron a sus consejeros analizar y resolver como “improcedente” la solicitud de plebiscito, al calificarlo como inviable y “absurdo”.

De acuerdo con cifras del CDE, mismas que se encuentran en la MIA de Constellation Brands, a Baja California se le entrega una cantidad anual de agua de 1,850 metros cúbicos de agua (Mm3) superficiales, con motivo de un tratado binacional con Estados Unidos firmado en 1944; adicionalmente se tienen infiltraciones subterráneas de casi 1,200 Mm3 para un volumen total de 3,036.06 Mm3.

De ese gran total, los organismos operadores del agua en Baja California destinan 210.9 a sus cinco municipios y a la localidad de San Luis Rio Colorado, Sonora. En el caso de la zona urbana de Mexicali y su Valle la entrega es de 124.5 metros cúbicos, señala una ficha técnica de la CDE entregada a Animal Político.

De acuerdo con el presidente del CDE en Mexicali, Bernardo Martínez, organismo que aglutina a la empresa cervecera entre sus agremiados, Constellation adquirió los derechos de agua de diferentes usuarios agrícolas del Valle de Mexicali, con el objetivo de cumplir con sus metas de producción.

“La empresa entregará 3.174 Mm3 y utilizará 1.75 Mm3, lo que significa que la empresa está entregando más agua a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM ) de la que necesita, de esta manera beneficiando a la ciudad de Mexicali… hay abundancia de agua en el Valle de Mexicali”, aseguró Martínez en entrevista con Animal Político.

También explicó que al momento que la empresa cervecera incorpora sus terrenos a la mancha urbana de Mexicali, ésta se encuentra obligada a ceder gratuitamente sus derechos de agua en favor de la CESPM, y una vez que se cedan pueden celebrar un contrato comercial con la dependencia reguladora del agua en la localidad.

Inconsistencias en estudios

Como parte del proceso de análisis de la solicitud de plebiscito, el IEE le pidió a diferentes instituciones educativas y científicas que emitieran opiniones técnicas sobre la trascendencia del uso del agua de Baja California. Uno de los organismos participantes fue el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), instancia que le encargó el estudio al doctor Alfonso Cortez Lara, especialista en temas de agua.

En el documento, el investigador encontró serias deficiencias en los estudios independientes de la empresa cervecera, elaborados por el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). También detectó anomalías en los datos del MIA, mismos que fueron aprobados por la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) de Baja California.

“En algunos de estos documentos se menciona que ocuparán 3.5 millones de metros cúbicos al año para la operación de la planta; y en otros 7; y en otros 11.67, pero también han señalado que usaran 20 millones”, dijo en entrevista.

Otra inconsistencia, detectada en el estudio del IMTA, es la diferencia en las estimaciones en la demanda de agua para Mexicali para los próximos años.

El IMTA señaló que en 2050 la CESPM incrementara su disponibilidad de agua en  mil Mm3 de agua, y para llegar a esta cifra utiliza una tasa de incremento anual promedio de la demanda de agua de 1.11 %, “sin explicar con mayor detalle de dónde proviene ese porcentaje”.

Esta cifra contrasta con otros documentos oficiales de la Comisión Estatal del Agua que estiman que el incremento de la demanda oara Mexicali será del 3.5 % anual entre 2016-20; 2.35 % entre 2020-25; 2.36 % entre 2025-30; y 2.36 % entre 2030-35, expuso Cortez.

“No tengo nada contra Constellation Brands. En lo personal me gusta la cerveza… pero si estoy en contra de un proyecto que ha sido poco transparente con sus cifras y que podría generar un mayor problema por la situación que impera en el Valle de Mexicali sobre el tema del agua”, cuestionó.

La lucha sigue

El pasado 4 de marzo, los consejeros del IEE calificaron como “intrascendente e improcedente” la solicitud de plebiscito elaborada por los opositores a la empresa cervecera, al considerar este tipo de ejercicios no sirven para cuestionar decisiones administrativas, por lo que recomendaron a los solicitantes explorar otras vías.

Leer: No habrá consulta sobre cervecera Constellation Brands; la declaran improcedente

La decisión del IEE fue impugnada por los opositores del proyecto, por lo que el caso actualmente es analizado por el Tribunal Estatal Electoral y en caso de no proceder se piensa impugnar ante un Tribunal de segunda instancia, informó Iván Martínez, asesor técnico del Colectivo Plebiscito por el Agua de Baja California, organización civil impulsora de la consulta.

Por ahora, los opositores —entre los que se encuentran colectivos sociales, ciudadanos, académicos, estudiantes, activistas, investigadores y ejidatarios— buscan conseguir el 1 % adicional de firmas de la lista nominal que les permita realizar el plebiscito ciudadano, porque la ley dice que si se declara intrascendente por los tribunales los solicitantes tienen 30 días para juntar esas firmas y de esa manera convertirlo en trascendente en automático.

El pasado 26 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a conformar una comisión para investigar y analizar el tema, para que le presente un dictamen y se busque una solución al conflicto.

Rehenes de un mal manejo político

Para el presidente del CDE en Mexicali, Bernardo Martínez, quien hace 13 años fungía como Secretario de Gobierno en Baja California cuando se entabló la denuncia internacional para evitar la pavimentación del canal Todo Americano, la declaración de López Obrador es “una buena oportunidad para que en un suelo parejo con personas que realmente tengan el conocimiento técnico, honorabilidad y el respeto, se aclare en definitiva cuál es la situación real que priva en Mexicali” sobre el tema del abasto o desabasto de agua.

Cuestionado sobre el conflicto existente por la instalación de la planta cervecera, el líder empresarial aseguró que en todo momento ha existido un “manejo deficiente” del tema por parte del gobierno estatal.

“El sector empresarial y la empresa no son responsables de un manejo deficiente de la obligación del gobierno de promover y atender las inversiones que generan empleo”, consideró.

Aseguró que esta inversión es “rehén de deficiencias en el manejo político” que se mezcla con inconformidades sociales.

Sobre la denuncia que hace dos sexenios se entabló por la pavimentación del Todo Americana, lo que provocó que se dejaran de recibir 83.5 Mm3 de agua, aseguró que en ese momento la demanda consistía en señalar un daño ecológico.

“Allí lo que sucedió era un impacto ecológico, no estábamos alegando nosotros que se pusiera en riesgo la agricultura, decíamos que habría una afectación a la migración de aves que tenían como destino los humedales…era defender esa agua de filtración natural para un efecto natural y no desterrar esas aves, pero nunca dijimos que esa agua fuera mortal para el desarrollo”.

El gobierno de Baja California, a través de su vocero Raúl Reynoso, también vio con buenos ojos el anuncio del presidente López Obrador, al considerar que es lo que debió haber hecho el Gobierno Federal desde antes, “toda vez que desde que inició el conflicto han mantenido un silencio sepulcral sobre ese tema”.

Sin embargo, desde su perspectiva el encono social existente se debe a intereses políticos y no sociales.

Nadie de la CONAGUA —quien rige el tema de este recurso le ha dicho al gobernador que peligra el agua en Mexicali con la instalación de Constellation. El rechazo a su instalación es un tema de manoseo político de las resistencias civiles identificadas con Morena”.

“Las críticas sobre el supuesto mal manejo del tema de la Constellation no provienen del sector empresarial, sino de los partidos políticos adversos a esta administración. Que quede claro: en Mexicali y su valle no existe crisis de agua. En esta zona abunda”, sostuvo el vocero.

Lo cierto es que a unos cuantos meses de que Baja California celebre elecciones para renovar la gubernatura, alcaldías y su congreso estatal, una encuesta de Parametría, ordenada por la propia Constellation Brands, reveló que “84 % de los habitantes de Mexicali están de acuerdo con el plebiscito; mientras que 66 % dijo que votaría en contra de continuar con la construcción”, lo que muestra el interés ciudadano existente del tema.

Todo ese panorama tendrá que ser analizado por el comité que enviará el presidente para tratar de darle una salida pacífica y consensuada al problema.

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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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