13 años de impunidad en Atenco: víctimas exigen castigo, no quieren disculpa pública
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13 años de impunidad en Atenco: víctimas exigen castigo, no quieren disculpa pública

En el aniversario de uno de los actos de violencia policial y de tortura más emblemáticos en la historia moderna de México, las víctimas narran en entrevista cómo aquel operativo les cambió la vida.
Cuartoscuro
3 de mayo, 2019
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A 13 años del operativo policiaco en Atenco, Estado de México, en el que policías cometieron graves violaciones a derechos humanos y actos de tortura sexual contra manifestantes, las víctimas denuncian que, a pesar de que hay una sentencia de un tribunal internacional, en México el caso continúa en la “total impunidad”.

De acuerdo con el Centro Pro de Derechos Humanos, que acompaña el caso, más de una década después, no hay ni un elemento policiaco, ni ningún integrante de la cadena de mando, que enfrente una condena en prisión por uno de los episodios de violencia policial y de tortura más emblemáticos en la historia moderna de México.

Por ahora, la justicia solo ha llegado a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el pasado mes de diciembre anunció una sentencia en la que declara responsable al Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que denunciaron haber sufrido detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, y falta de acceso a la justicia.

Lee: El Estado mexicano es responsable por la tortura sexual de mujeres en Atenco: CoIDH

En la sentencia, además, se obliga al Estado mexicano a implementar medidas de reparación del daño, y de no repetición de casos de tortura por parte de las policías y de las fuerzas armadas.

Cuando este viernes se cumplen 13 años del caso, las víctimas narran en entrevista con Animal Político cómo el operativo, y, sobre todo, el traslado posterior a prisión, donde los policías las amenazaron con “quemarlas vivas”, las marcó para el resto de sus vidas.

“A nosotras no nos interesa una disculpa pública simbólica del Gobierno. Lo que queremos es justicia, castigo para los culpables. Porque, así, otras luchadoras que vengan detrás de nosotras, tendrán la garantía de que no les sucederá lo mismo que a nosotras hace 13 años”, aseguran.

13 años después, sigue el miedo

Cristina Sánchez viste una blusa de color azul marino que reza California Happiness.

Pero su rostro, las bolsas que se acumulan debajo de los ojos, y hasta su forma de hablar y de gesticular, no transmiten ni un poco de esa felicidad que “grita” su vestimenta.

Más bien, comenta la mujer, una de las 11 que la Corte Interamericana reconoció como víctima en el caso, su vida no ha vuelto a conocer la felicidad como antes de aquel operativo, donde más de 2 mil 500 elementos, entre federales, estatales, municipales, y policía militar, trataron de impedir violentamente la instalación de los floricultores en el mercado, desatando una batalla campal con los vecinos de Atenco y Texcoco.

-Ha pasado ya tiempo -murmura Cristina con voz queda, que hace una pausa-. Pero cuando voy por la calle y veo a un policía, todavía se me acelera el corazón.

Cristina está sentada en un sofá, en una enorme sala de conferencias del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), que acompaña legalmente el caso Atenco, junto a sus compañeras de lucha Yolanda Muñoz, Italia Méndez y Ana María Velasco.

Todas, cuando se les pregunta si esperaban la represión de la policía aquel día, se mueven incómodas sobre el sofá, y narran historias muy similares de las secuelas físicas y psicológicas -diabetes en unas, hipertensión en otras, depresión en todas- que les dejaron las agresiones.

Lee: Víctimas de abuso policial en Atenco aguardan veredicto clave en su denuncia contra el Estado mexicano

-El recuerdo aún nos quema la piel -dice Italia Méndez, para tratar de explicar lo difícil que es para su compañera Cristina, y para el resto, mirar atrás en el tiempo.

Tras la sentencia de Italia, Cristina respira hondo.

-Yo nunca fui una persona peligrosa, como para que la policía me pusiera una pistola en la cabeza -se arranca la mujer, y ladea la mirada hacia el haz de luz que entra por un ventanal con vistas al patio, donde una indígena jalonea a un soldado de mandíbula afilada sobre un mural pintado en una larga pared.

-Ninguna somos personas violentas, ni amenazantes, para que tantos policías llegaran a golpearnos, a patearnos, a abrirnos la cabeza con toletes. Fue algo que nos pilló por sorpresa.

Yolanda Muñoz, por su parte, recuerda que, además de las agresiones del operativo, lo peor fue el traslado de cinco horas hasta el reclusorio, donde, según la sentencia de la Corte Interamericana, hubo “tocamientos, manoseos, pellizcos, golpes en partes íntimas, como senos, genitales y boca”, y “desnudos forzados”.

-El trayecto a la cárcel fue el horror -dice con los ojos muy abiertos y remarcando la palabra horror, mientras sus compañeras la escuchan y asienten en silencio.

-Sinceramente, pensábamos que ya no saldríamos vivas. Los policías gritaban que nos iban a quemar vivas, y que en la cárcel nos esperaba una “bienvenida” que no olvidaríamos -agrega la mujer, haciendo referencia a las agresiones y torturas sexuales de las que fueron víctimas-.

“Nos decían mentirosas”

Más tarde, cuando pasaron los golpes, patadas, agresiones sexuales y un macabro largo etcétera, llegó la segunda parte del horror: la revictimización y la falta de acceso a la justicia.

-Desde un inicio, cuando fuimos a denunciar todo lo sucedido, las autoridades en México nos atendieron muy mal -recalca Cristina-. Nos decían que éramos unas mentirosas, que nosotras mismas nos habíamos golpeado, y que los moretones nos lo hicieron nuestros maridos. Se dedicaron, durante años, a hundirnos la moral.

En definitiva, tercia Yolanda, acceder a la justicia en México para ellas “ha sido imposible”.

Y prueba de ello, apunta ahora Stephanie Brewer, abogada del Centro Pro, es que, a 13 años de los hechos, “el caso sigue en la impunidad total”.

-Hubo un par de procesos judiciales muy al inicio -recuerda la abogada-. Pero fueron muy mal construidos (por la entonces Procuraduría General de la República) y quedaron en la impunidad. Luego, la Suprema Corte de Justicia, cuando tenía la facultad para investigar delitos graves, hizo una investigación del caso, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación. Pero, a día de hoy, no hay ninguna sanción para los responsables de los actos de tortura, ni para toda la cadena de mando.

Por eso, explica Brewer, la Corte Interamericana expone en su sentencia del caso Atenco en contra del Estado mexicano, que ésta no solo es por las agresiones y las torturas sexuales en contra de las mujeres, sino también por la denegación de la justicia.

La Corte determinó que no se investigó, juzgó y sancionó a todas las personas responsables del operativo, tanto a nivel material como intelectual. Por lo que ordenó al Estado mexicano a que realice una investigación a fondo de los hechos con perspectiva de género, y que incluya todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal.

Además, expone Stephanie Brewer, entre los puntos de la sentencia que la Corte obliga a México a cumplir, puesto que es una sentencia vinculante, hay medidas para la no repetición de los hechos, que establecen la creación de un Observatorio Independiente de Supervisión Externa para vigilar el funcionamiento de la Policía Federal y de la Policía del Edomex.

Esta medida retoma una propuesta de la sociedad civil, para que exista en el país una supervisión externa e independiente, para no dejar en manos de las unidades internas de la policía la vigilancia y el combate a asuntos como el uso excesivo de la fuerza púbica, y la tortura.

Mientras que otras de las medidas, agrega la abogada del Centro Pro, es fortalecer el trabajo, la estructura, e infraestructura, del mecanismo gubernamental, que ya existe, para combatir la tortura sexual en contra de mujeres, el cual coordina la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

-Llegar a la Corte Interamericana y que emitiera una sentencia a nuestro favor fue un triunfo -enfatiza Cristina Sánchez-. Porque sembramos un antecedente para que no se vuelva a repetir lo que sucedió en Atenco hace 13 años.

Te puede interesar: México acepta responsabilidad por tortura en Atenco, pero justifica violencia contra manifestantes

Disculpas sí, pero con castigo

No obstante, a pesar del hito histórico que supuso la sentencia de la Corte Interamericana, lo cierto es que ahora el Estado mexicano tiene un plazo de hasta dos años para ir implementando y cumpliendo con las medidas. Y, por ahora, ninguna de las dos expuestas por la abogada del Centro Pro, han sido incluidas en la nueva Ley que crea la Guardia Nacional.

Aunque para la abogada, que señala que el pasado 4 de abril ya mantuvieron una primera reunión interinstitucional con la Secretaría de Gobernación, las víctimas, y la sociedad civil, aún hay tiempo para incluir estas medidas de la sentencia en las leyes secundarias de la Guardia.

-El nuevo gobierno tiene una gran oportunidad de mostrar que, más allá de las palabras, quiere realmente instalar estos controles adecuados para que, en casos de abusos y torturas por parte de la policía, haya consecuencias reales y ya no se genere la impunidad que, a 13 años, lleva todavía a estas mujeres a seguir buscando justicia -apunta por su parte Sofía de Robina, abogada del área internacional del Centro Prodh.

Mientras tanto, las mujeres lo tienen claro: no se conformarán solo con actos públicos de disculpa.

-Yo tengo una natural desconfianza hacia el Estado mexicano -admite Italia con una breve sonrisa-. No me importa quién esté, porque nuestra experiencia con Felipe Calderón y Peña Nieto fue frustrante y revictimizante.

-Ahora -añade-, el nuevo gobierno dice que tiene la consigna de cumplir cabalmente con la sentencia. Y nuestra postura es que no nos vamos a conformar con menos de lo que incluye la sentencia.

-Es decir -concluye, categórica-. Para nosotras, la parte simbólica del perdón del Estado, solo es posible si está vinculada directamente al acceso a la justicia y a que los responsables paguen por lo sucedido hace 13 años en Atenco.

 

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Vacuna contra COVID: por qué algunas dosis acaban en la basura y qué se puede hacer para evitarlo

El mundo vive una carrera por hacerse con las escasas vacunas disponibles contra la COVID. ¿Por qué algunas acaban en la basura o se vacuna a personas no prioritarias?
5 de febrero, 2021
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Enfermeras cargan dosis de la vacuna en Nantes, Francia.

Reuters
Muchos países se enfrentan al reto de administrar las vacunas antes de que se estropeen.

Golpeado por la pandemia de covid, el mundo se enfrentó primero al reto de desarrollar en tiempo récord una vacuna. Ahora, al de distribuirla a escala planetaria sin malgastar una sola de las preciadas dosis.

Con la oferta de vacunas disponibles lejos aún de cubrir la ingente demanda mundial, los gobiernos han establecido rigurosos planes de vacunación que establecen los colectivos que deben ser vacunados primero: generalmente, personas mayores, enfermos crónicos y trabajadores de los servicios de salud.

Sin embargo, no han tardado en aparecer las noticias de personas no pertenecientes a estos grupos prioritarios que recibían la vacuna, o, algo más sorprendente aún, de dosis que acababan en el cubo de la basura.

En la ciudad de Trelew, en la Patagonia argentina, la prensa local informó de que hubo que desechar 140 dosis de la vacuna rusa Sputnik-V porque se había roto la cadena de frío en su conservación.

En España, el general al mando de las Fuerzas Armadas tuvo que dimitir después de que se hiciera público que había recibido la vacuna, pese a que algunos de sus colaboradores les dijeron a los medios españoles que lo había hecho precisamente para evitar que se echaran a perder las dosis sobrantes en su departamento tras vacunar a las personas prioritarias.

En México, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, condenó por “inmoral” al médico que vacunó a dos familiares después de un error en el sistema de citas del hospital en el que trabaja.

Son solo algunos ejemplos de noticias que han provocado malestar y críticas en muchos países cuando la mayoría de la gente sigue a la espera y en muchos casos aún sujeta a distintos grados de confinamiento.

El desafío de optimizar las vacunas

Lo cierto es que los sanitarios se pueden ver a veces ante un incómodo dilema, ya que las vacunas requieren condiciones especiales de conservación y, en algunos casos, sobre todo en pequeñas localidades o lugares alejados, no pueden cumplirse a rajatabla los estrictos criterios fijados por los gobiernos.

La vacuna fabricada por Pfizer, por ejemplo, debe conservarse a temperaturas muy bajas y, una vez descongelada, ha de usarse antes de 5 días.

La Sputnik-V se comercializa en ampollas de cinco dosis, por lo que si se quiere evitar malgastar ninguna, debe haber un número igual de pacientes listos para recibir el pinchazo.

Una profesional de la salud recibe la vacuna en un hospital de Ciudad Juárez, México.

Reuters
Los trabajadores sanitarios figuran entre los colectivos prioritarios en la mayoría de países.

Como explicó en conversación con BBC Mundo el doctor Pablo Bonvehí, jefe de la sección Infectología y Control de Infecciones del CEMIC, un centro de investigación médica de Buenos Aires, “la prioridad es no desperdiciar la vacuna“.

“Una campaña de vacunación, y más una como esta, es siempre un gran desafío de ingeniería”, indica el experto. Y no siempre es posible acomodar la disponibilidad de vacunas con el número de pacientes dispuestos a ponérsela, su disponibilidad para acercarse a los centros de vacunación a recibirla y las necesidades de espacio para mantener la distancia social en ellos.

A esto se suma el problema de los pacientes que no acuden a las citas programadas, sea porque no pueden desplazarse o porque, como los seguidores del movimiento antivacunas, rechazan la inmunización o desconfían de los gobiernos y los fabricantes de medicamentos.

¿Qué hacer entonces con la dosis sobrante cuando ya se ha cubierto el cupo de pacientes prioritarios agendados para el día?

Contenedores de residuos sanitarios en Manchester, Inglaterra.

Getty Images
En algunos países ya ha habido noticias de vacunas que acaban en la basura.

En Estados Unidos ya ha habido centros sanitarios que han empezado a convocar por la emisora de emergencias a los paramédicos que quieran vacunarse una vez cubierto el cupo diario para evitar que se echen a perder las dosis sobrantes.

Y un equipo médico del estado de Oregón que quedó atrapado en una congestión de tráfico comenzó a vacunar a otros automovilistas retenidos ante la imposibilidad de volver a refrigerar a tiempo las dosis que llevaban consigo.

Mejor en un brazo que en el cubo de la basura

Ante la emergencia sanitaria global, los centros médicos a nivel local se enfrentan al desafío de vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, conservando adecuadamente las vacunas y priorizando a los grupos de población de riesgo establecidos por las autoridades nacionales.

En esa tarea titánica, han encontrado una inesperada colaboración en los grupos de espontáneos que hacen fila junto a las clínicas y los centros de vacunación a la espera de que se les administre alguna de las dosis no utilizadas, una imagen cada vez más frecuente en Estados Unidos y en Israel, el país que lidera la frenética carrera global por la vacunación.

“A todas las dificultades se suma la de la incertidumbre acerca de las dosis que se van recibir y cuándo”, señala el doctor Bonvehí.

Para los dispensarios locales se complica aún más llevar una planificación adecuada de la vacunación ya que en muchos casos los gobiernos tampoco han podido ofrecer un calendario claro de vacunación y son ellos quienes centralizan la adquisición de los medicamentos.

Un hombre carga una bombona de oxígeno en Manaos, Brasil.

Reuters
América Latina es una de las regiones más golpeadas por la pandemia y muchos países aún no han podido comenzar a vacunar.

Para los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, que se encuentran detrás de los más ricos en la lista de espera global por recibir la vacuna en la cantidad y con la regularidad suficientes, hacer un uso óptimo de las que llegan se hace más crítico si cabe.

Bonvehí propone que “en las citas se llame a pacientes suplentes, para que, si alguien no se presenta, no haya que desperdiciar ninguna dosis”.

Y la Organización Mundial de la Salud ha pedido que los países más prósperos, que han comprado muchas más dosis de las necesarias para vacunar a toda su población, envíen las que no usen a los países en desarrollo.

Todo, porque, como le dijo Amesh Adalja, especialista en enfermedades infecciosas de la Johns Hopkins University, a la cadena NPR, “una vacuna en un brazo siempre va a ser mejor que una vacuna en el cubo de la basura”.


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