Autoridades liberan escena de asesinato que era resguardada con tres scooters y maceteros
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Francisco Sandoval

Autoridades liberan escena de asesinato que era resguardada con tres scooters y maceteros

Este jueves por la mañana las autoridades capitalinas decidieron liberar la escena del crimen, luego que por casi tres días estuvo acordonada con los scooters eléctricos de la empresa Lime.
Francisco Sandoval
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Las autoridades de la Ciudad de México liberaron este 16 de mayo la escena de un asesinato ocurrido el pasado lunes 13 de mayo en Polanco y que fue resguardada con tres scooters o monopatines eléctricos, así como con cinco maceteros.

“No nos dijeron nada. Solo retiraron los monopatines, retiraron la cinta de plástico amarilla, limpiaron la sangre y se fueron”, declaró una persona que labora frente al lugar donde ocurrió el crimen y quien solicitó anonimato.

Otro testigo mencionó que tras el crimen ocurrido el lunes, los peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) dieron la indicación de no limpiar el charco de sangre que dejo la víctima, pero no dieron otra instrucción a los locatarios ubicados a unos cuantos metros de donde se suscitó el asesinato.

Este 16 de mayo por la mañana, las autoridades capitalinas decidieron liberar la escena del crimen, luego que por casi tres días estuvo acordonada con los scooters eléctricos de la empresa Lime.

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Procuraduría se deslinda

Animal Político sostuvo comunicación oficial con las autoridades de la PGJCDMX, quienes afirmaron que la liberación de esta escena del crimen era responsabilidad del primer respondiente, en este caso los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que arribaron al lugar tras el asesinato de un hombre de poco más de 50 años.

“No es responsabilidad de nosotros liberar la escena”, aseguró el enlace de comunicación de la dependencia.

“Era responsabilidad del primer respondiente liberar la viabilidad de la zona, una vez que los (agentes) periciales procesaron la evidencia”, sostuvo la fuente consultada.

En tanto, la Secretaría de Seguridad capitalina aseguró que no es responsabilidad de ellos resguardar la escena del crimen, pues una vez que arriban los agentes ministeriales de la PGJCDMX al lugar ellos “son los responsables” de la evidencia y proteger el lugar.

“Son ellos (PGJCDMX) los que deben de dar la indicación de que la escena es de paso libre y si nos solicitan apoyo la liberamos, pero la responsabilidad es de ellos”.

La secretaría también respondió en una tarjeta informativa que una vez agotada su intervención como primer respondiente, “el lugar de los hechos o del hallazgo se encuentra a disposición plena del agente del Ministerio Público para efectos de continuar con el esclarecimiento de los hechos en acciones de investigación y persecución de delito”.

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De acuerdo con el Protocolo Nacional de Actuación Policial del Primer Respondiente, para el acordonamiento de escenas de crímenes ocurridos en lugares abiertos, los policías -que suelen ser los primeros en responder a un hecho criminal- podrán emplear “cinta barrera, patrullas, personas, conos, postes o cualquier medio que delimite el lugar”.

Sin embargo, también se menciona que cuando el Policía Ministerial arriba a la escena del crimen el primer respondiente le entrega el lugar resguardado, le informa sobre los hechos ocurridos, y es allí donde el policía ministerial aplica sus propios protocolos de actuación como resguardar las evidencias y llevarlas a un lugar seguro.

“Una vez concluido el procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo, o la priorización de los indicios y/o evidencias, el policía ministerial/ de investigación o la policía con capacidades para procesar coordinan la liberación del lugar”, menciona el documento.

En el caso de la escena del crimen de la calle Moliera, pasaron tres días para que la autoridad tomara la decisión de la liberarla aun cuando nunca estuvo resguardada por personal de la PGJCDMX o de la SSC. Hasta la tarde de este 16 de mayo, las autoridades capitalinas seguían sin esclarecer el móvil del asesinato y sin capturar a los responsables.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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