Nota del editor: En una primera versión de esta nota se indicó que la resolución era que gobiernos de CDMX y Edomex eran responsables de la desaparición forzada de Marco Antonio, pero aún no hay una sentencia de un juez en ese sentido.
Un tribunal federal determinó que existió omisión de las autoridades capitalinas y del Estado de México para investigar la desaparición forzada del adolescente Marco Antonio, joven detenido arbitrariamente por policías de la Ciudad de México en enero de 2018.
Dicha omisión ocurrió, “a pesar de que los padres de éste acudieron ante las autoridades ministeriales y de manera verbal hicieron del conocimiento tal hecho, lo que era suficiente para iniciar una investigación, incluso de manera oficiosa”, se lee sobre la resolución en una tarjeta informativa del Consejo de la Judicatura Federal.
El proceder omiso de la autoridad, agregó el Tribunal, “la negativa constante de proporcionar información sobre el paradero de su hijo, así como para iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido, propició que los padres resultaran víctimas indirectas”.
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La Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), que ha dado acompañamiento a la familia de Marco Antonio, acusó sobre este caso que “la administración de Miguel Ángel Mancera y otras autoridades capitalinas decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro ‘adolescente problemático’”.
Sin embargo, organizaciones defensoras “documentaron judicialmente esta negativa, así como la de brindar información de su paradero, además de la intención de sustraerlo de la protección de la ley y no presentarlo ante la autoridad competente”.
“Por tales actos de autoridad Marco Antonio y su familia fueron revictimizados mediáticamente, aparte de que se les ha privado de manera reiterada de sus derechos a la justicia y a la verdad, negándoseles siquiera una investigación seria y efectiva”, afirmó la Red.
El 23 de enero de 2018, Marco Antonio, entonces de 17 años, fue detenido arbitrariamente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes lo golpearon y torturaron a bordo de una patrulla, y después desaparecieron y abandonaron al joven.
Cinco días después, el adolescente apareció en Tlalnepantla, Estado de México, con severos daños de salud.
En la resolución del Amparo en Revisión 53/2019, el Tribunal impuso que las autoridades responsables reparen integralmente el daño por la violación grave a los derechos humanos de Marco Antonio y su familia.
“Se ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas realizar las acciones necesarias para que los quejosos accedan a una reparación integral justa y adecuada por la violación de sus derechos humanos… las autoridades responsables tienen prohibido acercarse a los quejosos y deberán acreditar que asistieron a cursos de capacitación sobre derechos humanos”.
La REDIM exigió que las autoridades investiguen exhaustivamente y sancionen “a los funcionarios que negaron la desaparición forzada y a los responsables de la impunidad persistente en el caso”.
