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Cuartoscuro

Los jóvenes que integran el bono demográfico de México tiene un futuro poco alentador, advierte ONG

La participación juvenil en instituciones del país es de 19 %; de las elecciones de 2018 surgieron menos legisladores jóvenes que en años pasados.
Cuartoscuro
9 de mayo, 2019
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Este sexenio, el número de población joven en México alcanzará su máximo histórico y empezará a descender. Y sin embargo, la participación de este grupo en los terrenos laboral, político y social es baja. Por lo que si no se crean políticas públicas adecuadas para incluir a este sector, en lugar de un bono demográfico habrá sido un “desbono”, advierte la organización Ollin, Jóvenes en Movimiento.

Esta asociación elabora desde hace seis años un Índice Nacional de Participación Juvenil (INPJ), considerando la presencia de personas de entre 18 y 29 años en la iniciativa privada, el gobierno, los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y en universidades. Considera su participación, si tienen un empleo formal o solo son voluntarios, y si están en una posición de toma de decisiones.

El resultado es que en 2018 los jóvenes representaron apenas el 19 % de quienes trabajan y tienen un puesto de liderazgo en esas instituciones, a pesar de ser el 26 % de la población nacional. El mejor nivel de participación se registró en 2014, cuando alcanzó el 24%.

“Es el último sexenio en el que se puede hacer la diferencia, ya que el pico del supuesto bono demográfico se encuentra en el año 2022 y de no aprovecharse estos años que quedan estamos condenando a la generación de jóvenes más grande de la historia a un futuro poco alentador y con altos costos sociales”, señala el INPJ 2017-2018, publicado este jueves.

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Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), el año pasado había poco más de 32 millones de jóvenes de 15 a 29 años en el país, pero en 2022 serán 32 millones 132 mil 766, el máximo histórico.

El informe lamenta que siempre se ha hablado del supuesto “bono demográfico” en referencia a que haya tanta gente en edad productiva, que sea cuando más pueda crecer el país y se garantice un retorno positivo para que esa misma generación pueda disfrutar de su vejez, porque de lo contrario, la carga social será enorme.

“Pero esto jamás iba a suceder sin la inversión suficiente y las políticas públicas adecuadas. La verdad, es que estamos viviendo un desbono demográfico por no haber aprovechado esta situación histórica y por lo mismo estamos generando rendimientos negativos”, advierte.

Gobierno y partidos, los que menos incluyen a los jóvenes

La medición hecha por Ollin en 2018 revela que solo era joven una de cada 10 personas en las dependencias de gobierno. Esto fue bajando progresivamente desde 2014, cuando alcanzó un pico de 25 %, tanto como de funcionarios en general, como entre los tomadores de decisiones.

“Como hemos descubierto en Índices pasados, las dependencias de gobierno se enfrentan a ciclos sexenales que limitan el acceso de jóvenes a sus estructuras. Si bien no es imposible acceder a las estructuras formales, es poco probable que esta situación se dé a mediados del sexenio y menos a sus tasas de reemplazo naturales”, explica el informe.

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Por ello, afirma que este año es una gran oportunidad para que aumente la presencia juvenil, gracias al inicio del nuevo sexenio, y hace énfasis en la necesidad de que este sector sea más considerado en las políticas públicas que se van a desarrollar.

Pero matiza que la renovación generacional en la administración pública se puede complicar si el partido político que ganan las elecciones lleva a sus cuadros al gobierno pero no tiene una base juvenil amplia, que es lo que han detectado en la investigación.

En los partidos el panorama es negativo: de cada 100 políticos que toman decisiones, apenas 1 es menor de 30 años, la proporción más baja de todos los tipos de instituciones consideradas.

La participación en general también es baja: en 2017 cayó al mínimo, con solo el 5 % de militantes menores de 30 años, aunque en 2018 se recuperó a 17 %, lo que apunta a que con motivo de las elecciones hubo mayor interés de los jóvenes de pertenecer a un partido.

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Ollin detectó que particularmente en el PRI se registró un aumento de 28 % de militantes jóvenes, al pasar de ser casi 287 mil a ser 941 mil, lo que llegó a representar el 15 % de su padrón de afiliados.

El Congreso con menos jóvenes

En las elecciones de 2018, hubo 25.5 millones de jóvenes con capacidad de votar, es decir, uno de cada tres electores en todo el país. Sin embargo, los partidos postularon menos candidatos de este grupo de edad que en otras elecciones: mientras que en 2015 hubo 754 aspirantes a diputados de menos de 30 años, el año pasado fueron 545.

“Las cifras anteriores exponen el poco interés que tuvieron los partidos en presentar a candidatos jóvenes en sus listas. También podemos deducir que las alianzas electorales fueron un detonante para presentar pocas opciones de candidaturas jóvenes, ya que las negociaciones beneficiaron únicamente a los liderazgos consolidados dentro de los partidos, impidiendo la llegada de nuevos cuadros a la pugna electoral”, señala el reporte Jóvenes y Democracia 2018, presentado junto con el INPJ.

De esos, solo 21 obtuvieron una curul. En la legislatura de 2012 lo habían logrado 26, y en la de 2015 fueron 24, por lo que es la representación juvenil más baja en nueve años en la Cámara de Diputados. En el Senado, solo tres llegaron al cargo teniendo menos de 30 años.

“No se puede afirmar que la ciudadanía no vota por candidatos jóvenes, ya que a nivel nacional tan solo hubo nueve candidatos menores de 30 años para ocupar un escaño en el Senado, de los cuales dos resultaron electos por el principio de mayoría relativa y una más por el de representación proporcional”, detalla.

Más sobre el tema: ¿Cómo involucrar a los jóvenes en la política? Este es el reto de la organización Ollín

Ollin detectó además que aunque algunos partidos tienen por estatutos una cuota de candidatos jóvenes, en general siempre los colocan en los espacios más competidos o en las últimas posiciones de las listas de plurinominales, lo que les deja menores posibilidades de llegar a las Cámaras.

El peor partido durante 2018, en ese sentido, fue el PAN –a pesar de que tenía el candidato presidencial más joven en décadas, Ricardo Anaya, de 39 años–: solo el 14 % de sus aspirantes a diputados eran jóvenes. En contraste, el Partido del Trabajo tuvo 42 % de candidatos menores de 30 años.

Universidades, las que menos dan trabajo a jóvenes

Aunque las instituciones de educación superior son el lugar donde más jóvenes se puede encontrar, están ahí solo como estudiantes. En 2018, 8 de cada 10 miembros de la comunidad universitaria eran jóvenes, pero solo 1 de cada 10 empleados tenía menos de 30 años. Y entre los tomadores de decisiones, fueron apenas el 5 % del total, según el INPJ 2017-2018.

En cambio, en la Iniciativa Privada se reportó que en 2018 eran jóvenes 3 de cada 10 empleados, y el 12 % de quienes ocupaban un puesto de liderazgo. La participación juvenil en general en las empresas es de 29 %, una cifra que ha venido en decremento desde  el primer año que se midió, 2012, cuando eran el 32 %.

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En cuanto a organizaciones de la sociedad civil, en 2018 fueron el segundo mayor empleador de jóvenes, en proporción. De cada 10 personas involucradas en una OSC, 4 tenían menos de 30 años. Pero la gran mayoría colabora solo como voluntaria, sin recibir un suelo, y en realidad los jóvenes son solo el 25 % de los contratados formalmente y apenas el 5 % de quienes toman decisiones.

“Al igual que en 2016, las organizaciones con mayor índice de participación juvenil fueron aquellas que promueven el fortalecimiento del tejido social y seguridad ciudadana. Consecuentemente, a raíz del sismo vimos un aumento significativo de la participación juvenil en organizaciones enfocadas en acciones de protección civil”, señala el informe.

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Tercer país seguro: cómo el pacto entre EU y Guatemala perjudica a migrantes de Honduras y El Salvador

Los gobiernos de Donald Trump y Jimmy Morales suscribieron la semana pasada un controvertido convenio que permite el envío a Guatemala de solicitantes de asilo procedentes de otros países.
30 de julio, 2019
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El acuerdo fue firmado en la Casa Blanca por el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, y el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. Kevin McAleenan.

EPA
Trump supervisó la firma del acuerdo en la Oficina Oval.

El acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Guatemala firmado la semana pasada en la Casa Blanca está rodeado de dudas e incertidumbres, empezando por definirlo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que se trataba de un acuerdo de “tercer país seguro”, un mecanismo internacional mediante el cual -cumpliendo con determinadas condiciones- es posible que un país acoja a los solicitantes de asilo de otro.

Sin embargo, el gobierno del presidente Jimmy Morales rechaza calificarlo de esa manera.

Este lunes, el ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, basó esta negativa en que el convenio solamente es aplicable a nacionales de Honduras y El Salvador; y señaló que el texto no menciona el término “tercer país seguro”.

El funcionario indicó que hay elementos del acuerdo que aún se están negociando y que los detalles se van a definir en el llamado plan de implementación.

En cualquier caso, el controvertido documento ya enfrenta varios desafíos legales luego de que en los últimos días fueron interpuestos tres recursos de amparo en su contra ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

Más allá de esos aspectos legales, activistas y defensores de derechos humanos consideran que este convenio puede terminar causando graves perjuicios tanto para los migrantes o refugiados a los que pretende proteger como a Guatemala, el país que los tendría que albergar.

Degenhart, sin embargo, ha hecho una firme defensa del acuerdo, pidiendo que no sea bloqueado pues asegura que las repercusiones económicas de no haberlo logrado habrían sido “nefastas”, ya que ponían en peligro más de un millón de empleos agrícolas que representan la mitad de las exportaciones del país.

Problemas de forma y fondo

“El acuerdo tiene deficiencias en la forma y en el fondo. Lamentablemente fue una negociación opaca, bajo la mesa, sin transparencia”, dice Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y responsable de uno de los recursos legales en contra del convenio firmado en la Casa Blanca.

Jimmy Morales.

Getty Images
A mediados de julio, el presidente Jimmy Morales tenía prevista una visita a la Casa Blanca en la que se esperaba que se firmara el acuerdo de tercer país seguro.

Rodas acusa al gobierno de Morales de querer disfrazar la verdadera naturaleza del texto.

“Nunca supimos los guatemaltecos qué era lo que negociaban sus autoridades, que aún hoy siguen negando que se firmó un acuerdo de tercer país seguro, cuando el mismo presidente Trump lo dijo en sus declaraciones”, agrega en conversación con BBC Mundo.

El acuerdo también ha sido defendido por la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, quien acusó a los críticos del convenio de querer minar la relación con Washington.

Jovel destacó que hay otras medidas que se van a aplicar de forma bilateral como un convenio de visas temporales para que agricultores de su país trabajen en EE.UU.

“Cuando se negocia un instrumento de carácter bilateral siempre es así. No significa que sean secretos (…). Cuando se está negociando no se puede hacer público hasta que esté concluido. Pero en ningún momento hubo secretismo”, dijo Jovel.


Hoy, el presidente Trump anunció el acuerdo de tercer país seguro con Guatemala que dejará sin negocio a los traficantes de personas y proveerá seguridad para los legítimos solicitantes de asilo.


Iduvina Hernández, directora de la ONG guatemalteca Seguridad en Democracia (Sedem), también considera que hubo un error de las formas al asegurar que Degenhart, quien firmó el documento, no está facultado legalmente para ello.

Rodas, por su parte, señala otros obstáculos desde el punto de vista de la legislación internacional, donde se establece que los acuerdos firmados bajo amenazas carecen de efectos jurídicos.

En ese sentido, recuerda que cuando surgieron los primeros obstáculos en Guatemala para la concreción de este convenio, Trump planteó la posibilidad de subir los aranceles a los productos de ese país y de aplicar impuestos a las remesas de sus emigrantes como una forma de castigo.

“Una cárcel gigantesca”

Aunque el texto suscrito por Estados Unidos y Guatemala no incluye expresamente la expresión “tercer país seguro”, Rodas afirma que “todo lo que se menciona en ese texto es para adoptar la condición de esa categoría”.

Caravana de migrantes.

Getty Images
El tránsito de caravanas hacia Estados Unidos con miles de migrantes procedentes de Centroamérica ha sido motivo de protesta por parte de Trump.

En ese sentido, el documento sí hace referencia directa al traslado desde Estados Unidos hasta Guatemala de “solicitantes de protección”, así como al compromiso de ese país de no expulsar ni devolver a esas personas.

Son dos elementos característicos de los acuerdos de “tercer país seguro”.

¿Pero, en términos prácticos, qué significaría para los migrantes hondureños y salvadoreños la aplicación de este convenio?

Se convierte a Guatemala en una especie de gigantesca cárcel de migrantes salvadoreños, hondureños e incluso de otras nacionalidades que quieran solicitar asilo en Estados Unidos”, señala Hernández.

Estas personas deberían presentar en Guatemala sus peticiones de asilo y esperar en ese país hasta la resolución de sus casos.

La experta destaca que, aunque las autoridades guatemaltecas afirman que el acuerdo es solamente aplicable a ciudadanos de Honduras y El Salvador, el texto firmado no menciona estas limitaciones.

El acuerdo establece que la responsabilidad de gestionar en su territorio las solicitudes de protección recaerá sobre Estados Unidos solamente en tres supuestos, cuando se trate de:

  • menores de edad no acompañados;
  • personas que cuentan con una visa o documento de admisión equivalente emitido por Estados Unidos;
  • personas a quienes EE.UU. no les exija obtener una visa.

Así, quienes no cumplan con estos requisitos podrían ser enviados a Guatemala, donde deberán esperar hasta la resolución de su caso. Un trámite que -según Hernández- puede tomar varios años.

Pero, ¿qué ocurrirá durante ese tiempo?

Hernández teme que los solicitantes de asilo queden en condiciones muy precarias.

Pobreza en Guatemala.

Getty Images
La incidencia de la pobreza en Guatemala arroja dudas sobre su capacidad para albergar a los migrantes de otros países.

“El problema es que el ministro Degenhart dijo que la presencia de solicitantes de asilo no va a representar gastos para Guatemala, porque ellos deben sostenerse por sí mismos. Es decir, los van a poner prácticamente en condición de calle, solicitando dinero para vivir porque si alguien tiene cómo sostenerse no creo que necesite migrar a otro país”, asegura.

En el fondo, tanto Hernández como Rodas apuntan que la raíz del problema reside en la misma situación de fragilidad de Guatemala.

“Guatemala no está en condiciones de ser un tercer país seguro. Tenemos lamentables indicadores de producción, de educación, de acceso a la salud pública, por lo que difícilmente vamos a poder dar estos servicios a personas de otros países”, apunta Rodas.

Guatemala no tiene condiciones. Guatemala es un Estado fallido, incapaz de generar las condiciones básicas de sostenibilidad de su propia población”, señala Hernández, quien asegura que el 98% de las solicitudes de asilo son rechazadas por lo que también se pregunta qué van a hacer estas personas cuando eso ocurra.

Peligros al acecho

Rubén Figueroa, coordinador sur-suroeste del Movimiento Migrante Mesoamericano, señala que en Guatemala los solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador estarán expuestos a riesgos que van más allá de las condiciones materiales en las que les toque esperar a la resolución de sus casos.

“Guatemala no es un país seguro. También tiene problemas de violencia. Es geográficamente muy cercano a sus países de origen y está dentro de las zonas de control de los pandilleros“, indica Figueroa, en relación con las maras, las bandas armadas cuyas amenazas y extorsiones obligan a muchos centroamericanos a abandonar sus países.

Un miembro de una pandilla de Guatemala.

Getty Images
Las peligrosas pandillas que operan en Honduras y El Salvador también tienen presencia en Guatemala.

Desde esa perspectiva, Amnistía Internacional (AI) también cuestionó duramente el acuerdo firmado en la Casa Blanca.

“Es indignante cualquier intento de obligar a las familias y a individuos que huyen de sus patrias a buscar seguridad en Guatemala. El gobierno de Estados Unidos sabe bien que las condiciones allí son peligrosas”, señaló en un comunicado Charanya Krishnaswami, directora para las Américas de la seccional estadounidense de AI.

“Con altos niveles de violencia e impunidad, instituciones débiles y un sistema de asilo que el propio gobierno de EE.UU. ha destacado como deficiente, no hay duda de que Guatemala no debería ser considerado como un lugar seguro o como un refugio”, añadió.

Esa, sin embargo, no es la perspectiva del gobierno de Trump, quien el día de la firma destacó que el acuerdo con Guatemala serviría para sacar del negocio a los “coyotes” que se dedican al tráfico ilegal de inmigrantes, al mismo tiempo que ofrecería un mecanismo seguro para los legítimos solicitantes de asilo.

Rodas tiene una opinión distinta.

“Esto es una desmotivación para que no traten de emigrar porque aquí no estarían en territorio estadounidense sino en Guatemala y en condiciones iguales o peores a las que están hoy en su país. Esa es la realidad”, concluye.


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