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Cuartoscuro Archivo

Abusaron de Mónica y la torturaron para inculparla; lleva seis años presa pero espera una resolución a su favor

El caso de Mónica Esparza será expuesto esta semana ante el Comité contra la tortura de Naciones Unidas, que sesionará en Ginebra.
Cuartoscuro Archivo
23 de abril, 2019
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Mónica Esparza tiene 33 años y lleva seis en la cárcel. En 2013, mientras se dirigía a comprar material para hacer arreglos a su negocio de ropa con su pareja y su hermano, policías municipales de Torreón los detuvieron. Eran las 10 de la mañana. Según les dijeron, sólo sería una revisión de rutina.

Pero fueron llevados a una bodega de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón. Ahí Alfredo, pareja de Mónica, y Edgar, su hermano, fueron desnudados y golpeados con tablas en el pecho y en la espalda. Al primero le desollaron el muslo izquierdo con una navaja, y con un látigo de espuelas le arrancaron pedazos de piel de la espalda.

A ella también la golpearon en el estómago e intentaron ahogarla en un tambo con agua, mientras le preguntaban cosas que ella desconocía; intentaron asfixiarla con una bolsa de plástico, fue golpeada con espuelas, navajas y martillos. Después, fue abusada sexualmente de mantera tumultuaria. Según refiere, en el lugar había hombres vestidos como militares y como policías municipales.

Los tres fueron sacados de la bodega y pasaron un rato en los baños de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública. Hasta ahí llegó un actuario del Poder Judicial de la Federación, quien les informó que la madre de Mónica, quien había sido alertada de la detención por un vecino que fue testigo, interpuso una demanda de amparo sobre la desaparición de los tres.

Posteriormente, fueron trasladados a oficinas de la Procuraduría General de la República en Torreón y en el camino, Alfredo, la pareja de Mónica, murió frente a ella a causa de la tortura, aunque los policías declararon después que él ya estaba golpeado cuando lo detuvieron. El cuerpo fue incinerado antes de determinar las causas de la muerte.

Sin decirle los cargos de los que eran acusados, Mónica y su hermano fueron trasladados en avión a la Ciudad de México. En las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), un agente del Ministerio Público de la Federación los amenazó con matar a su madre y sus hijas si no firmaba una hoja que le pusieron en frente. Tiempo después supo que era la confesión de delitos.

El caso llegará a la ONU

En un comunicado oficial donde la policía informa de un operativo conjunto entre policías municipales de Torreón y el Ejército, se señaló que los tres detenidos eran secuestradores integrantes de Los Zetas, que habían sido detenidos en flagrancia con armas de uso exclusivo del Ejército.

Por eso ella fue arraigada durante tres meses, y el 17 de mayo de 2013 fue trasladada al penal de Máxima seguridad de Nayarit, aunque en 2016 la reubicaron en el Centro Femenil de Readaptación Social de Coatlán del Río (CEFERESO 16), Morelos.

Mónica es de madre de cuatro niños, a quienes no ha podido ver crecer en estos años. Ha estado recluida seis años sin siquiera tener una sentencia, pese a las contradicciones, falta de pruebas y tortura acreditada a la que fue sometida.

Su caso será expuesto esta semana ante el Comité contra la tortura de Naciones Unidas, que sesionará en Ginebra. México estará a revisión en la materia. La representación del país presentará los avances y la situación respecto al combate a la tortura.

En tanto organizaciones civiles presentarán su propio análisis en lo que se conoce como “informe sombra”, que incluirá el proceso de Mónica como un caso paradigmático de la existencia de tortura en el sistema judicial en México.

De hecho es uno de los 29 casos documentados en los que mujeres fueron torturadas sexualmente durante su detención, que forman parte del informe “Mujeres con la frente en alto”, realizado por el Centro Pro Juárez, con lo que intentaron identificar “cómo el Poder Judicial estaba incumpliendo sus obligaciones ante un alegato de tortura sexual”, explica la abogada de la organización civil, Melisa Zamora, en entrevista con Animal Político.

El Centro Pro asumió la defensa legal de Mónica en marzo pasado, por lo que al analizar el expediente de 14 tomos de manera profunda y detallada, encontraron elementos que acreditan las irregularidades y la tortura ejercida contra la joven.

El equipo legal del Centro insiste en que no hay pruebas de los hechos por los que se les acusa. El peritaje balístico salió negativo, es decir, la supuesta flagrancia con armas no se comprueba; no existe una parte acusadora porque los supuestos denunciantes del secuestro sólo se presentaron en una ocasión, pero en todo este tiempo no han podido ser localizados.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sumó 16 constancias médicas que dan fe de las lesiones que sufrió Mónica, mientras que el protocolo de Estambul al que fue sometida indica que persisten lesiones psicológicas que corresponden a tortura.

También existen contradicciones respecto a la detención, en cuanto a las horas en que ocurrieron los hechos, y los involucrados.

En el peritaje en informática se demuestra que ella había publicado imágenes en Facebook, que acreditan que estaba en otro lugar durante el supuesto secuestro.

El único elemento de prueba son las declaraciones obtenidas bajo tortura y amenaza, por lo que la Fiscalía no debería considerarlas, sostiene la abogada Melisa Zamora.

El proceso judicial se encuentra en el “cierre de instrucción”, notificado el 14 de marzo, esto significa que concluyó la etapa en que las partes, tanto el MP como la defensa, presentaron pruebas sobre el caso.

El paso siguiente es que la Fiscalía General de la República presente sus conclusiones y “esperamos que sean no acusatorias. Estamos convencidos de la inocencia de Mónica y Edgar”.

La Fiscalía podría insistir en su acusación o retractarse, por ello, insiste Zamora, “la Fiscalía debería aprovechar la oportunidad legal que tiene y aunque generalmente reitera sus acusaciones, en este caso al haber tantas violaciones graves a derechos humanos, y una recomendación de la CNDH, podría emitir conclusiones no acusatorias”.

Este caso, además, es una muestra del uso excesivo de prisión preventiva debido a la deficiencia del Poder judicial de desahogar las pruebas, y la ineficiencia de la defensa para solicitar las diligencias pendientes.

Se espera que la Fiscalía presente conclusiones en los próximos 30 días, y después de ello el juez emitirá su sentencia. La defensa de Mónica espera que éste pueda excluir las pruebas derivadas de tortura, como lo establecen las reglas del Derecho Internacional.

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Fusiles Barret, AR-15 y lanzacohetes, los arsenales estadounidenses del crimen organizado en México

Los cárteles mexicanos de narcotráfico suelen utilizar armas de guerra, la mayoría compradas ilegalmente en EE.UU. Su creciente capacidad de fuego preocupa a las autoridades de ambos países.
25 de octubre, 2019
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Es una de las imágenes más vistas en redes sociales: camionetas con ametralladoras patrullando las calles de Culiacán, Sinaloa, durante la fallida operación para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Autoridades y expertos identificaron el arma como una Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de Estados Unidos.

Pero no fue la única. El día del operativo, el jueves 17 de octubre, decenas de jóvenes recorrían la ciudad con fusiles de asalto AK47 y R15, además de granadas y pistolas 9 milímetros.

En estos días la atención de los medios y analistas mexicanos se concentra en la batalla de Culiacán.

Pero en realidad, el uso de armas compradas ilegalmente en Estados Unidos es frecuente entre la delincuencia organizada del país, que según especialistas han acumulado verdaderos arsenales con estas importaciones.

Emboscada Aguililla

AFP
El CJNG atacó a policías con granadas y fusiles de asalto en Aguililla, Michoacán.

Un ejemplo ocurrió el 14 de octubre, durante el enfrentamiento del Cartel Jalisco Nueva Generación con policías en Aguililla, Michoacán.

Las autoridades encontraron evidencias de que en la emboscada se utilizaron casquillos del calibre .50 como los del Barret.

Se trata de un arma, capaz de atravesar fuertes blindajes, utilizada por francotiradores de élite de las tropas estadounidenses.

Ninguna de estas armas es fabricada en México. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la mayoría proviene de armerías en Arizona y Texas.

El destino de este mercado son bandas de delincuencia organizada, como se demostró en los ataques de Culiacán y Aguililla. Y el resultado es violencia en el país.

“La correlación entre la producción de armas en Estados Unidos y el alza de homicidios en México es muy alta”, le dice a BBC Mundo Eugenio Weigend Vargas, director asociado de la organización civil Centro para el Progreso Americano.

Bazucas, morteros, granadas

Lo que sucedió en Sinaloa y Michoacán es una muestra de la capacidad de respuesta militar que han adquirido los carteles de narcotráfico en los últimos años, coinciden especialistas.

Lanzacohetes

AFP
El CJNG usó lanzacohetes para derribar un helicóptero militar.

Las organizaciones utilizan armas de guerra en sus operaciones, no solo en la batalla contra grupos rivales sino como respuesta a las autoridades.

Por ejemplo, en 2015 el CJNG derribó un helicóptero de la Secretaría de Marina con un lanzacohetes RPG-7, de fabricación rusa. El arma entró al país por la frontera con Estados Unidos, según datos oficiales.

En 2016, tras la tercera captura de “El Chapo” Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, la Secretaría de Marina encontró decenas de fusiles de asalto, entre ello un Barret.

Ese modelo de arma se utilizó en enero de este año en Tamaulipas durante un enfrentamiento entre los carteles del Noreste y El Golfo que causó la muerte a 21 personas, según la Fiscalía del estado.

Pero en distintos momentos las autoridades han confiscado otros artefactos de guerra.

Durante una operación contra el cartel de La Familia Michoacana, la Sedena confiscó ametralladoras SAW 5.5 con capacidad de 700 disparos. También fusiles Remington 700 utilizado para francotiradores, granadas y bazucas.

Fusil Barret

AFP
El gobierno de México ha confiscado fusiles Barret a carteles de narcotráfico.

Un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados establece que el arsenal de los carteles incluye granadas de 47 milímetros, por ejemplo.

También pistolas consideradas de última generación que utilizan balas trazadoras capaces de traspasar blindajes. En México se conocen como “matapolicías”.

Al Cartel de Sinaloa se le han confiscado bazucas y morteros utilizados en el ejército estadounidense.

Algunos de estos ejemplares se exhiben en el Museo de los Enervantes en las instalaciones centrales de la Sedena, en Ciudad de México.

“Operación Frozen”

El creciente poder de fuego de los carteles de narcotráfico es uno de los problemas más graves del país reconocen autoridades.

De hecho tras la batalla en Culiacán, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron implementar una estrategia especial en la frontera común contra el tráfico de armas.

Culiacán

AFP
En la operación de Culiacán para rescatar a Ovidio Guzmán se usaron armas de guerra.

El operativo se llama “Frozen” y según el presidente Andrés Manuel López Obrador fue parte de una conversación telefónica con Donald Trump tras la fallida operación militar en Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la estrategia consiste en “sellar las fronteras”, para impedir el tráfico ilegal de armas.

La vigilancia se aplicará especialmente en cinco de los principales sitios de cruce fronterizo, donde según la Sedena se concentra el paso irregular de arsenales.

López Obrador propuso que Estados Unidos utilice más sistemas de tecnología, como rayos X o detectores de metales en sus pasos fronterizos.

Más de 200.000 armas ingresan cada año a México y el 70% proviene de armerías estadounidenses, afirma la Secretaría de la Defensa.

De acuerdo con la SRE en el 70% de los homicidios en el país se cometieron con armas de fuego. Muchas son estadounidenses.

Homicidios en México

AFP
El 70% de los homicidios en México se cometen con armas de fuego.

Las estimaciones oficiales indican que en los últimos diez años ingresaron al país unos dos millones de armas de fuego, de distintos calibres. De éstas se han confiscado 193.000 de acuerdo con la Sedena.

Con la operación “Frozen” se pretende reforzar la seguridad en las aduanas fronterizas donde, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) existen serios problemas.

En 29 de las 49 garitas aduanales “no existe la infraestructura necesaria para la aplicación de sistemas de Reconocimiento no intrusivo, lo que implica debilidades en la operación”.

El dato corresponde al informe de la cuenta pública presentado en 2018 por la ASF, el organismo del Congreso responsable de fiscalizar la aplicación del presupuesto.

Miedo en la frontera

Las aduanas son una de las rutas por donde llegan los arsenales a carteles y bandas de delincuencia organizada, dice Francisco Rivas, director de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano.

La operación la realizan redes capaces de introducir “camiones completos” con armamento, le dice Rivas a BBC Mundo.

Fusil Barret

AFP
El fusil Barret es usado por las tropas de EE.UU.

“Las aduanas son absolutamente permeables, no tenemos elementos suficientes de control y no hay decomiso suficiente de armas”.

Por ejemplo en las garitas fronterizas existen básculas que detectan el peso excesivo de los vehículos, un elemento para sospechar que lleva armamento.

Pero en muchos casos los agentes aduanales se ven obligados a permitir el paso de los camiones.

“Si detienen esos vehículos no hay la certeza de que un grupo delictivo no vaya a tomar represalias contra sus familias”.

El destino de esos cargamentos son los grandes carteles de narcotráfico, pero no es el único.

En muchos casos, las autoridades han confiscado armas provenientes de Estados Unidos a bandas más pequeñas. Un ejemplo ocurrió en el barrio de Tepito, en el centro de Ciudad de México.

La Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana confiscaron al grupo Unión Tepito fusiles AK47, R15 y una bazuca. La operación ocurrió este martes.

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