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En 10 años se cuadruplicaron asesinatos de mujeres en el espacio público, alerta estudio

El homicidio de mujeres ha pasado de la vivienda al espacio público de manera desproporcional y a la par del incremento en la violencia armada y la militarización de la seguridad pública, indica un informe de Data Cívica y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE.
Cuartoscuro
29 de mayo, 2019
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El incremento de la violencia armada y la militarización de la seguridad pública ha afectado desproporcionadamente a las mujeres jóvenes, quienes ahora son asesinadas mayoritariamente en el espacio público y con armas de fuego, reporta el informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México, de Data Cívica y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del CIDE.

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Con base en los registros de mortalidad del Inegi, el informe indica que de 2007 a 2017 el homicidio de mujeres se cuadruplicó en el espacio público, al pasar de 0.7 por cada 100 mil habitantes a 2.5, mientras que casi se duplicó en la vivienda, al pasar de 0.8 en 2007 a 1.5 en 2017. Esto significa que el asesinato de mujeres pasó de su punto más bajo en 2007, asesinadas principalmente en la vivienda, a su punto más alto en 2017, asesinadas principalmente en el espacio público. En ese periodo (2007-2017) se registró un total de 25 mil 800 mujeres asesinadas.

De acuerdo con el estudio, el incremento en los asesinatos de mujeres está asociado a la violencia en la via pública. “Donde ha habido un repunte en la violencia, no solo se han disparado los asesinatos que ocurren en la vía pública, sino también los que ocurren en la vivienda. Sin embargo, los homicidios en la vivienda son distintos desde que la tasa de homicidios aumentó: se cometen en mayor proporción con arma de fuego. Esto es muy importante porque sugiere que el aumento en la tasa de asesinatos en la vivienda también está asociado a la violencia pública”.

“Desde nuestra perspectiva, esto nos revela que tenemos prácticamente tres fenómenos que atender –si bien dos de ellos están íntimamente relacionados–. El primero es la violencia armada en público, que es la que más ha aumentado, afectando desproporcionadamente a las mujeres jóvenes. El segundo es la violencia en casa, con arma de fuego, que se ha disparado ahí donde también incrementaron los homicidios en público. Y el tercero es la violencia en casa que ha permanecido casi inalterada en este periodo, afectando desproporcionadamente a niñas y a adultas mayores y siendo insistentemente cruel”.

Aunque la abrumadora mayoría de las víctimas asesinadas en el país son hombres (213 mil 608 en 2017), el estudio se centra en los homicidios de mujeres ante la evidencia de que las matan de manera sistemáticamente distinta y por ello ambos fenómenos requieren un tratamiento diferenciado y soluciones específicas. Es decir, lo que puede funcionar para reducir los homicidios de hombres no necesariamente va a funcionar para reducir los homicidios de mujeres y viceversa.

En ese sentido, el informe enfatiza en la necesidad de atender dos fenómenos distintos si se quiere prevenir los asesinatos de mujeres en México. Por un lado, entender lo que ha cambiado (la violencia armada en público y el contexto más amplio de inseguridad y militarización), y lo que ha permanecido igual (la violencia en casa).

Por ello entre las propuestas para reducir los homicidios de mujeres en el país, el estudio plantea un control efectivo de armas y la desmilitarización de la seguridad pública, además de enfrentar adecuadamente la violencia en casa y remediar la falta de datos.

El estudio aclara que no se utilizó el término “feminicidio” para referirse a los homicidios de mujeres ante las variaciones que hay sobre las definiciones del término entre la academia, los espacios de activismo y el ordenamiento jurídico mexicano.

“Con los datos disponibles sobre cómo y dónde matan a las mujeres, cuáles son considerados feminicidios dependerá, por lo tanto, de la definición de feminicidio que se adopte. Por esta variabilidad, tanto legal como conceptual, es que hemos optado por usar ‘asesinato’ u ‘homicidio’ en su lugar. La pregunta que queremos responder es dónde y cómo matan a más mujeres y cómo es que este fenómeno cambia en el tiempo. La intención que tenemos es arrojar luz a cuáles serían las políticas que, según los datos, podrían ser más fructíferas para reducir los asesinatos de mujeres, encajen o no en las definiciones penales de feminicidio”.

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De la casa a la calle

De acuerdo con el informe, el primer hecho que impacta en el homicidio de las mujeres es el incremento de la violencia a nivel nacional tras la militarización de la seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón.

“Con base en los Registros de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es posible concluir que, a nivel nacional, los asesinatos de mujeres, como los de los hombres, han aumentado en años recientes en México. Ambos tuvieron las tasas más bajas de las últimas cuatro décadas en el 2007, solo para dispararse desde entonces hasta alcanzar, en el 2017, las tasas más altas de las últimas cuatro décadas en el país. En total, solo en este periodo, estamos hablando de poco más de 213,000 hombres y de 25,800 mujeres que fueron privadas de sus vidas.

“La crisis de seguridad en México es, en otras palabras, innegable. Lo que los datos revelan, sin embargo, es que este aumento de los asesinatos no ha sido homogéneo. No ha impactado a todas las mujeres –ni hombres– por igual. Hay variaciones importantes, particularmente cuando la edad y localidad de las víctimas se toman en cuenta. Más aún: ha habido un cambio dramático en el tipo de asesinatos que más afecta a las mujeres, en cuanto al lugar y al modo de ocurrencia se refiere”.

El estudio refiere que los picos de violencia se deben al aumento desproporcionado de asesinatos cometidos con arma de fuego en el espacio público en contra de jóvenes. “Asesinatos que –todo indica– están asociados no solo a la ‘delincuencia’, sino también a la militarización de la seguridad pública en el país, misma que se ha intensificado desde que a finales de 2006 se lanzó la llamada ‘Guerra contra las drogas’ por el entonces presidente Felipe Calderón”.

Si bien mucho del aumento en los asesinatos en México está asociado a este fenómeno concreto, este tampoco agota todo lo que está ocurriendo.

“La realidad es que, al mismo tiempo que la violencia pública y armada ha ido en aumento, los asesinatos en la vivienda, mismos que siguen desproporcionadamente afectando a mujeres, tampoco se han reducido. A pesar de las políticas que, desde hace décadas, se han implementado para combatir la violencia en casa, los asesinatos que ahí ocurren persisten”.

De acuerdo con los datos del Inegi, cuando se desagregan los asesinatos con base en si ocurrieron en la vivienda o en la calle, lo primero que sobresale es que el porcentaje de homicidios de mujeres que ocurrieron en la vía pública aumentaron en los últimos años, al punto en el que sobrepasaron a los que ocurrieron en la vivienda. “Este es el primer cambio notable que encontramos: antes del 2009, la mayoría de las mujeres eran asesinadas en casa; a partir de entonces, sin embargo, la mayoría fueron privadas de sus vidas en la vía pública”.

Al analizar los datos usando tasas por 100 mil mujeres, las autoras del estudio encontraron que si bien los asesinatos en la vivienda también aumentaron, los que ocurrieron en la vía pública crecieron aún más, y que estos coinciden con el aumento generalizado de los asesinatos. “En dos de los tres años más violentos a nivel nacional, la proporción de los asesinatos en la vía pública alcanzaron sus puntos más altos, tanto para hombres –64.8%, en el 2011 y 64.7 %, en el 2017–, como para mujeres –49.2 % y 47.7 %, respectivamente–. Si 2017 fue el año más violento en décadas, solo seguido de 2011, se debe principalmente al aumento de los asesinatos de mujeres y de hombres en el espacio público”, explica el documento.

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El disparo de la violencia armada

Otro de los hallazgos del estudio es que gran parte del incremento en el número de asesinatos tanto en hombres como en mujeres se explica por la violencia armada.

“En hombres, la tasa de asesinato por arma de fuego pasó de ser de 8.9 por cada 100,000 en el 2007 a 32.7 en el 2017. En mujeres, la tasa pasó de ser de 0.7 por cada 100,000 en el 2007 a 2.7 en el 2017. Para los primeros, la tasa aumentó, en este periodo, en un 267.4 %. Para las segundas, el aumento fue del 285.7 %. En los mismos once años, la tasa de asesinatos por asfixia o de aquellos perpetrados con un arma blanca sí aumentaron –tanto para hombres, como para mujeres–, pero el aumento de ninguna forma es similar en magnitud al de las armas de fuego.

“Si se desagregan los datos según el lugar de ocurrencia del asesinato, puede verse que el aumento en la tasa total de homicidios, de nuevo, se debe principalmente a la violencia armada en el espacio público, tanto para hombres, como para mujeres, si bien el cambio ha sido mayor en ellas. Mientras que entre el 2007 y el 2017 la tasa de asesinatos de hombres en el espacio público con arma de fuego se volvió 4.6 veces más grande, en mujeres la cifra se quintuplicó. Desde nuestra perspectiva, esta discrepancia solo remarca, una vez más, lo novedoso que resulta este fenómeno particularmente para las mujeres: cómo cambió radicalmente la manera en la que más han sido asesinadas”.

El informe enfatiza que entre las principales víctimas por el incremento de esta violencia se encuentran mujeres entre los 20 y 35 años, al pasar de

2.5 mujeres de 20 a 27 años por cada 100 mil y 2.7 mujeres de 28 a 35 años en 2007 a 8.9 y 8.2 por cada 100 mil respectivamente en 2017. Las tasas de estos dos grupos de edad para mujeres se triplicaron en tan solo 11 años.

La violencia que persiste

Entre los datos que destaca el estudio se encuentra la persistencia en la forma en que son asesinadas las mujeres en comparación con los hombres, de acuerdo el Inegi.

Entre el 2000 y el 2017, el 32.6 % de las mujeres fueron asesinadas en la vivienda, en comparación con el 12.3 % de los hombres. Sigue siendo más común para las mujeres que para los hombres ser asesinadas en casa, mientras que los homicidios en casa afectan desproporcionadamente a niñas, adolescentes y mujeres adultas.

En ese mismo periodo también fue más común para las mujeres que para los hombres ser asesinadas por asfixia (17.4 % vs 6.2 %), con un arma blanca o contundente (18.3 % vs. 15 %), como resultado de una “agresión con fuerza corporal” (1.0 % vs. 0.8 %) y de un envenenamiento (0.8 % vs. 0.2 %). De los “poquísimos” casos registrados de muertes que fueron el resultado “de una agresión sexual con fuerza corporal”, la mayoría de las víctimas fueron mujeres (el 86 %). Este tipo de violencia es más intensa en la vivienda.

En cuanto a violencia familiar, del total de asesinatos ocurridos entre 2003 y 2017, en el 5.1 % de asesinatos de mujeres se registró por esta modalidad, en contraste con el 0.8 % de los hombres, mientras que del 2012 al 2017 el 3.6 % de los homicidios de mujeres registró un parentesco con el presunto agresor, en contraste con el 0.6 % de los hombres. En pocos casos, para las mujeres la pareja aparece en el 48.95 % de los registros, mientras que en los hombres la pareja ni figura.

¿Qué hacer para prevenir los asesinatos de mujeres?

Para las autoras del estudio, la lección más importante que se deriva de los datos es que además de exigir políticas para atender, castigar y prevenir la violencia en la pareja o para erradicar la discriminación por género que persiste en distintos espacios, también se tienen que exigir políticas que hagan frente a la crisis de seguridad más amplia.

Entre ellas, políticas que garanticen un control efectivo de armas; que impulsen la desmilitarización de la seguridad pública, y que fortalezcan a las instituciones civiles “para que realmente sean capaces de responder a la violencia de manera inteligente, focalizada, transparente y justa, desde lo local y de la mano de la comunidad”.

“La realidad cambió y se complejizó y nuestras estrategias tienen que dar cuenta de ello si queremos que ni una mujer más sea privada de su vida”, concluyen.

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AFP

Protestas en Chile: cómo funcionan los sistemas de pensiones en el país sudamericano y en otras naciones de América Latina

El reclamo de la gente porque sus pensiones no les alcanzan para cubrir las necesidades básicas es común en los países de la región y se ha convertido en una de las principales demandas del estallido social en Chile.
AFP
14 de noviembre, 2019
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“Queremos jubilaciones dignas” es una de las consignas que aparece una y otra vez en las protestas que comenzaron en Chile a mediados de octubre, cuando el alza de la tarifa del metro de Santiago detonó el mayor estallido social de las últimas tres décadas en ese país y puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera.

Aunque las demandas son muchas, uno de los principales reclamos de la población apunta directamente al sistema de pensiones, según una encuesta realizada por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, el centro de estudios Núcleo Milenio en Desarrollo Social (DESOC) y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).

El sistema de pensiones chileno se basa en el ahorro individual de las personas durante su vida laboral. Es decir, si tuviste una buena situación económica y ahorraste una gran cantidad de dinero, tendrás una buena jubilación.

En el otro extremo, si no cotizaste lo suficiente -porque tu sueldo era bajo, estuviste desempleado o por cualquier otro motivo- tu pensión será ínfima.

Creado bajo el régimen de Augusto Pinochet, el sistema es administrado por empresas privadas (Administradoras de Fondos de Pensiones o AFPs) que invierten los ahorros de los trabajadores en el mercado de capitales.

Sin embargo, se agregó al sistema un“pilar solidario” en 2008 para que el Estado ayudara a las personas con menores ingresos que no pueden cubrir sus necesidades básicas.

Por eso los expertos lo clasifican técnicamente como un “sistema integrado” y no exclusivamente de ahorro individual.

A pesar del pilar solidario, cerca del 80% de los jubilados chilenos recibe una pensión inferior al salario mínimo (en la actualidad es de US$414), según las conclusiones del informe de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones de 2015.

¿Qué países se inspiraron en el modelo chileno de los años 80 y aún lo mantienen?

Adulta mayor

Getty Images
Brasil y Chile son dos casos paradigmáticos de los distintos sistemas de pensiones que hay en la región.

En los años 80 y 90, varios países de la región se inspiraron en el modelo chileno de ahorro individual creado por José Piñera en 1981.

“Hay cuatro países que, a pesar de haber implementado reformas, mantienen el modelo de capitalización individual”, le dice a BBC Mundo Alberto Arenas, asesor regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), exministro de Hacienda en el gobierno de Michelle Bachelet y autor del libro “Los sistemas de pensiones en la encrucijada: desafíos para la sostenibilidad en América Latina”, publicado en octubre de este año.

Se trata de México, El Salvador, República Dominicana y Bolivia.

“La reforma de Bolivia en el 2010 estatizó el sistema de pensiones pasando su administración del sector privado al público, pero no llegó a cambiar el modelo”, apunta el economista.

De todos modos, los países que emularon el sistema chileno “han incluido algunos mecanismo de solidaridad” con el paso del tiempo.

“En la última década la tendencia ha cambiado. A futuro creo que los países tenderán a incorporar aportes solidarios financiados por el Estado y administrados por el sector público, dice Arenas.

Uno de los mayores desafíos, agrega, es asegurar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en cuanto a su cobertura (el número de personas), suficiencia (el monto de las pensiones) y su viabilidad financiera.

Adultos mayores en Caracas

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Bolivia, El Salvador, México y República Dominicana se inspiraron en el modelo chileno creado en 1981, aunque han incorporado reformas.

En su libro, el investigador argumenta que hay cinco tipos de sistemas de pensiones en la región. Aquí te los explicamos.

1-Reparto

Los que trabajan aportan al sistema y con esos fondos se financian las jubilaciones de los adultos mayores. Es una forma de ahorro colectivo.

Esos fondos son administrados públicamente y las principales características del sistema están definidas por ley, como por ejemplo, los requisitos de acceso, la fórmula para calcular el dinero que recibe el jubilado en relación a su salario y la reajustabilidad de la pensión.

Los aportes de las personas también están definidas por ley y pueden ser con cargo a los trabajadores, empleadores y el Estado.

Este modelo, con distintas variantes, se utiliza en Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.

2-Ahorro individual

Es un esquema por el que los trabajadores ahorran en cuentas individuales y esos fondos son administrados por el sector privado.

La ley no fija las condiciones ni la forma de calcular las pensiones, porque estas dependen del ahorro de cada individuo y la rentabilidad de esos fondos invertidos por empresas privadas en los mercados bursátiles.

Adulto mayor

Getty Images
En el sistema de “capitalización individual” el monto de la pensión depende del ahorro que acumula cada persona durante su vida laboral.

Está presente en Bolivia, El Salvador, México y República Dominicana.

3-Mixto (complementario)

Bajo este modelo, el sistema público de reparto y el de ahorro individual se complementan, es decir, las personas pueden pertenecer a ambos sistemas.

En el caso de América Latina, las pensiones provienen principalmente del sistema público de reparto y a ellas se suman los fondos del sistema de capitalización individual, cuya administración puede ser pública o privada.

Está presente en Costa Rica, Panamá y Uruguay.

4-Paralelo (no se complementan)

En el sistema paralelo existe competencia entre el modelo público de reparto y el de ahorro individual. Los trabajadores deben elegir uno de los dos, razón por la cual son sistemas excluyentes. En algunos casos, existe la posibilidad de cambiarse de sistema.

Opera en Colombia y Perú.

5-Integrado

Es el sistema que utiliza actualmente Chile, donde la jubilación depende de los fondos individuales, pero en el caso de las personas más pobres, el Estado aporta fondos (pilar solidario).

Otros expertos consultados por BBC Mundo consideran que Chile ha mantenido el sistema de ahorro individual de los años 80, a pesar de la reforma que hizo en 2008.

Los casos paradigmáticos: Brasil y Chile

Según Mariano Bosch, especialista principal en la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y coautor del libro “Presente y Futuro de las Pensiones en América Latina y El Caribe”, cada sistema tiene sus falencias.

Adulto mayor y médico

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“Yo no creo que sirva ahorrar un 10% del salario y esperar una pensión cercana al 60% de tu último sueldo, no es realista”, dice Mariano Bosch.

Bosch divide los modelos de la región en dos categorías: los tradicionales modelos públicos de pensiones (también llamados sistemas de beneficio definido o de reparto) y los de cotización individual.

En ese contexto, los casos más paradigmáticos, explica, son Brasil (con su modelo público) y Chile (con su modelo de ahorro personal).

“Son casos como de libro. Brasil es un sistema con grandes problemas de sostenibilidad fiscal y Chile es un país con grandes problemas de sostenibilidad social”.

“Estamos observando un replanteamiento de muchos sistemas”.

Brasil, por un lado, no tiene los recursos fiscales para financiar un sistema con altos niveles de subsidio y de redistribución.

“Este sistema beneficia a aquellas personas que contribuyen toda su vida laboral. Te llevas entre el 60% o el 70% de tu último salario”.

“Pero es un sistema regresivo porque le da muy poco al que contribuye pocos años. Es muy inequitativo“, agrega.

Manos de mujer

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La población en América Latina está envejeciendo rápidamente.

Además le afecta el envejecimiento de la población. “Como el sistema se financia con las contribuciones de los trabajadores hacia los pensionistas, mientras más pensionistas existan, más difícil será financiar el sistema”.

Y en el caso de Chile, el problema es que “las pensiones están muy por debajo de las expectativas que se hizo la gente”.

“Si la gente esperaba recibir una pensión equivalente al 70% de su último salario y en Chile es del 20 o del 30%, hay un gran salto entre lo que las personas esperaban y lo que está resultando del sistema”.

Bosch argumenta que si una persona ahorró solamente 10 o 15 años -por las razones que sean- es muy difícil acumular el capital necesario para obtener una buena pensión.

Y además, los parámetros con los que se creó el sistema, dice, quedaron desactualizados.

“Yo no creo que sirva ahorrar un 10% del salario y esperar una pensión cercana al 60% de tu último sueldo. Eso no es realista“.

Actualmente Chile está discutiendo cómo cambiar su sistema de pensiones y, en paralelo, cómo reformar su sistema impositivo, con el objetivo de recaudar cerca de US$1,000 millones.

En medio del debate, las protestas continúan y la llamada “furia chilena” aún no da señales de aplacarse.


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