SEP negó validez a universidades de Morena por incumplir con la ley; nuevo gobierno las hará "oficiales"
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SEP negó validez a universidades de Morena por incumplir con la ley; nuevo gobierno las hará "oficiales"

Los planteles incumplieron con requisitos como tener definición sobre las habilidades y conocimientos que los estudiantes obtendrían al egresar.
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1 de abril, 2019
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Planteles de universidades de Morena no pudieron cumplir con requisitos previstos en la Ley General de Educación, para obtener el registro de validez ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), y algunos ni siquiera solicitaron acreditación.

Entre los requisitos que no cumplieron, está el de tener una definición sobre las habilidades y conocimientos que los estudiantes obtendrían al egresar, y tener la infraestructura necesaria para cumplir con el plan de estudios propuesto.

Leer: Universidades de AMLO serán operadas por organismo internacional que no está obligado a rendir cuentas

De los nueve planteles del Programa de Escuelas Universitarias de Morena, en seis se han impartido clases pese a no tener registro de validez oficial, y sin dicho trámite los estudiantes no obtendrían un título reconocido por la SEP, al egresar.

Pese a las insuficiencias, las escuelas del Movimiento de Regeneración Nacional serán integradas a las 100 escuelas de educación superior que forman parte del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, y en automático serán reconocidas oficialmente por el nuevo gobierno.

A través de una consulta directa solicitada vía transparencia, Animal Político revisó expedientes de las escuelas de Morena tramitados ante la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), para conocer las razones por las cuales no obtuvieron el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOES), indispensable para que los estudios ofrecidos por una institución particular sean válidos oficialmente.

De acuerdo con los expedientes, el procedimiento para otorgar el permiso consiste en revisar los planes de estudios, la plantilla docente, que la infraestructura sea acorde al plan de estudios y que cuenten con los permisos de operación del terreno, requisitos establecidos en la Ley General de Educación para impartir el servicio de educación por particulares.

Los planteles a los que la SEP negó el registro son la Escuela de Contabilidad y Administración Pública, Leona Vicario; Escuela de Ingeniería Heberto Castillo y la Escuela Universitaria de Agronomía y Agricultura de Zaachila. Mientras que la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria; la Escuela de Educación Normal, José Santos Valdés y la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Valladolid ni siquiera lo solicitaron.

Sólo la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga; la Escuela de Educación Superior de Comalcalco y la Escuela de Agricultura y Agronomía de Calkiní en el programa de ingeniería en agricultura y agronomía, obtuvieron el registro, de acuerdo con información oficial.

La escuela de Zaachila, Oaxaca

El 27 de enero de 2017, el notario no. 190 del Distrito Federal, Daniel F. Dávila, acreditó la constitución de “Escuela Universitaria de Agronomía y Agricultura Asociación Civil”. Este procedimiento era el primer paso para establecer cualquiera de los planteles del Programa de Escuelas Universitarias de Morena, por ello es que el nombre de la asociación civil era el de la escuela.

En este caso, la asociación civil nombró como delegada especial a Raquel Sosa Elizaga, e inició el trámite para el reconocimiento de validez oficial de la escuela el 22 de mayo de 2017 ante la SEP. Entonces, también se encargaba de operar el programa de las universidades sostenidas financieramente con los donativos de legisladores de Morena.

Sosa Elizaga es la coordinadora del Programa del gobierno federal Universidades para el Bienestar, desde diciembre de 2018. Es una colaboradora cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador desde 2000, cuando él era jefe de gobierno y ella secretaria de Desarrollo Social, y luego titular de Cultura en su administración.

La Escuela Universitaria representada por Sosa, está ubicada en Coyolicaltzin No. 1, Barrio Lexio en Villa Zaachila, Oaxaca, y también le fue negado el registro de validez oficial el 15 de marzo de 2018, aunque inició una demanda de revocación en mayo y existe un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Sala Regional del Sureste, cuya resolución aún no se sabe.

En este caso, el incumplimiento tiene que ver con el lugar donde se impartirían 37 de las 55 materias de la ingeniería en Agricultura y Agronomía, como “desarrollo comunitario sustentable, entomología, manejo de plagas, agricultura orgánica, manejo post cosecha, taller de investigación, agroclimatología, química, seguridad alimentaria, botánica, recursos naturales”, entre otras.

De acuerdo con la revisión de la SEP, la escuela informó que las instalaciones utilizadas conforme al plan de estudios de la ingeniería serían las aulas del plantel y parcelas del Bachillerato Tecnológico Agropecuario CBTA no. 78, en Zaachila, Oaxaca.

Para comprobar esto último, se incluyó una “carta de intención” firmada por la presidenta municipal de Zaachila, Maricela Martínez Coronel, donde se expone “la voluntad institucional” para que los estudiantes de la Universidad realicen “prácticas de laboratorio y de campo” en las parcelas del Bachillerato, con fecha de 1 de abril de 2017.

Sin embargo, la SEP advierte que en el documento expedido por el ayuntamiento “no corresponde con la propuesta de los espacios referidos” para el cumplimiento de los planes de estudio.

Por lo tanto, la escuela “no acreditó mediante prueba alguna, contar con el espacio idóneo que satisfagan las condiciones pedagógicas para impartir las unidades de aprendizaje, lo que consecuentemente no permitirá que el alumno esté en posibilidad de llevar a cabo acciones en las que participe con el fin de adquirir los conocimientos requeridos en el plan de estudios a desarrollarse bajo la conducción de un académico en espacios internos y externos de la institución”.

Por la “carencia de dichas instalaciones, no se alcanzaría el logro de los objetivos generales de las asignaturas y consecuentemente no contribuyen en los propósitos de formación en el nivel educativo”.

Por lo tanto, en el rubro de “instalaciones requeridas”, la Dirección General de Acreditación la considera como incumplimiento y, por tanto, negó el registro de validez el 15 de marzo de 2018.

Otro caso fue el programa de licenciatura de Ingeniería en Agronomía de la Escuela de Agricultura y Agronomía de Calkiní en Campeche. Aníbal Ostoa Ortega, actual senador por Morena, inició el trámite de registro oficial en febrero de 2016 y el 31 de octubre de 2016, la SEP negó el reconocimiento de validez oficial, según asentó en el oficio número DGAIR/DIPES/SR/07006/2016.

Tras esa negativa del expediente 01-0059-16, no existe registro de una nueva solicitud. El registro que sí consiguió fue para el programa de Ingeniería en Agricultura y Agronomía, según el expediente 01-0471-17.

Entre los requisitos de carácter académico que incumplió está la definición del “perfil del egresado”, es decir, presentar la definición de los conocimientos y habilidades que obtendrían los estudiantes de licenciatura en ingeniería en Agronomía.

Para la escuela Calkiní el estudiante formado sería un “profesional con sentido crítico y humanista, capaz de enfrentar los retos que existen en la agricultura ante un mundo globalizado, generando proyectos con visión holística en el manejo de producción agrícola, agropecuaria, forestal y de la transferencia de tecnología”.

También, alguien “que se involucre con la sociedad en el rescate de las prácticas productivas tradicionales y modernas y su impacto en los mercados locales y regionales, además que sea capaz de fomentar organizaciones sociales productivas para enfrentar las condiciones de mercados y la problemática de sustentabilidad en el manejo y en el aprovechamiento de recursos naturales que sustentan la seguridad alimentaria”.

Sin embargo, la SEP consideró que dicha definición debería incluir actitudes y habilidades, pero en este caso “se omite presentar los conocimientos y destrezas a ser adquiridos por el alumno en el desarrollo del plan de estudios de licenciatura, puesto que éstos no se logran identificar con las características planteadas”.

Este requisito, explica la SEP en su evaluación, “es necesario para determinar la procedencia del plan de estudios y por tratarse de un lineamiento requerido, ésta autoridad educativa concluye que lo adscrito por la institución particular no permite establecer el perfil que adquirirá el alumno con la impartición del plan y programa de estudio y por lo tanto se incumple con el artículo 47, fracción 1 de la Ley General de Educación”.

Los expedientes del resto de escuelas con la negativa de reconocimiento no pudieron ser consultados porque la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación dijo que no encontraba los documentos debido a que se cayeron los plafones del lugar donde están archivados y no se podía entrar al área.

Inmuebles rentados

Las escuelas de Morena rentaron los inmuebles donde operan, pero no se sabe si la administración federal comprará los mismos o renovará los contratos de arrendamiento, ni cuáles serán los terrenos para construir el resto de planteles.

De acuerdo con una solicitud de información realizada por Animal Político, sobre el número de inmuebles, comprados, rentados o en comodato, donde serán construidas las 100 nuevas universidades, la SEP dijo no tener esa información.

En la respuesta a la solicitud con folio 0001100068819 advierte que “no hay registros” al respecto, pese a que las universidades iniciarán operaciones a partir de este mes.

De acuerdo a los expedientes de registro de las escuelas, la escuela de Derecho Ponciano Arriaga, por ejemplo, pagaba 100 mil pesos de renta mensual por el inmueble ubicado en Luis González Obregón, no. 9 en el Centro y el contrato tenía vigencia del 1 de diciembre de 2015 al 1 de diciembre de 2018.

Por el inmueble de Zaachila se pagaban 45 mil pesos mensuales de renta, desde el 1 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018.

De acuerdo con Raquel Sosa, la coordinadora del Programa de Universidades, el gasto por escuela se calcula en 1 millón de pesos cada una, pero tampoco hay información respecto al desglose de la distribución, según respondió la SEP a otra solicitud de información.

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Germán Loera, el youtuber de México condenado a 50 años de cárcel por un secuestro

Germán Abraham Loera Acosta, que ofrecía consejos de motivación en YouTube para tener una mejor vida, era el líder de un grupo que secuestró en 2018 a una mujer en la ciudad de Chihuahua.
5 de marzo, 2020
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En su canal de YouTube ofrecía mensajes de motivación y consejos para tener una mejor vida personal y profesional.

Y, al mismo tiempo, lideraba un grupo de secuestradores que raptaron durante dos días a una abogada por la que pidieron a cambio un millonario rescate.

Germán Abraham Loera Acosta, un joven de 25 años, fue condenado el lunes junto a otros cinco hombres a 50 años de prisión por el secuestro llevado a cabo en 2018 en Chihuahua.

Las propias autoridades mostraron su sorpresa por el hecho de que una persona con ese perfil, que se presenta como emprendedor y miembro de una agencia de marketing, estuviera detrás de esta trama criminal.

Internautas expresaron su indignación en las propias redes sociales de Loera, donde se dedicaron a mofarse de las estrategias de superación y liderazgo que pregonaba.

“‘¡Si no encuentras el trabajo de tus sueños, créalo y compártelo con un equipo!’. (Y él) creó su equipo de secuestradores… qué listo”, se lee entre los comentarios de su canal de YouTube.

¿Cómo fue el secuestro?

Según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, Loera era el líder del grupo de criminales que en febrero de 2018 secuestró a una abogada de 33 años cuando salía de su oficina.

Él fue quien rentó la casa donde la víctima estuvo cautiva 48 horas, hasta que la Policía Cibernética descubrió su paradero y agentes de la Unidad Antisecuestros la liberaron y detuvieron a los secuestradores.

La investigación también señala a Loera como la persona que exigió el pago del rescate: una cantidad de bitcoin que en aquel momento ascendía a unos US$2 millones, según la Fiscalía.

Fotos de los seis condenados
FGE de Chihuahua

Loera (arriba en el centro) era el líder del grupo que llevó a cabo el secuestro y que fue condenado este lunes.

Su exposición en redes sociales y el hecho de que el rescate fuera exigido en criptomoneda fueron precisamente algunas de las claves para resolver el caso.

“En el tema de los bitcoins, aun y cuando es un instrumento novedoso, pues también es rastreable a final de cuentas“, dijo tras la detención en 2018 el titular de la FGE, César Peniche, según publicó el medio Televisa.

“La mecánica del secuestro tuvo mucho que ver con el uso de las redes y eso es lo que permitió ir trazando la ruta hacia los secuestradores”, agregó.

¿Quién es Germán Loera?

Loera es miembro de una agencia de mercadotecnia que ofrecía diseño de estrategias de mercado, redes sociales o cursos al personal de compañías mexicanas.

En redes se presentaba como una especie de “gurú” de la motivación y de las tácticas para el desarrollo personal y profesional.

“No importa qué tanto lo hagas: solo sal de tu zona de confort y ve por nuevas oportunidades” es uno de los mensajes de su canal de YouTube.

“#DecretoQueEl2017 voy a publicar mi primer libro y va a generar el cambio en miles de personas. Conste que les dije primero”, aventuraba en su cuenta de Twitter al iniciar aquel año.

https://twitter.com/GermanLoeraMX/status/809172437954797568

Loera consiguió incluso que lo invitaran a impartir una conferencia en el Congreso Mundial de Líderes Jóvenes por la Paz celebrado en México en 2017.

“Siempre resulta sorprendente que una persona con ese perfil pudiera estar encaminando sus actividades, su quehacer diario y que hubiese ideado la comisión de este delito”, reconoció el fiscal estatal César Peniche en declaraciones al periódico Excelsior.

Sin embargo, su popularidad en redes no subió como la espuma hasta conocerse su detención en 2018.

Hasta entonces, sus videos no tenían más que cientos de visualizaciones. Actualmente, su canal de YouTube tiene más de 4.000 suscriptores y sus videos rondan las 100.000 vistas.

“¿El mejor trabajo que conseguiste fue secuestrar? Eres un ejemplo de vida”, ironiza un usuario que comentó su último video publicado más de medio año antes de su arresto.

Tras el arresto de Loira en 2018, medios mexicanos dieron a conocer que su padre había sido decapitado pocas semanas antes tras. un supuesto ajuste de cuentas entre grupos criminales.

La Fiscalía no encontró conexión entre ambos sucesos.


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