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Cuartoscuro

Función Pública culpa a gobiernos anteriores por recortes y despidos de personal de honorarios

La Secretaría de la Función Pública aseguró que las medidas de austeridad republicana tomadas por el actual gobierno se deben a los esquemas con los que funcionaban anteriores administraciones.
Cuartoscuro
30 de mayo, 2019
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) aseguró que la reestructuración del gobierno, terminación de contratos del personal por honorarios, así como otras carencias que se están denunciando, se deben a los esquemas con los que funcionaban anteriores administraciones.

En conferencia de prensa, la subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones, Tania de la Paz Pérez Farca, y el titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, Francisco Javier Varela, aseguraron que no hay despidos como tal en ninguna parte del gobierno y que los recortes no afectan la operación básica de servicios como educación y salud.

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En este último ramo, se les cuestionó la terminación de contratos eventuales de personal médico que llevaba años trabajando así, ante lo cual reconocieron que las partidas para honorarios se redujeron 50 %, pero que formalmente eso no es un despido.

“Efectivamente en administraciones anteriores se generaron esquemas laborales que no reconocían plenamente los derechos y la relación laboral con la administración pública federal. Es algo que no estamos repitiendo, precisamente, y en efecto es una transición, es un cambio de gobierno”, señaló Varela.

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“El sector salud desde hace décadas tiene un problema sistémico de falta de recursos. Lo que estamos tratando de clarificar aquí es que este problema no se origina en las medidas de austeridad republicana. El gobierno de la cuarta transformación está muy consciente de que se requiere una atención integral en el sector salud y por eso el señor presidente ha instruido los trabajos de creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, así como para una revisión importante a la forma como opera el sector salud. En ese sentido, lo que está sucediendo es que hay una confusión entre lo que era un problema sistémico y medidas de austeridad, que no se orientan a afectar a los médicos, enfermeras y al personal docente, sino únicamente al gasto operativo”.

El funcionario agregó que ha habido interpretaciones erróneas tanto en la opinión pública como en las mismas dependencias sobre lo que implican la Ley de Austeridad y el memorándum de austeridad enviado por el presidente el 3 de mayo.

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“La SFP tiene la función de supervisar la implementación, y lo que hemos visto es que puede haber problemas en la implementación; hemos recibido oficios en los que se dice que no va a haber agua en las instalaciones… eso no dice el memorándum, eso no está en la ley y esas partidas no se recortaron. Entonces es cierto que algunos funcionarios están usando el memorándum para culpar de otras carencias que ya tenían. Hay carencias en todos lados. Entonces eso es lo que estamos intentando clarificar, que no podemos culpar al memorándum y a las disposiciones que de él emanan de problemas sistémicos que ya existían y que se están atendiendo”, afirmó.

Varela explicó que toda la administración pública federal tiene 1.3 millones de puestos de estructura, y las medidas como reducción de salarios o prestaciones se orientan solo a puestos de mando y enlace, que son 113 mil, es decir, apenas el 8.6%. Sin embargo, desconocen el número o porcentaje de trabajadores extras que había por honorarios y contratos eventuales.

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El 30 de junio, anunció, terminará el proceso de reestructuración interna que tienen que hacer las dependencias para conocer el número de plazas que tienen vacantes  – porque determinaron que no hacían falta – sean devueltas a Hacienda. Puso como ejemplo que la propia SFP tiene mil 565 plazas de mando y enlace, de las que solo están ocupadas el 67 %, por lo que van a devolver 200. Y que tenían siete trabajadores eventuales, a los que no les renovaron el contrato.

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AFP

El 'silencio sepulcral' de Honduras y Guatemala ante el cambio de la política migratoria de México y EU

Miles de personas abandonaron Centroamérica en los últimos meses. Pero ante la "tragedia humanitaria", como algunos llaman al fenómeno, contrasta el silencio de dos de los países con mayor número de migrantes.
AFP
9 de julio, 2019
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Es una de las crisis migratorias más graves de la historia reciente. Según datos del gobierno de México, sólo en lo que va de año abandonaron Centroamérica más de 500,000 personas.

Pero la magnitud de la emergencia contrasta con la posición que asumen los países del Triángulo Norte; es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador.

De esta región salió la mayor parte del éxodo hacia Estados Unidos. Hasta ahora sólo el gobierno de El Salvador ha expresado una posición clara sobre el problema.

La ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Alexandra Hill Tinoco, reconoce a BBC Mundo que se trata de una “tragedia humanitaria”.

La solución, añade, corresponde a toda la región, incluidos México y Estados Unidos.

Pero en cambio, Guatemala y Honduras poco han dicho sobre el tema. Tampoco existe un posicionamiento claro sobre la nueva estrategia mexicana para controlar el ingreso de migrantes a su territorio.

La estrategia pretende restringir el ingreso de personas sin documentos migratorios, y para eso desplegó a miles de elementos de la Guardia Nacional formada por militares.

BBC Mundo pidió a las cancillerías de ambos países una posición ante la emergencia y las acciones de los gobiernos de México y EE.UU., pero no hubo respuesta.

“Silencio sepulcral”

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, la mayoría de las personas que abandonaron Centroamérica provienen de Honduras y Guatemala.

La embajadora mexicana en Estados Unidos, Martha Bárcena, dice que el número de migrantes que salieron de esos países en unos meses “equivale al 1% de su población”.

Guardia Nacional

AFP
México desplegó a 15.000 elementos de la Guardia Nacional en su frontera sur.

Por eso algunos critican el bajo perfil que mantienen ante la emergencia. Parece, coinciden analistas, que la emergencia por el éxodo migrante no es una prioridad para esos países.

Una explicación, dice Gabriel Orellana Rojas, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, son los problemas internos que enfrentan ambos gobiernos.

El presidente Jimmy Morales concluye en unos meses su mandato, marcado por acusaciones de corrupción, recuerda el excanciller.

También fue cuestionado por negarse a renovar la operación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo auspiciado por Naciones Unidas que, en sus 11 años en activo, cooperó con el Ministerio Público para desactivar algunas de las mayores redes de corrupción en el país.

A su vez el gobierno del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido señalado por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, por supuesto narcotráfico y lavado de dinero.

Protestas Honduras

AFP
Desde hace meses Honduras padece una creciente ola de protestas en las calles.

Además, desde 2017, cuando se reeligió tras un cuestionado proceso, Hernández encara una creciente oposición que se expresa en marchas y protestas en las calles.

“Los dos enfrentan una situación en que posiblemente lo que les interesa es su sobrevivencia política”, dice el excanciller Orellana Rojas a BBC Mundo.

“Por eso guardan un silencio sepulcral, y lo van a mantener hasta que puedan salir airosos de esta situación, pero no como gobernantes sino como personas”.

Dinero de EE.UU.

Por otra parte, las relaciones entre EE.UU. con Guatemala y Honduras también vienen marcadas por la asistencia económica que el país del norte otorga a las naciones centroamericanas.

Parte de ese apoyo se envía a través del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Migración frontera sur

AFP
Desde hace semanas México endureció su política migratoria.

Es una estrategia regional que pretende arraigar a las personas en sus comunidades a través de empleos, mejores condiciones de seguridad y educación, por ejemplo.

Y además del plan existen otras iniciativas estadounidenses en cada país.

En El Salvador, por ejemplo, se financian programas para prevenir el reclutamiento forzado de adolescentes por las pandillas.

También se envían recursos a programas para prevenir la delincuencia y mejorar los organismos de justicia en Honduras.

Y para Guatemala, que recibe el mayor porcentaje de financiamiento estadounidense, el dinero se utiliza para programas para combatir la corrupción y en apoyo a jóvenes.

Según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), el apoyo de EE.UU. en estos programas se concentran en acciones para prevenir la migración.

De acuerdo con información del Departamento de Estado estadounidense, esos fondos representan unos US$450 millones para este año.

Albergue Ciudad Juárez

AFP
Los albergues en la frontera norte de México están saturados.

Una cantidad menor a la que recibe Centroamérica por remesas. Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el año pasado el monto fue de US$22.500 millones.

La región tiene, recuerdan organizaciones civiles, una fuerte dependencia de Estados Unidos y es una de las explicaciones para la posición de algunos países ante la migración irregular.

“El problema es cómo desincentivamos la migración desde nuestros países”, le dice a BBC Mundo César Castillo, director del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH).

“Se pueden endurecer las leyes como hizo Estados Unidos que ahora presiona a México y a Guatemala para que cierre sus fronteras. Pero la solución no pasa por allí. Hay que desarrollar a los países”.

“No culpamos a nadie”

Más allá del silencio oficial ¿qué han hecho los gobiernos del Triángulo Norte para atender la crisis migratoria?

Las autoridades de Honduras aumentaron la presencia de policías y militares en su frontera con Guatemala, como una forma de disuadir la salida de personas.

La primera dama Ana García de Hernández visitó algunos centros de detención de migrantes en Texas. Tras ver las condiciones de las prisiones recomendó a los hondureños no viajar sin visa a Estados Unidos.

Jimmy Morales

AFP
El presidente Jimmy Morales de Guatemala envió 1.000 policías a la frontera con México.

Mientras, el gobierno de Guatemala envió 1.000 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a la frontera con México.

La estrategia se llama “Operación gobernanza para la migración irregular”, y según la PNC la intención es verificar la documentación migratoria de quienes pretenden abandonar el país.

Y, en el caso de El Salvador, el plan es solucionar las causas que provocan la salida de personas, explica la ministra Hill Tinoco.

“No estamos en la posición de culpar a nadie” dice a BBC Mundo. “Es una responsabilidad compartida con los gobiernos de Estados Unidos, de México y de nuestros hermanos de las repúblicas de Honduras y Guatemala”.

Parte de la estrategia es el programa “Sembrando vida”, para emplear a cientos de personas en la plantación de árboles en grandes extensiones de El Salvador.

El proyecto es financiado por México, que aportó US$30 millones. Es parte del plan diseñado por la Cepal, para solucionar las causas que provocan la migración de Centroamérica.

“Hay medidas de corto plazo que vamos a hacer” explica Alexandra Tinoco.

“Hay una propuesta para trabajar con los países del Triángulo Norte y erradicar las causas estructurales que hacen que nuestra gente emigre por falta de oportunidades e inseguridad”.


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