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En México, una alcaldía tiene el nivel de vida de Suiza y otros el de países africanos

El desarrollo municipal - que se mide a partir de la salud, educación e ingresos - es muy desigual en el país. Aunque hubo un aumento del desarrollo este ocurre a un ritmo lento.
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En México existe una marcada desigualdad en la calidad de vida entre distintos municipios: mientras los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, tuvieron un Índice de Desarrollo Humano (IDH) similar al de Suiza en 2015, los habitantes de Cochoapa el Grande, Guerrero, tuvieron uno como el de los países africanos Mali y Burundi, de acuerdo con un informe de la ONU.

En el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015, la ONU explica que en este quinquenio el IDH de los municipios del país –calculado a partir de indicadores de salud, educación e ingresos- aumentó en 0.59%, aunque “esto ha ocurrido a un ritmo lento y desigual”.

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Para 2015, los municipios con mayor IDH del país fueron Benito Juárez (0.944) y Miguel Hidalgo (0.917), en la Ciudad de México, y San Pedro Garza García (0.901) en el estado de Nuevo León.

Los tres municipios con menor IDH fueron Cochoapa el Grande, Guerrero (0.420); San Martín Peras, Oaxaca (0.425), y Batopilas, Chihuahua (0.434).

Según datos del informe, 4% de los municipios tuvieron un IDH “muy alto”, 58% “medio”, 33% “alto” y 5% “bajo” en ese año.

Para que un municipio sea considerado con desarrollo humano “muy alto” debe encontrarse en un rango de puntaje de 0.800-1; para que sea “alto” de 0.700-0.799; para considerarlo “medio” de 0.550-0.699, y para catalogarlo como “malo” entre 0-0.550.

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Educación, indicador con menor desarrollo

En 2015, el Índice de Educación (IE) promedio en los municipios mexicanos era de 0.651, por lo que podía clasificarse como “medio”, aunque de los tres componentes del IDH, este fue el que mostró un grado de desarrollo menor.

En Guanajuato, Quintana Roo, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán y Veracruz al menos ocho de cada 10 personas vivieron en municipios con un IE bajo o medio.

Los municipios en los que el IE es alto se encontraron en Querétaro, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Sinaloa y Aguascalientes.

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En el caso del Índice de Salud (IS), en la mayoría de los municipios se catalogó como “muy alto” (59.12%) o alto (34.87%) y solo el 6.01% como “medio” o “bajo”.

Los mexicanos que habitaban en los municipios con menor IS se concentraron en Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Chiapas, Estado de México, Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Durango, Michoacán, Nayarit y Sinaloa.

Las entidades donde el IS fue muy alto en 2015 fueron Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Morelos y Tabasco.

En cuanto al Índice de Ingreso (II), el informe señala que para 2015 la mayoría del país alcanzó una clasificación “media” (45.26%) y “alta” (41.33%).

Los 170 municipios con menor II se concentraron en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracruz y Chihuahua, mientras en Sonora, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México y colima todas las personas vivieron en localidades con un Índice de Ingreso “alto” o “muy alto”.

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Para 2017 la ONU estimó el IDH de México como “alto” (0.774), lo que lo coloca en el sitio 74 de 189 países, por debajo de naciones como Costa Rica y Cuba, y por encima de Brasil y Colombia.

Sin embargo, el informe presentado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) fue elaborado con datos de 2015, al ser los más recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), con el que el Coneval estima el ingreso corriente total per cápita.

Municipios, con bajas capacidades funcionales

En el mismo informe, el PNUD presentó el Índice de Capacidades Funcionales Municipales (ICFM), que mide el involucramiento de actores relevantes en las acciones del gobierno, su capacidad de diagnosticar y de formular políticas y estrategias.

También mide sus capacidades para presupuestar, gestionar e implementar, así como de evaluar políticas públicas.

Para 2016 el promedio del ICFM fue de 0.374, con 31.6% de gobiernos municipales con capacidades funcionales “bajas”, 36.5% “medias” , 24.7% “altas” y 7.2% “muy altas”.

Los estados con mayor porcentaje de municipios con un ICFM “bajo” son Tlaxcala (97%), Oaxaca (96%), Chihuahua (84%), Nuevo León (76%), Guerrero y Durango (75%).

Los que tuvieron un índice “alto” o “muy alto” fueron la Ciudad de México (81%), Baja California Sur y Baja California (80%), Querétaro (78%), el Estado de México (70%) y Campeche (64%).

El subíndice mejor evaluado para los municipios fue el de capacidades para formular políticas (0.663), seguido por el de capacidades para presupuestar, gestionar e implementar (0.519).

La tercera capacidad mejor evaluada es la de involucrar actores (0.265), la cuarta es la de diagnosticar (0.252) y finalmente la capacidad de evaluación (0.224).

Para mejorar las capacidades municipales, el PNUD recomienda al gobierno mexicano:

-Aumentar la recaudación del impuesto predial.

-Aumentar los ingresos municipales por derechos asociados a la prestación de recursos públicos.

-Promover la celebración de convenios entre los municipios con mayores capacidades funcionales y técnicas.

-Crear o modificar el marco normativo que regula las asociaciones público-privadas en los estados y municipios.

-Modificar la fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).

-Establecer la obligatoriedad de fortalecer las capacidades municipales y de los estados del país.

-Mejorar la transparencia en la intermediación que hacen las entidades federativas para la distribución de recursos a los municipios.

-Establecer formatos jurídicos tipo, para reglamentos y convenios, así como manuales y guías que sirvan como referencia para gobiernos municipales.

-Promover el uso de herramientas para mejorar la efectividad municipal en la planeación, ejecución, monitoreo, evaluación y financiamiento.

Lee aquí el informe completo.

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Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchas mujeres inocentes presas: Evelyn Hernández

BBC Mundo habló con Hernández, quien fue condenada a 30 años de cárcel en El Salvador por un parto extrahospistalario en el que su bebé nació muerto. Tras 33 meses en la cárcel y ser absuelta, ahora se plantea cómo recomenzar su vida.
21 de agosto, 2019
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Evelyn Hernández dice que siente que acaba de despertar de un mal sueño: la pesadilla más terrible y larga de su vida.

Duró tres años, cuatro meses y 13 días, se alargó por inviernos y noches y vio cómo en el camino, en el tiempo que pasaba tras las rejas, ella misma y su cuerpo cambiaban y se iba haciendo adulta.

Comenzó una mañana de abril de 2016, poco después de despertar, cuando un chorro de sangre en sus piernas la llevó a un hospital y, después, a la cárcel.

Tenía entonces 18 años y dice que esa mañana tuvo unos dolores en el vientre que casi la dejan inconsciente.

Sin saber que estaba embarazada, según su testimonio, dio a luz a un feto muerto que la policía encontró horas más tarde en una fosa séptica en el caserío donde vivía, en el Cantón El Carmen, en El Salvador.

Después de que los médicos constataran el parto fue acusada de “homicidio agravado”, en un país donde abortar o dar a luz un bebé muerto fuera de un hospital es considerado un crimen y las mujeres se enfrentan a penas de cárcel de decenas de años.

Evelyn Hernández

Familia de Evelyn Hernández
Evelyn Hernández tenía 18 años cuando tuvo un parto extrahospitalario.

En 2017 le impusieron una condena de 30 años. Pero tras un largo proceso de sentencias anuladas, repetición del juicio, pruebas, argumentos y apelaciones, fue finalmente absuelta a inicios de esta semana.

En total, Hernández pasó 33 meses en prisión.

“Primero sentí que el juez me iba a condenar, pero ya después dijo que no me podía acusar porque él no tenía la certeza de lo que estaban diciendo en mi contra. Me dio mucha alegría, me dieron ganas de llorar”, recuerda en conversación telefónica con BBC Mundo.

“(Sentí que quedaba atrás) el recuerdo del pasado y de todo lo que decían contra mí, sentí que estaba empezando de nuevo”.

Fue la primera vez en la historia de El Salvador en que una mujer condenada por practicar un aborto regresaba a la corte para que se revisara su sentencia y, finalmente, era absuelta de sus cargos.

Su caso abre ahora las puertas de la esperanza para al menos otras 19 mujeres -todas de bajos recursos o provenientes de zonas muy pobres- que cumplen penas de hasta 35 años en el país por casos similares.


El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo: la interrupción del embarazo es ilegal en todas las circunstancias.

Las que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos o mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto y en muchos casos, incluido el de Hernández, el cargo cambia a uno de “homicidio agravado”, que conlleva una pena mínima de 30 años.

A varias de las mujeres acusadas de abortar en El Salvador se les ha conmutado las condenas en los últimos años, pero los veredictos no eran anulados y declaradas absueltas, como sucedió ahora.

Evelyn Hernández

BBC
El caso de Evelyn Hernández recibió gran atención mediática dentro y fuera de El Salvador.

Para muchos en el país centroamericano, la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien prometió tratar de reformar las estructuras más anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también podrían cambiar en esta área.

Pero cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el Congreso, que ni siquiera tiene en agenda su discusión.

“Con la absolución de Evelyn esperamos que se siente un precedente para el caso de estas mujeres que son criminalizadas y, muchas veces, estigmatizadas por la sociedad, los administradores de justicia y la Fiscalía”, le dice a BBC Mundo Teresa Delgado, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

“Creemos que la Fiscalía de El Salvador tiene que buscar un ordenamiento de las políticas para establecer el debido proceso sin violentar las garantías constitucionales de estas mujeres. Este fue un paso muy importante, pero queda mucho por hacer”, agrega.


Evelyn Hernández dice que por ahora quiere olvidar, rehacer su vida, e intentar ayudar a otras mujeres que, como ella hasta hace muy poco, solo ven como futuro una prisión.

“Recuerdo ese tiempo con mucho sentimiento y tristeza, porque fue muy duro lo que me pasó. Mal me trataban en la cárcel, me señalaban por el delito que me acusaban”, dice.

En su país, cuenta, las mujeres que han sido juzgadas por un aborto no solo se enfrentan a la Justicia, sino también a la exclusión de una sociedad conservadora donde los valores religiosos forman parte cotidiana de la vida.

“Realmente tenía el temor de que me señalaran cuando me liberaron. Pero siempre dije en mi mente: tengo que poner la cara en alto, porque lo que ellos me señalan no es cierto“.

Hernández cursaba bachillerato cuando conoció al pandillero que asegura fue el responsable de dejarla embarazada en una violación y que la aterrorizó después con sus amenazas.

Ahora tiene 21 años y, después de haber pasado 33 meses en la cárcel y otros seis de libertad condicional, dice que no muy tiene claro qué pasará ahora con su vida.

“Mi plan ahorita es seguir estudiando y terminar mi último año de bachillerato para ir a la universidad. En mis planes antes estaba estudiar enfermería, pero ya no quiero eso. Todavía no sé qué (estudiaré) en la universidad”, afirma.

Su meta por el momento, agrega, es estar con su familia y ayudar a buscar justicia para las otras 19 mujeres que están en una situación similar a la que ella pasó en El Salvador.

“Ojalá que esto sirva para que se vayan dando cuenta de que hay muchas muchachas que todavía están presas por haber pasado por algo parecido a mí”.

“Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchachas inocentes allí. Hay muchas muchachas allá adentro (de la cárcel) que son inocentes”.


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